Israel esperaba que un documento clasificado del Shin Bet [servicio secreto israelí] convenciera a los gobiernos europeos para que dejaran de financiar a los grupos de derechos palestinos. +972 y Local Call se hicieron con los testimonios del dossier y no encontraron ninguna prueba real que justificara las afirmaciones de Israel.
El 22 de octubre, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, designó a seis prominentes grupos palestinos de derechos humanos como «organizaciones terroristas», citando supuestos vínculos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), un partido y movimiento militante palestino de izquierda. A pesar de la severidad de la declaración, que supuestamente se basó en la información recopilada por el Shin Bet, Israel no ha presentado ningún documento que vincule directa o indirectamente a las seis organizaciones con el FPLP o con alguna actividad violenta.
Entonces, ¿en qué pruebas se basó supuestamente esta declaración? Esta pregunta ha sido formulada en las últimas dos semanas por la comunidad de derechos humanos, así como por un pequeño número de miembros de la Knesset [Parlamento israelí] y altos representantes de países amigos de Israel. Una fuente dentro del establishment de defensa fue ampliamente citada en los medios de comunicación israelíes diciendo que las pruebas contra los grupos palestinos eran «sólidas como una roca».
Sin embargo, la información de los documentos clasificados que revelamos aquí por primera vez arroja serias dudas sobre esa afirmación.
Desde mayo de este año, los enviados del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí han apelado repetidamente a la comunidad internacional de que las seis organizaciones palestinas -Al-Haq, Addameer, Bisan Center, Defense For Children International-Palestine, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas- están estrechamente vinculadas al FPLP, e incluso participan en la financiación de actividades terroristas.
Para fundamentar las acusaciones contra las ONG, algunas de las cuales gozan de gran prestigio en el ámbito internacional, emisarios israelíes enviaron en mayo de 2021 un dossier clasificado de 74 páginas preparado por el Shin Bet a representantes de países europeos, con la esperanza de persuadirles de que dejaran de financiar a esas organizaciones. Sin embargo, según las pruebas que hemos reunido, el dossier no logró convencer a estos gobiernos extranjeros. Altos funcionarios de al menos cinco de los países europeos dijeron que el expediente no contenía ninguna «prueba concreta», y por ello decidieron seguir apoyando financieramente a las organizaciones.
+972, Local Call y The Intercept se hicieron con el dossier clasificado del Shin Bet, así como con cientos de páginas de resúmenes en hebreo de los interrogatorios del Shin Bet y de la policía israelí a dos contables palestinos: Said Abdat y Amro Hamuda. Ambos hombres trabajaban para una organización palestina que no figuraba en las órdenes de Gantz, los Comités de Trabajo de la Salud [HWC], y ambos fueron despedidos por la ONG tras ser sospechosos de malas prácticas financieras. Ambos hombres permanecen detenidos en Israel.
El documento enviado a los europeos se basa casi por completo en los testimonios de Abdat y Hamuda. Afirma que estos testimonios prueban que las seis organizaciones en cuestión formaban parte de una red dirigida por el FPLP, y que los fondos que recibían las organizaciones se utilizaban para las actividades armadas del FPLP.
Sin embargo, un examen de las «pruebas» del expediente, junto con un examen de los resúmenes de los repetidos interrogatorios de Abdat y Hamuda, revela que los contables -que no trabajaban para ninguna de las seis organizaciones seleccionadas- basaron la mayoría de sus acusaciones en hipótesis generales, en lo que alegaron que era «conocimiento común» o en información que, según ellos, era ampliamente «conocida».
Y lo que es más importante, incluso los testimonios no probados de Abdat y Hamuda indican, como mucho, que algunas de estas organizaciones participaban en actividades cívicas y públicas, como actos estudiantiles, ayuda a los enfermos y clases de poesía, que forman parte de la labor del FPLP como movimiento en la sociedad palestina. Un abogado que representa a uno de los contables, Abdat, alega además que su cliente podría haber sido presionado para prestar testimonio siguiendo métodos de interrogatorio que podrían equivaler a tortura o malos tratos.
