El 10 de junio el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional daba curso a una denuncia contra tres compañeras internacionalistas en 2014 y 2015 recogieron aportaciones económicas (que no llegaron a 9.000 €) para la reconstrucción de escuelas y hospitales de Gaza bombardeados por el Estado sionista israelí. La denuncia fue presentada por la […]
El 10 de junio el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional daba curso a una denuncia contra tres compañeras internacionalistas en 2014 y 2015 recogieron aportaciones económicas (que no llegaron a 9.000 €) para la reconstrucción de escuelas y hospitales de Gaza bombardeados por el Estado sionista israelí. La denuncia fue presentada por la asociación «The Lawfare Project Spain», un lobby de abogados sionistas que ya tiene sucursal en España. Fundado y presidido por Brooke Goldstein, abogada y documentalista canadiense-americana, que afirma que dicha organización es un arma jurídica para proteger a Israel (encubriendo así el terrorismo del Estado sionista, como si el Estado de ocupación que más resoluciones de NNUU ha violado y que sistemáticamente incumple el derecho internacional necesitara algún tipo de protección).
En enero, 8 activistas del Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) fueron imputados por pedirle al festival Rototom de Benicasim (Valencia), dedicado a la paz, que cancelara la actuación del cantante pro-israelí Matisyahua. Un cantante que había recaudado fondos para el ejército israelí a través de la asociación de Amigos del Ejército Israelí (FIDF) y que había justificado públicamente el ataque que sufrió la Flotilla de la Libertad en 2010, en el que murieron 9 personas y resultaron heridas 38. La denuncia contra los activistas del BDS fue presentada por el abogado Abel Isaac de Bedoya Piquer, presidente del Comité Legal contra el Antisemitismo y la Discriminación, conocido por defender a miembros del grupo ultra Bastión y al grupo neonazi TNT.
Todas estas denuncias contra quienes defienden la causa palestina en nuestro Estado tienen que ser analizadas de forma conjunta. Parece evidente que el Ente sionista ha iniciado una nueva estrategia de guerra contra los palestinos. Ha dejado de defenderse de las probadas acusaciones de violación de Derechos humanos, de crímenes contra la humanidad y ser un Estado de ocupación que practica el más cruel apartheid que se conoce, y ha pasado a la ofensiva en dos campos específicos: el comunicacional y el judicial.
En el primero ya llevaba tiempo diseñando cuidadas campañas de promoción y venta de imagen, así como de encubrimiento de las masacres y la limpieza étnica que ejerce contra los palestinos todos los días. En ambos campos el sionismo cuenta con importantes aliados en todo el mundo. Israel no podría sostenerse ni sobrevivir como país si no fuera por la ayuda militar y económica del Imperialismo Estadounidense y de sus aliados europeos. Pero además, se despliega internacionalmente como una organización mafiosa cuyas redes se insertan en las sociedades civiles y en las instituciones de los países Occidentales.
El Ente sionista es un enclave militar en Oriente Próximo cuya supervivencia se explica por la ayuda externa, y por el apoyo y la subordinación de países bajo la órbita imperialista como es el caso del reino de España.
El Estado español y su gobierno, de igual forma que ocurre en su relación a América Latina, no posee una política exterior autónoma e independiente de los intereses estadounidenses y sus aliados en la zona. Los sucesivos gobiernos tanto del PSOE como del PP, han favorecido la instalación y actuaciones de los lobbies sionistas en todo el territorio, actuando en contra de la sociedad civil organizada que tradicionalmente ha mostrado una gran solidaridad con la causa palestina, con el derecho al retorno de los palestinos a su tierra, y se ha manifestado repetidas veces contra la ocupación y el apartheid israelí.
Dichos lobbies han trabajado durante años en las industrias culturales y mediáticas, con el apoyo de las redes de poder financiero y distintos aliados en las estructuras del Estado. En estos momentos tienen la fuerza suficiente como para desarrollar sus acciones en el ámbito judicial, además de contar con un terreno abonado por la ley mordaza y la reforma del código penal. De ahí que, la persecución y criminalización de la solidaridad con Palestina se recrudezca en estos momentos coincidiendo con una gran ofensiva imperialista en toda la zona de Oriente Próximo.
Durante años, el sionismo ha tratado de identificar la causa palestina con el terrorismo sin conseguirlo. A pesar de las múltiples formas de lavado de imagen, la población española ha seguido siendo solidaria con la causa palestina ya que es una causa que une a todos los grupos de izquierda, desde las ONG más inocuas hasta los activistas más comprometidos. Ejemplos de esta solidaridad internacionalista son la campaña de la Flotilla por la libertad para romper el cerco a Gaza que se pone en marcha todos los años, los más de 80 municipios y diputaciones que desde los bombardeos a Gaza del 2014 se han sumado a la campaña de Espacios Libres de Apartheid (ELAI) liderada por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), o la Campaña Global por el Retorno a Palestina puesta en marcha por el FAI en el Estado español.
