El genocidio que los y las palestinas afrontan en Gaza está haciendo recordar al mundo que los 76 años de Nakba [1] no son una reminiscencia del pasado, sino la realidad del pueblo palestino, que sigue enfrentándose a crímenes atroces mientras Israel continúa gozando de impunidad. La Nakba o Catástrofe es el término que se utiliza para referirse al proceso de traslado forzoso y desposesión de alrededor del 85% del pueblo palestino indígena ejecutado por fuerzas sionistas y, posteriormente, por el Estado de Israel entre 1947 y 1949. Los pensadores sionistas teorizaron desde principios del siglo XX que el traslado forzoso de la población indígena palestina [2]constituía el único medio para crear un Estado judío en Palestina. El movimiento [sionista] aplicó un enfoque colonial de asentamiento cuyo objetivo fue sustituir al pueblo palestino por colonos judíos siguiendo una “lógica de eliminación” de la población, lo “que implica la desposesión continuada de la tierra y la negación de la soberanía indígena” [3].
El Mandato Británico para Palestina (1922-1948) proporcionó un terreno abonado para el desarrollo del colonialismo de asentamiento sionista al adoptar políticas que permitieron “modificar la composición demográfica de Palestina”, “transferir el uso y la propiedad de sus tierras” al movimiento sionista y “respaldar a las milicias” e instituciones sionistas[4]. En 1947 la Asamblea General de Naciones Unidas, desatendiendo la realidad sobre el terreno –en el que dos tercios de la población era palestina– concedió al futuro Estado de Israel el 56% de la Palestina histórica a pesar de que la población judía poseía menos del 7% del territorio. La partición violó normas fundamentales del derecho internacional y dio lugar a la comisión de crímenes contra el pueblo palestino. Según Walid Khalidi, “en realidad, lo que Naciones Unidas vino a decir al Yishuv (el movimiento de colonos sionistas en Palestina previo a la creación del Estado] fue: id y tomad por la fuerza esos 13,3 millones de dunums [un dunum=mil m2], que no son vuestros, a sus propietarios: a la población mayoritariamente agrícola que vive y obtiene su sustento en esas tierras” [5].
Y añadía que “esencialmente, lo que hizo la Resolución de Partición (de la Asamblea General) fue dar a las fuerzas militares del Yishuv, en plena movilización, una coartada para establecer el nuevo Estado judío por la fuerza de las armas bajo el pretexto de cumplir con la voluntad internacional” [6].
El movimiento sionista y sus dirigentes, desconfiando de la realidad demográfica y de la distribución de la propiedad de la tierra[7], elaboraron proyectos que culminaron con el Plan Dalet de 1947, que postulaba la expulsión sistemática y total o la limpieza étnica del pueblo palestino [8]. Bajo las directrices del plan, las milicias sionistas, y las posteriores fuerzas militares israelíes, cometieron al menos 70 masacres, destruyeron cientos de pueblos y ciudades expulsando a su población [9] y construyeron el Estado de Israel sobre los escombros del 78% de la Palestina del mandato.
En este mes de mayo conmemoramos la Nakba y asistimos a un genocidio televisado, pero las masacres que tuvieron lugar en la década de 1940 no tienen nada de históricas. La documentación sobre la población rural palestina torturada, violada, atada, ejecutada y arrojada a fosas comunes [10] en la década de 1940 halla dolorosos ecos en los testimonios que estamos recibiendo desde Gaza sobre torturas y violencia sexual [11] en el contexto de la guerra genocida israelí, en la exhumación de fosas comunes en las que “al parecer han aparecido personas palestinas desnudas y con las manos atadas” [12]. La Relatora Especial sobre los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), Francesca Albanese, advertía en octubre de 2023 de que “hay un grave peligro de que lo que estamos presenciando sea una repetición de la Nakba de 1948 y de la Naksa de 1967, aunque a mayor escala. La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para impedir que vuelva a suceder”. Y subrayaba que “Israel ya ha llevado a cabo una limpieza étnica generalizada de palestinos y palestinas bajo la niebla de la guerra. (…) Una vez más, en nombre de la autodefensa, Israel pretende justificar lo que sería una limpieza étnica” [13].
