A Nuria Fernández Mora, directora de la Red de Agua Pública, le cuesta hablar cuando se enciende su micrófono. Tiene que dar cuenta de los conflictos sobre el agua en España. Pero acaba de escuchar los estremecedores relatos de lo que pasa en Honduras, un país saqueado por un modelo extractivista que, literalmente, mata para poder apropiarse de los recursos naturales, y en Gaza, donde el agua está siendo utilizada como un botín de guerra contra el pueblo palestino. “Me cuesta hablar, eso es otra escala”, admite, con un nudo en la garganta, al empezar su disertación en la conferencia Agua para la paz, ¿derecho universal o recurso geopolítico?, organizada este lunes en el Congreso de los Diputados por la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo.
El primer puñal en la Sala Clara Campoamor lo asesta Dalila Argueta, defensora de los derechos humanos, amenazada en Honduras –su país natal– por denunciar la actividad de una explotación minera que ha contaminado el agua de los ríos.
Esta valiente y aguerrida mujer, exiliada y radicada en España (País Vasco) desde 2019, le plantó cara junto a su comunidad a una nueva licencia de explotación minera en Guapinol (Departamento de Colón), que contaminó el agua de 42.000 habitantes de esa región. Un total de 34 fuentes de agua de las que se abastecían para el consumo quedaron inutilizables. Dalila acampó más de noventa días en la montaña para frenar el atropello empresarial, perpetrado por una empresa local con un sinfín de socios internacionales.
El asedio empezó por la propia compañía. Siguió por el Ejército. Y terminó la persecución de la Fiscalía. Tras varias amenazas de muerte, la Red de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos de América Latina decidió sacarla del país.
La resistencia en Honduras continúa. El “destrozo ambiental” también, narra Dalila en su comparecencia. Cuenta que la violencia, totalmente naturalizada, se ha incrementado en paralelo al desembarco de capitales extranjeros ávidos por llevarse los minerales que necesita el capitalismo –verde y gris– para funcionar.
Dice que el precio a pagar por esa resistencia es muy caro: la muerte de decenas de compañeros y compañeras. Centra a las mujeres en la primera línea de lucha, por “la doble violencia patriarcal“: la defensa del cuerpo y de la tierra.
“El río guarda la memoria de nuestra niñez, los recuerdos con nuestras madres y con nuestras abuelas. Ir a lavar la ropa, a pescar, a bañarnos. Ya nadie pesca, ni nadie se baña. Todo está militarizado. El miedo a las detenciones y a las torturas paraliza”, cuenta la hondureña. Denuncia que la minería, sin control alguno, está secuestrando los caudales de los ríos de Honduras. Que nadie allí –ni en el mundo– entiende que los ríos tienen “más derechos” que nadie.
Explica que Honduras es uno de los tantos “países de sacrificio” del sur global. “Se explota una tierra para la exportación. El 40% de lo que se saca de Honduras va a Europa y el 60% a Estados Unidos. Honduras está en escombros. El 95% de todos los ríos están concesionados y en riesgo de saqueos. Estamos cansados. Queremos volver a casa”, reclama.
En el final de su discurso, Dalila lanza una advertencia. El cambio climático trasladará la lucha por el agua a los países ricos: “Tal vez, el día de mañana, a ustedes también les toque defender la gotita de agua que cae del grifo. Esa amenaza ya está. Van a tener que levantarse, que tejer comunidad, rebelarse”, avisa. “Se vive con miedo y se sobrevive día a día. Así y todo seguimos defendiendo el derecho al agua. Nos negamos a perder nuestras fuentes de agua, que el capitalismo nos arrebate nuestros recursos. Nos negamos a morir”, concluye.
La sensación de asfixia se agiganta con la siguiente oradora, cuando Nadua Abu Ghazalah, de la diáspora palestina, toma la palabra. Esta activista narra con datos y cifras el “apartheid hídrico” que Israel está cometiendo en Gaza en paralelo a los bombardeos y los miles de asesinatos.
