El pasado lunes [30 de marzo de 2026] Israel aprobó una ley sobre la pena de muerte que permite ejecutar en la horca a personas convictas de «crímenes de terrorismo» en el breve plazo de 90 días. Esta ley no ha supuesto una sorpresa para la población palestina, ya que no es sino un paso más de una estrategia de eliminación que viene de antiguo. En los últimos dos años y medio al menos 87 presas y presos palestinos han sido asesinados en lo que las organizaciones de derechos humanos califican de «red de campos de tortura». Es la cifra mas alta desde 1967.
Aunque los organismos de la ONU y varios Estados han expresado su preocupación y su condena, la población palestina sabe bien lo que supone esta ley: es la institucionalización de una práctica muy extendida.
El momento elegido por Israel: un mensaje para la población palestina
Lo importante no son solo las disposiciones de esta ley, sino también el contexto en el que se ha aprobado, menos de un mes después de que Israel retirara todos los cargos contra sus soldados acusados de violaciones masivas de presos palestinos encarcelados en la tristemente célebre cárcel de Sde Teiman.
No es algo casual. Israel está legalizado un modelo de impunidad. A una parte de la población se le concede la impunidad explícita por violencia sexual organizada, mientras que se somete ahora a otra parte de la población a la posibilidad de ser ejecutada en el plazo de 90 días en un sistema de tribunales militares que condena al 96% de las personas palestinas, a menudo en base a confesiones obtenidas bajo tortura.
La ley también se ha aprobado en un momento de una violencia israelí visible y redoblada en la ocupada Cisjordania. Únicamente durante el mes pasado, y junto con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, las milicias armadas israelíes llevaron a cabo más de 7.300 violaciones de derechos de la población palestina solo en Cisjordania, entre las que se incluyen asesinatos, ataques, detenciones, daños y destrucción de propiedades, e impedir la libertad de movimiento de la población.
A finales de 2023 toda la población de Khirbet Zanuta, al sur de Cisjordania, fue obligada a abandonar el lugar después de los incesantes ataques de los colonos que hicieron imposible que la población palestina permaneciera ahí. En 2025 los campos de refugiados situados en el norte fueron destruidos, despoblados y convertidos en bases militares israelíes. Colonias israelíes que habían sido desmanteladas están siendo reconstruidas y reconocidas legalmente por Israel.
En estos últimos meses no solo ha aumentado la frecuencia de los ataques israelíes contra la población palestina, sino que la violencia de estos ataques también se ha vuelto más despiadada y brutal. Entre enero y marzo colonos y soldados israelíes secuestraron a niños y niñas, llevaron a cabo pogromos, agredieron sexualmente a hombres palestinos (incluso llegaron a atarles los genitales y a exhibirlos por todo el pueblo) y ejecutaron a sangre fría a familias palestinas.
Ni un solo israelí ha respondido ante la justicia por estos crímenes. Mientras tanto, la población palestina está siendo desplazada de sus hogares y aquellas personas que han tratado de proteger a sus comunidades de los ataques de los colonos han sido detenidas por el ejército israelí.
El mensaje de la ley sobre la pena de muerte es deliberado y preciso: la población palestina carece de derechos en el orden legal israelí. El objetivo que busca esta ley es expulsarla, ya sea por medio del desplazamiento, la muerte o la extenuación.
Acabar con la capacidad de resistencia del pueblo palestino
Se ha criticado y condenado durante décadas a Israel por sus marcos legales discriminatorios de la población palestina de Cisjordania e incluso de la población palestina que tiene la ciudadanía israelí. Sin embargo, el objetivo de esta segregación no es meramente poner de relieve la supremacía racial, sino facilitar rupturas sistémicas. Según un informe de la ONU publicado en enero, el objetivo de estas leyes de Israel es acabar con la autodeterminación palestina y destruir la posibilidad de una continuidad territorial, política o cultural.
La ley sobre la pena de muerte permanece fiel a la práctica de larga data de Israel del apartheid y de unos marcos judiciales segregados. Se ha elaborado cuidadosamente para garantizar que se aplique solo a la población palestina.
El elemento más peligroso de esta ley no es su estructura discriminatoria, sino la lógica que hay codificada dentro de ella. La ley impone la pena de muerte o la cadena perpetua a «una persona que intencionadamente cause la muerte de otra con el objetivo de dañar a un ciudadano o residente de Israel, con la intención de denegar la existencia del Estado de Israel». Solo esta cláusula hace algo notable: no criminaliza la violencia, sino la misma condición política de ser una persona palestina bajo la ocupación israelí.
En su condición de Estado colonial de asentamiento y expansionista, lo que está diciendo Israel es que un pueblo que ha sido desposeído sistemáticamente ni siquiera tiene derecho a resistirse a dicha desposesión. Con ello, una persona palestina que ve cómo su pueblo es vaciado sistemáticamente por colonos armados que no se enfrentan a consecuencias legales por atacar y asesinar ahora puede ser ejecutada porque su mera voluntad de sobrevivir y de proteger a sus seres queridos se considera un delito punible con la pena de muerte.
Lo que están garantizando los legisladores israelíes es que la resistencia sea imposible en medio de la despoblación gradual pero acelerada de ciudades y pueblos palestinos. Lo que en la práctica está haciendo Israel con ello es institucionalizar la no existencia de un pueblo.
La finalidad de la ley sobre la pena de muerte consiste es la anexión de la tierra
Entender la ley sobre la pena de muerte como una política destinada únicamente a personas presas es ignorar totalmente su finalidad. La población palestina ya está siendo ejecutada en sus propios hogares y en sus propias calles sin juicio alguno, sin cargos y sin un plazo de 90 días. Esta ley, la legalización de las colonias, los tribunales militares, las ordenes de demolición [de viviendas palestinas] y el asedio a Gaza no se deben considerar políticas diferentes que responden a problemas diferentes. Son instrumentos de un único proyecto, que es la conquista total del territorio palestino por medio del control total de los cuerpos palestinos. Cada una de ellas tiene por objetivo diferentes cuerpos palestinos en diferentes contextos, pero sirven a la misma finalidad.
En vez de un único acto dramático de exterminio, Israel ha estado construyendo una realidad en la que la población palestina no puede permanecer en el territorio y no puede sobrevivir al intento de resistirse a su eliminación. Esta ley simplemente añade una nueva capa a toda una infraestructura del eliminación que lleva tiempo en marcha. La pena de muerte para la población palestina no empezó con esta esta ley; empezó con la primera colonia israelí.
Las opiniones que se expresan en este artículo son de la autora y no reflejan necesariamente la línea editorial de Al Jazeera.
Mariam Barghouti es una escritora palestino-estadounidense que vive en Ramala.
Texto original: https://www.aljazeera.com/opinions/2026/4/2/israels-death-penalty-law-is-not-about-executing-palestinians
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