Traducido para Rebelión por J. M. y revisado por Caty R.
Tel Aviv. El martes pasado un grupo de paz israelí lanzó un boicot a los productos de los asentamientos judíos en medio de una polémica ley aprobada por el parlamento israelí que prohíbe tales acciones.
Una coalición de grupos aliados también dijo que pediría a la Corte Suprema de Israel la anulación de la ley, aprobada por el parlamento del país en una votación de 47-38 la noche del lunes después de horas de debate. La ley declara que el boicot civil contra Israel es ilegal. Ahora los colonos pueden exigir daños y perjuicios a cualquier persona que haga una convocatoria pública para boicotear la compra de sus productos.
Paz Ahora respondió el martes con un boicot a una serie de artículos, incluido el vino del asentamiento de Psagot, cerca de Ramala, las setas del asentamiento Tkoa, cercano a Belén, y el aceite de oliva de un asentamiento de avanzada no autorizado.
Ocurrió por primera vez en 33 años de historia del movimiento pacifista israelí. Hasta la fecha Paz Ahora se ha abstenido de lanzar el boicot a los productos de los asentamientos para evitar disgregación en la opinión pública israelí. Paz Ahora ha creado un grupo en Facebook con el lema ‘aunque me demanden, boicoteo los asentamientos’, al que se adhirieron unas 4.000 personas en 12 horas.
«Nunca hemos lanzado un boicot contra los asentamientos. Lo hacemos ahora debido a la ‘ley boicot'», dijo Etai Mizrav, uno de los organizadores de la campaña de Paz Ahora, a la Agencia Alemana de Prensa dpa.
«En el momento en que decidieron taparnos la boca, resolvimos que es hora de decir al público israelí que todo el que apoya los asentamientos apoya el aislamiento de Israel y causa daño al Estado».
Una docena escasa de activistas israelíes de izquierda se reunieron frente a la Corte de Distrito de Tel Aviv para anunciar el boicot. Un puñado de israelíes notables, entre ellos el ex ministro de Educación Yossi Sarid, del partido liberal de izquierda Meretz, firmó el llamamiento público al boicot, pese al riesgo de demandas judiciales por parte de las empresas de los asentamientos.
Médicos por los Derechos Humanos Israel, el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe, Adalah, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI), el Comité Público contra la Tortura en Israel (PCATI) y la Coalición de Mujeres por la Paz, previamente anunciaron que iban a presentar en los próximos días una petición ante el Tribunal Supremo en Jerusalén contra lo que consideran una ley «inconstitucional».
Idan Ring, un portavoz, dijo que la ley viola los derechos, especialmente de los residentes palestinos de Jerusalén Oriental ya que, en esencia, les obliga a ‘cooperar’ con la ocupación israelí.
Israel anexó Jerusalén Este después de la guerra de 1967 cuando arrebató la Ribera Occidental a Jordania y la Franja de Gaza a Egipto. Más de una década después Israel extendió su ley sobre esa parte de Jerusalén, lo que significa que los residentes de la parte oriental de la ciudad están obligados a cumplirla. Por el contrario, la ley israelí no se aplica a los palestinos que viven en Cisjordania.
«Es realmente absurdo que las víctimas de la ocupación deban pagar los daños a los ocupantes si organizan un boicot a los productos de los asentamientos», dijo Ring a dpa.
Unos 35 miembros de los 120 del parlamento se abstuvieron o se ausentaron de la votación el lunes, incluyendo al primer ministro, Benjamín Netanyahu y nueve ministros de su gabinete de 30 miembros.
Los 5 miembros de la facción Independencia del ministro de Defensa Ehud Barak, quien insistió en que la ley es «digna» pero advirtió de que podría dañar a Israel, también se abstuvieron.
Kadima, el mayor partido de la oposición, con 28 escaños, se opuso; su líder centrista Tzipi Livni denostó la «mala» ley señalando que es «injusta e inconstitucional» y silencia «un auténtico debate legítimo en Israel». Sin embargo muchos nacionalistas de Netanyahu, 27 miembros del partido Likud, votaron a favor.
La ley se aprobó a pesar de una advertencia del asesor legal de la Cámara acerca de que es inconstitucional porque viola la libertad de expresión. El fiscal general del Estado, por el contrario, insistió en que la ley era constitucional. El legislador Otniel Schneller, de un asentamiento de las afueras de Jerusalén, defendió la ley, aunque se abstuvo.