En los últimos dos meses Palestina ha vuelto a estar presente en las noticias internacionales al acercarse el 1° de julio, fecha anunciada por el Primer Ministro israelí para la anexión oficial de una tercera parte del territorio cisjordano que ocupa desde 1967.
La idea de que la actual anexión de facto podría volverse de jure desató una ola de indignación en todo el mundo. En este tiempo han circulado mapas que ilustran y análisis que especulan sobre qué significaría –en la teoría y en la práctica− la concreción de ese anuncio.
Como siempre en relación a la cuestión palestina, hay en esto una buena dosis de hipocresía, ya que la misma comunidad internacional que con su inacción y tolerancia hacia Israel ha llevado al actual estado de cosas, ahora parece ‘despertar’ y descubrir que la anexión de jure será una cosa grave. Más aún, el peligro es que se ha pasado de exigir terminar con la ocupación colonial a pedir simplemente que no se concrete la anexión.
¿Qué cambia realmente?
Según el Derecho Internacional Humanitario, la anexión supone la adquisición permanente de un territorio ajeno, mientras que la ocupación se asume que es temporal (aunque como en este caso dure ya 53 años[1]); el territorio anexado pasa a ser parte del Estado anexionista con todo lo que contiene (población, recursos naturales) y por lo tanto a estar bajo su legislación, mientras que en el territorio ocupado (¡siempre en teoría!) el Estado ocupante no puede aplicar sus leyes, ni alterar su infraestructura, ni trasladar o desplazar población, ni destruir propiedades, ni apropiarse recursos naturales de ningún tipo.
La cuestión es que el Estado de Israel viene haciendo todas esas cosas desde el comienzo de la ocupación: robo de tierras y expulsión de sus dueños palestinos para construir en ellas colonias exclusivamente judías (e ilegales en el Derecho Internacional); alteración de la infraestructura mediante la construcción de zonas industriales, muros y carreteras segregadas −también de uso exclusivo judío−; demoliciones permanentes de viviendas y medios de vida palestinos; decretos y autoridades militares para gobernar a la población ocupada; traslado de población judía al territorio ocupado y consiguiente desplazamiento de la población palestina, y un largo etcétera.
Por eso afirmar que la anexión de facto ya existe no es una consigna, sino una realidad incuestionable; particularmente en el Valle del Jordán, las Colinas al Sur de Hebrón y otras partes de Cisjordania designadas como “Área C” en los Acuerdos de Oslo (destinadas a las colonias y bajo exclusivo control del ejército israelí). No obstante, muchas voces advierten que esas políticas nefastas se agudizarían. Y para ilustrarlo no hay más que mirar a Jerusalén.
En efecto, la parte oriental de la ciudad donde reside la población palestina (y destinada en los ficticios planes de Oslo a ser la futura capital del Estado palestino) fue ocupada por Israel en 1967 y oficialmente anexada en 1980 (anexión unilateral e ilegal que ningún país reconoció hasta que Trump llegó al poder). Allí la única autoridad y ley es la israelí, y la población palestina carece de derechos civiles y políticos: no tiene ciudadanía, no puede votar, no recibe servicios públicos ni permisos de construcción, ni nada de lo que goza la población judía en el oeste de la ciudad; solo tiene un ‘permiso de residencia’ (en su ciudad natal) que no puede extender a sus cónyuges o descendientes[2], y que puede perder en cualquier momento. Si alguien quiere conocer el rostro más duro del apartheid israelí, no tiene que desplazarse mucho: basta con moverse entre el este y el oeste de Jerusalén. La segregación, la discriminación y la exclusión están a la vista.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa (y primer ministro alterno) Benny Gantz en una reunión semanal de gabinete en Jerusalén. (Marc Israel Sellem/POOL).
¿Sí o no?
Netanyahu usó los anuncios de anexión como una zanahoria durante las tres rondas electorales en un año (hasta que por fin consiguió la mayoría para quedarse por un período más), tanto para atraer el voto de colonos y ultraderechistas como para distraer de los juicios que enfrenta por corrupción −y más recientemente de su errática gestión de la pandemia−.
