Traducido para Rebelión por L.B.
Reseña del libro Cortejando el conflicto: El sistema de tribunales militares en Cisjordania y Gaza, Lisa Hajjar, University of California Press
Un judío israelí y un palestino se cruzan durante su traslado tras escuchar sus respectivas sentencias en la sala del tribunal. El palestino le pregunta al judío cuánto tiempo le ha caído.
–Tres años –dice el judío–. Pero el juez ha sido bastante benévolo y ha tenido en cuenta que el guardia que trató de impedir que robara el banco no murió de sus heridas. ¿Cuánto te ha caído a ti?
–Siete años por conducir con los faros del coche apagados –dice el palestino.
–¡Diablos! ¡Menudo castigo! –exclama el judío.
–¡Qué va! Mi juez también ha sido benévolo. Me ha dicho que si me hubieran atrapado conduciendo con las luces apagadas de noche me habrían caído 15 años.
Éste es el tipo de humor negro que circulaba en Israel durante la primera Intifada y que funcionaba como vía de escape entre los sabras [israelíes nativos] liberales espantados por las atroces violaciones que estaba perpetrando su país contra los palestinos. Este chiste en particular alude a la lógica discriminatoria y a menudo absurda imperante en el sistema de tribunales militares en la Cisjordania y Gaza ocupadas, un sistema que aparece examinado en detalle por primera vez en el libro de Lisa Hajjar Courting Conflict: The Israeli military Court System in the West Bank and Gaza.
Hajjar, profesora del Programa de Ley y Sociedad de la Universidad Santa Bárbara de California, arguye que el sistema de tribunales militares ha constituido la pieza clave del aparato israelí de control en los territorios palestinos ocupados. Ha servido como un componente extremadamente importante en el contexto de una serie más amplia de instituciones de gobierno y de prácticas destinadas a controlar a los palestinos confinándolos en el interior de cuadrículas de vigilancia, sujetos a normas de conducta restrictivas y físicamente inmovilizados por medio de cierres, toques de queda, checkpoints, muros y prisiones. Durante la primera Intifada (diciembre de 1987-1993), entre 20.000 y 25.000 palestinos fueron arrestados cada año –el mayor índice de arrestos per cápita del mundo en aquel momento. Aunque los índices de detenciones descendieron posteriormente, el número estimado de juicios desde el comienzo de la ocupación israelí en 1967 -medio millón para una población total de 3,5 millones- subraya la naturaleza carcelaria del gobierno militar israelí. Así pues, no es de extrañar que prácticamente todos los palestinos hayan tenido algún encontronazo con el sistema de tribunales militares, sea personalmente o sea a consecuencia del arresto y procesamiento de familiares, amigos y vecinos.
Aunque la mayor parte del libro de Hajjar se dedica a analizar la labor de los tribunales militares, la autora comienza su investigación con un análisis del complejo sistema legal instaurado por Israel en los territorios palestinos ocupados, mostrando de qué manera dicho sistema constituye el telón de fondo de la actuación de los propios tribunales. Inmediatamente después de la guerra del 67 Israel formuló una política que rechazaba la aplicación a Cisjordania y Gaza de la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, la ley humanitaria de mayor rango en materia de ocupación de territorios conquistados y de sus poblaciones civiles. A continuación, Israel puso en pie un sistema legal confeccionado a base de retazos de leyes otomanas, del Mandato británico, jordanas, egipcias y de órdenes militares israelíes. Las órdenes militares son decretos emitidos por los comandantes militares y que de forma automática se convierten en ley para todos los palestinos residentes en la zona.
A lo largo de los años los comandantes militares han dictado un mínimo de 2.500 órdenes de ese tipo que regulan cada aspecto de la vida de la población ocupada, desde la publicación de periódicos y los viajes al extranjero hasta el pastoreo de ovejas y el empleo de asnos para el transporte de mercancías. Los comandantes fueron investidos de poderes no solamente para implementar leyes sino también para cancelarlas y suspenderlas, lo que les permitió ir remodelando ininterrumpidamente el sistema legal en función de los objetivos políticos de Israel.
