El aval del Tribunal Constitucional a la ley que regula la muerte digna es el último episodio del fracaso de los recursos del PP y Vox sobre el aborto, el matrimonio igualitario, las listas electorales paritarias o la suspensión de desahucios en plena pandemia.
Esta semana el Tribunal Constitucional ha rechazado, con una mayoría casi inédita en los últimos años, el recurso que Vox presentó contra la ley de eutanasia aprobada en 2021. Con nueve votos a favor y dos en contra, el máximo intérprete de la Constitución ha desestimado íntegramente un nuevo intento de la derecha de anular en los tribunales medidas legales que suponen un reconocimiento de nuevos derechos. El fallo avalando la ley de eutanasia se suma a otros dictados por el Constitucional en el mismo sentido como el aborto, el matrimonio igualitario o la ampliación de los permisos de paternidad.
En el caso de la norma que regula la eutanasia, la sentencia completa está por conocerse pero los argumentos de la mayoría del tribunal tiran por tierra las alegaciones de Vox, tanto las que plasmaron en su recurso como las que trasladaron en público al afirmar que esa ley es una “derrota de la civilización” y una “victoria de la cultura de la muerte”. El derecho a la vida del artículo 15 de la Constitución, dice el máximo intérprete de ese texto, no impone un “paradójico deber de vivir”. Añade el tribunal que “la tesis absolutizadora de la vida no es compatible con la Constitución”.
Los líderes de PP y Vox alegan que sus recursos buscar proteger a una parte de la sociedad que queda indefensa con las leyes de la izquierda. Los recursos, examinados en detalle, atacan, sin embargo, los derechos adquiridos en esas leyes por integrantes de distintos colectivos. El PP intentó acabar con la ley que regularizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, aprobada durante el Gobierno de Zapatero. El recurso de los conservadores ante el tribunal aseguraba que la Ley “desnaturaliza el matrimonio” y lo convierte en “una institución polisémica, borrosa y disponible”.
Las listas paritarias que recogía la ley de Igualdad de 2007, dos años más tarde, alteraban “el sistema electoral español”, defendió el PP. El legislador, según los conservadores, debe ser “neutral” respecto al “sexo, raza, edad o religión”, quedando prohibida “toda discriminación, positiva o negativa, basada en tales circunstancias”. En lo que corresponde a la interrupción voluntaria del embarazo, Federico Trillo proclamó en 2010, al presentar el recurso de su partido contra la ley, que la decisión de una mujer de abortar es “contrario al derecho a la vida”.
Con años de retraso, pero con la firmeza de las resoluciones del Constitucional, el tribunal rechaza todos esos argumentos. Recientemente ha ocurrido con el recurso a la ley del aborto, el más antiguo de cuantos aguardaban respuesta del intérprete de la norma fundamental. A la espera de la deliberación definitiva, la mayoría progresista del tribunal de garantías ha optado por rechazar aquel recurso presentado por Trillo y negar que el derecho a abortar sea, como denunciaba el PP, una suerte de carta blanca para atentar contra el derecho a la vida. Incluso la rechazada ponencia del conservador Enrique Arnaldo se desmarcaba de la mayoría de los planteamientos del PP.
Algo similar ha sucedido con el recurso que el Partido Popular presentó contra la norma de igualdad que, entre otras cosas, igualó progresivamente los permisos de paternidad a los de maternidad. Allí donde el partido de Alberto Núñez Feijóo denunciaba que la tramitación urgente de la norma había sido ilegal, la mayoría del pleno entiende que fue un procedimiento justificado por la falta de avances en materia de igualdad desde la entrada en vigor de la norma de 2007, durante la primera legislatura de Zapatero.
Esa ley de 2007 incluía aspectos como las listas electorales paritarias de los partidos políticos y también fue recurrida, sin éxito, por el Partido Popular. Hace 15 años el Constitucional rechazó otro recurso del PP alegando que esta medida no es discriminatoria ya que “supera el canon de proporcionalidad por ser su fin legítimo”.
El mayor fracaso político y judicial del PP ante el Tribunal Constitucional llegó en 2012. España era reconocida ya internacionalmente como pionera en los avances de los derechos de las personas homosexuales y la realidad se enfrentaba al recurso presentado siete años antes por el PP. En su fallo, el Tribunal Constitucional resolvió que permitir que dos personas homosexuales se casen no afecta a los derechos de las familias y tampoco al de los hijos. Quedaba modificado el derecho al matrimonio “sin afectar a su contenido” y sin “menoscabar el derecho al matrimonio de las personas heterosexuales”, añadió el Constitucional. Uno de los votos que avaló la ley del matrimonio gay fue del presidente entonces del Tribunal Constitucional, nombrado a propuesta del PP, Francisco Pérez de los Cobos.
Otro ejemplo es la norma dictada por el Gobierno durante la pandemia, que ponía límites a los desahucios de personas vulnerables y que, según el Partido Popular, suponía de facto una legalización de la ocupación ilegal de casas. El tribunal resolvió que, lejos de ser una carta blanca para la ‘okupación’, la ley tuvo una “finalidad de interés social”, incidió de forma “mínima y temporal” sobre los propietarios y, además, podía “ser objeto de compensación económica”.
La cascada de recursos de Vox
Por su parte, Vox ha hecho de los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional punta de lanza de su oposición al Gobierno progresista. La ultraderecha presume de la cantidad de recursos que ha presentado ya ante el tribunal de garantías: el último, contra la reforma del Código Penal y la derogación de la sedición, era el número 46 según la página web del partido.
Algunos de estos recursos siguen la línea de buscar la nulidad de normas que han profundizado en los últimos años, por ejemplo, en materia de derechos laborales. Sucede así con el recurso que la ultraderecha presentó contra el Ingreso Mínimo Vital, contra la ley Rider y contra la última reforma laboral.
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación pública para personas sin ingresos básicos. La segunda de las leyes citadas puso coto al abuso de la figura del falso autónomo por parte de empresas de reparto como Glovo, Deliveroo o Uber Eats. La reforma laboral es uno de los instrumentos del Ejecutivo actual que ha provocado una caída en picado de la temporalidad en la contratación. Son recursos que, por el momento, han pasado el primer filtro de la admisión a trámite y que están pendiente de entrar en el calendario del pleno y ser sometidos a deliberación por parte del Constitucional.