Con nocturnidad, alevosía, en pleno período electoral, incluso con disidencias internas, CiU ha ejercido el dret a decidir, ese que tanto proclama, en un ámbito ciudadano esencial, en el sanitario. Veamos el escenario y los resultados. Los hechos: «salud privatiza la gestión de un CAP y siete consultorios en el proceso electoral. El grupo de […]
Con nocturnidad, alevosía, en pleno período electoral, incluso con disidencias internas, CiU ha ejercido el dret a decidir, ese que tanto proclama, en un ámbito ciudadano esencial, en el sanitario. Veamos el escenario y los resultados.
Los hechos: «salud privatiza la gestión de un CAP y siete consultorios en el proceso electoral. El grupo de servicios Eulen gestionará el área básica sanitaria de L’Escala», así informaba Antía Castedo en las páginas de El País de Cataluña el pasado 28 de noviembre.
¿Eulen? ¿Qué es Eulen? Se presentan así en su página web: «El Grupo EULEN, compañía familiar con un capital 100% español, es líder nacional en la prestación de servicios generales a empresas. La actividad de la entidad, fundada en 1962 de la mano de D. David Álvarez Díez en Bilbao [Central de Limpieza El Sol, una pequeña empresa en aquel entonces], está especializada en los servicios de limpieza, seguridad privada, servicios sociosanitarios, servicios auxiliares (logísticos, generales y telemarketing), trabajo temporal, mantenimiento y medio ambiente» [los subrayados son míos]. Vamos, de todo, incluyendo una agencia de trabajo temporal, y, eso sí, con capital cien por cien español. A través del desarrollo de estos servicios, se señala también en su página, la compañía alcanzó en 2011 «unas ventas consolidadas de 1.348 millones de euros». Nada menos.
El atropello, la infamia en período preelectoral y electoral va de lo siguiente: por primera vez en la historia de Catalunya, ¡por primera vez! (otra agresión antiobrera y anticívica de CiU) una empresa privada -con explícito y confesado ánimo maximizador de lucro-, empresa, además, ajena en general al sector sanitario (no es ésa, en absoluto, su práctica habitual), gestionará centros de atención primaria en Cataluña. ¡Centros de atención primaria! El Departamento de Salud, dirigido por ese infame, odioso y odiado privatizador max-max Boi Ruiz, ha adjudicado la gestión del CAP de L’Escala y de siete consultorios de la zona al grupo «español». Aquí, como puede verse, no importa «el expolio de España».
Eulen obtuvo en el concurso convocado por Salud, señala AC, más puntos que la Fundación Salut Empordà, una entidad -ésta sí- sin ánimo de lucro que gestionaba hasta ahora el área básica de salud de la zona. Incluso el alcalde de Figueres y presidente de la fundación, el convergent Santi Vila, ha anunciado que presentará alegaciones. ¡Todo un Señor alcalde convergente!
El ambulatorio Doctor Moisès Broggi de L’Escala es uno de los 83 ambulatorios que no gestiona directamente el departamento de Salud catalán a través del ICS. Hace años, diversas entidades sin ánimo de lucro vinculadas a hospitales comarcales -la Fundación Salut Empordà es una de ellas- o colectivos de profesionales se han hecho cargo de la gestión de estos CAP. No entro en ello, en este tipo de gestiones, aunque debería entrar. Pero esta ocasión es la primera vez que un área básica, de referencia para 17.000 ciudadanos y 9 municipios según comenta AC, queda en manos de una empresa privada totalmente ajena a la atención primaria. Es decir, lo mismo que se pretende hacer en Madrid, lo que está levantando una auténtica rebelión ciudadana, pero aquí mismito, al lado de Girona, en el Empordà. ¡Qué curioso! ¿No suelen decir que «Madrid» no nos entiende?
«Es un cambio histórico de modelo y una decisión política», ha señalado Marina Geli, la ex consejera de Salud del PSC en la época de los gobiernos tripartitos que tampoco se lució en la defensa de lo público (En compañía de su colega Ernest Maragall, no arrojaron los gestores privados (en salud o en educación) a la cuneta de los negocios privados, separados de lo público, sino que los trataron con mimo, atenciones y mucho respeto y cariño). «Esto puede ser la puerta de entrada a un proceso más amplio de privatización», ha añadido Gelli. Desde luego. Pero insisto: tampoco ella puso muchos cortafuegos a la privatización de la sanidad.
La Generalitat sacó a concurso la gestión de esta área básica de salud el pasado 17 de octubre (no fue el único caso: doce o trece en total en toda Cataluña), cuando ya estaban convocadas las elecciones al Parlament catalán y estábamos en plena e insistente campaña preelectoral. Para más horror e indignación, vale la pena tener en cuenta que la diferencia monetaria entre la oferta de Eulen, la corporación española que vale para fregados, barrido y ETTs, y la propuesta de la fundación catalana sin ánimo de lucro era, según fuentes del proceso, de menos de 10.000 euros -¡diez mil1- sobre un contrato de 2,4 millones de euros anuales (sin IVA). Es decir, sin contar el IVA, ¡una diferencia de menos del 0,42%!
