Detroit, una ciudad en bancarrota

Detroit, cuyo nombre fuera símbolo de urbe industrial, cumplió esta semana 312 años desde que la fundara el traficante de pieles francés Antoine Laumet de la Mothe, sieur de Cadillac, a la espera de que una jueza federal decida si aprueba su declaración de bancarrota.

La ciudad, en la esquina del río Detroit y el lago Saint Clair, ha sido símbolo de muchas cosas: uno de los polos de atracción de la gigantesca migración negra desde el sur al norte de Estados Unidos en la primera mitad del siglo xx, y ejemplo de rápida expansión como capital de la industria automovilística en la década de 1950. Fue sitio de algunos de los peores disturbios raciales y también corazón de la rica experiencia de integración racial cultural con su sello Motown. Ahora la ciudad, con 18.000 millones de dólares en deudas, ha declarado la mayor bancarrota municipal en la historia de Estados Unidos.

En marzo el gobernador de Michigan, Rick Snyder, declaró una emergencia financiera y nombró como interventor a Kevyn Orr, quien ahora explica que «desde 2000 la ciudad ha perdido el 28 por ciento de su población, y el 38 por ciento de su presupuesto se gasta pagando obligaciones del pasado, como las pensiones».

«Tratamos de superar esta situación durante los últimos cuatro años -indicó el alcalde Dave Bing-, pero ha sido muy, muy difícil.»

Por su parte, después de que se declaró la bancarrota, Snyder afirmó que «esta es la oportunidad para terminar con sesenta años de decadencia», y reconoció que algunos acreedores quizá nunca reciban sus pagos.

Tras la declaración de bancarrota se abrió un período de 30 a 90 días durante el cual un juez federal determinará si la ciudad puede ampararse en el Capítulo 9, Sección 11, del Código de Estados Unidos. Esta disposición legal se aplica exclusivamente a los municipios y su propósito es permitir que reestructuren sus deudas, esto es que pongan en orden de prioridad a sus acreedores, algunos de los cuales recuperarán parte de sus dineros y otros recibirán nada.

La suerte del trámite ha quedado en suspenso después de que la jueza Rosemarie Aquilina recomendó a Snyder que retirara su solicitud, considerando que la medida reduciría pensiones que están protegidas por ley y que violaría la Constitución del estado.

Los más preocupados son los sindicatos que representan a los empleados municipales, cuyos fondos de pensión tienen prioridad dudosa entre los acreedores, y cuyos afiliados encaran más recortes de sus sueldos y beneficios.

Las bancarrotas municipales no son una novedad en Estados Unidos. La mayor, hasta la de Detroit, había sido la del condado Jefferson, en Alabama, que en 2011 pidió la protección de sus acreedores con deudas por 4.200 millones de dólares, de los cuales 3.140 millones correspondían a obras sanitarias. En 1994 el condado Orange, un área suburbana al sur de Los Ángeles, en California, se declaró en bancarrota después de que las inversiones arriesgadas para pagar los servicios municipales dejaron a la ciudad con una pérdida de 1.500 millones de dólares.

Detroit creció hasta tener en la década de 1950 más de 1,8 millones de habitantes en un área de 362,5 quilómetros cuadrados en la región donde asentaron sus sedes centrales las «tres grandes»: General Motors, Ford y Chrysler.

Pero, tal como ha ocurrido en tantos países del Tercer Mundo donde una economía centrada en un monocultivo o una materia prima causó bonanzas y dejó miserias, la suerte de Detroit empezó a cambiar en la década de 1960 cuando los fabricantes de vehículos automotores empezaron a abrir plantas en otros estados donde no había sindicatos, convenios colectivos ni planes de pensión.

A esto se sumó la irrupción en el mercado de Estados Unidos de los automóviles importados desde Japón, y para cuando la industria automovilística estadounidense encaró su propia bancarrota, en 2009, sólo quedaban en torno a Detroit unas pocas plantas de gm y Chrysler.

La ciudad tiene ahora poco más de 700 mil habitantes; una tasa de desempleo del 16 por ciento (comparada con la tasa nacional de 7,6 por ciento), el 40 por ciento de las luces en las calles no funciona; sólo un tercio de las ambulancias municipales está en servicio, y más de 70 mil casas están abandonadas.

Barrios enteros están desiertos, y en otros los habitantes viven en la inseguridad, dado que la policía no está en condiciones de responder de manera adecuada a los llamados de ayuda o protección.

Pero no todo es un panorama sombrío en la ciudad: la emigración ha dejado en el centro del área metropolitana residencias y edificios de oficinas depreciados donde se han instalado empresas de alta tecnología, pequeños negocios y artistas. En downtown Detroit se han abierto tres casinos, estadios nuevos y un proyecto de revitalización de la rivera del río Detroit.

La derecha conservadora, con gran regocijo, señala a Detroit como ejemplo de todos los males que su ortodoxia libremercadista denuncia: el poder excesivo de los sindicatos que impusieron convenios colectivos y sistemas de pensión onerosos; la corrupción de las sucesivas administraciones demócratas, y las políticas «liberales» que aumentaron los gastos en educación y salud pagados con impuestos que ahuyentaron a la población «productiva» (léase los blancos que se mudaron a los suburbios).

Esta interpretación ideológica deja afuera del panorama, de manera muy conveniente, otros factores como el Acuerdo de «Libre» Comercio de América del Norte (nafta, por su sigla en inglés), que abrió las fronteras para la emigración industrial. Desde 1994, Michigan ha perdido más empleos que cualquier otro Estado, y desde que en 2000 el entonces presidente Bill Clinton promulgó un tratado de «normalización de relaciones comerciales» con China, se perdieron otros 70.500 puestos de trabajo.

Alegremente, las mismas «tres grandes» que hicieron la grandeza de Detroit empezaron a mudarse a sitios donde hay mano de obra más barata y no existen los sindicatos.

Fuente: http://brecha.com.uy/index.php/mundo/2212-auge-caida-retonos