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Ecologistas españoles denuncian la supuesta falta de cobertura de la telefonia móvil el litoral como un pretexto de las operadoras para instalar nuevas antenas

Fuentes: Ecologistas en Acción

Ecologistas en Acción, colectivos vecinales y de afectados por las antenas de telefonía móvil quieren denunciar que, como todos los veranos, representantes de las operadoras de telefonía móvil anuncian un supuesto colapso y bloqueo de la cobertura de telefonía móvil en el litoral. Este pretendido bloqueo sirve para intentar cambiar el clima social ante la […]

Ecologistas en Acción, colectivos vecinales y de afectados por las antenas de telefonía móvil quieren denunciar que, como todos los veranos, representantes de las operadoras de telefonía móvil anuncian un supuesto colapso y bloqueo de la cobertura de telefonía móvil en el litoral. Este pretendido bloqueo sirve para intentar cambiar el clima social ante la instalación de nuevas antenas y presionar a muchos ayuntamientos de nuestro litoral que tienen normativas preventivas y precautorias.

Para Ecologistas en Acción es preocupante la campaña llevada a cabo por las operadoras de telefonía móvil contra las normativas preventivas y precautorias de ayuntamientos y algunas comunidades autónomas: las declaraciones de altos ejecutivos de estas compañías en el sentido de que estas normativas son obstáculo para el despliegue de las redes encubren lo que es la estrategia del puro beneficio sin tener en cuenta los impactos ambientales, sociales y para la salud pública.

Este intento de la patronal del sector de crear una alarma injustificada, falla. En muchas ocasiones ese pretendido colapso telefónico litoral no se produce o queda circunscrito a casos muy puntuales En nuestro país y, especialmente en las zonas litorales, nos encontramos con una situación de proliferación e instalación descontrolada de miles de antenas, radioenlaces dipolos repetidores, microantenas y otras infraestructuras de telecomunicaciones, muchas de las cuales no tienen licencia urbanística de instalación. El desarrollo de las nuevas redes de telefonía móvil UMTS va a suponer la instalación de un número aproximado de 55.000 nuevas antenas estaciones base de telefonía móvil y, como consecuencia, un aumento significativo de la contaminación electromagnética a la que estamos expuestos.

Frente a esta situación nos encontramos con una legislación y normativa Estatal sobre telecomunicaciones y espacio radioeléctrico, promulgada por el anterior Gobierno, medida en función de los intereses de las operadoras de telecomunicaciones. Esta legislación planteó la base jurídica para la para una proliferación caótica y descontrolada de las estaciones base de telefonía móvil y otras infraestructuras. Otra consecuencia importante ha sido el aumento significativo de la contaminación electromagnética y de la percepción social del riesgo asociado así como múltiples irregularidades urbanísticas: carencia de licencia urbanística, vulneración de la altura máxima de las ordenanzas de edificación municipales, incumplimiento de las normas básicas de protección contra incendios, etc.

Diversas instancias científicas e investigadoras sobre bioelectromagnetismo, como los firmantes de la Declaración de Alcalá se han manifestado también en este sentido y, en este sentido, Ecologistas en Acción demandan al Gobierno que establezca mecanismos de control y planificación sobre el desarrollo de estas redes de telefonía móvil, y una reforma significativa de las normativas estatales con los criterios de precaución y prevención de la salud pública y principio Alara (el nivel de emisión más bajo técnicamente posible).

La movilización de agentes sociales y movimiento ecologista ha promovido que varias comunidades autónomas desarrollen normativas más estrictas y valores límites de emisiones radioeléctricas mucho más bajo que los formulados en el ámbito estatal que han establecido unos valores limite de radiación radioeléctrica miles de veces inferiores a la normativa estatal, con objetivos de precaución respecto a la protección de la salud, intensificando las recomendaciones mínimas comunitarias. Es necesario un cambio profundo en la Ley General de Telecomunicaciones que implique asumir los criterios de prevención, precaución y controles estrictos de las instalaciones.

Más información: Pedro Belmonte 659 14 26 60