La filial sociosanitaria del grupo Eulen se embolsará tras la concesión más de 24 millones de euros. El contrato dura 10 años, un periodo mayor del que se aplicaba hasta ahora en casos similares (cinco años más uno prorrogable, señala la informada periodista de El País). Incluso Santi Vila, el alcalde convergent, cree que la Generalitat ha planteado mal (¿mal?, ¿es ese el término?) el concurso. No se ha tenido en cuenta, en su opinión, la experiencia y el conocimiento atesorados por la fundación en estos últimos años. El señor Alcalde ha señalado además, en un toque de heterodoxia crítica que le honra, que a él no le gusta nada que la atención primaria de la ciudadanía se gestione con ánimo de lucro.
La fundación tiene unos días para presentar alegaciones a la adjudicación, provisional por el momento. Otro alcalde de la zona -L’Escala, Estanis Puig (PSC)- ha señalado que si el proceso culmina así supondrá un punto de inflexión preocupante y no sólo para l’Empordà. «Sería una mala noticia, no solo para L’Escala, sino para el conjunto de la sanidad catalana». Lo sería.
El pliego de condiciones del concurso garantiza que los trabajadores del área básica -unos cuarenta- tengan que ser subrogados por la nueva empresa al asumir la gestión. Marta Guerrero, presidenta del comité de empresa, no confía en que se cumplan los requisitos. Es razonable su desconfianza. Si subrogan a los trabajadores, «¿durante cuánto tiempo se mantendrán las condiciones?» se ha preguntado en voz alta.
Ha habido más críticas. ICV-EUiA ha exigido al consejero en funciones Boi Ruiz que dé marcha atrás y anule la adjudicación provisional a Eulen. Ruiz no escucha ni Mas, el soberbio tocado y herido, tampoco. ¡No están para tonterías ciudadanas!
El Foro Catalán de Atención Primaria, agrupación de profesionales del sector, también ha sido muy crítico con la decisión. La privatización de la gestión empeora las condiciones de trabajo de los profesionales, sin mejorar la atención ni rebajar costes, han señalado. La entidad, con razones muy atendibles, no apoya otras formas de gestión de ambulatorios que tienen cabida en el modelo catalán. Entre ellas, las empresas privadas participadas por los propios profesionales del sector.
Incluso Josep Vilaplana, de Metges de Catalunya, un colectivo muy pero que muy prudente por no decir conservador, ha señalado: «Nos extraña que se dé a una empresa sin experiencia en el campo ni en la asistencia a pacientes agudos y crónicos… Pensamos que hay intereses por detrás que no acabamos de entender». No ha concretado, acaso por desconocimiento o por otras razones, qué tipo de intereses y quiénes se beneficiarán de la situación.
En síntesis y como corolarios: ¿alguien puede fiarse de una formación política que actúa con estos procedimientos y estas finalidades? Sea cual sea el tema, tanto da que hablemos del teorema de Pitágoras, de la ecuación fundamental de la dinámica, de la estructura del ARN-mensajero o de la sociología de Weber, ¿alguien puede confiar en una coalición que actúa con nocturnidad impía y defendiendo, en todo momento y circunstancia, los intereses insaciables de grupos de privilegiados? ¿Se puede ir con ellos, abrazos, cogidos de la mano o paseando a distancia, a puerto alguno? ¿Qué puede significar para gentes de esta catadura poliética y económica el ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos, su cacareado dret a decidir?
PS: Y no es el único caso. Agbar -¡Agbar!- va a impugnar la adjudicación privatizadora de Aguas Ter-LLobregat a Acciona, adjudicación a la que también Agbar optaba. El grupo empresarial ha pedido a la Generalitat la anulación del concurso y no descarta acudir al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. El negocio alcanza los mil millones de euros. ¡1.000 millones! ¡Mucha pasta donde rige el «todo por la pasta»! Estamos ante la gran privatización del gobierno Mas y Mas-Colell. Agbar, nada menos que Agbar, acusa a la consejería que conducía Lluís Recoder, la esperanza blanca -según voces autorizadas- de CiU, de celebrar reuniones con Acciona durante el proceso de adjudicación. Nada menos, así de limpios son.
Curiosamente, Ferran Rodés, hijo de don Leopoldo Rodés, el pater familia de una de las 400 grandes familias catalanas a las que aludió don Félix Millet, es miembro del Consejo de Administración de Acciona y, al mismo tiempo, presidente del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de la Generalitat, lo que parece equivalente-muy equivalente a ser un cargo político de confianza y no de segunda fila. Es decir, lo guiso, lo diseño, lo manipulo y me lo como. ¡Todo muy español-catalán! Sin diferencias operativas sustantivas entre «Madrid» y Barcelona. ¿Por qué será?
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