La decisión del 21 de mayo del Tribunal Regional de Apelaciones de Ankara de anular el Congreso del CHP de 2023, en el que Özgür Özel fue elegido líder del partido, y de abrir el camino para el regreso de Kemal Kılıçdaroğlu, demuestra que el proceso de autoritarización en Turquía ha entrado en una nueva etapa. Este hecho no es simplemente una disputa interna partidaria ni una cuestión técnica jurídica. Representa, al mismo tiempo, una intervención de gran alcance contra la voluntad popular, la política democrática y la legitimidad social de la oposición.
Turquía atraviesa desde hace tiempo no solo una crisis económica, sino también una profunda crisis política e institucional de gobernabilidad. El bloque gobernante intenta sustituir cada vez más el consenso social por mecanismos coercitivos del Estado. Los debates sobre una nueva constitución, las intervenciones judiciales, las presiones contra la oposición y las operaciones dirigidas contra los municipios forman parte de este proceso. El objetivo ya no es únicamente ganar elecciones, sino construir una nueva arquitectura de régimen capaz de controlar dinámicas sociales que ya no pueden ser contenidas.
En un contexto así, no es casual que una dirección del CHP capaz de movilizar amplios sectores de la oposición social esté siendo objeto de una tentativa de liquidación por vía judicial. Frente a la profundización de la crisis, el gobierno busca una salida atacando a la oposición, restringiendo los últimos derechos democráticos existentes y erosionando finalmente la legitimidad de las urnas. Al neutralizar al CHP mediante el aparato judicial, intenta redefinir el rumbo de la vida política.
El problema no se limita a las acusaciones de “irregularidades en el congreso”. La campaña basada en conceptos como “nulidad absoluta”, “congreso fraudulento” o “corrupción” tiene como objetivo principal deslegitimar las demandas de cambio dentro del partido. De esta manera, el regreso de Kemal Kılıçdaroğlu es presentado no como una regresión política, sino como una supuesta “restauración de la legitimidad”.
La policía irrumpió en la sede central del CHP en Ankara utilizando balas de goma y gas pimienta, reduciendo por la fuerza a quienes intentaban proteger el edificio.
Lo que realmente ocurre es la desestabilización interna y la reconfiguración del principal partido de oposición de Turquía —respaldado por millones de votantes— según la estrategia de gestión de crisis del propio régimen. En otras palabras, los límites del espacio político están siendo redibujados. Desde esta perspectiva, la decisión puede interpretarse como una forma de “restauración judicial” pasiva.
Aunque la Alianza Popular centrada en el Palacio se institucionalizó con el referéndum de 2017, sus fundamentos ideológicos fueron establecidos durante las rupturas políticas de 2015. El elemento que une al AKP conservador y al MHP nacionalista es el propio Estado. Por ello, esta alianza no es solo electoral, sino también un bloque ideológico construido alrededor de una concepción autoritaria del Estado.
Esta mentalidad, basada en la idea de una sola identidad, una sola verdad y una sociedad homogénea, expulsa los problemas y demandas sociales del terreno de la política democrática y subordina la vida política al control estatal. Por eso, la cuestión hoy no es únicamente si la oposición puede ganar elecciones, sino si el propio espacio de la política está siendo reducido.
En estas condiciones, el CHP bajo el liderazgo de Özgür Özel enfrenta una prueba histórica. Sin rechazar completamente al Estado, el partido debe orientarse hacia una línea democrática que defienda el control político sobre las prácticas cada vez más autoritarias del aparato estatal. Lo que hoy se necesita no es una perspectiva política que reproduzca la dominación del Estado sobre la sociedad, sino una que abra el Estado al control democrático.
La aparición del liderazgo de Özel no era totalmente previsible desde el punto de vista de los equilibrios tradicionales de poder dentro del Estado. El problema no era solamente el programa político del CHP, sino hasta qué punto podía ser controlado. Para el régimen, la cuestión decisiva es si la oposición permanecerá dentro de los límites del sistema y cuán manejable será en momentos de crisis.
En este contexto, la cuestión kurda adquiere una importancia especial. Los recientes intentos del CHP de desarrollar nuevas relaciones con el electorado kurdo pueden haber generado un serio malestar en ciertos círculos del Estado. En Turquía, los límites impuestos al espacio político kurdo son considerados tan estratégicos como los propios resultados electorales. Aunque históricamente el CHP mantuvo vínculos orgánicos con el Estado, sus intentos de abrir nuevos canales de diálogo sobre la cuestión kurda y la sociedad civil son percibidos por el gobierno actual como un desarrollo potencialmente peligroso.
