El Corte Inglés forma parte de la Industria del Control Migratorio y obtiene ingresos del refuerzo de los perímetros fronterizos y la detención y expulsión de migrantes.
La Industria del Control Migratorio (ICM) es un conglomerado de empresas que hace negocio con las políticas migratorias. En España, este mercado en alza beneficia principalmente a grandes constructoras, empresas tecnológicas, aerolíneas que operan vuelos de deportación y empresas armamentísticas. Sin embargo, entre las 20 principales ganadoras del negocio antimigratorio español figura una empresa insignia del comercio minorista: El Corte Inglés. Así lo demuestra una investigación de porCausa que analiza todos los contratos públicos adjudicados –y publicados– por el Gobierno español en materia migratoria entre 2014 y 2019.
Y, ¿cuál es rol de El Corte Inglés en la Industria del Control Migratorio? Los grandes almacenes entran de lleno en todas las categorías de este negocio, especialmente en los sectores más lucrativos: el refuerzo de los perímetros fronterizos y la detención y expulsión de migrantes, que acaparan el 83% del gasto de España para control migratorio. El Corte Inglés también hace negocio con la partida que menos dinero recibe: los programas de acogida e integración.
Una de las claves para entender el éxito de esta empresa está en su modelo de negocio diversificado. El Corte Inglés no solo vende perfumes, bolsos y abrigos, sino que también dispone de su propia agencia de viajes y de una filial de servicios informáticos, entre otros. La empresa aplica esta misma estrategia en el mercado del control migratorio.
El departamento de El Corte Inglés que más contratos acumula en el negocio antimigratorio es el de Informática. Por ejemplo, los grandes almacenes se encargan del “suministro e instalación de los elementos físicos y lógicos” del paso fronterizo que hay en los aeropuertos de Madrid-Barajas, Gerona, Alicante, Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Tenerife Sur y la estación marítima del puerto de Algeciras. Cada uno de esos contratos tiene un precio distinto: entre 435.000 y 1,2 millones de euros.
Para poner en marcha estos trabajos, El Corte Inglés suele aliarse con Indra, otra de las grandes beneficiarias del control migratorio. Paradójicamente, Barajas y El Prat son las principales puertas de entrada de la inmigración irregular, que obedece a un perfil concreto: el 80% de las personas sin papeles en España son mujeres, de en torno a 30 años, procedentes de América Latina y dedicadas al sector de los cuidados. En otras ocasiones, también conforma Unión Temporal de Empresas (UTE) con Deimos, el gigante tecnológico que vende satélites para localizar migrantes, entre otros. Todos estos contratos están disponibles en la base de datos abierta de porCausa.
22 millones de euros en radares
Del matrimonio temporal entre El Corte Inglés e Indra surge el contrato público más caro a favor de esta compañía familiar: 22,3 millones de euros por el mantenimiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, un conjunto de radares con tecnología punta, operados por la Guardia Civil, capaces de localizar un trozo de madera de un metro de superficie en el Mediterráneo, según la publicidad de Indra, pero que resulta probadamente ineficaz a la hora de localizar embarcaciones de mayor tamaño a la deriva. La cifra de muertes en el Mediterráneo sigue creciendo.
Este y otros contratos a favor de El Corte Inglés no pasan por concurso público, sino que son adjudicados con el procedimiento más opaco que contempla la Ley de Contratos del Sector Público: el contrato negociado sin publicidad, una modalidad que se firma en despacho, a puerta cerrada y sin licitación.
El Corte Inglés también obtiene dinero público con muchos otros segmentos del negocio antimigratorio, como la venta de ropa para el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla, uno de los principales agujeros negros de los derechos humanos en la frontera sur, o el suministro de uniformes para el personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad de España desplegadas en el Mediterráneo y Mali.
Incluso los contratos para expedir visados también son adjudicados como negociados sin publicidad. La Dirección General de la Policía, adscrita el Ministerio del Interior, paga a El Corte Inglés entre 75.000 y 150.000 euros para que realice el mantenimiento de 50 “quioscos de expedición de visado de fronteras”. ¿Por qué cambia el importe en contratos que tienen el mismo objeto? El Corte Inglés no responde a ninguna de las preguntas planteadas desde porCausa. Tampoco aclara qué mecanismos emplea para evitar que sus servicios y productos en el negocio antimigratorio se usen para violar los derechos humanos de quienes migran.
En España es fácil identificar a El Corte Inglés a través de sus spots y carteles publicitarios durante la vuelta al cole o Navidad. No resulta tan fácil identificar los engranajes de poder de esta empresa, entre los que destacan sus 15 puertas giratorias y el mayor gasto publicitario de España, que supera los 100 millones de euros anuales, según Infoadex. No obstante, la Industria del Control Migratorio y las empresas que la integran tiene un impacto directo en la salud mental y física de quienes migran sin alternativa.
Esta es la punta del iceberg sobre El Corte Inglés y su rol en la Industria del Control Migratorio. El equipo de porCausa investiga a fondo este negocio y su forma de perpetuarse, pero necesita apoyo para seguir desenmascarando #Spectram.
Fe de errores: en una primera versión, en el titular se hablaba por error de «vuelos de deportación» en lugar de «refuerzo de fronteras».
Fuente:https://www.lamarea.com/2020/09/22/el-corte-ingles-negocio-antimigratorio/