Hasta la fecha no ha habido rendición de cuentas por los atroces crímenes cometidos en torno a la Nakba ni por los 76 años transcurridos desde entonces. Desde su creación, Israel ha incorporado al Estado el traslado forzoso y la desposesión del pueblo indígena palestino mediante leyes, políticas y prácticas que han institucionalizado su régimen de apartheid, y mediante la negación del derecho al retorno de las personas refugiadas palestinas a sus hogares, tierras y propiedades. A lo largo de los años, Israel ha fragmentado al pueblo palestino en categorías de personas que tienen prohibido juntarse, reunirse y ejercer sus derechos colectivos, especialmente su derecho a la autodeterminación y a la soberanía permanente sobre sus recursos [14]. Los y las palestinas están divididas hoy en día en al menos cinco categorías: 1) personas refugiadas a quienes se niega su derecho al retorno, 2) residentes en Cisjordania, 3) residentes en Gaza, 4) ciudadanas de Israel y 5) residentes en Jerusalén. La fragmentación política, administrativa y geográfica es una de las herramientas principales utilizadas por Israel para imponer y mantener su régimen de apartheid sobre el pueblo palestino.
La comunidad internacional institucionalizó esta fragmentación al adoptarse en 1993 [los Acuerdos de] Oslo que los y las palestinas percibieron como un diktat; fue un proceso que excluyó a las personas refugiadas palestinas residentes fuera de la Palestina histórica y a las que vivían en Israel, lo que supone más de la mitad del pueblo palestino. Este denominado proceso de construcción de un Estado palestino mientras se fragmentaba y subyugaba a un pueblo al apartheid colonial fue una farsa. Durante el proceso, Israel multiplicó la construcción de asentamientos para asegurarse hechos consumados en el territorio ocupado que supuestamente iba a convertirse en el Estado de Palestina sobre el 22% de la Palestina histórica. En realidad, este acuerdo lo orquestó Israel para garantizarse la continuación de su empresa colonizadora sin tener que pagar precio alguno por la ocupación, dado que tal coste lo asumió subsidiariamente la recién creada Autoridad Palestina a cuenta, en su mayor parte, de la comunidad internacional. Ello, a su vez, no sólo significó una ocupación sin costes para Israel, sino también una empresa rentable con la que Israel vendía tecnologías –incluidas militares– con el sello de haber sido probadas sobre una población cautiva.
Sin embargo, la narrativa de un conflicto entre dos entidades en pie de igualdad se ha transformado considerablemente en los últimos años, y cada vez cuestiona más, incluso en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y sus mecanismos, la absurda delimitación a las fronteras de 1967. En 2019, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) reconoció la continuidad de la segregación racial de Israel contra los y las palestinas a ambos lados de la Línea Verde[15] y en 2021, el Comité de Derechos Humanos subrayó la “discriminación sistemática y estructural preexistente contra las personas no judías”[16]. Esta modificación desde el paradigma de la fragmentación de 1967 –impuesto por Israel– a un reconocimiento de que las políticas coloniales de apartheid de Israel son las mismas a ambos lados de la Línea Verde y siguen idénticas políticas y prácticas institucionalizadas de dominación y opresión racial sobre el pueblo palestino en su conjunto, supone un avance importante desde una perspectiva decolonial. Que se reconozca progresivamente el apartheid colonial de Israel, también en espacios multilaterales, supone un cambio relevante si se tiene en cuenta que en 2007 la presión ejercida sobre el Secretario General para que retirara el informe de la Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia Occidental (CESPAO) redactado por dos expertos independientes, consiguió eliminar dicho informe que analizaba la aplicabilidad del delito de apartheid a la situación impuesta por Israel al pueblo palestino a ambos lados de la Línea Verde, así como a los y las refugiadas a las que se niega su derecho al retorno[17]. En 2022, el anterior Relator Especial sobre los TPO, Michael Lynk, concluyó que es aplicable el marco jurídico del apartheid [18] y ese mismo año la actual Relatora Especial sobre los TPO, en su informe sobre el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, señaló que “la realización del derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación exige desmantelar de una vez por todas la ocupación colonial de asentamiento israelí y sus prácticas de apartheid” [19].
