Traducido del inglés por Beatriz Morales Bastos
Por desgracia, la metáfora de Gaza como la mayor prisión del mundo ha quedado anticuada. Más bien Israel trata ahora la franja como un zoo. Porque gestionar una prisión consiste en limitar o reprimir la libertad, en un zoo, en cambio, de lo que se trata más bien es de mantener con vida a los que están dentro, con la vista puesta también en cómo los ven quienes está fuera. La cuestión de la libertad no se plantea nunca. La actual crisis de la electricidad sirve, por así decirlo, para iluminar este giro.
Prácticamente toda la energía que utiliza Gaza se la suministra Irsael, tanto directamente, desde su red eléctrica, pagada con los impuestos recogidos por Israel en nombre de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), como indirectamente, a través del carburante suministrados por la compañía israelí Dor Alon a la única central eléctrica de Gaza y pagado por la Unión Europea.
Gaza ha sufrido una crisis de energía desde junio de 2006, cuando después de la captura de un soldado israelí Israeli helicópteros israelíes lanzaron misiles sobre los transformadores de la central eléctrica que la dejaron inoperable [2]. Desde enonces Israel ha impedido que se repare al bloquear o retrasar la entrada en la franja de las piezas de recambio y de equipamiento. La central eléctrica funcional ahora a parte de su antigua capacidad que cubre menos de la tercera parte de las necesidad de electricidad de Gaza. Incluso antes de que se cortara el suministro de carburante a la central el 20 de enero de 2008, la mayoría de los habitantes de Gaza estuvieron sufriendo frecuentes cortes de electricidad de hasta ocho horas al día [3].
Para agravar este problema, el 19 de septiembre el departamento de seguridad del gobierno israelí anunció su intención de rebajar drásticamente el suministro de electricidad y carburante a Gaza. El 29 noviembre de 2007 el Tribunal Supremo autorizó este corte de suministro al considerarlo lícito y dictaminar que la decisión del Estado de recortar la cantidad de carburante transferido a Gaza no perjudicaría «la necesidades humanitarias esenciales» de la población [4]. El Tribunal Supremo autorizó que se siguera adelante con el recorte de carburante, pero se reservó el veredicto sobre los planificados recortes en la electricidad y, mientras tanto, solicitó al Estado datos exhaustivos para tomar la decisión.
La interacción entre el Estado de Israel y el Tribunal Supremo es elocuente ya que se refiere a la gestión [por parte de Israel] de Gaza después de su desconexión y a su mentalidad de guardianes de zoo. En 2006 Israel decidió que el mejor modo de castigar a los habitantes de Gaza por la captura de uno de sus soldados era un único y excepcional acto de violencia que llevara a una penuria generalizada [5]. Israel busca ahora resultados similares – la pérdida de electricidad y la consiguiente desbaratamiento de la vida cotidiana- a través de medios más calibrados y a largo plazo. Este cambio de enfoque es muy similar a la diferencia entre aporrear en la cabeza a un prisionero rebelde para reducirlo y domar un animal por medio de un control cuidadoso de la correa con la que está atado y de su dieta.
Para realizar esta reorientación primero fue necesario despejar la situación legal y de ahí la falta total de referencias a precedentes, tratados o estatutos legales en la decisión del 29 de noviembre, lo que refleja la consideración que el Estado de Israel tiene de la Gaza posterior a la desconexión como zona en la que no tiene obligación legal alguna. Está ausente la legislación internacional sobre la ocupación (que el Tribunal Supremo solía aplicar a Gaza, al menos teóricamente – excepto la prohibición de colonización), incluyendo la prohibición absoluta de aplicar el castigo colectivo (art. 33 de la Cuarta Convención de Ginebra). La decisión es un mero ejercicio de cálculo hipotético; el Tribunal Supremo está actuando más como administrador que como juez, como un socio en el cálculo de cuánto dolor se puede hacer sufrir a los habitantes de Gaza.
En lugar de cualquier marco legal el Estado de Israel ha propuesto – y el Tribunal Supremo lo ha aprobado ahora – un parámetro igualmente simple para la política: una vez satisfechas «las necesidades humanitarias esenciales», es permisible cualquier otra privación. Si es posible racionar el carburante a los hospitales y a la red de alcantarillado, entonces la economía de Gaza no necesita desempeñar un papel: «No aceptamos el argumento de los demandantes de que se debería permitir a las ‘fuerzas del mercado’ desempeñar su papel en Gaza en relación al consumo de carburante» [6].
Esta lógica refleja la transformación radical de la política israelí de bloqueo desde el verano de 2007: de cierres frecuentes e intermitentes al bloqueo definitivo de todos los productos excepto «los artículos humanitarios esenciales». Israel ha cambiado de tratar de castigar la economía de Gaza a decidir que esta economía es un lujo prescindible (aunque Israel sigue permitiendo que entren productos comerciales en Gaza cuando los productores israelíes necesitan deshacerse de bienes excedentes). Esta política ha obligado a cerrar al 90% de las industrias privadas de Gaza, ha paralizado todas las obras de construcción y ha disparado la tasa de paro [7]. Aproximadamente el 80% de la población vive de la ayuda alimenticia y el otro 20% vive principalmente de los ingresos de los funcionarios, de los trabajadores de las ONGs o de los empleados de las organizaciones internacionales, esto es, son personas cuya dependencia económica de la buena voluntad exterior es indirecta aunque, con todo, real.
