Destitución del Presidente y del Gobierno, aceptación de la disolución del Parlamento, freno al inicio del proceso constituyente, no llamamiento a la movilización popular y aceptación de la convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas el 21 de diciembre. Un panorama desconcertante que se apoderó del movimiento independentista los días posteriores a la proclamación de la […]
Destitución del Presidente y del Gobierno, aceptación de la disolución del Parlamento, freno al inicio del proceso constituyente, no llamamiento a la movilización popular y aceptación de la convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas el 21 de diciembre. Un panorama desconcertante que se apoderó del movimiento independentista los días posteriores a la proclamación de la República Catalana. Después vinieron el encarcelamiento de medio Gobierno y la persecución contra la organización del 1-O. Una nueva oleada represiva que ha vuelto a encender la llama de las calles -de la rebeldía frente al Estado español-, con movilizaciones masivas, como las del 8N, en una nueva jornada de huelga general donde el país se ha parado.
Represión y desorientación
El consejo de ministros aprobó varios decretos para desplegar el acuerdo del artículo 155 autorizado por el Senado. El ejecutivo español cesó al Gobierno catalán y a más de un centenar de altos cargos, entre ellos al director general de los Mossos y al mayor Trapero, que aceptaron rápidamente su destitución. El Gobierno de Rajoy se ha hecho con el control efectivo de los diferentes departamentos de la Generalitat, siendo un ejemplo claro de una hoja de ruta concreta para llevar a cabo la suspensión del autogobierno catalán. Una intervención, por parte del PP y de todo el aparato del Estado, en clave reaccionaría y recentralitzadora. Por el contrario, después de la proclamación del 27 de octubre se constató que el Gobierno catalán no tenía ningún plan para intentar hacer efectiva una declaración que, finalmente, sólo ha sido simbólica; ninguna ocupación de espacios significativos y estratégicos así lo constata. Un gobierno sin dirección, que no había previsto tampoco como afrontar un escenario de escalada de la confrontación con el Estado.
Internacionalización del conflicto
El encarcelamiento de consejeros y el exilio en Bruselas del resto del Gobierno catalán ha sido la última escena que le faltaba al Procés para que se internacionalizara. El 3 de octubre se encarceló al vicepresidente Junqueras y a siete consejeros más, mientras Puigdemont y 4 consejeros se negaron a asistir al «juicio político» de la Audiencia Nacional, arrastrando la presión judicial del Estado al terreno europeo. La jueza Lamela ha ordenado su detención. Al respeto, la justicia belga ha dejado en libertad al President y a sus consejeros, que tendrán que seguir en Bélgica hasta que se resuelva la petición de extradición. La crisis catalana ya tiene una dimensión europea. En este sentido, cada vez son más las voces en Europa que cuestionan la vía judicial y policial del Estado español como respuesta, y que piden resolver el conflicto político con diálogo.
La auto-organización popular
El movimiento democrático y soberanista forjado el 1-O y el 3-O ha recuperado impulso. La dinámica de auto-organización desde abajo revive después del freno por la desorientación causada por el ejecutivo catalán. Con medio gobierno en prisión y el otro medio exiliado sin mucha iniciativa política, y con la mayoría de partidos sujetos a la lógica de los preparativos electorales, son el mundo municipal y las entidades soberanistas los actores que toman más relevancia. En este sentido, en multitud de ayuntamientos están rompiéndose los pactos de gobierno alrededor del PSC y, la iniciativa municipalista, está articulando centenares de acciones de protesta contra la pérdida de libertades democráticas cómo, por ejemplo, los más de 200 alcaldes que han viajado a Bruselas para denunciar la situación y apoyar al Gobierno legítimo del país. Por otro lado, la ANC y Omnium han vuelto a hacer llamamientos a parar el país y a una gran movilización este 11 de noviembre por las libertades y la defensa del autogobierno. Pero, sobre todo, son los reconvertidos Comités de Defensa de la República (CDR), articulados y estructurados a nivel de toda Cataluña como espacios amplios y abiertos, más movimentistes , los que este 8N han tomado la iniciativa de la auto-organización popular. Una huelga general que se ha producido para confrontar el giro represivo y autoritario del Estado, y que ha tenido las afectaciones más importantes en todas las vías de transporte: trenes, metros y carreteras; en un intento de demostrar la posibilidad de controlar el territorio.
Finalmente, sea o no la movilización popular suficientemente fuerte para conseguir la libertad de las presas políticas y para hacer retroceder la suspensión y la recentralización que supone el 155, no hay duda que la evolución de este embate en las calles condicionará los comicios del 21D. Unas elecciones que no se harán con normalidad democrática y dónde no habrá espacio para la equidistancia.
Jesús Gellida es politólogo
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.