Este cambio fue posible, sobre todo, por el apoyo activo de Sudáfrica y Namibia, países que combatieron para vencer el apartheid. Basándose en el progresivo reconocimiento por parte de la sociedad civil, fueron los primeros en reconocer, en los órganos de tratados de Naciones Unidas y en sus procedimientos especiales, que la situación impuesta por Israel contra el pueblo palestino era apartheid. Sobre estas bases, el avance más notable se produjo en 2021, en el contexto de la Intifada de la Unidad, cuando el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución que establecía, por primera vez en la historia de ese órgano, una comisión de investigación de composición abierta con el mandato de investigar las violaciones de los derechos humanos a ambos lados de la Línea Verde (sin limitar el mandato, como se había hecho hasta entonces, a las fronteras de 1967); solicitaba a la Comisión de Investigación que investigara asimismo las “causas profundas subyacentes” de la situación. Las organizaciones de la sociedad civil palestina han insistido en que entre ellas se debe incluir la ideología sionista, que apuntala el establecimiento del Estado de Israel a través de la limpieza étnica, la desposesión y el desplazamiento del 85% del pueblo palestino y la negación de su derecho al retorno, que han seguido hasta la fecha sin abordarse ni castigarse. Es esencial que los Estados apoyen la Comisión de Investigación para que utilice el mandato que se le otorgó a fin de abordar las cuestiones relevantes e investigue las causas profundas que no se han examinado durante décadas, incluido el papel del sionismo en la instauración del apartheid colonial, el papel del traslado forzoso en la creación y el mantenimiento de Israel, los crímenes que siguieron a la partición de Palestina por parte de Naciones Unidas, así como el papel de terceros Estados en el mantenimiento del apartheid colonial de Israel contra los y las palestinas.
Todos los miembros con derecho a voto del Consejo que proceden de países occidentales –que suelen apoyar siempre los mecanismos de rendición de cuentas en el CDH–, votaron en contra de esta resolución [20] o se abstuvieron [21]. La aplicación tan selectiva e incoherente del derecho internacional por parte de esos Estados se puso en evidencia cuando comenzó el genocidio de Israel en Gaza, y antes, tras la guerra contra Ucrania. Tras la ocupación y anexión de más extensión de territorio ucraniano por parte de Rusia, los Estados occidentales se movilizaron y utilizaron todas las medidas disponibles en el derecho internacional para contrarrestar la agresión, incluidas sanciones. Sin embargo, no ocurrió lo mismo tras décadas de crímenes atroces cometidos por Israel o tras el reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la plausibilidad de un genocidio.
Según los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, “el derecho internacional no se impone por sí mismo”. De hecho, en virtud del derecho internacional, los Estados tienen la responsabilidad de “no reconocer” [22], de “no proporcionar ayuda ni asistencia al mantenimiento de una violación grave del derecho internacional”, así como la responsabilidad de “cooperar para ponerle fin” [23]. Sin embargo, los poderosos aliados de Israel, incluidos EE UU y varios países europeos, a sabiendas, han seguido permitiendo a Israel la comisión de crímenes durante más de siete décadas y le han protegido de toda rendición de cuentas efectiva. Siguen dando muestras de que sus intereses están vinculados al mantenimiento del apartheid colonial de Israel en Palestina. Los mismos actores que afirman ser los protectores del derecho internacional, con su inacción y su complicidad cuando se trata de los crímenes cometidos en Palestina, ponen en riesgo la desaparición del sistema de derechos erigido tras la Segunda Guerra Mundial. Según el profesor Michael Lynk, “Israel, un país relativamente pequeño en términos geográficos y de población, y con una especial dependencia de la comunidad internacional tanto para el comercio y la inversión como para la cooperación diplomática, no podría haber mantenido una ocupación tan prolongada y represiva en clara violación del derecho internacional sin el apoyo activo y el perverso abandono de muchos actores del mundo industrializado” [24].
En la escena internacional, la UE como grupo y Estados individuales como Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y EE UU han seguido dando cobertura al genocidio de Israel bajo el pretexto de la legítima defensa, cuando expertos independientes –entre ellos la Comisión de Investigación de Naciones Unidas y la Relatora Especial sobre los TPO– han reiterado la opinión consultiva de la CIJ de 2006, que estableció que Israel no puede invocar el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas –relativo al derecho a la legítima defensa– contra un territorio que ocupa.