Estos aspectos críticos de los testimonios de Abdat y Hamuda se omitieron en el expediente del Shin Bet. De hecho, en contra de lo que afirma el Ministerio de Defensa israelí, el expediente no aportaba ni una sola prueba que demostrara que las seis organizaciones desviaran sus fondos al FPLP o a actividades violentas.
Las acusaciones del dossier contra las seis ONG son casi idénticas a las del anuncio de Gantz de hace dos semanas. Los interrogatorios de los contables, que tuvieron lugar entre marzo y mayo de este año, también fueron mencionados por el ministerio como fuente de las acusaciones.
Desde mayo, Israel ha allanado las oficinas de tres de los seis grupos de derechos humanos, y puede haber obtenido pruebas adicionales para intentar demostrar un vínculo directo entre las organizaciones y el FPLP. Sin embargo, altos funcionarios de dos países europeos que hablaron con +972, Local Call y The Intercept bajo condición de anonimato dijeron que, desde el anuncio de Gantz, Israel ha ignorado todas las peticiones de más información sobre el asunto. Altos funcionarios de otros tres países europeos han hecho declaraciones a los medios de comunicación en ese sentido.
Además, dos fuentes estadounidenses familiarizadas con los detalles del asunto dijeron que una delegación israelí fue enviada a Washington para hacer un control de daños tras la indignación por las designaciones terroristas, y se reunió con miembros del Congreso y personal del Congreso para tratar de explicar el anuncio de Gantz. Una de las fuentes dijo que los documentos que la delegación presentó a los legisladores estadounidenses eran muy similares a los presentados a los europeos en mayo, y añadió: «Eso es todo lo que vieron los miembros del Congreso.» Las dos fuentes estadounidenses, que pidieron el anonimato por no estar autorizadas a hablar de la diplomacia, dijeron que había planes para presentar los mismos documentos al Departamento de Estado de Estados Unidos, que, según noticias anteriores, había solicitado más información al gobierno israelí sobre las designaciones.
Las «pruebas» del Shin BetEl expediente clasificado, en el que aparece el logotipo del Shin Bet, se titula: «Findings of Inquiry: Financiación extranjera para el Frente Popular para la Liberación de Palestina a través de una red de organizaciones de la ‘sociedad civil'». El documento comienza con los antecedentes del FPLP -que Israel, Estados Unidos y la Unión Europea consideran una «organización terrorista»- y sus operaciones armadas desde la década de 1970, y continúa argumentando que el FPLP estableció organizaciones de la sociedad civil para que sirvieran como fachada. Según el documento, aunque algunas de estas ONG tienen objetivos humanitarios, una parte de las donaciones que se les hacen «han llegado a la propia organización terrorista».
El dossier menciona a Suiza, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, Suecia, España y la Unión Europea como países y organismos que apoyan financieramente a las seis ONG, y su objetivo era probablemente persuadirlos de que cortaran el dinero a esas asociaciones. Sin embargo, tanto el ministro de Asuntos Exteriores holandés como el de Desarrollo Económico belga han declarado públicamente que el dossier no contenía «ni una sola prueba concreta». A raíz del dossier, Bélgica y Suecia dijeron que habían realizado auditorías independientes sobre la conducta financiera de las seis organizaciones en cuestión y su conexión con el FPLP. Ninguno de los dos países encontró pruebas de las afirmaciones del Shin Bet.
De hecho, la mayor parte del expediente no habla realmente de las seis ONG en el anuncio de Gantz, sino que se centra en una séptima organización palestina, los Comités de Trabajo de la Salud. La organización, que gestiona centros médicos en toda la Cisjordania ocupada, no se incluyó en la declaración de Gantz porque ya fue ilegalizada en enero de 2020 después de que el subdirector del grupo, Walid Hanatshah, fuera acusado de conspirar para asesinar a la israelí de 17 años Rina Shnerb en un atentado con bomba en la carretera en agosto de 2019. A principios de este año, cinco empleados pertenecientes a los Comités de Trabajo de la salud -incluida su directora, Shatha Odeh- fueron detenidos e interrogados bajo la sospecha de malversar fondos para las actividades del FPLP utilizando informes financieros falsos [entre ellos está la española Juana Ruíz].