Hajjar, hija de madre finlandesa y de padre de origen sirio, llevó a cabo su investigación en Israel y en los territorios ocupados principalmente en los años 90. Tanto los funcionarios israelíes como los palestinos a menudo la tomaban por judía. Se pasó mucho tiempo observando los juicios, en los que estableció lazos con los diversos partidos de ambos lados y alcanzó a comprender qué es lo que hacía funcionar aquellos tribunales o por qué eran como eran. Un capítulo de su libro está dedicado a los jueces y fiscales mientras que otro se concentra en los abogados defensores, algunos de los cuales están motivados por una firme convicción de que la ley es un poderoso instrumento de justicia. Existe, naturalmente, un capítulo sobre los propios acusados, y otro sobre los soldados drusos que se pasan los tres años de su servicio militar trabajando como traductores en los tribunales, responsables -supuestamente– de proporcionar a su audiencia cierta comprensión con respecto al regateo aleatorio, a la humillación y a la aparentemente inacabable tensión que preside los procedimientos judiciales.
Está, por ejemplo, la historia de un abogado gazatí que perdió un caso después de que un soldado [israelí] testificara que había visto al cliente del mencionado abogado lanzar piedras a las 9:15 en el campamento de refugiados de Jabalia. Algunos días más después, el mismo soldado compareció ante el tribunal y testificó en contra de otro cliente [del mismo abogado], declarando que lo había visto arrojando piedras a las 9:30 el mismo día de autos del caso anterior, sólo que esta vez el acusado las arrojaba en el campamento de refugiados de Rafah. Preguntado por el abogado cuánto tiempo se necesita para trasladarse desde Jabalia hasta Rafah, el soldado respondió que no menos de 45 minutos. Cuando el abogado solicitó entonces al juez que sobreseyera el caso dado que era imposible que el soldado hubiera estado en dos sitios al mismo tiempo, el juez expulsó de la sala al abogado alegando que con su línea de interrogación estaba insultando al soldado. Courting Conflict está repleto de historias similares, pero al mismo tiempo subraya el hecho de que no todos los jueces resuelven a favor de la acusación y que los esfuerzos de los abogados defensores no son completamente estériles.
La intervención de Hajjar es única en la literatura del conflicto palestino-israelí. Aunque se han escrito ríos de tinta sobre la ocupación, solamente unos pocos libros analizan realmente –en lugar de describir– el aparato de control israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza. Entre esas excepciones se cuentan Occupation: Israel Over Palestine de Naseer Aruri’s, Frontiers and Ghettos de James Ron’s y A Civilian Occupation de Rafi Segal y Eyal Weizman. Courting Conflict se incluye por derecho propio en esta selecta compañía.
De vez en cuando, sin embargo, la evidencia aportada por Hajjar desmiente sus propias conclusiones. Hajjar describe los tribunales no solamente como un espacio de control, opresión y subordinación sino también como un foco de resistencia palestina; sin embargo, de su descripción difícilmente cabe deducir semejante conclusión. En realidad, fueron las prisiones israelíes, y no las salas de los tribunales, las que engendraron la resistencia organizada. Las prisiones eran consideradas como una especie de universidades donde millares de palestinos reforzaron sus convicciones ideológicas, recibieron entrenamiento operativo, mejoraron sus conocimientos de hebreo y forjaron alianzas con miembros de otras facciones políticas, todo lo cual preparó a los internos para continuar su lucha en la calle.
Esta lucha es interpretada generalmente como un conflicto de carácter nacional. Hajjar, no obstante, trata de reformularla en términos de combate a favor de los derechos humanos: por el derecho a la salud, a la educación y al sustento, a la libertad de expresión, asociación y movimiento. Se trata de un intento bienintencionado, habida cuenta de lo obsceno que puede llegar a ser la política nacionalista, pero sus propias descripciones cuestionan su postulado teórico, ya que a lo largo de todas las páginas del libro las cifras aparecen siempre divididas en base al factor nacional. Por mucho que los palestinos hayan invocado numerosos derechos al objeto de codificar sus demandas, al menos desde los años 70 la aspiración nacional de un Estado comprende y alimenta todas las demás exigencias de derechos.
Sin embargo, estas fallas no disminuyen el valor del libro. Particularmente impactante es el capítulo que Hajjar dedica a los traductores drusos, pues en él se revela tanto la complejidad como la naturaleza insidiosa del dominio israelí. A fin de comprender la posición que los drusos ocupan en el tribunal [militar israelí] Hajjar arguye de forma persuasiva que en primer lugar debemos comprender el particular nicho que ocupan los drusos (árabes que practican una variante de chiismo establecida en El Cairo en el siglo XI por los seguidores del califa al-Hakim) dentro del orden sociopolítico de Israel/Palestina. Inmediatamente después de conseguir su independencia, Israel comenzó a distinguir entre los drusos y el resto de los sectores no judíos de la sociedad israelí. Ya para 1962 se había creado oficialmente una categoría nacional diferenciada y los documentos de identidad israelíes otorgaban a los drusos una identidad específica que los separaba de los «árabes».