La clara y simple distinción entre necesidades vitales y lujos a menudo es difícil de implementar en la práctica. La sobrecargada red eléctrica de Gaza puede rotar la distribución por zonas, y de hecho lo hace, pero los hospitales y las bombas de aguas residuales están demasiado dispersos para poder suministrarles la electricidad al margen del resto de la población [8]. La concesión de permisos para buscar tratamiento médico fuera de Gaza a las personas cuya «vida peligra» – un criterio que el Tribunal Supremo aprobó el verano pasado[9] – ha causado, sin embargo, muertes ya que se deniegan los permisos a procedimientos de mera «calidad de vida», incluyendo operaciones a corazón abierto[10].
La noción de «humanitarismo esencial» (no está claro qué podría constituir lo humanitario «no esencial») reduce las necesidades, aspiraciones y derechos de 1.400.000 seres humanos a un ejercicio de contabilidad de calorías, de megavatios y de otras unidades abstractas y unidimensionales que miden la distancia hasta la muerte. Esto distrae (e incluso lo legaliza) de la destrucción de las capacidades y de los recursos internos de Gaza: su economía, sus instituciones e infraestructuras. E incluso si se implementa de buena voluntad y con la mejor de las intenciones, no promete nada más que convertir a todos y cada uno de los habitantes de Gaza en mendigos (o, mejor en animales bien alimentados) que depende del dinero internacional y de decretos israelíes.
Si los pasados esfuerzos de Israel de limitar los términos del debate son algún indicio, la comunidad internacional, los litigantes internos, los «dirigentes» palestinos y otros pronto se verán a sí mismos gastando la mayor parte de su energía en suplicar un camión extra de carburante acá o un megavatio de electricidad extra allá. Sin embargo, hacer frente a la consolidación del régimen del zoo exige un enfoque más amplio.
Visto con perspectiva, Gaza parece un zoo y aún más una hembra de cisne en el patio trasero de una vasta mansión, esto es, el Estado de Israel. La franja de Gaza no es mundo aparte de Israel sino, más bien, una zona apropiada para mantener a un cuarto de la población palestina bajo su control. Los habitantes de Gaza están en el peldaño más bajo de la jerarquía de la exclusión legal que abarca a la mitad de la población de Israel/Palestina que no es judía y que está fragmentada en ciudadanos de Israel, residentes en Jerusalén este y habitantes de Cisjordania (o que viven bajo la administración de la Autoridad Palestina o directamente bajo la jurisdicción militar israelí). La Gaza de mañana está inextricablemente unida al Israel de mañana y la Gaza de hoy es el ejemplo más urgente de la necesidad de definir una administración política más justa y un marco legal para el Estado que durante cuatro décadas se ha extendido de facto desde el río [Jordán] hasta el mar.
Notas:
[1] Darryl Li es doctorando en Antropología y Estudios sobre Oriente Próximo de la Universidad de Harvard y doctorando de la Facultad de Derecho de Yale. También es asesor de Trócaire, la organización benéfica irlandesa católica de desarrollo exterior. La mayoría de sus artículos fueron escritos en Gaza entre dos cortes de electricidad. Las opiniones expresadas ene este artículo son exclusivamente suyas. Este artículo fue escrito antes de la decisión del Tribunal Supremo israelí HCJ 9132/07, Jaber al-Basyouni Ahmed v. el primer ministro del 30 de enero de 2008.
[2] Para una visión general de los efectos del ataque y una valoración de su legalidad, véase Act of Vengeance: Israel’s Bombing of the Gaza Power Plant and its Effects (B’Tselem, septiembre de 2006).
[3] «Gaza Humanitarian Situation Report: Power shortages in the Gaza Strip» (OCHA-oPt, 8 de enero de 2008).
[4] HCJ 9132/07, Jaber al-Basyouni Ahmed v. el primer ministro. Los demandantes en el caso son Adalah (Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel), Gisha (Centro Legal para la Libertad de Movimiento), HaMoked (Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Individuales y Físicos-Israel), el Centro Palestino para los Derechos Humanos, el Comité Público contra la Tortura en Israel, el Programa de Salud Mental de la Comunidad de Gaza, B’Tselem (Centro de Información Israelí sobre los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados) Al-Haq y el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos.
[5] Según Yoav Gallant, jefe del Comando Militar Israelí Sur, también se consideró la alternativa de cortar los suministros directos de electricidad, pero se rechazó debido a la oposición de la Compañía Eléctrica Israelí, posiblemente por razones relacionadas con su contrato o con los ingresos. Act of Vengeance, p. 27.
[6] HCJ 9132/07, Jaber al-Basyouni Ahmed v. el primer ministro, para. I.4.
[7] «The Closure of the Gaza Strip: The Economic and Humanitarian Consequences» (OCHA-oPt, 13 diciembre de 2007).
[8] Anexo a la declaración jurada presentada por Usama Dabbour, director de las relaciones externas de la Compañía de Distribución Eléctrica de Gaza (GEDCO, por sus siglas en inglés) al Tribunal Supremo en el caso HCJ 9132/07, Jaber al-Basyouni Ahmed v. el primer ministro, 9 de enero de 2008.
[9] HCJ 5429/07, Physicians for Human Rights-Israel v. The Minister of Defence.
[10] «Israel: Government Blocks Medical Evacuations from Gaza» (Comunicado de prensa de Human Rights Watch, 20 de octubre de 2007).
Enlace con el original: http://www.adalah.org/newsletter/eng/jan08/Li.doc