Además, dos empleados pertenecientes a la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, una de las seis ONG en cuestión, fueron detenidos por el asesinato de Shnerb, quizá el único vínculo conocido entre algún miembro de los seis grupos y la actividad violenta. Tras el asesinato, las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron a decenas de activistas políticos, empleados de diversas organizaciones de derechos humanos, activistas y estudiantes por sospechar que tenían vínculos con el FPLP, entre ellos Khalida Jarrar, miembro del Consejo Legislativo Palestino por el FPLP. En el caso de Jarrar, el Shin Bet emitió una dramática declaración en la que la vinculaba con las actividades violentas del FPLP, pero la acusación estaba totalmente ausente de su hoja de acusación y nunca fue condenada por vínculos con la violencia.
Financiación del terror – sin ninguna pruebaEl expediente contiene nueve recibos falsos emitidos por los Comités de Trabajo de la Salud, así como una grabación de audio de Hamuda, en la que supuestamente admite haber falsificado dichos recibos. El expediente cita una llamada telefónica que mantuvo con otro empleado, en la que Hamuda habría dicho: «Para cada proyecto comprarás algo real y comprarás algo que no es real. Lo que no es real, lo inflaremos y lo transferiremos al financiador, que pagará el importe. Así cerraremos las deudas de los Comités de Trabajo de la Salud».
Sin embargo, estos recibos, junto con los otros cientos de páginas de las investigaciones del Shin Bet y de la policía, no ofrecen ninguna prueba de que la supuesta malversación de fondos de la organización se hiciera con el fin de financiar actividades violentas.
Por ejemplo, durante el interrogatorio de Hamuda el 29 de marzo, el interrogador le acusó repetidamente de «jugar con las facturas» para apoyar al FPLP. Según los documentos, Hamuda respondió que, aunque «jugaba aquí y allá, no era para los fines del FPLP», y que, en cambio, «ayudaba a inflar las facturas [debido a] las deudas del Comité de Trabajo de la Salud con los proveedores de servicios». Estos apartados de la investigación no aparecen en el expediente israelí enviado a los europeos.
Los recibos falsos presentados a los europeos proceden únicamente de los Comités de Trabajo de la Salud, y van acompañados de alegaciones generales de Abdat y Hamuda. Hablando de la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, Abdat dijo durante su interrogatorio del 7 de abril «Supongo que la imprenta Bisan [no relacionada con el Centro Bisan, uno de los seis grupos que figuran en la declaración de Gantz] presta servicios a la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y también les ayuda a falsificar recibos». En cuanto a la Unión de Comités de Mujeres Palestinas y el Centro Bisan, Abdat afirmó que enseñó a los empleados de esas organizaciones a «falsificar documentos y recibos, con el fin de obtener beneficios». No se aportaron pruebas para respaldar su afirmación.
Dada la naturaleza infundada de los testimonios, el valor de las pruebas del Shin Bet parece muy escaso, especialmente si se tiene en cuenta que los contables [detenidos] nunca trabajaron para las seis organizaciones sobre las que testificaron, y que fueron despedidos de los Comités de Trabajo de la Salud debido a las sospechas de malas prácticas financieras.
Apoyo ideológico a las clases de baileAbdat y Hamuda afirmaron supuestamente que se «sabía» que las seis organizaciones estaban «afiliadas» al FPLP. Por ejemplo, cuando se le preguntó por Al-Haq el 7 de abril, Abdat dijo que cualquiera que no sea miembro del FPLP tiene «prohibido trabajar en Al-Haq». Al hablar de la UAWC y de DCI-Palestina, Abdat dijo a los interrogadores que ambas organizaciones están asociadas al FPLP u operan bajo sus órdenes.
