Hay algo inquietante en el hecho de que un primer ministro de un país liberal y democrático, que impone ciertos valores a sus ciudadanos y a aquellos que desean convertirse en ciudadanos de su país, no asuma estos mismos valores cuando considera políticamente oportuno ignorarlos. Esto es justamente lo que el Primer Ministro John Howard […]
Hay algo inquietante en el hecho de que un primer ministro de un país liberal y democrático, que impone ciertos valores a sus ciudadanos y a aquellos que desean convertirse en ciudadanos de su país, no asuma estos mismos valores cuando considera políticamente oportuno ignorarlos. Esto es justamente lo que el Primer Ministro John Howard ha hecho al aceptar el «honor» de que un bosque del Desierto Negev de Israel lleve su nombre, así como el Premio Jerusalén por su apoyo a Israel y a sus «valores». Y John Howard no está sólo: también hay en Israel bosques que llevan los nombres de Sir Robert Menzies y Bob Hawke – ambos antiguos primeros ministros australianos-, así como del antiguo gobernador general Sir Zelman Cowen.
La decisión de dar al bosque el nombre de John Howard fue impulsada por una agencia de gestión de tierras semi-privada, el Fondo Nacional Judío (FNJ), que discrimina deliberadamente a los no judíos en las asignaciones de arriendos de larga duración. Esto conviene a las políticas de apartheid de Israel, dirigidas a judaizar toda la tierra históricamente conocida como Palestina. El gobierno de Israel se apoya en el FNJ y en organizaciones sionistas internacionales para atraer a judíos del exterior que se establecen en las tierras expropiadas por la fuerza a los habitantes no judíos -una práctica discriminatoria e ilegal. El FNJ es ya dueño del 13% de las tierras y en la actualidad está anunciando su «Plan Negev» como un «Milagro en el Desierto». Únicamente los judíos tendrán acceso a este nuevo plan, de acuerdo con la declaración de intenciones del FNJ, que se centra en la búsqueda de judíos a escala mundial.
El Desierto de Negev ha sido y es el hogar de los beduinos árabes, que son actualmente ciudadanos del Estado de Israel. Cerca de 80.000 han estado viviendo en 45 pueblos no reconocidos al sur del Desierto de Negev, y aunque tienen derecho a voto en las elecciones nacionales de Israel y tienen la obligación de pagar impuestos si trabajan, han sido fríamente ignorados por el gobierno de Israel a la hora de aprobar proyectos para nuevas comunidades judías. Sus tierras han sido sistemáticamente confiscadas y miles de ellos han sido obligados a vivir en ciudades-chabola pobres y densamente pobladas, lo cual es profundamente contrario a su estilo de vida tradicional. Estas ciudades-chabola son completamente ignoradas por el gobierno israelí, y los beduinos no tienen acceso a infraestructuras básicas como el agua, la electricidad y el alcantarillado. No existen carreteras ni servicios médicos o de bienestar social, y ninguna autoridad municipal administra estas ciudades. Los beduinos, por lo tanto, no tienen acceso a autoridad alguna que pudiera administrar permisos para construir, y cuando, por necesidad, construyen sus viviendas, viven con el miedo constante de que les destruyan sus hogares.
La similitud de las condiciones de los beduinos árabes y los negros sudafricanos durante el apartheid es obvia. Al igual que los blancos sudafricanos, los judíos de Israel buscan a toda costa preservar su posición privilegiada en Israel, en detrimento desgraciadamente de los ciudadanos no judíos. Todas las políticas de Israel están dirigidas a asegurar la exclusividad y la seguridad del estado judío. Así, las expulsiones masivas seguidas de demoliciones de casas y destrucción de ciudades es una práctica habitual en Israel, al igual que el desalojo forzado era el modus operandi en Sudáfrica. Bajo el mandato del antiguo Primer Ministro Sharon, se aprobó un plan de cinco años para forzar a partir a los beduinos que viven en las ciudades no reconocidas.
No ha habido consulta previa, tan sólo un aumento gradual de la demolición de casas, del rociado de herbicidas sobre los cultivos y de los pleitos de desahucio. Se le ha cambiado de nombre a los lugares, y se han construido ciudades judías, pueblos y cooperativas en los lugares antes ocupados por las ciudades beduinas. Los beduinos, que anteriormente eran dueños del 94% del total de la tierra, han visto cómo estas eran declaradas propiedad del estado. Ahora sólo cuentan con menos del 3%, y a aquéllos que se niegan a irse de sus ciudades no reconocidas se les trata de «ocupas».
El FNJ, que se ha considerado a sí mismo en esta última década como la primera organización sionista medioambiental, planea establecer medio millón de israelíes en Negev en 25 comunidades de baja densidad de población durante un período de diez años. Pero lo que el FNJ llama la última gran reserva natural de Israel ha sido objeto de procesos legales por parte de los beduinos árabes que quieren reclamar sus tierras, y el bosque John Howard se sitúa precisamente en medio de esta tierra de disputa. Habría sido mucho más prudente por parte de nuestro primer ministro el haber declinado estos honores, en lugar de asociarse con un estado que practica la discriminación racial y los abusos de los derechos humanos contra sus propios ciudadanos no judíos. Después de todo, Howard se ha mostrado muy rígido a la hora de prohibir jugar en Zimbabwe al equipo australiano de críquet, en protesta contra el régimen «sucio» de Robert Mugabe. Del mismo modo, los actos del FNJ en nombre de Israel no son compatibles con nuestros valores australianos de juego limpio, tolerancia e inclusión. El primer ministro debería compartir los valores del resto de Australia, en lugar de asociarse sin reservas con Israel.
Sonja Karkar es la fundadora y presidenta de Women for Palestine en Melbourne, Australia.
Traducción para www.sinpermiso.info : Araceli Sánchez Varela