Lo que voy a denunciar en estas líneas, porque no hay otro verbo para definirlo, hace ya lustros que acontece, pero casi nunca (exceptuando dos puntuales ocasiones en que mi colega y amigo el periodista mallorquín Bartolomé Sancho intervino públicamente) ha sido motivo de escándalo, cuando no de pasmo general para cualquier persona dotada de […]
Lo que voy a denunciar en estas líneas, porque no hay otro verbo para definirlo, hace ya lustros que acontece, pero casi nunca (exceptuando dos puntuales ocasiones en que mi colega y amigo el periodista mallorquín Bartolomé Sancho intervino públicamente) ha sido motivo de escándalo, cuando no de pasmo general para cualquier persona dotada de una mínima objetividad.
Es un asunto sabido por las autoridades españolas del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero acostumbradas a esta clase de felonías, han optado ya por hacer de ello una costumbre más que rastrera, amparada en una frase tan hipócrita como mendaz: «Todo ciudadano de nacionalidad cubana que quiere visitar España es, ante todo, un posible inmigrante». Al parecer, el resto de la humanidad que quiere visitar La Sagrada Familia o el Prado, no tienen esa condición.
Voy a dejar aparte, porque merecería la intervención de una autoridad judicial, en el momento en el que el afectado quisiera formular la correspondiente denuncia ante un juzgado, el caso sorprendente de un ciudadano español, catalán por más señas, que acudió al Consulado español en la Habana para tramitar los papeles de su próximo enlace matrimonial con una mujer cubana. ¿Qué podrían decir los expertos en derecho, si les cuento que el tal funcionario se negó a ello, argumentando en el escrito por el que se denegaba la visa a la futura esposa, que en su opinión el asunto sencillamente «era un matrimonio de conveniencia»?. Resultado: el ciudadano español enfurecido y sin posible defensa ante el atropello, ante semejante tropelía, lloraba desconsolado en una silla de un parque habanero, sin saber qué podía hacer para cumplir sus sueños.
Voy a dejar para otra ocasión el caso de una mujer, también cubana, claro, a la que los mismos funcionarios (cónsul, vicecónsules y demás implicados) negaron la visa para viajar a España sin otra razón que la sospecha de que «podría quedarse en la península». No les importó en absoluto que la afectada únicamente deseaba estar al lado de su hija, casada con un español al que quedaban pocos meses de vida, ya que padecía un cáncer en fase terminal.
Circula la afirmación universal de que «Castro no permite que los cubanos salgan de la isla». La supuesta frase y su contenido son tan falaces, que desde estas líneas acuso de mentirosos, falsarios, embusteros, farsantes, tramposos y chapuceros a quienes difunden tamaña estupidez. Las autoridades cubanas, cumplidos los trámites reglamentarios (como en cualquier estado de derecho), dota del pasaporte correspondiente al ciudadano que lo solicita.
La cuestión no es, pues, que no puedan salir de la isla: es que NO SE LES PERMITE ENTRAR, que es muy diferente, a menos que tengan un contrato laboral en el país al que van a viajar.
El gobierno español tiene muy claro que las visas se otorgan a quienes, como el rastrero mercenario Raúl Rivero, abominan de la Revolución cubana, ergo únicamente podrán darse una vuelta por el Espolón burgalés, todos los profesionales cubanos que hicieran algo parecido al mentado mediocre poeta.
No valen mecánicos anónimos, herreros, vendedores ambulantes, artesanos o camareros, porque ante todo han de ser famosos; pero si son poetas, mejor.
Como dice la Constitución española, de la que tengo un ejemplar en el baño por si me falta un día papel higiénico, «todos los españoles son iguales ante la ley»… menos si, como el contrito amigo catalán enamorado, tratan con cuban@s.
Reto a los funcionarios españoles en cuestión, a que expliquen públicamente POR QUÉ a un ciudadano nacido en esta maravillosa isla se le exigen trámites para ir a Madrid, por ejemplo, que harían palidecer a los responsables del departamento de emigración del III Reich.