La búsqueda de una salida a una crisis que es “global y multidimensional”, como se recuerda en la apertura de este debate, es sin duda inaplazable. Afrontarla en el marco español obliga además a tener en cuenta las especificidades de nuestra historia común y del modelo de capitalismo y de democracia liberal que se ha ido conformando en las pasadas décadas.
Partiendo de que un diagnóstico de esa crisis exige reconocer que es estructural y sistémica y, por tanto, que su superación exige un cambio radical de paradigma civilizatorio, lo lógico sería que nuestras propuestas contribuyan a acercarnos a ese objetivo. No parece, sin embargo, que la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, creada en el Congreso, haya partido del reconocimiento de ese desafío, pese a que algunas de las portavocías de organizaciones sociales que han comparecido ante la misma lo hayan mencionado. Una de ellas ha sido la de Ecologistas en Acción que, en uno de los documentos presentados (“Un nuevo paradigma que ponga la vida en el centro”), reclama “medidas drásticas y globales” en cinco líneas fundamentales: frenar la huida hacia adelante, nuevo equilibrio ecológico, nuevo modelo productivo (que implica cuestionar el dogma del crecimiento económico y del lucro), nuevo equilibrio social y nueva cultura de la Tierra.
También campañas como el Plan de Choque Social, impulsada por varios centenares de organizaciones de todo el Estado, han concretado algunas de esas medidas, destinadas a avanzar hacia el reparto de todos los trabajos y de la riqueza, a la derogación de las reformas laborales de PP y PSOE, a la Renta Básica Incondicional, a la gestión pública del 100% de unos servicios públicos universales y de calidad, al derecho a una vivienda digna, a la regularización de personas migrantes o al retorno del rescate bancario y a una reforma fiscal progresiva.
Pienso que propuestas como éstas apuntan hacia ese horizonte de cambio de rumbo radical frente al colapso ecosocial en el que hemos entrado y del que la crisis de la pandemia solo ha sido un ensayo.
Si a todo esto sumamos la coincidencia de esa crisis global con la que afecta desde hace tiempo al modelo capitalista español basado en la construcción y el turismo, así como a su régimen, cuya gravedad es reconocida por firmes defensores del establishment (ya sea de forma apocalíptica por la extrema derecha, o en términos menos dramáticos por personajes como el presidente de honor de PRISA, Juan Luis Cebrián) parece evidente que, como ha defendido José Errejón en este debate (“¿Reconstrucción o refundación?”), no tiene justificación autolimitarse en la agenda a promover.
Estamos obligados a incluir en ella cuestiones como las mencionadas antes, con el fin de emprender una reconversión económica y ecológica (los casos de Nissan y Alcoa podrían haber sido un primer ensayo, en contraste con las nuevas ayudas al sector del transporte) y retomar el debate constituyente que abrieron el 15M y el procés catalán. Tarea esta última insoslayable que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, tuvo que reconocer recientemente en el Congreso, pese a que luego fuera convertida en un lapsus a olvidar.
En resumen, la crisis debe ser entendida como una oportunidad para pensar globalmente un proyecto alternativo, confluyendo con la nueva ola de revueltas populares iniciada en EE UU y en otros lugares del planeta, y simultáneamente, para hacer frente en el caso español al neocaciquismo clientelar inmobiliario y financiero dominante, como lo ha definido José Manuel Naredo.
No olvidemos tampoco que la inserción del capitalismo español como periferia dentro del centro de la economía-mundo nos exige abordar la crisis existencial (en expresión de un líder político europeo) que afecta a la UE y presionar por un cambio radical respecto a la deriva seguida hasta ahora, especialmente desde la vuelta de tuerca austeritaria de 2008. Porque el momento hamiltoniano (en referencia a la mutualización de la deuda que promovió Alexander Hamilton en EE UU en 1790) por el que algunas voces apuestan puede tener un sentido elitista y tecnocrático al servicio de las grandes corporaciones transnacionales; o, por el contrario, puede venir de una alianza confederal de los pueblos del Sur de Europa que impulse un proceso de ruptura con la Constitución económica de la UE, empezando por la suspensión definitiva del Pacto de Estabilidad y la eliminación de los paraísos fiscales presentes en su seno.
Se trata sin duda de una agenda que incluye una larga lista de materias que va mucho más allá de lo que se plantea desde el gobierno de coalición PSOE-UP para la Comisión parlamentaria creada y, sobre todo, del documento presentado por esos partidos. En el mismo, por cierto, vemos que hay propuestas firmes, como la relacionada con el blindaje de la sanidad pública, pero también ausencias preocupantes, como son el impuesto sobre las grandes fortunas o la derogación de la reforma laboral del PP, o la falta de ambición para reducir la brecha con la media de la UE en el impuesto sobre el beneficio de sociedades.
Empero, no podemos renunciar a ir más allá del falso realismo cortoplacista si queremos abordar el trasfondo de la crisis múltiple que estamos viviendo y que amenaza manifestarse, más pronto que tarde, con mayor virulencia. El neoliberalismo dominante no caerá solo si no hay fuerzas desde abajo que lo hagan caer, pero su credibilidad ante amplios sectores populares ha salido debilitada tras la crisis del coronavirus ¿Acaso la experiencia vivida durante estos meses no nos ha llevado a reconocer que somos ecodependientes e interdependientes, frente al mito del individualismo emprendedor y de la competencia del sálvese quien pueda? ¿No es lo privado lo que está ahora devaluado frente a lo público a la vista del colapso sanitario que hemos vivido? ¿No son la solidaridad y el apoyo mutuo los valores en alza y a promover si realmente no se quiere dejar a nadie atrás cuando aumenta el número de personas precarizadas y empobrecidas mientras 23 ultrarricos han visto crecer sus fortunas, como recuerda el último informe de Intermón-Oxfam? ¿No es hora ya de que la necesidad de una planificación democrática y ecológica pase por encima del business as usual y de la presunta seguridad jurídica de las grandes empresas, sobre todo cuando muchas de ellas se han beneficiado de procesos de privatización pasados, de las devaluaciones salariales y de las tramas de corrupción que ellas mismas han ido tejiendo, no sólo aquí sino en otros países?
Hemos de ser conscientes de que vienen tiempos de polarización social, de conflictos de intereses y de valores y de bifurcaciones. No se va a cambiar la correlación de fuerzas volviendo a los consensos del pasado, que ni son deseables (de aquellos polvos, estos lodos…, como estamos viendo con los escándalos de la monarquía, de los GAL, de la impunidad de los crímenes del franquismo), ni debemos permitir que se impongan como mal menor cediendo a las líneas rojas que nos marquen la CEOE, el PP, Cs o el PNV. Sería mejor que las fuerzas de izquierda que han permitido la formación del gobierno PSOE-UP busquen un acuerdo en torno a un programa de reformas estructurales que, apelando al protagonismo de la movilización ciudadana, marque el camino hacia una transición ecosocial y política frente a la nueva aceleración neoliberal y autoritaria. Tempus fugit.
Jaime Pastor, politólogo y editor de la revista Viento Sur