El 57 por ciento de los alimentos producidos en Cuba se pierde antes de llegar al consumidor. Lo asegura un informe publicado por Mundubat, una Organización No Gubernamental de ayuda al Desarrollo (ONGD) con sede en el País Vasco vinculada a instituciones cubanas. Las pérdidas de cosecha y postcosecha se sitúan alrededor del 30 por ciento de la […]
El 57 por ciento de los alimentos producidos en Cuba se pierde antes de llegar al consumidor. Lo asegura un informe publicado por Mundubat, una Organización No Gubernamental de ayuda al Desarrollo (ONGD) con sede en el País Vasco vinculada a instituciones cubanas. Las pérdidas de cosecha y postcosecha se sitúan alrededor del 30 por ciento de la producción total de alimentos, y las pérdidas en las fases de distribución de alimentos a los mercados interiores y a las ciudades alcanzan el 27 por ciento.
La evaluación, realizada para la implementación de un convenio de cooperación con Cuba financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y que tiene también como organización gestora a Veterinarios Sin Frontera (VSF), fija las pérdidas en las fases de cosecha-postcosecha (30 por ciento) y de distribución a los mercados interiores y las ciudades (27 por ciento).
El informe, publicado este 19 de mayo, señala además que «Cuba está entre los países con una agricultura con más bajos rendimientos en América Latina» y apunta que aunque «el sector cooperativo dispone ya del 80 por ciento de las tierras y produce más del 90 por ciento de los alimentos del país», esta producción «solo cubre el 20 por ciento de las necesidades de la población».
La evaluación enfatiza en tres grandes problemas detectados en el diagnóstico: debilidad del entramado institucional cooperativo, bajos rendimientos productivos e insuficiente satisfacción de la demanda de alimentos de la población.
Entre las dificultades específicas detectadas se citan «la falta de instrumentos de planificación de la producción y una gestión poco integrada de cada una de las fases de la cadena agroalimentaria en las que la cooperativa interviene» y la vulnerabilidad de los sistemas de producción a los efectos del cambio climático.
Además, se señala la herencia de «sistemas intensivos de producción que poco a poco en las dos últimas décadas se han ido reorientando hacia la sostenibilidad, pero que han dejado problemas importantes en el ecosistema agrario», así como la degradación y salinidad de los suelos, el «sobrepastoreo en determinadas áreas», la «elevada incidencia de plagas y enfermedades» y «una mala gestión energética de las fincas tanto agrarias como ganaderas».
El informe habla también de «los equipamientos obsoletos, la escasa inversión en tecnología apropiada y limpia, el acceso limitado a insumos productivos adecuados» como factores que «limitan todavía más la producción». Y apunta problemas como «el deficiente procesamiento en las fases iniciales de cosecha», «la existencia de medios de transporte en muy mal estado» y «los deteriorados sistemas de almacenamiento», los que contribuyen a «la baja calidad en los productos finales ofertados al consumo».
En cuanto a la insatisfacción de las demandas internas, la evaluación reconoce «la baja e inestable disponibilidad de alimentos a lo largo de todo el año y precios fluctuantes al alza debido a la inestabilidad de la oferta», y apunta que «se incumple la política de calidad-precio establecidas por el gobierno, pese a las estrategias para el ajuste de precios según la calidad, el retorno de productos, o su incorporación a las microindustrias para su procesamiento».
En relación a la situación de las mujeres, «se observa en el sector agropecuario una baja presencia de las mujeres en los puestos y estructuras de dirección».
Aunque el informe apunta que «las autoridades competentes en el sector han definido una serie de medidas que se están llevando a cabo para la Implementación del nuevo modelo económico y social» también precisa que los rendimientos «están estancados o han decrecido ligeramente».
En opinión de los expertos «los diferentes eslabones y servicios conexos de la cadena de valor funcionan de manera autónoma y no integrada», lo que genera «disfunciones graves que impiden una participación activa del sector productivo y campesino».
Advierten también que «en la medida en que el sector agrícola no aumente sus rendimientos y explote su potencialidad productiva, la economía tendrá que asumir importantes erogaciones para poder suplir su demanda interna». Ello se traduce en un aumento de las importaciones de alimentos, «situando a la economía en una situación cada vez más vulnerable desde el punto de vista de garantizar la seguridad alimentaria de las familias».
Mundubat y VSF colaboran con Cuba desde la década del noventa en líneas como la soberanía alimentaria y la igualdad de género, y su valoración persigue, entre otros objetivos, «el fortalecimiento de las capacidades de gestión y la mejora en la eficiencia de la cadena de valor de la leche en Habana del Este y la cadena de valor hortofrutícula en Santiago de Cuba».
Ambas organizaciones trabajan de forma consorciada en el convenio financiado por la AECID desde 2014, el cual se armoniza con las políticas nacionales y se articula con otros actores de la cooperación. Por la parte cubana participan instituciones como la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) y la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA).
El convenio, que se ejecuta hasta 2019 en cooperativas, UBPCs y empresas agrícolas estatales, busca contribuir a la puesta en marcha de un modelo dirigido a la eficiencia de la cadena de valor, incrementar la producción y diversificación de alimentos mejorando la eficiencia ambiental y energética, garantizar el abastecimiento de los mercados locales rurales y urbanos, y desarrollar herramientas para la gestión de los aprendizajes y el conocimiento.