Una investigación recién publicada constata cómo la Real Casa de Correos, en Madrid, se convirtió en el lugar principal desde el que se articuló la represión franquista.
Un edificio puede moldear el terror a lo largo de su historia. La Real Casa de Correos, situada en la céntrica y madrileña Puerta del Sol, no siempre fue la Dirección General de Seguridad (DGS) franquista, pero sí el epicentro de la administración represiva estatal contra los diferentes movimientos sociales que propugnaban el progreso democrático y el avance de los derechos para la clase trabajadora. En ella, las palizas, los golpes y los asesinatos no fueron algo inusual, sobre todo durante el último régimen dictatorial de España.
El historiador Pablo Alcántara publica La DGS. El palacio del terror franquista (Espasa, 2024), una investigación en la que, si se presta atención, todavía se pueden escuchar los gritos de los opositores que dieron con sus huesos en los sótanos de este lúgubre enclave, hogar de la temible Brigada Político-Social (BPS). Ilustrar los cientos de antifranquistas que pasaron por la DGS no es una empresa fácil. Aquí, algunos de ellos, para que sus nombres tampoco se borren de la historia.
Tres años después del golpe de Estado, y apenas unos meses tras el fin de la guerra, se dio el que se puede considerar como primer asesinato en la DGS. Sergio Álvarez Ibáñez, militante de la UGT y trabajador en Telefónica, según los documentos oficiales murió por un ataque al corazón como consecuencia de una neumonía mientras estaba siendo interrogado y torturado por la BPS. “Los médicos forenses, en este caso, afirmaron que la víctima presentaba contusiones en codos, regiones pectorales y nalgas, lo que muestra que este ugetista no murió de un ataque, sino asesinado tras haber sufrido diversas torturas”, afirma Alcántara.
El caso de Álvarez es algo paradigmático, pues señala lo sintomático de una DGS que, desde el principio de la dictadura, albergó este tipo de métodos para “reprimir a los militantes antifranquistas que se opusieron al golpe de Estado”, dice el autor del libro. El trabajador de Telefónica fue acusado por la justicia franquista de auxilio a la rebelión dada su militancia en el sindicato, por aquel entonces socialista. Nunca se instruyó su caso, ya que murió a la espera de juicio.
Un reconocido locutor de radio llega a la DGS
El locutor de radio y doblador Rafael Taibo Carballo, nacido en Ferrol en 1935, pronto comenzó a colaborar en el Teatro Español Universitario. Cuando se trasladó a Madrid, entró en la plantilla de actores de la Cadena Ser, aunque poco después se marchó a Radio Nacional (RNE). En la capital, formó parte del Club de Amigos de la UNESCO, organización cultural que se erigió como uno de los epicentros del antifranquismo en su última etapa, recuerda Alcántara en su obra.
Taibo llegó a ser la voz de Jean Cocteau durante los años ochenta. Unas dos décadas antes, en 1963, fue despedido de RNE por su militancia en el PCE. Seis años después, durante el estado de excepción de 1969, llegó detenido a la DGS. “La BPS incluso vigiló a sus hijos, de 10 y 12 años. He encontrado sus fichas policiales en las que solo aparecía su edad y el domicilio”, añade el investigador.
A Alcántara no le consta que Taibo sufriera torturas durante los dos días en los que estuvo detenido. “Yo creo que fue por miedo a la repercusión internacional que podía tener. Ya en los sesenta, el franquismo intentaba venderse como un régimen aperturista y no le interesaba que en el exterior supieran de las torturas que seguían practicando”, explica el historiador.
“Puerta del Sol”, el libro de las torturas
Algo diferente fue la experiencia de Ricardo Bastid Peris, intelectual en los años treinta e integrante de las Juventudes Comunistas, así como de la Federación Universitaria Española. Este valenciano se trasladó a defender Madrid tras el alzamiento de 1936. Una vez terminada la contienda, volvió a su lugar de origen para esconderse. Más tarde, retornó a la capital para intentar militar en organizaciones antifranquistas. “Le detuvieron en 1946 y estuvo diez días en la DGS. Ahí le golpearon y sufrió todo tipo de vejaciones e insultos, incluso le mantuvieron varios días sin poder dormir”, apunta Alcántara.
