Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
La Asociación de Apoyo a los Presos Políticos y de Derechos Humanos Addameer lanzó ayer, 26 de marzo, de 2009, una campaña global para acabar con el uso por parte de Israel de la detención administrativa, un procedimiento según el cual los detenidos palestinos pueden ser retenidos indefinidamente sin cargos ni juicio. El principal objetivo de esta campaña es obligar incondicionalmente a Israel a acabar con esta práctica y con su política de detenciones arbitrarias en el territorio palestino ocupado. Addameer hace un llamamiento a Israel para que libere inmediatamente a todos los detenidos administrativamente y a que acate los criterios internacionalmente reconocidos para un juicio justo.
«Todos los detenidos deberían ser acusados de delitos reconocibles, juzgados en un tribunal de justicia apropiado de acuerdo con criterios para un juicio justo aceptados internacionalmente. A falta de suficientes pruebas contra ellos, deberían ser liberados inmediatamente», afirma el abogado Sahar Francis, Presidente General de la Asociación Addameer. «El problema es que yo, como abogado, no puedo defender a mi cliente ya que su detención se basa en información secreta que a ninguno de nosotros se nos permite ver. La detención administrativa no puede ser utilizada continuamente como sustituto de la interposición de una acción judicial», continúa.
Actualmente hay aproximadamente 540 palestinos en situación de detención administrativa, incluidos tres niños menores de 18 años y dos mujeres, detenidos en Israel sin cargos o juicio. En los últimos 8 años tras el inicio de la Intifada de al-Aqsa en septiembre de 2000 ha habido una media de más de 800 detenciones administrativas al año. Algunos han sido retenidos en detención administrativa durante años, como en el caso del recientemente liberado Adnan Hamarsheh que pasó un total de casi 6 años en la cárcel desde el 28 de diciembre de 2003 hasta el 12 de febrero de 2009, o Khalid Kaaba que fue arrestado el 10 de enero de 2005 y hasta el momento continúa detenido. La inmensa mayoría de los detenidos administrativos están en viejas y raídas tiendas de campaña que están expuestas a unas condiciones climáticas extremas y situadas en tres centros de detención, ninguno de los cuales reúne los mínimos requisitos internacionales, Keztiot en el desierto de Negev, Megiddo en el norte de Israel y Ofer en el centro de Cisjordania. A pesar de estar situado en territorio palestino ocupado, Ofer es igual de inaccessible para las familias de los presos debido al trazado del Muro de Separación. A pesar de no haber cargos contra ellos, los detenidos administrativos suelen sufrir humillaciones y un trato degradante en el momento de ser detenidos e interrogados. Addameer apela a Israel para que respete la Cuarta Convención de Ginebra, en especial el Artículo 84, que subraya muy claramente la diferencia entre detenidos administrativos, «que ni han sido acusados o juzgados por ningún delito» y que deben estar separados de «las personas detenidas por otras razones». Israel también debe garantizar que las condiciones de detención administrativa cumplen los criterios internacionales. De forma similar, se deben implementar sus derechos legales a recibir regularmente visitas de sus familiares y a una defensa legal adecuada.
Los detenidos administrativos no son informados de las razones concretas de su detención, ni siquiera una vez que son liberados. Basándose en una orden de detención administrativa contra ellos que puede ser renovada indefinidamente por el juez militar pueden ser mantenidos en este estado de suspensión durante un periodo de entre uno a seis meses. Aunque tienen derecho a que su orden de detención sea revisada ante un juez militar y a apelar su decisión, este proceso nunca puede ser considerado ni justo ni independiente. «La revisión es una burla de las salvaguardas legales», afirma el abogado Sahar Francis. «El detenido no puede contrastar y examinar hechos básico, incluyendo la confesión sobre su caso, y toda la información presentada ante el tribunal está clasificada. En la vasta mayoría de los casos las órdenes de detención administrativa acaban siendo confirmadas».
Addameer insiste firmemente en que la revisión judicial de una detención administrativa debe cumplir unos criterios internacionales mínimos para un proceso justo. También se debe llevar a cabo independientemente de si el detenido apela o no. «Por encima de todo, Addameer cree que Israel debe liberar a los detenidos administrativos en cuanto deja de existir el motivo de la detención. Por medio de esta campaña y recopilando información sobre todos los detenidos administrativos actuales y detalles de sus casos legales, estamos decididos a desafiar las decisiones del Tribunal Militar y su naturaleza carente de base», afirmó Abdel Latif Ghaith, presidente del Consejo de Direción de Addameer. «Ha llegado el momento de que la comunidad internacional asuma su papel y exija responsabilidades a Israel tanto según el derecho internacional como según sus acuerdos contractuales con la Unión Europea. A lo largo de estos años hemos presenciado suficientes violaciones por parte de Israel de los derechos humanos contra el pueblo palestino y suficiente falta de acción por parte de la comunidad internacional. Hoy estamos proporcionando a todos los actores internacionales suficiente información detallada y fidedigna para que actúen por fin y presionen a Israel para que acaba con esta práctica de la detención administrativa y detención arbitraria. La falta hasta la fecha de una respuesta eficaz por parte de la comunidad internacional nos ha obligado a cuestionar seriamente su compromiso con los derechos humanos fundamentales. Ahora es el momento de demostrar que los principios y los valores de los derechos humanos están respaldados por acción», concluyó.
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Magda Mughrabi
Advocacy and Outreach Officer
Addameer Prisoner’s Support and Human Rights Association
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