El interrogador del Shin Bet resumió las declaraciones de Abdat en el interrogatorio del 6 de abril de la siguiente manera: «Las instituciones pertenecen al FPLP, están conectadas entre sí y constituyen el alma de la organización desde el punto de vista económico y organizativo. Es decir, a través del blanqueo de dinero y en la financiación de las actividades del FPLP». El interrogador resumió así las declaraciones de Hamuda en su interrogatorio del 31 de marzo «El FPLP maneja instituciones, centros y comités de manera centralizada con el propósito de recibir fondos para las actividades del FPLP». Cuando se le preguntó cómo se transfiere el dinero al FPLP y con qué fines, Hamuda respondió que «no lo sabe exactamente».
Sin embargo, en todos los casos en los que se pidió a Abdat y Hamuda que especificaran lo que querían decir con «actividades del FPLP», sólo describieron proyectos educativos o humanitarios aparentemente afiliados a la organización. En ningún caso describieron la financiación de actividades violentas. Cuando se le preguntó cómo había llegado a entender que «el dinero llegaba a las actividades del FPLP», Abdat respondió que «vio recibos que se utilizaban para diversas actividades del FPLP, como los cursos de dabke [una danza tradicional palestina] celebrados en Ramallah, Belén y Jerusalén». Sólo se presentó a los europeos la primera parte de esta frase, mientras que la segunda -de la que se deduce que los recibos se refieren a una clase de baile- se omitió en el expediente.
Durante el interrogatorio de Hamuda el 29 de marzo, se le preguntó qué actividades del FPLP eran financiadas por los Comités de Trabajo de la Salud, a lo que respondió: «Son diferentes actividades para los estudiantes, como los campamentos de verano». En otro interrogatorio, Hamuda respondió que financiaban «cursos sobre liderazgo con profesores externos, y cursos para mujeres sobre derechos de la mujer». Cuando el interrogador le preguntó el 29 de marzo cómo contribuían estas organizaciones al FPLP, Hamuda respondió que «no lo sabe».
De hecho, en los cientos de páginas de los resúmenes de los interrogatorios, sólo hay una referencia a las actividades militares. Según el resumen de su interrogatorio del 8 de abril, Abdat afirmó que existe un comité del FPLP que «decide cómo dividir los fondos entre las actividades militares y las organizaciones». Aunque esta parte aparece en el expediente, se presentó sin mencionar que Abdat también había añadido: «No sé cómo llegan los fondos al comité y cómo los distribuyen». Cuando se le pidió que describiera las actividades del FPLP, Abdat sólo habló de «actividades en el campus universitario, apoyo a los heridos o enfermos y apoyo a las familias de los mártires y los prisioneros.»
Abdat también dijo a los interrogadores que tres de las seis organizaciones en cuestión apoyaban una iniciativa educativa titulada «Proyecto Kanan», que según él está afiliada al FPLP. En sus sesiones informativas a los periodistas israelíes, el Ministerio de Defensa también mencionó el Proyecto Kanan como una de las razones por las que la UAWC fue declarada organización terrorista.
Sin embargo, incluso en este caso, los detalles de las actividades en sí no se presentaron en el expediente, probablemente para crear la impresión de una actividad clandestina. Los documentos de la investigación revelan que el 6 de abril, Abdat dijo a su interrogador que el Proyecto Kanan «se centraba en la rehabilitación de jóvenes; clases de dabke; cursos del FPLP con contenido del FPLP; preparación de campamentos de verano; competiciones deportivas y oportunidades de voluntariado; estudios e investigación; actividades en el campus; y actividades para adolescentes de Jerusalén contra la ocupación sionista. Todos los cursos están dirigidos por miembros del FPLP e incluyen contenidos relacionados con el FPLP». Según el Shin Bet, el Proyecto Kanan cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco a través de la fundación Mundubat.