Esta fabricada «no arabidad» de los drusos fue crucial para su incorporación en el ejército israelí. En Israel los «árabes árabes» no son reclutados en el ejército porque se les asocia estrechamente con los enemigos del Estado. De esa forma, los drusos se convirtieron en candidatos preferidos para las tareas de traducción dado que son bilingües y poseen status de «árabes no árabes» . Al estilo de los nativos que en otros tiempos prestaron sus servicios a los colonizadores, los soldados drusos aceptan la autoridad del Estado israelí y la legitimidad de sus políticas. Tras haber recibido una participación en ese sistema, los drusos tienden a convertirse en cómplices de la opresión israelí sobre los palestinos. «Los palestinos son culpables», espetó alegremente a Hajjar un traductor druso. «Nos odian. Arrojan piedras. Si no las arrojan hoy lo harán mañana». Al igual que muchos de sus compañeros traductores, este druso se ha convertido en un hombre-mimo que ha interiorizado la visión de mundo de la acusación.
Pero justo cuando el lector comienza a comprender esta precaria situación del traductor druso, Hajjar da otra vuelta de tuerca y nos descubre que la traducción en el interior de la sala del tribunal es menos una cuestión de comunicación entre personas que hablan diferentes idiomas que una forma de afirmar la legitimidad del proceso judicial. Los soldados drusos no son traductores jurídicos profesionales y sólo traducen el sentido general de los diálogos de forma que cada parte pueda captar el sentido general del razonamiento expuesto por la parte contraria. Muchas veces el acusado no sabe lo que se está diciendo ya que los traductores a menudo dejan sin traducir los diálogos entre el juez y los dos abogados, dejándolo a él (y, en algunas ocasiones, a ella) en la más completa oscuridad. Imagínese por un instante que está usted sentado en el banquillo en calidad de acusado y que no sabe exactamente qué es lo que están diciendo el fiscal o el juez. Imagínese que es usted un abogado defensor y que sólo alcanza a comprender el sentido general de los razonamientos de la acusación.
La ironía reside en el hecho de que esa ausencia de traducción adecuada es irrelevante debido a que el efecto que tiene la argumentación jurídica sobre la situación del acusado es escaso, por no decir nulo. El resultado final suele ser previsible, aunque sólo sea porque entre un 90 y 95% de los palestinos procesados por un delito acaban siendo condenados y porque más del 97% de todos los casos que se dirimen en los tribunales militares se resuelven fuera de la sala mediante la técnica del regateo. Hajjar compara el proceso judicial que tiene lugar fuera de la sala con un zoco o una plaza de mercado en donde los abogados de la defensa regatean como mercaderes en pos de un trato más favorable. Un abogado sugiere que su labor se reduce a rogar clemencia en un entorno despiadado.
A pesar del porcentaje abrumador de acusados cuyas condenas han sido establecidas tras haber sido negociadas fuera de la sala del tribunal militar, Hajjar muestra de qué modo los tribunales y el complejo sistema legal instaurado por Israel en los territorios ocupados tiene como objeto sancionar la legalidad y moralidad de la ocupación. Este punto es fundamental. Israel siempre ha tenido cuidado de no ignorar de plano la ley, tratando de proyectar la imagen de una ocupación regida por el imperio de la ley y por principios de justicia. Así, Courting Conflict socava concepciones simplistas acerca del significado del imperio de la ley, dejando al desnudo cómo las instituciones judiciales de Cisjordania y Gaza fueron utilizadas para legitimar escandalosas violaciones de derechos humanos y el uso de la violencia.
Aunque el libro de Hajjar ofrece el necesario background para comprender el papel que desempeñan la ley y los tribunales militares en los territorios palestinos ocupados, la situación en Cisjordania y en la Franja de Gaza ha cambiado sustancialmente a lo largo de los últimos años. Si hasta septiembre del 2000 Israel controlaba a los habitantes ocupados fundamentalmente por medio de la aplicación de la ley -incluyendo, desde luego, la aplicación de leyes draconianas que legalizaban la encarcelación de millares de prisioneros políticos y que permitían deportaciones, demoliciones de viviendas, toques de queda prolongados y otras formas de castigos colectivos-, tal vez la característica más impactante de la segunda Intifada es la suspensión generalizada de la ley. En la primera Intifada toda suspensión de la ley se consideraba aún como una excepción a la regla; en la segunda Intifada se convirtió en la norma.