El mandatario israelí tuvo su momento de éxtasis en enero, cuando el yerno de Trump Jared Kushner presentó su tan pomposo como inadmisible “Plan de Paz para Medio Oriente”, diseñado por la derecha israelí para legitimar la colonización y enterrar definitivamente toda aspiración palestina de soberanía. Pero las cosas han cambiado desde entonces, debido en parte a los nuevos escenarios creados por la pandemia en ambos países. En particular la adminstración Trump tiene asuntos más apremiantes en su agenda: la desastrosa gestión de la crisis de Covid-19, que ha puesto en evidencia las dramáticas consecuencias de no tener un sistema de salud pública; la recesión económica resultante de la pandemia; y la creciente y masiva revuelta antirracista disparada por el asesinato de George Floyd. Como resultado de todo esto, las encuestas indican que su reelección en septiembre estaría seriamente comprometida[3].
Es posible que, con su habitual narcisismo endogámico, Netanyahu no haya previsto la magnitud del rechazo global al anuncio de anexión, principalmente en la Unión Europea (donde miles de parlamentarios exigieron una respuesta firme) y los países árabes (donde los gobiernos, aunque hayan normalizado sus relaciones con Israel, temen la indignación popular, pues saben que las calles son incondicionalmente palestinas). Y es que entre los países occidentales hay un consenso hipócrita: mientras el discurso oficial se mantenga dentro del marco de ‘los dos estados’, a Israel se le permite todo; aun convertir esa ‘solución’ en una quimera. Pero cuando ese acuerdo tácito es violado, los gobiernos europeos no pueden menos que amenazar con actuar; por eso la tan temida y nunca pronunciada palabra ‘sanciones’ se escuchó en algunos gabinetes del bloque.
Lo cierto es que la situación cambió mucho desde los fulgores de enero. Incluso en la coalición de gobierno israelí no parece haber un consenso claro, pues Benny Gantz no estaría decidido a dar el paso ahora. Pero Netanyahu apostó fuerte a la carta de la anexión durante la campaña electoral; y sabe que, si Trump no consigue la reelección, podría perder una oportunidad única de contar con un gobierno estadounidense dispuesto como ninguno anterior a saltarse todas las formalidades del orden internacional para avalar la anexión del territorio ocupado. De modo que no se descarta que pueda aventurarse a dar el paso antes de las elecciones estadounidenses. Se cree que una opción ‘prudente’ podría ser no anexar de una vez todo el territorio, sino solo una parte: las colonias alrededor de Jerusalén Este (de paso separándola definitivamente de Cisjordania); y dejar el Valle del Jordán para después de las elecciones en EE.UU..
Protesta palestina con aliadxs israelíes en Jericó (Valle del Jordán) el 1° de julio, Día de Ira.
Que se vayan todos
El irrelevante Presidente de la Autoridad Palestina (AP) respondió al anuncio de anexión con su habitual amenaza de poner fin a toda forma de coordinación con Israel (una misión que ha cumplido con particular celo durante 15 años). Pero al parecer esta vez Mahmoud Abbas viene cumpliendo su palabra.
Hay que entender lo que implica esta decisión: según el esquema de Oslo, la AP tiene que pedir permiso a Israel para todas las actividades relativas al funcionamiento de la sociedad: movimiento de personas, entrada y salida de mercancías y medicamentos, finanzas, comunicaciones, etc. Incluso los fondos internacionales que recibe la AP (y en especial los salarios públicos de los que dependen miles de familias en una economía secuestrada), así como los impuestos que debe recaudar, son controlados por Israel. Por eso las medidas anunciadas por Abbas ya están perjudicando más a su pueblo que al gobierno israelí (entre otras cosas, la ANP dejó de recaudar los impuestos y de coordinar los permisos para atender a pacientes graves de Gaza en hospitales de Cisjordania).
Precisamente las encuestas revelan que la población palestina, si bien está harta del colaboracionismo, la corrupción y el autoritarismo de la AP, también teme las consecuencias en caso de cesar su papel de intermediación y proveedor de servicios. La disolución de la AP que muchos reclaman (y que sería la consecuencia lógica de dar por terminado el esquema de Oslo) significa que las fuerzas israelíes vuelvan a ocupar todas las ciudades palestinas y a ser responsables directas de la suerte de la población ocupada en materia de salud, educación, administración, economía (tal como obliga el Derecho Internacional Humanitario). Y hay que ver si el ejército israelí está dispuesto a asumir el costo (en todos los sentidos) de volver a esa situación; especialmente en caso de producirse otra intifada –que hasta ahora no se dio no por falta de motivos, sino por el rol represivo de la AP al servicio de la ocupación−.