Ese mismo día, los interrogadores del Shin Bet también preguntaron a Abdat sobre un proyecto adicional, titulado «Cinco Asociaciones», en el que supuestamente participan cuatro de las seis organizaciones, y cuyas actividades son públicas. Los interrogadores resumieron las respuestas de Abdat como sigue:
Como parte del proyecto de las Cinco Asociaciones:
Defensa de los Niños Internacional-Palestina publicó las detenciones y ataques a adolescentes menores de 18 años por parte de la «ocupación israelí».El Centro Bisan se ocupó de la financiación de un abogado para los detenidos, así como de los campamentos de verano para los presos liberados del FPLP.Los Comités de Trabajo de la Salud se ocuparon del ejercicio de los derechos médicos de los residentes de Jerusalén Este frente a las instituciones israelíes y de las actividades de los jóvenes en nombre del FPLP, como las clases de teatro y poesía.La Unión de Comités de Mujeres Palestinas se ocupó de ejercer los derechos relacionados con los derechos de las mujeres, en particular en beneficio de las mujeres que apoyan al FPLP.
Supuesta «presión» en los interrogatoriosNinguno de los testimonios mencionados en el expediente del Shin Bet está respaldado por ninguna prueba concreta, incluidos documentos o recibos que demuestren las alegaciones de los contables.
Además, los resúmenes de los interrogatorios de Abdat y Hamuda revelan el escaso conocimiento que tenían de las seis organizaciones enumeradas en la declaración de Gantz. Por ejemplo, durante su interrogatorio del 31 de marzo, Hamuda mencionó los seis grupos, pero señaló erróneamente que la parlamentaria Khalida Jarrar es la directora de Addameer, una organización que defiende los derechos de los presos políticos palestinos, a pesar de que no dirige la organización desde 2006 (la actual directora de Addameer es la abogada Sahar Francis).
El abogado Labib Habib, que representa a Abdat, dijo que los interrogadores israelíes le presionaron repetidamente para que incriminara a las otras seis organizaciones, y que la investigación continuó hasta que accedió a decir que pertenecían al FPLP.
«Esta declaración carece de valor probatorio», dijo Habib, «porque [Abdat] no tiene los datos pertinentes según los cuales puede determinar qué pertenece o no pertenece [al FPLP]. Más allá de la contabilidad que hizo para la organización para la que trabajaba, no tiene forma de determinar tal cosa.»
Habib dijo que presentó una moción para descalificar el testimonio de su cliente. «Fue sometido a mucha presión, [los interrogadores] amenazaron con detener a su mujer y a su familia, presionaron a sus familiares». Según Habib, algunos días su cliente fue interrogado durante 22 horas seguidas. También dijo que Abdat se desmayó varias veces durante el interrogatorio, tras lo cual los interrogadores del Shin Bet le echaron agua y continuaron el interrogatorio sin permitirle un tratamiento médico adecuado.
Habib también afirmó que durante todo el interrogatorio, Abdat tenía las manos atadas a la espalda y las piernas atadas (lo que se conoce como la posición «shabah»), lo que le causó un fuerte dolor. También se le impidió reunirse con su abogado durante la mayor parte del periodo de interrogatorio. Según los documentos que hemos recibido, Abdat fue interrogado 32 veces.
Khaled al-Araj, abogado de Amro Hamuda, dijo: «No hay ni una sola frase en la investigación en la que Hamuda afirme haber transferido dinero al FPLP… [los investigadores] distorsionaron su testimonio para perseguir a las organizaciones de derechos humanos; es algo que llevan haciendo desde hace años».
El abogado Tal Steiner, director ejecutivo del Comité Público contra la Tortura en Israel, dijo que las prácticas del Shin Bet expuestas por el abogado de Abdat pueden equivaler a tortura. «La shabah es una posición de estrés que causa al detenido un grave sufrimiento físico, hasta el punto de ser una tortura», dijo Steiner. Steiner añadió que la privación del sueño causa graves daños mentales y físicos al detenido, y que utilizar a los miembros de la familia para ejercer presión psicológica sobre el detenido -un acto que fue prohibido por el Tribunal Supremo de Israel- puede considerarse tortura psicológica.
Países europeos: «No hay pruebas concretasSegún múltiples fuentes, el expediente de Israel no logró convencer a los funcionarios europeos de que las organizaciones estuvieran efectivamente vinculadas al FPLP o a actividades violentas.