Después le trasladaron a la prisión de Alcalá de Henares, desde donde le destinaron al reformatorio de Altos de Ocaña. Allí alfabetizó a los presos. En 1949 consiguió la libertad por buena conducta y siguió militando, sobre todo en cafés literarios y tertulias políticas en lasque llegó a compartir con Antonio Buero Vallejo. Esta actividad y su pertenencia al PCE fueron la causa de su segunda detención, en noviembre de 1955.
El 29 de noviembre salió de la DGS y, antes de que se instruyera su juicio, consiguió huir a Argentina. “Allí escribió Puerta del Sol, una especie de memorias en la DGS a través de un alter ego llamado Juan. Gracias a esta obra, conocemos cómo eran los calabozos y de qué forma se articulaban los interrogatorios”, relata Alcántara.
La represión, más allá de los golpes
Margarita Martín Muñoz, becaria postdoctoral en el CSIC y trabajadora en el instituto de química física Rocasolano, junto con Julio Gomariz, oficial de tercera de fotomecánica en Altamira Rotopress, también sufrieron en sus propias carnes el desgarrador paso por la DGS. Ambos, militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), fueron detenidos debido a su militancia.
“En 1974 los detuvieron por primera vez por pegar carteles en la glorieta de Cuatro Caminos. Julio fue arrestado e incomunicado dos días, y se le impuso una multa de 100.000 pesetas”, explica Alcántara. Según el relato de este antifranquista, los calabozos eran “asquerosos” y le practicaron todo tipo de torturas. En cambio, la detención más importante llegó el 11 de agosto de 1975. Varios agentes de la BPS, entre los que se encontraba el conocido Roberto Conesa, detuvieron a Gomariz en su puesto de trabajo. A su pareja, Margarita Martín, fueron a buscarla a casa, donde encontraron propaganda del FRAP y del PCE (m-l).
Alcántara rememora el testimonio de ella: “En la Puerta del Sol la abofetearon y pegaron en las plantas de los pies”. Él tampoco se libró de las amenazas. “Le decían que como estaban cerca de Paracuellos, le iban a llevar allí para matarle”, explica el investigador. Billy el Niño, Antonio González Pacheco, le obligó a “hacer el pato”. Es decir, le esposaron las manos por la espalda y le dieron patadas en los testículos, lo que le dejó importantes cardenales en las ingles, tal y como se recoge en La DGS. El palacio del terror franquista.
Él estuvo una semana en los calabozos, ya que durante el estado de excepción podían superar los tres días habituales de arresto. Llegó a ir a la cárcel, pero finalmente nunca se instruyó su causa. Martín, en cambio, salió un poco antes, aunque este arresto le hizo perder una estancia académica en Canadá, pues ya tenía la beca concedida.
La DGS como blanco del terrorismo
Tras el triunfo de la revolución cubana en 1959, algunas organizaciones antifranquistas apostaron por la lucha armada para derrocar al régimen. Fue el caso concreto de Francisco Granados y Joaquín Delgado, que terminarían siendo asesinados por el franquismo tras un atentado del que eran inocentes. Integrantes de las Juventudes Libertarias y del grupo armado Defensa Interior, los dos vivían en Francia desde los años cincuenta. “Granados entró porque le detectaron una enfermedad terminal y, al quedarle poco tiempo de vida, decidió dedicarse a la lucha armada”, subraya el historiador.
Los dos pensaron atentar contra Franco en el Palacio Real, a finales de julio de 1963, con material explosivo introducido en el país en mayo del mismo año. Su acción se frustró, ya que el dictador viajó a Burgos en la fecha elegida para intentar el magnicidio. Mientras tanto, otros dos jóvenes anarquistas, Sergio Hernández y Antonio Martín, pusieron explosivos en la parte dedicada a los pasaportes de la DGS el 29 de julio de 1963. Dos días después, Granados y Delgado fueron detenidos, ya que los vieron en las inmediaciones del Palacio Real.
El 3 de agosto fueron juzgados por un consejo militar que les acusó de atentado. “Todo fue muy rápido. El 13 del mismo mes fueron condenados a muerte, aunque ellos no habían participado en ese atentado, y el día 17 fueron ejecutados”, dice Alcántara. En 1988, la CGT pidió la revisión del caso ante el Tribunal Superior, ya que en su poder obraban los testimonios de los autores reales del atentado. El Tribunal se negó a dicha revisión. Años después, Hernández y Martín aparecieron en un documental reconociendo los hechos y, por tanto, la injusticia que el franquismo cometió con Granados y Delgado.