En un informe sin precedentes presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, denunció con contundencia lo que calificó como “la economía del genocidio” implementada por Israel en la Franja de Gaza. Titulado “Anatomía de un genocidio”, el informe desmantela décadas de discursos diplomáticos tibios, acusando al Estado israelí de prácticas sistemáticas que, en conjunto, constituyen crímenes atroces a gran escala.
Una acusación que sacude los cimientos internacionales
El informe, de 25 páginas, expone con datos y análisis jurídicos una narrativa aterradora: desde el bloqueo económico impuesto sobre Gaza desde 2007 hasta la devastadora operación militar de 2023-2024, Israel ha desarrollado un modelo económico basado en la destrucción metódica, la desposesión forzada y la negación del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. En palabras de Albanese, esta economía «no es simplemente una consecuencia colateral del conflicto, sino parte integral de una estrategia genocida”.Albanese no escatima en términos. Señala que las acciones del gobierno israelí tras el 7 de octubre de 2023 —fecha del brutal ataque de Hamás— no fueron solo represalias militares, sino una intensificación planificada de una política de aniquilación. Según el informe, más de 37,000 palestinos murieron durante los bombardeos de Gaza, incluidos al menos 15,000 niños. A ello se suma la destrucción sistemática de viviendas, hospitales, redes de agua, escuelas y granjas, todo lo cual no deja margen para considerar estas acciones como simples “daños colaterales”.
La economía como arma de guerra
El informe enfatiza que Israel ha utilizado la economía como herramienta de control y represión. Desde 2007, Gaza ha sido objeto de un bloqueo marítimo, aéreo y terrestre que ha convertido a su población en dependiente de la ayuda humanitaria internacional. Según Albanese, esto no solo ha empobrecido a la población, sino que ha creado las condiciones para una dependencia estructural diseñada con fines políticos y demográficos: forzar el éxodo masivo y facilitar la ocupación permanente.Además, el documento señala que Israel ha sacado provecho económico del conflicto mediante contratos con empresas militares, tecnologías de vigilancia y acuerdos estratégicos con potencias aliadas. En este sentido, la “economía del genocidio” se convierte también en una “economía de lucro”, donde la destrucción de Gaza se traduce en inversión y rentabilidad para el complejo militar-industrial israelí.
¿Genocidio o derecho a la defensa?
Las respuestas ante el informe han sido polarizadas. Mientras organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han respaldado su contenido, gobiernos occidentales como el de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido han desestimado las acusaciones como “sesgadas” o “injustas”. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel tachó el informe de “antisemita” y lo acusó de “blanquear el terrorismo de Hamás”.No obstante, el informe de Albanese está respaldado por los Convenios de Ginebra, el Estatuto de Roma y la Convención sobre el Genocidio de 1948. Define el genocidio como la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Bajo esta definición, argumenta el informe, las acciones de Israel cumplen con al menos tres de los cinco criterios establecidos legalmente.
Silencio institucional y complicidad internacional
Uno de los aspectos más críticos del documento es su denuncia a la comunidad internacional por su “inacción cómplice”. Albanese condena el rol pasivo de muchos Estados que, en nombre del equilibrio geopolítico o la seguridad estratégica, han evitado condenar abiertamente a Israel. Incluso se refiere a la suspensión temporal de fondos a la UNRWA (la agencia de la ONU para los refugiados palestinos) como parte del castigo colectivo al pueblo gazatí.La relatora advierte que si no se aplican sanciones económicas, embargos de armas y otras formas de presión diplomática, el sistema multilateral corre el riesgo de perder toda legitimidad moral y jurídica.
Conclusión: ¿El inicio de un nuevo paradigma?
El informe “Anatomía de un genocidio” no es solo una acusación jurídica, sino un manifiesto político y ético que obliga al mundo a replantearse su postura frente a la ocupación israelí. La crudeza de los datos, la claridad de las evidencias y el rigor legal con que se argumenta colocan a la comunidad internacional ante una encrucijada: actuar para detener el genocidio o convertirse en cómplice silencioso de su continuación.Albanese cierra su informe con una advertencia histórica: “Si el mundo no reacciona ahora, quedará claro que aprendimos muy poco del siglo XX”.
