La monarquía petrolera en Bahréin mantiene desde hace años una fuerte represión contra el pueblo que exige mayor democracia y participación en la sociedad.
1883 es el número que representa la situación represiva en Bahréin, pequeño país petrolero ubicado en la costa oeste del Golfo Pérsico. La cifra muestra la cantidad de detenciones ilegales cometidas por ese Estado y denunciadas días atrás por el Centro de Derechos Humanos de Bahréin (BCHR, por sus siglas en inglés).
El país, de apenas 760 kilómetros cuadrados y en el cual se encuentra apostada la V Flota de Estados Unidos, es escenario de confrontaciones y críticas debido al profundo malestar interno, principalmente de la población musulmana de confesión chiíta, mayoritaria en el país pero víctima de prohibiciones y relegada de la administración pública. La monarquía de la familia Al Jalifa, aliada de Arabia Saudí, gobierna a la pequeña nación con mano de hierro y no existe resolución internacional que detenga esa política.
En el informe del BCHR se detalló que las detenciones de los 1883 pobladores se efectuaron en el marco de protestas contra la monarquía. De ese total, indicó la investigación, en el 50 por ciento de los casos las fuerzas de seguridad allanaron las casas sin autorización y encarcelaron a los opositores. La denuncia también reveló que en 2015, al menos 441 personas desaparecieron, de los cuales el 38 por ciento son menores de 18 años. Entre los detenidos más reconocidos se encuentra Nabil Rayab, activista chií y director del BCHR. A esta situación se suma otra arma que la monarquía de Al Jalifa utiliza contra los opositores: al menos 200 ciudadanos fueron despojados de nacionalidad legal al ser acusado por «terroristas».
Aunque Bahréin sea un país del que casi no se habla, entre 2011 y 2012 fue escenario de revueltas y protestas que continúan hasta el día de hoy. En ese entonces, y como telón de fondo la malograda Primavera Árabe, el país del Golfo -con apenas un millón de habitantes- fue testigo de cómo miles de hombres y mujeres en las calles reclamaban democracia y un mejor nivel de vida. A diferencia de lo sucedido en Libia o Siria, países víctimas de intervenciones extranjeras con el fin de derrocar a sus gobernantes, el territorio de Bahréin fue protegido por Arabia Saudí. Mientras en Manama, capital del país, crecía el número de muertos y heridos por la represión, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), liderado por la Casa de Saud, envió a más de mil soldados para sofocar las manifestaciones. El despliegue de uniformados fue denunciado por pocos países, como el caso de Irán, mientras que la Organización de Naciones Unidas mantuvo un oscuro silencio ante lo que ocurría en la nación, precedida por el rey Hamad bin Isa Al Jalifa y el primer ministro Jalifa bin Salman Al Jalifa, representantes musulmanes del sunnismo y cuya familia define el destino de Bahréin desde el año 1783.
Formula 1 y represión
Además de ser un país petrolero, poseer importantes reservas de gas natural y ser el destino turístico de muchos privilegiados, Bahréin es reconocido porque todos los años se realiza el Gran Premio de Fórmula 1, la principal categoría del automovilismo mundial. El fin de semana pasado se repitió la competición internacional, y aunque el alemán Nico Rosberg con su flamante Mercedes obtuvo los laureles, en las calles de Manamá, Karzakan, Aali, Diraz y Al Dair, miles de personas salieron a las calles para reclamar a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) la cancelación del Gran Premio. Durante las protestas, los manifestantes denunciaron que la competición sirve para limpiar el prontuario de la familia real Al Jalifa. Aunque en 2011 se logró la cancelación del Gran Premio, este año los autos rodaron en el autódromo mientras las fuerzas de seguridad desataron una fuerte represión contra los manifestantes.
Sayyed Ahmed Alwadai, director del Instituto por los Derechos Humanos y la Democracia en Bahréin, denunció que «hasta ahora la FIA ha eludido su responsabilidad y no ha utilizado su influencia» y reclamó a la institución «cancelar la carrera en los próximos años». Alwadai apuntó contra Jean Todt, presidente de la FIA, al que señaló de «responsable de asegurarse de que sean implementados procedimientos efectivos para poner fin a las violaciones contra los derechos humanos que son realizadas durante el proceso de celebración de la carrera».
Por su parte, el subdirector del programa de Amnistía Internacional (AI) para Oriente Próximo y el Norte de África, James Lynch, declaró la semana pasada que «detrás de los coches rápidos y las vueltas de pista triunfales no hay que olvidar que está un gobierno que estrecha el cerco para tratar de asfixiar todo resto de oposición en el país, multiplicando las detenciones, las intimidaciones y el acoso a la oposición política y las voces críticas».
En el último tiempo, AI se hizo eco de las denuncias de la oposición en Bahréin. A mediados de marzo de este año, el organismo demandó a la monarquía Al Jalifa la liberación de la activista Zeinab al-Jawaya y su bebé de 15 meses, detenidos por las fuerzas de seguridad. Quien también levantó la voz contra la monarquía fue Human Right Watch (HRW), que el pasado 20 de marzo exigió al régimen detener las deportaciones de los ciudadanos que son despojados de su nacionalidad. Joe Stork, miembro de HRW, afirmó que las deportaciones son «ilegítimas» y «causan la separación de familias y ocasiona un sufrimiento incalculable».
El enemigo del Golfo
Sin duda, la República Islámica de Irán en la actualidad encabeza una lucha hegemónica por Medio Oriente, que tiene como contrincante a los países del Golfo Pérsico, encabezados por la Casa de Saud. Y en esta disputa, la monarquía de Bahréin se encuentra aferrada a su aliado principal. Por eso, el pasado 2 de abril el canciller de Bahréin, Sheikh Jaled bin Ahmed al Jalifa, aseguró que los estados del Golfo están preparados para enfrentarse a Irán por su política exterior. La monarquía de Al Jalifa rompió relaciones con Teherán en enero, un día después de que Arabia Saudí hiciera lo mismo debido al asalto a su embajada en territorio iraní, en represalia por la ejecución del destacado clérigo chií Nimr Baqr al Nimr.
«Enviamos un mensaje a Irán y a todos sus seguidores. Ahora, nos tomamos en serio la posibilidad de enfrentarlo, y no dudaremos en defender a nuestros pueblos, estados, intereses y hermanos en la región, porque es una cuestión vital para nosotros», sostuvo Al Jalifa, en una entrevista con la cadena Al Arabiya.
Mientras en la pequeña isla, que tiene como vecinos a Arabia Saudí y a Qatar, la represión continúa, la familia Al Jalifa descansa en sus aliados, no sólo del Golfo Pérsico, sino de los que están más allá de los océanos. Estados Unidos poco dice de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en este país. La V Flota que reposa en las costas de la pequeña isla, que tiene a Arabia Saudí y a Qatar como vecinos, un jugoso Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado en 1995 y la venta de armas a la monarquía, que desde mayo de 2015 fue por un total de 33.000 millones de dólares, son razones más que objetivas para que desde las ventanas de la Casa Blanca no se vea con claridad lo que sucede cotidianamente en Bahrein.
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