Las denuncias contra los activistas por Palestina y la aceptación de las mismas por el sistema judicial español, persiguen el objetivo de confundir a la opinión pública e identificar la causa palestina con el terrorismo.
Pero hay otro objetivo que no puede pasar desapercibido. Con las denuncias y juicios a los activistas internacionalistas, los escasos recursos de la solidaridad, tanto económicos como humanos, se canalizan hacia la defensa de los compañeros y compañeras imputados y dejan de destinarse a la causa palestina. La criminalización y represión de la solidaridad sigue una lógica perversa de desviar la atención de la causa principal del internacionalismo. Los discursos, los comunicados, la ayuda económica, los actos de apoyo y la solidaridad, se focalizan en la defensa de «los nuestros» y se desdibujan las víctimas principales: los palestinos.
Por otro lado, la criminalización y persecución de la solidaridad supone que el Estado y sus instituciones se alían con el Estado neocolonial israelí para facilitar su actuación en el exterior. De esta forma, se colabora con los sionistas que persiguen a quienes denuncian sus crímenes y practican la solidaridad internacional con los palestinos.
La ayuda económica que durante años han recaudado las distintas organizaciones de solidaridad con la causa palestina ha permitido visibilizar que el bloqueo económico impuesto a Gaza es un arma de destrucción masiva. Se trata de una forma de la guerra con la que se pretende doblegar a la población sometiéndola a la máxima crueldad posible, exterminarla por hambre, sin medicamentos y sin recursos para subsistir. Los bloqueos son instrumentos habituales de la guerra imperialista, utilizados contra Cuba, Venezuela, Irán, etc. Acusar y enjuiciar a la solidaridad que trata de romper el bloqueo a Gaza, pretende sacar del activismo a las personas comprometidas y activas, que al tener causas pendientes dejan de participar en acciones de solidaridad, y a su vez, se oculta la guerra económica contra Palestina.
En el caso del Boicot, que surgió como una iniciativa de la sociedad civil palestina, sus efectos haciendo visible la ocupación y la violación de los derechos humanos por parte del Ente sionista están siendo cada vez más importantes en todo el mundo. El boicot, las desinversiones y las sanciones hasta que no acabe la ocupación de Palestina son acciones que pueden llevar a cabo tanto instituciones, como organizaciones, como ciudadanos a nivel individual. De ahí que se haya convertido en un objetivo priorizado para ser atacado por las organizaciones sionistas. Son muchos los ayuntamientos, algunos de cierta entidad como el de Gijón o el de Cádiz, que han aprobado resoluciones a favor del BDS. Los lobbies sionistas junto con la embajada de Israel en el Estado español han puesto en marcha todo tipo de recursos para revertir estas resoluciones municipales y para perseguir a las personas que haciendo uso de su libertad y su conciencia solidaria practican el boicot.
Desde el FAI denunciamos y condenamos la actuación de los tribunales y el gobierno español que, en vez de perseguir y condenar las acciones terroristas del Estado sionista, que viola sistemáticamente las resoluciones de Naciones Unidas y asesina a la población civil palestina, se dedica a perseguir a todos aquellos que se conmueven con el sufrimiento de los palestinos.
Queremos manifestar nuestro apoyo a todos los compañeros y compañeras que ejercen el internacionalismo y la solidaridad con la causa palestina. El FAI como organización antiimperialista e internacionalista seguirá defendiendo la causa del pueblo palestino, su derecho al retorno y la legitimidad de toda forma de resistencia ante la ocupación tal y como plantea la Carta de Naciones Unidas.
Nos adherimos a la Plataforma de Apoyo a Nines y Palestina y exigimos «que se retire toda acusación contra las citadas compañeras, así como el cese de toda represión contra la actividad solidaria con el pueblo palestino. Y que el Estado español deje de amparar iniciativas jurídicas promovidas en última instancia por el Estado de Israel que pretende conseguir, no sólo la impunidad en las masacres que perpetra contra el pueblo palestino, sino acallar las voces y las actividades de solidaridad que las denuncian».
El sionismo es una ideología racista, surgida en el siglo XIX, que justifica los crímenes contra los palestinos mediante el principio religioso de la superioridad del pueblo judío elegido por Dios y su ocupación de la «tierra prometida». Bajo esta ideología fundamentalista el Estado sionista israelí persigue y criminaliza el internacionalismo solidario valiéndose de lobbies y organizaciones que actúan en el Estado español. El FAI denuncia que las organizaciones como The lawfare Project Spain, la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) y del Comité Legal contra el Antisemitismo y la Discriminación, promueven el odio y el racismo contra los palestinos, encubren las actuaciones del Estado neocolonial y utilizan la falsa acusación de antisemitismo para criminalizar la solidaridad y la defensa de los derechos de los palestinos.
Exigimos el sobreseimiento de la causa contra los activistas del BDS y que se den garantías a todas las organizaciones y personas defensoras de la paz y el derecho de los pueblos a una vida digna y segura, de que no serán perseguidas por la práctica de un derecho humano inalienable que es la solidaridad con los pueblos.