Análisis Crítico del Informe de la ONU: “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”
1. Tesis central del informe
El informe sostiene que el Estado de Israel ha evolucionado de una ocupación militar ilegal a una estructura económica de carácter genocida, sostenida y facilitada por un entramado corporativo global. Esta transformación está marcada por una transición sistemática desde la mera colonización territorial hacia una economía de exterminio, en la que empresas locales y multinacionales se benefician directa o indirectamente de crímenes de guerra y de lesa humanidad.Frase clave del informe: “La economía de ocupación y la economía del genocidio están ahora integradas” (p. 2).
2. El rol corporativo en el genocidio
El texto denuncia que más de 1,000 entidades corporativas –desde bancos y aseguradoras hasta empresas tecnológicas y universidades– contribuyen a la estructura de apartheid, ocupación, desplazamiento forzado y genocidio.
Sectores identificados:
· Industria militar (Elbit Systems, Israel Aerospace Industries, Lockheed Martin)
· Tecnología y vigilancia (Microsoft, Google, Amazon, NSO Group)
· Finanzas (bancos, fondos de inversión, aseguradoras)
· Academia (universidades que desarrollan armas y legitiman la ocupación)
· Construcción e infraestructura (empresas que edifican en territorios ocupados)Las empresas no solo facilitan la opresión, sino que la usan como campo de prueba para tecnologías que luego se exportan como “probadas en combate” (battle-tested), lo cual implica un perverso incentivo económico para perpetuar la violencia.
3. Marco legal y normativo
El informe cita una serie de instrumentos jurídicos internacionales que se estarían violando sistemáticamente:
· Convención para la Prevención del Genocidio (1948)
· Convenciones de Ginebra
· Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
· Opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia
El informe no se limita a denunciar a Israel, sino que advierte que empresas privadas pueden ser juzgadas por complicidad en genocidio, citando precedentes como el juicio a I.G. Farben tras el Holocausto y la responsabilidad empresarial durante el apartheid sudafricano.
4. Implicaciones geopolíticas
Una parte medular del informe es su denuncia a los países que, mediante inacción o apoyo económico/militar, permiten la impunidad israelí. Se critica abiertamente:
· El envío de armas por parte de EE.UU., Alemania y otras potencias.
· La suspensión de fondos a agencias de ayuda humanitaria (como UNRWA).
· La falta de sanciones económicas o diplomáticas.
El informe sugiere que esta complicidad pasiva equivale a un colapso moral del sistema internacional y reclama responsabilidad penal internacional corporativa y estatal.
5. Datos impactantes
· Más de 37,000 palestinos asesinados desde octubre de 2023.
· Al menos 15,000 niños muertos por bombardeos.
· Israel habría lanzado más de 85,000 toneladas de bombas, muchas sin guía.
· Uso de sistemas de IA como “Lavender” y “Gospel” para generar listas de objetivos humanos.
6. Innovaciones tecnológicas como armas
Se expone cómo empresas tecnológicas (Amazon, Palantir, IBM, HP, etc.) construyen infraestructura digital para facilitar el control total sobre los palestinos, mediante bases de datos biométricos, vigilancia predictiva, nubes militares y softwares de inteligencia artificial para ataques dirigidos.Estas plataformas no solo vulneran los derechos humanos, sino que también consolidan un sistema de apartheid digital e impiden cualquier tipo de resistencia o movilidad palestina.
7. De la dominación económica a la aniquilación total
La autora sostiene que el capitalismo colonial israelí ha alcanzado un nuevo umbral, en el cual el exterminio de una población entera se convierte en modelo de negocio y fuente de lucro.La lógica de “desplazamiento y reemplazo” ya no se limita a robar tierras, sino a borrar comunidades enteras mediante la violencia económica, tecnológica y física.
Conclusión crítica
Este informe es uno de los más contundentes jamás emitidos por un relator de la ONU sobre el conflicto israelí-palestino. Su lenguaje jurídico preciso, acompañado de datos empíricos y referencias legales, deja poco espacio para la ambigüedad: Israel, con apoyo de actores privados y estatales, estaría cometiendo un genocidio sistemático en Palestina.Es también una llamada de atención directa a la comunidad internacional: seguir haciendo negocios con Israel y sus empresas cómplices equivale a participar en un crimen de lesa humanidad.
Se puede descargar el informe de:https://drive.google.com/file/d/1Z8SO6s-029mpHUaOP17eIXX3DHtH2Peb/view?usp=sharing
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