Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
Cuando el Secretario General de las Naciones Unidas anunció el 2 de agosto de 2010 que se había establecido un Panel de Investigación para investigar los ataques israelíes del 31 de mayo contra el Mavi Marmara y otros cinco barcos que transportaban ayuda humanitaria a la asediada población de Gaza hubo la esperanza generalizada de que se iba a reivindicar el derecho internacional y que finalmente se les iba a imputar la responsabilidad a los israelíes. Con la publicación del informe la semana pasada estas esperanzas se han visto en gran parte defraudadas ya que el informe no aborda de manera satisfactoria y creíble las cuestiones fundamentales del derecho internacional. Como es lógico, Turquía respondió con firmeza que no estaba dispuesto a aceptar la conclusión principal del informe de 105 páginas en el que se daba a conocer que el bloqueo israelí a la Franja de Gaza es legal y que Israel podía hacerlo cumplir en contra de una misión humanitaria incluso en aguas internacionales.
El resultado de este informe quizá no debería sorprender. El Panel estaba lamentablemente mal equipado para presentar un resultado autorizado. Aunque el Presidente del Panel, Geoffrey Palmer, es una persona respetada como ex primer ministro de Nueva Zealand y como profesor de derecho medioambiental, no es particularmente entendido ni en derecho internacional del mar ni en el derecho de guerra. E increíblemente, el otro único miembro independiente del Panel era Alvaro Uribe, ex presidente de Colombia, sin credenciales profesionales relevantes en relación el asunto en consideración y con una clara mala reputación tanto por su horrible historial de derechos humanos mientras estuvo en el cargo de presidente de su país como por forjar unas relaciones íntimas con Israel por medio de la compra de armas y de la cooperación diplomática, como fue reconocido por el premio «Luz entre las naciones» concedido por el Comité Judío Estadounidense, premio que por sí solo hubiera debido ser suficiente para arrojar la duda sobre la idoneidad de su nombramiento. Su presencia en el Panel puso en peligro la integridad del proceso e hizo que uno se preguntara cómo se podía explicar semejante nombramiento y menos aún justificar. Los otros dos miembros del Panel fueron nombrados por Israel y Turquía, y, como es lógico, disienten de aquellas partes del informe que critican la postura tomada por sus respectivos gobiernos. Otra limitación del Panel es que estaba limitado por sus términos de referencia que prohibían basarse en materiales diferentes de los presentados en los dos informes nacionales realizados por ambos gobiernos. Teniendo en cuenta estas consideraciones, sólo podemos preguntarnos por qué el Secretario General [de las Naciones Unidas] habría establecido un marco tan mal dotado para llegar a unas conclusiones que acallaran la controversia, lo que ciertamente no ha ocurrido.
Ni siquiera este mal concebido Panel aprobó completamente el comportamiento israelí el 31 de mayo. Llegó a la conclusión de Israel había utilizado una fuerza excesiva y que parecía responsable de las muertes de los pasajeros del Mavi Marmara, y ordenaba a Israel pagar compensaciones y emitir una declaración de arrepentimiento. En otras palabras, el Informe Palmer parece encontrar graves defectos a la manera como los israelíes hacen respetar el bloqueo, pero, por desgracia, confirma la legalidad subyacente tanto del bloqueo como del derecho a hacer respetarlo, y ahí está el problema. Semejante conclusión contradecía unas conclusiones anteriores de un panel más experto establecido por el Consejo de Derechos Humanos y rechazaba el abrumador consenso sobre estos asuntos fundamentales expresado por cualificados expertos en derecho internacional.
