El último brutal ataque de Israel contra la Franja de Gaza reveló una vez más la respuesta hipócrita e inmoral de Occidente a la política genocida de Israel en los territorios ocupados. La continuación de estas políticas despiadadas y las respuestas de los gobiernos occidentales, especialmente los gobiernos estadounidenses y británicos, pueden conducir naturalmente a la desesperación y la parálisis.
Sin embargo, la desesperación y la inacción son un lujo que las y los palestinos sometidos al apartheid, el bloqueo y la ocupación no pueden permitirse; por lo tanto, el movimiento de solidaridad también debe hacer todo lo posible para no ceder a una sensación de impotencia y de desesperación. Es importante registrar la continua falta de sinceridad de Occidente, tal como se manifestó una vez más esta vez. Es importante condenar esta duplicidad y contrarrestarla exponiendo los inventos y las distorsiones en las que se basa.
El presidente estadounidense, el Departamento de Estado y el enviado estadounidense ante las Naciones Unidas «apoyaron el derecho de Israel a defenderse» en respuesta al asalto israelí, al igual que la ministra de Relaciones Exteriores británica, que probablemente será la próxima Primer Ministra en septiembre. Es bastante increíble escuchar estas declaraciones: mientras que todas las principales organizaciones de derechos humanos y derechos civiles del mundo han definido a Israel como un estado de apartheid, las élites políticas occidentales han optado por aplaudir su derecho a la legítima defensa.
No debemos cansarnos y debemos recordar al mundo que las personas que tienen derecho a defenderse son las y los palestinos, y que tienen medios muy limitados para hacerlo, ya sea mediante la lucha armada o apelando al derecho y las instituciones internacionales. En muchos casos, no han podido defenderse, ni en Gaza este mes ni en ningún otro lugar de la Palestina histórica desde 1948. Cuando logran hacerlo, se les acusa de ser terroristas.
Los gobiernos occidentales parecen preocuparse muy poco por el derecho de las y los palestinos a la vida, la dignidad y la propiedad. Las Naciones Unidas se comprometieron a hacerlo en la Resolución 181, de 29 de noviembre de 1947, y permanecieron inactivas cuando se violaron todos estos derechos durante la limpieza étnica de Palestina. Desde entonces, y especialmente desde 1967, ninguno de los gobiernos occidentales ha tratado de proteger a las y los palestinos, cuando el ejército israelí les disparaba, mataba o hería, con armas proporcionadas por Occidente o desarrolladas con su ayuda. Tampoco ha hecho nada cuando sus casas han sido demolidas, sus medios de vida destruidos o cuando han sido objeto de una limpieza étnica.
Podemos mirar solo julio de 2022 e identificar a algunas de las víctimas palestinas cuyo derecho a la legítima defensa no ha sido reconocido por el presidente de los Estados Unidos o el ministro de Relaciones Exteriores británico. Estos políticos guardaron silencio cuando, durante este mes, Saadia Faragallah-Mattar, madre de 8 hijos y abuela de 28 nietos y nietas, de 64 años, murió en la prisión de Damon, donde ya había pasado 6 meses detenida sin juicio. Nadie defendió ni reconoció el derecho a la vida en el mismo mes de Amjad Abu Aliya, un niño de 16 años asesinado a tiros por soldados israelíes.
La lista de personas asesinadas este mes de julio es larga. Incluye a Nabil Gahnem, de 53 años, que intentó regresar a casa sano y salvo después de trabajar en Israel y que fue asesinado a tiros por soldados israelíes en julio pasado, y Taher Khalil Mohammad Maslat, un niño de 16 años asesinado a tiros de camino a la escuela por francotiradores israelíes que le atacaron a una distancia de 100 metros y le mataron. Odeh Mahmoud Odeh fue asesinado a tiros en julio en al-Midya, una aldea cerca de Ramallah, durante una semana que también vio el asesinato de Ayman Mahmoud Muhsein, de 29 años, padre de 3 hijos y prisionero político durante 3 años, asesinado en el campo de Dheisheh cerca de Belén, y de Bilal Awad Qabha, de 24 años, asesinado en Yabad.
Cuando el mes acababa de comenzar, Muhammad Abdulla Salah Suleiman, un chico de Silwan, recibió un disparo en la ruta 60, una carretera de apartheid de colonos, por soldados israelíes sentados en una torre de vigilancia. Se le dejó sangrar durante unas dos horas, y soldados israelíes impidieron que una ambulancia palestina llegara hasta él, disparando a cualquiera que se le acercara. Muhammad murió más tarde como resultado de sus heridas.
Las torres de vigilancia israelíes también están distribuidas cerca de la valla de la Franja de Gaza, pero no sin nadie dentro. Están cargados de ametralladoras operadas a distancia por unas jóvenes soldados israelíes, aclamadas por la radio israelí como heroínas que defienden su tierra natal cuando explicaron cómo usan un joystick en sus computadoras para matar a cualquiera que se acerque a la valla.