Por ejemplo, durante un debate en el Parlamento Federal belga en julio, la ministra de Cooperación al Desarrollo del país, Meryame Kitir, dijo que su gobierno había recibido el dossier, tras lo cual dio instrucciones a la administración para que «examinara a fondo» el documento. «Nuestra investigación reveló que no hay ni una sola prueba concreta en el documento israelí que haga sospechar que hubo fraude en estas organizaciones», continuó Kitir. «Di instrucciones a la administración para que volviera a examinar la información… las investigaciones se completaron y los resultados me fueron entregados en julio. Sobre esa base, he determinado que no hay razón para congelar la financiación de estas organizaciones.»
En mayo, cuando aún estaba en el cargo, la ex ministra de Asuntos Exteriores holandesa Sigrid Kaag -cuyo país ayuda a financiar a tres de las seis organizaciones- dijo que su gobierno «recibió información de Israel en la que se afirmaba que existía un vínculo entre las organizaciones palestinas y el FPLP». La información sobre las organizaciones que son financiadas indirectamente por los Países Bajos ha sido examinada por el Ministerio de Asuntos Exteriores holandés, y no hay ninguna prueba concreta que vincule a las organizaciones con el FPLP».
Dos diplomáticos europeos en Israel que han visto el dossier dijeron a +972, Local Call y The Intercept que, a pesar de las repetidas peticiones, Israel no les ha proporcionado nuevas pruebas desde mayo para apoyar las acusaciones de que las seis organizaciones desviaron fondos europeos a la violencia.
«Hubo mucha presión para que detuviéramos la financiación, pero en el documento presentado por Israel no había pruebas sólidas contra las organizaciones», dijo un embajador adjunto europeo en Israel que había visto el expediente. «Nos dirigimos al Ministerio de Defensa [israelí] esta semana y dijimos que para dar un paso tan brusco, necesitaríamos [ver] materiales reales que probaran sus afirmaciones. Les pedimos que nos enviaran más materiales, pero no hemos recibido nada desde entonces». Los representantes de otras embajadas recibieron respuestas similares».
Un alto funcionario de la UE con el que hablamos esta semana también dijo que «el documento que nos proporcionó Israel en mayo era, como mínimo, poco convincente. Nos pusimos en contacto [con los israelíes] de nuevo inmediatamente después del anuncio para pedir más información, pero hasta este momento no hemos recibido nada. Nos dijeron que cualquier otra información se transmitiría sólo a través de los canales de inteligencia».
Un ataque político bajo la apariencia de seguridadEl dossier llega tras una década en la que Israel ha ejercido una inmensa presión sobre los donantes europeos para que dejaran de financiar a las organizaciones de la sociedad civil palestina. La presión aumentó significativamente cuando el ahora desaparecido Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel asignó fondos especiales a la campaña de presión. El ministerio recopiló informes en los que se afirmaba que muchos grupos palestinos de derechos humanos, así como los activistas que promueven el boicot a Israel, están afiliados a organizaciones terroristas. Los países donantes no estaban claramente convencidos y no congelaron su financiación.
Los seis grupos han denunciado públicamente las afirmaciones de Israel, calificándolas de «persecución política». En una conferencia de prensa celebrada en Ramala la semana pasada por cinco de los seis grupos, los representantes de las organizaciones afirmaron que fueron objeto de falsas acusaciones para silenciarlos a ellos y a su labor de denuncia de las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel.
«Nuestro trabajo es totalmente legal y transparente», dijo Hisham Sharbati, investigador principal de Al-Haq, a +972 hace dos semanas. «Nuestros financiadores reciben informes detallados. Estamos bajo una estricta supervisión, y todo el mundo sabe a dónde va cada ciclo».
«Llevamos años en el punto de mira por una razón: estamos consiguiendo cambiar el paradigma en todo el mundo al hablar del apartheid», dijo también a +972 la directora de Addameer, Sahar Francis. «Debemos volver a las raíces de este ataque».