El hecho es que esta crisis hace más evidente que nunca el vacío de liderazgo político, tras un cuarto de siglo perdido jugando al autogobierno (y 13 años de división entre Fatah y Hamas, cada uno ejerciendo una pseudo autoridad en Cisjordania y Gaza, respectivamente). Ahora ya es tarde para que la AP llame a la unidad y lidere la resistencia, porque el pueblo no confía en ella. Y los mejores líderes, ya sabemos, están tras las rejas o bajo tierra.
En medio de una nueva ola virulenta de Covid-19 en Cisjordania, las manifestaciones contra las pretensiones anexionistas –reprimidas por el ejército de ocupación con su ferocidad habitual− se multiplican dentro y fuera del territorio ocupado, mientras los colonos −envalentonados por la coyuntura anexionista propiciada por Trump− intensifican sus ataques y robos de tierras palestinas. Y en la bloqueada Gaza –donde al parecer Hamas está endureciendo la mano para mantener el control en una situación imposible− asisten a una insólita sucesión de suicidios de jóvenes, producto de la desesperación ante la falta de horizontes.
Por otro lado, palestinos/as de distintas procedencias geográficas y partidarias –sobre todo en la diáspora− están reclamando realizar elecciones para formar un nuevo Consejo Legislativo Palestino de donde resurja una OLP democrática y verdaderamente representativa de los 13 millones de palestinas y palestinos, en los territorios ocupados (incluyendo Israel) y en el exilio. Este impulso viene sobre todo de las nuevas generaciones; su espíritu es salir del fiasco de Oslo, que desplazó el liderazgo de la OLP hacia la AP y convirtió la lucha de liberación nacional en una simple ‘gestión de la ocupación’ en un ínfimo territorio, bajo la fachada de ‘construcción estatal’, mientras continuaba la ocupación colonial.
El movimiento BDS, que hoy es la expresión más dinámica y plural de la sociedad civil palestina, llamó a intensificar las medidas de presión en todo el mundo, especialmente el embargo militar. Un logro llamativo es haber conseguido, con la firma de decenas de organizaciones sociales palestinas, que siete ex presidentes latinoamericanos (Lula, Dilma, Correa, Morales, Lugo, Samper y Mujica) y más de 500 ex ministros/as, legisladoras/es, intelectuales y personalidades de Asia, África y América Latina suscribieran un manifiesto apoyando «el llamado del pueblo palestino a prohibir el comercio de armas y la cooperación en los ámbitos militares y de seguridad con Israel; suspender los acuerdos de libre comercio con Israel; prohibir el comercio con colonias ilegales israelíes y exigir responsabilidad de parte de personas físicas y actores corporativos cómplices en el régimen de ocupación y apartheid de Israel.»
Y si bien los firmantes afirman: «Nos comprometemos a trabajar dentro del marco de nuestras respectivas estructuras nacionales para abogar por la implementación de estas medidas», el pueblo palestino sabe que poco puede esperar de los centros de poder mundial, y solo le queda seguir apostando a la movilización internacional, que en estas semanas ha mostrado su músculo. Por eso, haya o no anexión formal, activistas dentro y fuera de Palestina llaman a aprovechar este momento de indignación mundial como una oportunidad para exigir sanciones y aislar al último régimen colonial y de apartheid que persiste en el siglo XXI. Como dijo la refugiada Rima Najjar, exiliada en Estados Unidos: «¡Hagamos del anuncio de anexión el ‘momento George Floyd’ de Palestina!».
NOTAS:
[1] Aquí me limito a describir la posición oficial de la ONU y del Derecho Internacional Humanitario que aplica en los territorios palestinos, considerados “bajo ocupación beligerante” de Israel. No obstante, muchas personas (palestinas e internacionales) consideramos que toda la Palestina histórica está sometida a una ocupación colonial desde 1948, y cuestionamos la legitimidad del Estado de Israel.
[2] Por eso las solicitudes de unificación familiar de palestinos/as de Jerusalén para traer a su cónyuge de Cisjordania son sistemáticamente rechazadas, y los hijos o hijas de esas parejas no adquieren el permiso de residencia en la ciudad. Detrás de todas estas políticas hay una sola explicación: la obsesión del régimen por judaizar toda Jerusalén.
[3] Además, un grupo creciente de congresistas democrátas liderados/as por Alexandria Ocasio-Cortez está impulsando una moción para condicionar la multimillonaria ayuda militar a Israel a la decisión de anexión.
Publicado (con otro título y ligeras variantes) en el semanario Brecha el 10/7/20.
Fuente: https://mariaenpalestina.wordpress.com/2020/07/13/anexion-o-no-anexion-he-ahi-la-cuestion/