El ejemplo paradigmático de esta suspensión es la práctica generalizada por parte de Israel de los asesinatos extrajudiciales: 469 palestinos han muerto de esta forma en los últimos cuatro años y medio, y el propio Israel admite que 288 de esas personas eran «transeúntes inocentes». El hecho de que ni un sólo soldado israelí haya sido procesado por esos asesinatos y de que los mismos formen de hecho parte de una política declarada sugiere que los palestinos ocupados han sido reducidos a lo que el filósofo político italiano Giorgio Agamben ha denominado «homo sacer«, personas que pueden ser asesinadas sin que su muerte sea considerada un crimen. Al menos para esos palestinos los tribunales militares se han convertido en algo superfluo dado que Israel no tiene ya el más mínimo interés en procesarlos.
Para poder comprender este dramático cambio en la relación de Israel con la ley es más importante examinar el modo como la ley se aplica a los soldados israelíes que la forma como se aplica a los palestinos. Desde que estalló la segunda Intifada han muerto 3.161 palestinos, de los cuales 636 eran menores de edad. Además, de los 751 palestinos que los israelíes mataron en el 2004 dos tercios no habían participado en ningún tipo de enfrentamiento. Sin embargo, el fiscal militar ha incoado solamente 104 investigaciones relativas a tiroteos ilegales durante los últimos cuatro años y medio; de esa cifra, se enjuiciaron 28 casos de los cuales 18 fueron hallados culpables. Un soldado que mató a una mujer palestina de 95 años de edad fue sentenciado a 65 años de prisión.
La primera Intifada fue muy diferente en este sentido, pues la mayoría de los delitos militares fueron sometidos a escrutinio judicial. Entre 1987 y 1990 Israel mató a 743 palestinos, 154 de los cuales eran menores de edad -menos de los que mató en el 2004. Los militares, sin embargo, investigaron todos y cada uno de los asesinatos e iniciaron un total de 1.256 investigaciones contra soldados sospechosos de haber violado el reglamento. Aunque el ejército israelí acabó procesando solamente a 40 soldados bajo la acusación de homicidio ilegal, las acciones de los soldados fueron investigadas constantemente por las autoridades judiciales, de tal manera que si uno de los rasgos definitorios de la primera Intifada fue la del constante escrutinio judicial, la segunda Intifada puede ser caracterizada por el retroceso generalizado de la ley. Naturalmente, ello hizo más evidente aún el auténtico rostro del poder que se encuentra detrás de la aplicación de la ley y dejó al desnudo la relación existente entre el ocupante y el ocupado.
El resultado de estas amplias e inquietantes transformaciones es un sentimiento de desesperación general que impera en Israel/Palestina y que queda fielmente capturado en el libro de Hajjar a pesar del fracaso de la autora a la hora de abordar algunos de los aspectos fundamentales de la segunda Intifada. Ésta –deberíamos tenerlo presente- no es la forma como la mayoría de la gente sentía durante la primera Intifada. Incluso dentro del horror había siempre un rayo de luz. Este sentimiento de esperanza es el que reflejaba el chiste sobre Dita, la telefonista del Ministerio de Defensa.
Dita estaba atónita a causa de un hombre que llamaba todas las mañanas solicitando hablar con el ministro de defensa Ariel Sharon. Todas las mañanas Dita le repetía que Sharon no era ministro de defensa, a lo cual el hombre respondía: «¡Oh, gracias!» para colgar acto seguido. Finalmente, al cabo de tres semanas, Dita le preguntó: «Señor, todas las mañanas llama usted y solicita hablar con el señor Sharon y todas las mañanas le repito que Sharon no es ministro de defensa. ¿Por qué sigue usted llamando?». La respuesta fue inmediata: «¡Es tan reconfortante oirlo! Me infunde ánimos para el resto de la jornada».
El hecho de que Sharon no sea ministro de defensa sino primer ministro ciertamente no ayuda a aquellos que quieren dar un paso atrás, aunque sólo sea por un momento, y reirse del cenagal en el que se han hundido los dos pueblos. Más importante aún es el hecho de que la violencia despiadada a la que se han visto sometidas ambas sociedades en los últimos años ha dejado poco margen para la alegría. No es sorprendente por lo tanto que esta Intifada no haya producido ningún chiste nuevo.
Neve Gordon, profesor de políticas en la universidad Ben Gurion de Israel, es académico visitante en el Centro para estudios del Oriente Medio en la Universidad Berkeley de California. Es editor de From the Margins of Globalization: Critical Perspectives on Human Rights y puede ser contactado en [email protected]
http://www.counterpunch.org/gordon04192005.html