Según el abogado especializado en derechos humanos Michael Sfard, que representa a Al-Haq en su batalla legal contra la designación, el expediente se envió para persuadir a los europeos de que dejaran de financiar a las organizaciones, pero «después de que este paso fracasara, ya que los europeos no se tragaron las acusaciones, [las autoridades israelíes] utilizaron una guerra no convencional: declarar a las organizaciones grupos terroristas.»
Sfard dijo que la historia de las seis organizaciones «comenzó en el Ministerio de Asuntos Estratégicos, no en el Ministerio de Defensa, cuando fueron clasificadas por primera vez como organizaciones que «deslegitiman a Israel». Todo comienza y termina con el hecho de que se considera que estas organizaciones promueven el boicot a Israel y la investigación de los crímenes de guerra en el Tribunal Penal Internacional. El ataque contra ellas es político bajo el disfraz de la seguridad».
Lara Friedman, que dirige la Fundación para la Paz en Oriente Medio, calificó el dossier como «una combinación de citas fuera de contexto que implican a las [seis] organizaciones, y que fueron tomadas durante los interrogatorios de personas que fueron detenidas por otras cosas, junto con supuestos documentos que sugieren que no todos los dólares que los europeos dieron a uno de los grupos se destinaron al fin previsto, aunque sin conectar ese dinero con el terror. En un tribunal, esto no se considera el nivel más alto de pruebas. Esto no es una prueba». (Revelación completa: El FMEP apoya financieramente a la organización sin ánimo de lucro que publica la revista +972).
Friedman dice que la razón por la que los europeos, a diferencia de los estadounidenses, son mucho más reticentes a aceptar las acusaciones israelíes como verdad es el resultado de una «larga escalada».
«Los israelíes llevan mucho tiempo intentando que los europeos dejen de financiar a estos grupos: primero acusándoles de deslegitimar a Israel, luego acusándoles de ser grupos terroristas y ahora acusándoles de estar afiliados a grupos terroristas. En Estados Unidos, en cambio, hay un desconocimiento general del proceso para deslegitimar a estas organizaciones y cerrar su financiación. Por eso, cuando los israelíes se presentan en D.C. y dicen que tienen pruebas, los estadounidenses no saben nada más», dijo Friedman.
No todos los legisladores estadounidenses están dispuestos a aceptar las acusaciones de Israel. Al parecer, la oficina de Bernie Sanders en el Senado tiene previsto organizar una sesión informativa para los miembros del personal del Congreso en la que participarán como ponentes algunas de las seis ONG, así como el abogado de derechos humanos Sfard. «Pensamos que era importante que el personal escuchara a los propios grupos palestinos para comprender plenamente las ramificaciones legales, así como el contexto de la represión del activismo de los derechos civiles», dijo Matt Duss, asesor de política exterior de Sanders.
En el momento de la publicación de este artículo, el Ministerio de Defensa israelí no había respondido a nuestra consulta sobre si el establecimiento de defensa tiene pruebas adicionales sobre las seis organizaciones más allá de lo que se presentó a los países europeos y a Estados Unidos.
Corrección: La versión original de este artículo se refería a Sigrid Kaag como la actual ministra de Asuntos Exteriores holandesa. Se ha actualizado para reflejar el hecho de que ya no ocupa ese cargo.Este artículo se publicó en colaboración con The Intercept y en hebreo con Local Call.
Yuval Abrahames estudiante de fotografía y lingüística.
Oren Ziv, es fotoperiodista, miembro fundador del colectivo fotográfico Activestills y redactor de Local Call. Desde 2003, documenta una serie de cuestiones sociales y políticas en Israel y los territorios palestinos ocupados, haciendo hincapié en las comunidades activistas y sus luchas. Sus reportajes se han centrado en las protestas populares contra el muro y los asentamientos, la vivienda asequible y otras cuestiones socioeconómicas, las luchas contra el racismo y la discriminación, y la lucha por la liberación de los animales.
Meron Rapoport es redactor de Local Call.
Fuente original: +972 Magazine.