Asegura que la “población palestina sufre una constante vulneración del derecho humano al agua” por parte del Estado ocupante de Israel. También, asevera, se vulnera el “principio de no discriminación” al darle un trato preferente a la población israelí.
Cuenta que en Palestina existe cierta abundancia de agua gracias a los acuíferos del Valle de Jordán. Sin embargo, desde la ocupación de 1967, las autoridades israelíes le han negado a los palestinos el acceso al agua a través de “estrictas políticas de control”.
En este contexto, agrega, los palestinos no pueden levantar ninguna nueva construcción sin el permiso de las Fuerzas Armadas de Israel. También se prohíbe recolectar el agua de la lluvia sin autorización militar. “Israel destruye de forma sistemática cualquier infraestructura palestina para la gestión de los recursos hídricos, además de confiscar territorios con abundancia de agua”, denuncia.
Esta “práctica histórica y común” –la autoridad palestina paga por metro cúbico tres veces más de lo que cuesta en Jerusalén y nueve veces más de lo que cuesta en Tel Aviv– se ha incrementado a “niveles críticos” en los últimos meses.
“Medio millón de colonos disfrutan de seis veces más de agua que 2,6 millones de palestinos en el mismo territorio”, pone como ejemplo de la “brutal” desigualdad en el acceso al agua. Hoy, en medio de la devastación, el consumo medio diario de agua de los palestinos es entre dos y tres litros. El de un isrealí medio es de 200 litros.
“Ya antes del 7 de octubre, la mayoría de los habitantes dependía del acuífero costero, altamente contaminado. La seguridad hídrica en Gaza estaba condicionada por la importación de combustible para la depuración y distribución. Tras el 7 de octubre, el impacto es todavía más devastador. Los daños a las infraestructuras están planteando riesgos agudos y crónicos a la salud pública. Las personas están consumiendo agua no tratada por desesperación y muchas mujeres se ven obligadas a priorizar la alimentación de sus hijos a expensas de sus propias necesidades nutricionales”, describe.
Y finaliza: “Gaza está experimentando una grave emergencia hídrica por esta situación. La sed y el hambre son extremas. Ya son 27 los casos reportados de muertes por desnutrición y deshidratación, de los cuales 23 son niños. El plan es claro: hacer insostenible la vida de los palestinos”.
La voz institucional de la actividad la aporta Pedro Arrojo, histórico dirigente de los movimientos sociales y políticos en Aragón, creador de la Fundación Nueva Cultura del Agua en Zaragoza, exdiputado en el Congreso por Podemos y actual relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.
“Lo de Gaza –dice– nos tiene a todos sobrecogidos. Se está usando el agua como un arma contra la sociedad civil. Pone los pelos de punta imaginar los enormes sacrificios que están haciendo víctimas inocentes, sobre todo mujeres y niños”.
En línea con el relato de Nadua Abu Ghazalah, cuenta que la única fuente de agua de los palestinos está, por el exceso de bombeo, “hipersalinizada e hipercontaminada con residuos fecales”.
“Estamos hablando de un corte total de suministros y de bombardeos que han llevado al colapso de la desaladora y del agua potable. Cuesta pensar cómo se sobrevive con dos litros de agua por día. Diarreas, epidemias, un impacto mortal”, denuncia.
Arrojo es tajante al citar el artículo 7 del Estatuto de Roma: “Cortar el agua es un delito de lesa humanidad, es un exterminio. Nos enfrentamos a una bomba silenciosa y letal. Y no estamos haciendo nada ante este intento explícito de genocidio del pueblo palestino. Urge reaccionar”, denuncia.
La cifra de entre dos o tres litros de agua por día con los que subsisten en Gaza altera a Fernández Mora, visiblemente conmocionada cuando le ceden la palabra. En España, contextualiza, el consumo medio diario por habitante es entre 90 y 100 litros. “Aquí el agua entra en una etapa de mucho conflicto. De eso voy a hablar. Pero lo que pasa en Gaza, Honduras y otros países es otra escala”, repite consternada.
Fuente: https://climatica.coop/apartheid-hidrico-israel-gaza-agua-guerra/