Desde el 1 de enero de 2022 y hasta el asesinato de Shireen Abu Akleh las fuerzas israelíes han asesinado a 61 personas palestinas; estos asesinatos se inscriben en el marco de lo que las organizaciones locales e internacionales de defensa de los derechos humanos han descrito como una “política de disparar a matar” contra las y los palestinos; incitadas por el primer ministro israelí de entonces, Naftali Bennett a utilizar la fuerza letal contra personas palestinas que no representaban una amenaza inminente, cientos de personas resultaron heridas durante el Ramadán de este año, especialmente en Haram al-Sharif.
Y el número de muertes aumentó durante este último ataque. Niños como Momen Salem, de 5 años, y Ahmad al-Nairab, de 11 años, en Jabaliya, fueron asesinados junto con otros 14 niños de 4 a 16 años.
Las y los niños palestinos también mueren debido a la política israelí de denegar permisos médicos a los niños en Gaza. Entre 2008 y 2021 unos 840 niños murieron mientras esperaban un permiso.
Nadie en los medios de comunicación occidentales ni en la política dominante habló del derecho a defenderse de la gente palestina que fue mutilada por el fuego israelí este mes. Nassim Shuman, un estudiante que caminaba por una carretera lateral cerca de Ramallah, perdió una pierna y su amigo Ussayed Hamail quedó paralizado en una silla de ruedas después de que soldados israelíes les dispararan. Un destino similar este mes esperaba a Harun Abu Aram de Yatta, que quedó paralizado de pies a cabeza después de tratar de evitar que los soldados robaran el generador de su vecino.
Un silencio similar se escuchó alto y claro cuando la comunidad palestina de Ras al-Tin, de 18 familias, fue desalojada de sus hogares en julio pasado y cuando las familias de Masafer Yatta se convirtieron en objetivos del entrenamiento militar israelí. Nadie en Londres o Washington en julio pasado habló del derecho de las y los palestinos a defenderse a raíz de la decisión de la Corte Suprema de Israel de aprobar el plan del ejército de expulsar a un millar de personas palestinas de la región de Masafer Yatta.
Y nadie en el Occidente oficial habló sobre el derecho a defenderse de las y los palestinos que son torturados por Israel. En julio pasado nos enteramos por el «Comité Público contra la Tortura en Israel» (PCATI) de que la situación se había vuelto tan grave que decidió remitir el asunto a la Corte Penal Internacional. La PCATI concluyó que Israel «no está interesado y no puede poner fin al uso de la tortura contra las y los palestinos», una política que constituye un crimen de guerra. Dijo que después de 30 años de luchar contra la tortura, había «llegado a la desafortunada conclusión de que Israel no quiere poner fin a la tortura, investigar honestamente las denuncias de las víctimas y procesar a los responsables».
En julio nos sacudió la historia de horror de Ahmad Manasra, encarcelado a la edad de 13 años, que sufría de depresión mental. A pesar de los llamamientos de la ONU para liberarlo, Israel reaccionó colocándole en régimen de aislamiento.
Y no tenemos tiempo para enumerar a las y los palestinos utilizados como escudos humanos, cuyas casas fueron demolidas, campos quemados y negocios destruidos.
Ciertamente, todos tenían derecho a defenderse, pero ¿quién les defendió? Ni la comunidad internacional, ni la Autoridad Palestina, ni la OLP dondequiera que esté, ni los líderes palestinos en Israel, ni el mundo árabe. ¿Se suponía que debían permanecer indefensos en ese momento y se supone que deben seguir estándolo en el futuro?
Israel ofrece ahora a Hamás lo que ofreció a la Autoridad Palestina, un modelo de prisión abierta, donde los prisioneros estarían a merced de los carceleros israelíes, ofreciendo derechos básicos limitados para vivir y trabajar a cambio de un «buen comportamiento». Cualquier intento de llevar una vida normal y liberada se tilda inmediatamente de terrorismo, y el poder del ejército se activa instantáneamente. El modelo de «prisión abierta» es reemplazado por un modelo de «prisión de máxima seguridad», donde el castigo colectivo aparece en forma de bombardeos aéreos, asedios y una larga lista de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Pregunto de nuevo, ¿quién defenderá a las y los palestinos de la necesidad de elegir entre dos opciones despiadadas en Cisjordania y la Franja de Gaza? Nadie ofrece una tercera opción. ¿Cuándo reconocerán públicamente los líderes occidentales el derecho de las y los palestinos a defenderse, como lo hacen, por ejemplo, en Ucrania? ¿Y cuándo logrará el movimiento de solidaridad presionar a estos líderes para que lo hagan, para que todos y todas podamos evitar el próximo asesinato, mutilación y expulsión de palestinos inocentes? Esperemos que sea pronto, antes de que sea demasiado tarde.
Hasta entonces, las y los palestinos que se defienden deben tener todo nuestro apoyo y admiración.
Traducción: Faustino Eguberri para viento sur
* Ilan Pappé es un historiador israelí y profesor en la Universidad de Exeter. Anteriormente fue profesor de ciencias políticas en la Universidad de Haifa. Es autor de The Ethnic Cleansing of Palestine, The Modern Middle East, A History of Modern Palestine: One Land, Two Peoples y Ten Myths about Israel. Pappé es presentado uno de los «nuevos historiadores» de Israel que, desde la publicación de documentos relevantes de los gobiernos británico e israelí a principios de la década de 1980, ha reescrito la historia de la creación de Israel en 1948. Ha contribuido con este artículo para The Palestine Chronicle.