Aunque el Panel retrasó [la publicación del] informe varias veces con el fin dar una oportunidad a la diplomacia para resolver los puntos controvertidos, Israel y Turquí nunca podrían llegar realmente a una conclusión satisfactoria. Durante todo el proceso hubo informes intrigantes de que unas negociaciones a las que no se había dado publicidad entre representantes de ambos gobiernos habían llegado a un compromiso de acuerdo sobre la base de la disposición de Israel a ofrecer a Turquía una disculpa formal y a compensar tanto a las familias de las personas asesinadas como a las personas heridas durante el ataque, pero cuando llegó el momento de anunciar esta resolución, Israel se echó atrás. En particular, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no parecía tener voluntad de dar este paso al afirmar que desmoralizaría a la ciudadanía israelí y sería una señal de debilidad ante los enemigos de Israel en la región. Observadores más cínicos creían que la negativa israelí a resolver el conflicto era un reflejo de su política interna, especialmente de la rivalidad de Netanyahu con el extremista ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman, que siempre ha acusado a Netanyahu de ser un dirigente débil y no oculta su ambición de ser el próximo jefe de Estado israelí. Sea cual sea la verdadera mezcla de razones, falló la vía diplomática a pesar de estar animada por Washington, que no ocultó su punto de vista de que resolver este conflicto se había convertido en una alta prioridad para la política exterior estadounidense. Y así el Informe Palmer Report asumía un papel mayor del que se podía haber anticipado. Después de que fracasaran los febriles esfuerzos diplomáticos, parecía que el Panel Palmer ofrecía la última oportunidad a las partes de lograr una resolución que satisficiera a ambas basada en la aplicación del derecho internacional y unas recomendaciones resultantes de aquella que delimitarían lo que se debe hacer para superar cualquier violación que hubiera tenido lugar durante el ataque a la flotilla.
Pero para ser satisfactorio el informe tenía que interpretar las cuestiones legales de una manera satisfactoria y responsable. Por encima de todo esto significaba que el bloqueo subyacente impuesto hacer más de cuatro años al millón y medio de palestinos que viven en Gaza era ilegal y debía ser levantado inmediatamente. Sobre esta base, el hacerlo cumplir por medio de los ataques del 31 de mayo era ilegal, una ofensa agravada por el hecho ser una grave interferencia del derecho a navegar en alta mar y agravada aún más por el hecho de producir nueve muertes entre los trabajadores humanitarios y activista pacifistas que iban a bordo del Mavi Marmara, y por el hostigante y abusivo comportamiento israelí hacia el resto de los pasajeros. Estas conclusiones deberían haber sido obvias para el panel dado que estas determinaciones eran tan obvias desde la perspectiva del derecho internacional que dejaban poco lugar para una duda razonable. Pero no sucedió esto y tal como está escrito el informe supone un paso atrás en el esfuerzo fundamental del derecho internacional de limitar el uso permisivo de la fuerza internacional para forzar situaciones de una necesidad defensiva establecida e incluso en este caso, garantizar que la escala de fuerza empleada era proporcional y respetuosa de la inocencia de los civiles. Supone otro paso atrás en la medida de que pretende permitir a un Estado hacer cumplir en alta mar un bloqueo condenado en todo el mundo por el cruel y perjudicial impacto sobre la salud mental y física de los civiles, un bloqueo que deliberadamente ha privado a la población de Gaza de las necesidades vitales, al tiempo que la encerraba en un superpoblado y empobrecido espacio que de vez en cuando es atacado sin piedad con un armamento moderno.
Dadas estas realidades desnudas no resulta sorprendente que el gobierno turco reaccionara con ira y mostrara su determinación de actuar de una manera que expresara no sólo su sentido de la ley y de la justicia, sino que reflejara los esfuerzos turcos de los últimos años de basar las relaciones regionales en los principios de la justicia y del respeto mutuo. Al darse cuenta de que las conclusiones del Panel Palmer eran inaceptables, el ministro de Exteriores turco formuló su propio Plan B. Este consiste en la respuesta no sólo al informe, sino también a la negativa de Israel a actuar con benignidad ofreciendo unas disculpas formales y estableciendo unos acuerdos de compensación adecuados. Israel tuvo más de un año para satisfacer estás mínimas demandas turcas y demostró que no estaba dispuesto a hacerlo. Como dejó claro el [ministro de Exteriores turco] Sr. Davutoglu, esta respuesta de Turquía no pretendía provocar un enfrentamiento con Israel, sino hacer que las relaciones entre ambos países volvieran al «camino correcto». Creo que dadas las circunstancias este es el enfoque correcto ya que toma en serio el derecho internacional y basa la política en cuestiones de principio y prudencia en vez de optar por el oportunismo geopolítico. Como afirmó claramente Davutoglu, «ha llegado el momento de que Israel pague un precio por su acción ilegal. El precio es en primer lugar verse privado de la amistad turca».