Un claro ejemplo de doble rasero envuelve los procedimientos de la CIJ sobre Myanmar, liderado por Gambia, y sobre Palestina, liderado por Sudáfrica. Ambos se basan en casos jurídicos similares, pero los Estados occidentales apoyan los procedimientos en uno y se oponen a ellos en el otro. Los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas solicitaron a los Estados que impusieran un “embargo de armas a Israel, reforzado por la sentencia de la CIJ (…) al respecto de que existe un riesgo plausible de genocidio en Gaza (…)” [25]. Organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo se han movilizado para que se aplique un embargo de armas a Israel en ambos sentidos [26]. En su declaración durante el debate sobre el informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar en el Consejo de Derechos Humanos el 19 de marzo de 2024, [bajo el título] “El comercio de miles de millones de dólares de la muerte: redes internacionales de armas permiten violaciones de los derechos humanos en Myanmar”, la UE declaró ser “partidaria desde hace mucho tiempo de un embargo de armas. Es imprescindible y urgente una mayor acción preventiva internacional. La UE pide a todas las partes que dejen de exportar o facilitar armas al ejército de Myanmar, así como artículos de doble uso cuando haya motivos razonables para sospechar que dichos bienes, tecnologías o armas puedan utilizarse para violar o cometer abusos de los derechos humanos”.
Sin embargo, en el caso de Palestina, incluso después de que la CIJ considerara plausible que los actos de Israel pudieran equivaler a genocidio, Estados miembros de la UE, entre ellos Alemania, Italia, Francia y Países Bajos, han seguido proporcionando ayuda militar a Israel. Como afirman los expertos, “EE UU y Alemania son con diferencia los mayores exportadores de armas, y sus envíos se han incrementado desde el 7 de octubre de 2023, (…) lo único que ha hecho la UE ha sido desalentar las exportaciones de armas a Israel” [27].
Esto sigue incrementando la excepcionalidad israelí en lo que a la aplicación del derecho internacional se refiere. “La aplicación selectiva e incoherente del derecho internacional está debilitando la integridad del sistema, así como la credibilidad y la legitimidad de los Estados y otros actores que aplican un doble rasero” [28]. Los procedimientos de la CPI en la situación del Estado de Palestina también pondrán a prueba la credibilidad del sistema de rendición de cuentas establecido por el Estatuto de Roma. La CPI representa una instancia importante de rendición de cuentas para el pueblo palestino que debe ser apoyada, sin perder de vista sus limitaciones geográficas y temporales (que comenzaron el 13 de junio de 2014). Sin embargo, las mismas presiones se aplican en este contexto. En una declaración de la CPI, su presidencia hizo hincapié en los “intentos de minar la independencia, integridad e imparcialidad de la Corte”, y subrayó que “ciertas declaraciones pueden constituir amenazas de represalias contra el Tribunal y sus funcionarios, en caso de que ejerzan sus funciones judiciales según lo dispuesto en el Estatuto de Roma” [29]. Como se subrayó en la declaración del Fiscal cuando afirmó que iba a presentar solicitudes de órdenes de detención contra dirigentes israelíes y palestinos, “si no demostramos nuestra voluntad de aplicar la ley por igual, si se considera que se aplica de forma selectiva, estaremos creando las condiciones para su fracaso. Al hacerlo, estaremos aflojando los lazos que aún nos mantienen unidos, los vínculos que se establecen entre todas las comunidades e individuos, la red de seguridad a la que todas las víctimas recurren en momentos de sufrimiento. Este es el verdadero riesgo al que nos enfrentamos en este momento” [30].
Los gobiernos occidentales no solo han seguido prestando apoyo a Israel por medios diplomáticos, militares y económicos tras las medidas adoptadas por la CIJ, sino que Estados “que normalmente reclaman una firme protección de los derechos humanos y del espacio cívico”, siguen alentando a Israel cuando adoptan medidas contundentes contra la libertad de expresión y de reunión pacífica, tanto en internet como fuera de la red [31]. Ahora, más que nunca, está claro que la estrategia de Israel –en estrecha coordinación con sus aliados occidentales– de silenciar la narrativa palestina y la solidaridad internacional no es posible en los tiempos que corren. Los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas han concluido que las restricciones indebidas impuestas por los Estados, especialmente en Occidente, “a las protestas pacíficas y a la sociedad civil que opera para proteger los derechos humanos y el derecho humanitario en el contexto de la guerra contra Gaza son contrarias a la obligación de los Estados, en virtud del derecho internacional, de prevenir crímenes atroces, como el genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y el apartheid” [32].