A medida que el CHP comenzó a desafiar los límites establecidos por el Estado y a relacionarse más directamente con las dinámicas sociales, quedó bajo presión de las élites nacionalistas y conservadoras religiosas. En este sentido, el análisis de Salim Diyap resulta particularmente significativo. Diyap sostiene que el CHP no ha logrado liderar genuinamente la resistencia popular; que la sociedad desea llevar la lucha contra la dictadura más allá de los límites de las urnas, mientras el partido intenta canalizar esa energía hacia márgenes controlados y seguros. Esta evaluación contiene una importante dosis de verdad. Aunque el CHP ha conseguido movilizar energía social, continúa limitando en gran medida la legitimidad política a los procesos electorales. Sin embargo, en períodos en los que el poder judicial se ha politizado y los mecanismos estatales han quedado bajo control gubernamental, las elecciones por sí solas no pueden proporcionar suficiente legitimidad democrática; también debe entrar en juego el poder popular organizado.
Al mismo tiempo, dadas las actuales correlaciones de fuerzas, no parece realista esperar que el CHP asuma por sí solo una línea política mucho más avanzada. El control del régimen sobre los medios de comunicación, su capacidad para instrumentalizar el sistema judicial y su movilización del aparato estatal con fines políticos reducen severamente el margen de maniobra de la oposición. Además, el contexto internacional tampoco favorece a la oposición democrática. En una época marcada por el ascenso de Donald Trump y de la extrema derecha global, será difícil que el CHP dirija la creciente indignación social hacia una lucha política más radical sin una fuerte presión proveniente de la izquierda.
Tampoco es casual que Recep Tayyip Erdoğan se haya reunido con Trump antes de intensificar los movimientos destinados a fragmentar al CHP desde dentro. El autoritarismo en Turquía no puede explicarse únicamente por dinámicas internas. A través de sus relaciones estratégicas con Estados Unidos y la Unión Europea, el régimen obtiene cierto grado de legitimidad y apoyo internacional.
En este punto, el apoyo ofrecido por las fuerzas democráticas, la Internacional Socialista y los círculos socialdemócratas europeos resulta profundamente insuficiente, limitado en gran medida a declaraciones simbólicas sin generar una presión política concreta.
Además, después del 19 de marzo, la incapacidad del Partido DEM, de la izquierda socialista y de otras fuerzas opositoras para construir una línea común y sostenida de lucha debilitó la resistencia en las calles. No es realista esperar que el CHP lidere por sí solo a toda la oposición democrática. Sí, el CHP es hoy el principal partido de oposición en Turquía, pero al mismo tiempo enfrenta graves debilidades organizativas, ideológicas e históricas.
A pesar de ello, el discurso pronunciado por Özgür Özel frente a la sede del partido mostró señales de una búsqueda política que no limita la lucha únicamente a los procedimientos legales. Su llamado a las multitudes reunidas en la plaza fue significativo por su énfasis en la lucha común de trabajadores, jóvenes y sectores empobrecidos. En particular, su agradecimiento a los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones profesionales y colegios de abogados que ampliaron la solidaridad demostró que esta lucha no es responsabilidad exclusiva del CHP, sino de un frente democrático mucho más amplio.
Hoy, el problema fundamental en Turquía no son únicamente los límites del CHP. La verdadera cuestión es si las fuerzas democráticas serán capaces de construir una línea de lucha unida, decidida y sostenida. En la sociedad persisten una profunda indignación, un fuerte sentido de justicia y un amplio deseo de cambio. Lo que falta es una voluntad política común capaz de transformar esa energía en un movimiento organizado y permanente.
En su artículo publicado en BirGün, Berkant Gültekin también subraya la necesidad de esta voluntad democrática común. Según Gültekin, la reacción del sistema frente a la posibilidad de un cambio de poder por vías democráticas solo puede ser derrotada mediante la construcción de un frente democrático unido. Su insistencia en que todas las fuerzas opositoras adopten una posición política intransigente pone de relieve que el futuro democrático de Turquía depende no solo de las elecciones, sino también de la capacidad de lucha colectiva.
En última instancia, no parece existir otra alternativa realista que la formación de un frente común que reúna a quienes defienden la democracia contra el régimen autoritario, las libertades contra la represión y la arbitrariedad, el laicismo contra el islam político, y la paz contra la violencia y la guerra. El futuro de Turquía dependerá no solo de las acciones del gobierno, sino también de si las fuerzas democráticas logran construir una lucha unida, decidida y duradera.
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