Y esta retirada de la amistad no es sólo simbólica. Turquía ha disminuido la categoría de la representación diplomática, ha expulsado al embajador israelí y ha mantenido las relaciones [diplomáticas] al mísero nivel de un segundo secretario. Además de esto, se han suspendido todas las formas de cooperación militar y Turquía afirmó que fortalecería su presencia naval en el Mediterráneo oriental. Turquía indicó igualmente su intención de emprender una acción ante la Asamblea General para solicitar una Opinión Consultiva a la Corte Internacional de Justicia acerca de la legalidad del bloqueo. Lo que es tristemente evidente es que la política interna israelí se ha vuelto tan beligerante y militarista que los dirigentes políticos del país están atados de pies y manos y son incapaces de tomar una iniciativa de política exterior que claramente es en el interés nacional. Para Israel la pérdida de la amistad turca sólo va detrás en importancia a perder el apoyo estadounidense, y unido a las políticas más democráticas de la Primavera Árabe, esta postura de Ankara es un importante revés para el futuro de Israel en la región.
Y lo que es más, la negativa de Turquía a tragar las conclusiones del Informe Palmer es una postura admirable que con toda seguridad va a ser popular en Oriente Próximo y más allá. En un momento en que algunas de las anteriores iniciativas diplomáticas turcas han tenido dificultades, las más evidentes en Siria, esta postura en favor de la injustamente tratada población de Gaza representa un clara muestra de situar los valores por encima de los intereses. El pueblo de Gaza es débil, está maltratado y es vulnerable. Israel, en cambio, es una potencia militar, próspera, un valioso socio comercial para Turquía y entre bastidores Estados Unidos está dispuesto a pagar un dineral si puede provocar un acercamiento [entre ambos] y con ello evitar la incomodidad de afrontar esta ruptura entre sus dos socios estratégicos más significativos en Oriente Próximo. También deberíamos tener en mente que las personas que iban a bordo de estos barcos de la flotilla eran fundamentalmente personas idealistas, que buscaban de forma no violenta acabar con una ordalía humanitaria que tanto la ONU como la interacción de gobiernos nacionales habían sido incapaces de hacerlo durante varios años, además de carecer de voluntad de hacerlo. Esta iniciativa de activistas de la sociedad civil merecía el apoyo y la solidaridad del mundo y no un tirón de orejas al ser considerada por el informe Palmer como una acción irresponsable y provocativa.
Hasta el momento Israel ha logrado evitar pagar el precio de desafiar el derecho internacional. Durante décadas ha estado construyendo colonias ilegales en los ocupados Cisjordania y Jerusalén Oriental. En muchas ocasiones ha utilizado una violencia excesiva y se ha basado en el terrorismo de Estado para tratar con la resistencia palestina, y ha sometido al pueblo de Gaza a formas extremas y continuas de castigo colectivo. En 2006 atacó sin piedad pueblos y barrios de Beirut, a finales de 2008 lanzó su ataque masivo por tierra, mar y aire contra la indefensa Gaza y después horrorizó a la opinión pública mundial con su violencia contra el Mavi Marmara en su ataque nocturno de 2010. Hace mucho tiempo que se le debería haber hecho pagar el precio por esta pauta de desafiar el derecho internacional y por encima de todo [lo debería haber hecho pagar] las Naciones Unidas. Si Turquía mantiene su postura finalmente enviará un mensaje a Tel Aviv de que en el futuro el bienestar y la seguridad de Israel dependerán de un cambio de curso en sus relaciones tanto con los palestinos como con sus vecinos regionales. Los días de despreciar el derecho internacional y derechos humanos fundamentales ya no son una opción política para Israel sin que ello suponga también un inconveniente. Turquía está demostrando de manera contundente que la flagrante violación de la legalidad por parte de Israel puede tener un claro inconveniente para este.
El autor es Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados.
Fuente: http://www.middleeastmonitor.