Mientras varios gobiernos occidentales han seguido intentando silenciar las movilizaciones con el pretexto de combatir el antisemitismo y el terrorismo, y han aumentado las penas por disentir, el movimiento ciudadano ha resistido y perseverado frente a la represión en apoyo de la descolonización, el fin del genocidio y del apartheid. Aunque Israel y sus aliados han intentado presentar “la situación como la de un conflicto entre dos entidades en pie de igualdad, no cabe duda de que, hoy en día, lo que está en el centro del debate es la naturaleza de apartheid del régimen colonial de Israel.
El papel de la sociedad civil en todo el mundo ha sido decisivo para garantizar que las causas profundas de la situación ocupen un lugar central en el debate sobre la rendición de cuentas, subrayando que no habrá justicia sin un enfoque decolonial que derive en el desmantelamiento del apartheid. Este es un primer paso imprescindible para remodelar el futuro decolonial del pueblo palestino. Las movilizaciones populares alrededor del mundo, tanto en internet como en vivo, apelando a la descolonización, que se reavivaron en torno a la Intifada de la Unidad de 2021 y han continuado tras la guerra genocida de Israel contra Gaza, ilustran claramente este cambio de narrativa. Por lo tanto, los planes de algunos Estados de reconocer el Estado de Palestina sobre la base de las fronteras de 1967 y de Oslo no son sólo una declaración retórica, sino la demostración de no haber aprendido nada de la historia ni de los 31 años de silencio y complicidad de la comunidad internacional que han culminado con un genocidio televisado perpetrado por políticos israelíes que se sienten protegidos y fuera del alcance de la rendición de cuentas internacional. El primer paso para abordar las causas profundas de la situación es reconocer que Israel está cometiendo el crimen de apartheid contra el pueblo palestino como instrumento de su colonialismo y, de este modo, hacer realidad la justicia y las reparaciones para los y las palestinas, incluida la realización de los derechos inalienables de los y las refugiadas al retorno y a la autodeterminación como pueblo palestino. El derecho al retorno sigue siendo el requisito previo para la realización del derecho a la autodeterminación. Hoy, más que nunca, se requieren acciones, y no palabras, que pongan fin a décadas de atrocidades cometidas por Israel contra el pueblo palestino. Se trata de una prueba para la humanidad, pero también de evitar que nuestro sistema de derechos desaparezca.
Traducción para viento sur: Loles Oliván Hijós
Nada Awad, activista palestina, es máster en Relaciones Internacionales y Seguridad Internacional por Sciences Po Paris. Su trabajo aborda las violaciones de derechos humanos a través del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y sus mecanismos. Es coautora del informe colectivo palestino “Israeli Apartheid: Tool of Zionist Settler Colonialism”. Es miembro político de Al Shabaka.
Notas
[1] Véase BADIL: https://www.badil.org/press-releases/14941.html
[2] “Entre nosotros debe quedar claro que no hay sitio para los dos pueblos juntos en este país. (…) No lograremos nuestro objetivo de ser un pueblo independiente con los árabes en este pequeño país. (…) No hay otro camino que trasladar a los árabes de aquí a los países vecinos; trasladarlos a todos; no debe quedar ni un solo pueblo, ni una sola tribu”. [1940]. Citado en BADIL, “Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons 2019-2021”: https://www.badil.org/cached_uploads/view/2022/10/31/survey2021-eng-1667209836.pdf
[3] Véase el Informe de Al Haq, sección 3: “La ideología sionista y las raíces del apartheid israelí”, https://www.alhaq.org/advocacy/20931.html
[4] Véase BADIL: “Encuesta sobre personas refugiadas y desplazadas internas palestinas 2019-2021”: https://www.badil.org/
cached_uploads/view/2022/10/31/survey2021-eng-1667209836.pdf
[5] Khalid, Walidi (2009) “The Hebrew Reconquista of Palestine: From the 1947 United Nations Partition Resolution to the First Zionist Congress of 1897” 39(1) Journal of Palestine Studies, pp. 24, 26.
[6] Ibid.
[7] Ben-Gurion, David (1947) “Hay un 40 [%] de no judíos en la zona asignada al Estado judío. Esta composición no es una base sólida para un Estado judío… Semejante equilibrio demográfico cuestiona nuestra capacidad de mantener la soberanía judía… Sólo un Estado con al menos un 80 [%] de judíos es un Estado viable y estable”. [3 de diciembre]. Citado en Ilan Pappe: La limpieza étnica de Palestina, Barcelona: Crítica, p. 51
[8] Ibid.
[9] BADIL: “Encuesta sobre refugiados y desplazados internos palestinos 2019-2021” https://www.badil.org/cached_uploads/view/2022/10/31/survey2021-eng-667209836.pdf
[10] Ibid.
[11] Al Haq: “Voices from Gaza: The experiences of Palestinain Women Amid the Ongoing Genocide”, https://www.alhaq.org/advocacy/22778.html y Al Haq: “Palestinian Human Rights Organisations on Israel’s Arbitrary Arrests, Enforced Disappearance, Inhumane Treatment, and Torture of Palestinians”, https://www.alhaq.org/advocacy/22912.html
[12] https://news.un.org/en/story/2024/04/1148876
[13] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/10/un-expert-warns-new-instance-mass-ethnic-cleansing-palestinians-calls
[14] Véase el informe de Al Haq: https://www.alhaq.org/advocacy/20931.html
[15] Las organizaciones de derechos humanos acogen con satisfacción las Observaciones Finales del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial sobre la segregación racial y el apartheid a ambos lados de la Línea Verde, 21/12/2019, https://www.alhaq.org/advocacy/16324.htm
[16] El Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo (CIHRS) y sus asociados acogen con satisfacción las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre Israel, en las que se subraya la “discriminación sistemática y estructural preexistente contra las personas no judías”, 4/94/2022, https://cihrs.net/cihrs-and-partners-welcome-the-human-rights-committee-concluding-observations-on-israel-emphasizing-the-pre-existing-systematic-and-structural-discrimination-against-non-jews/?lang=en
[17] https://www.palestine-studies.org/en/node/1652655
[18] La ocupación israelí del territorio palestino durante 55 años es apartheid: experto en derechos humanos de la ONU, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/israels-55-year-occupation-palestinian-territory-apartheid-un-human-rights
[19] El desmantelamiento de la ocupación ilegal de Israel es una condición sine qua non para el derecho palestino a la autodeterminación: experto de la ONU, 27 de octubre de 2022, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/dismantling-israels-illegal-occupation-sine-qua-non-palestinian-right-self
[20] Austria, Bulgaria, Chequia, Alemania, Reino Unido
[21] Dinamarca, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Ucrania
[22] Declaración de transferencia de armas
[23] Proyecto de artículos de 2001 sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos [elaborado por la Comisión de Derecho Internacional y reflejo del derecho internacional consuetudinario]
[24] Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los TPO desde 1967, https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/2019-situation-human-rights-palestinian-territories-occupied-1967
[25] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/02/arms-exports-israel-must-stop-immediately-un-experts
[26] “Poner fin a la complicidad en crímenes internacionales: Un embargo bilateral de armas a Israel”, https://ishr.ch/latest-updates/ending-complicity-to-international-crimes-a-two-way-arms-embargo-on-israel/
[27] https://www.eeas.europa.eu/eeas/informal-foreign-affairs-council-development-remarks-high-representative-josep-borrell-press_en
[28] https://ishr.ch/latest-updates/hrc2024-blueprint-for-states-to-ensure-the-human-rights-council-is-credible-accessible-and-effective/
[29] https://www.icc-cpi.int/news/statement-presidency-assembly-states-parties-support-independence-and-impartiality
[30] Declaración del Fiscal de la CPI Karim A. A. Khan KC: “Solicitudes de órdenes de detención en la situación del Estado de Palestina” https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-kc-applications-arrest-warrants-situation-state
[31] https://ishr.ch/latest-updates/hrc2024-blueprint-for-states-to-ensure-the-human-rights-council-is-credible-accessible-and-effective/
[32] https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/association/statements/2024-02-13-stm-peaceful-assembly.docx, y https://www.ohchr.org/en/statements/2024/02/israelopt-enabling-human-rights-defenders-and-peaceful-protests-vital-achieving