En abril pasado Haaretz publicó una declaración en la que advertía al gobierno israelí que no se anexionara formalmente sus colonias en la ocupada Cisjordania. Las encuestas de opinión mostraban que al público no le importaba mucho la cuestión, sin embargo, las élites políticas lo debatían ferozmente. Tanto los defensores como los opositores de la anexión afirmaban que el futuro de Israel y el sionismo estaba en juego. La declaración sostenía que “la anexión implicaría un golpe mortal a las posibilidades de la paz y supondría el establecimiento de un Estado de apartheid”’. Estaba firmada por 56 exmiembros de la Knesset, entre ellos exministros del Interior, Relaciones Exteriores, Finanzas y más de una docena de otros departamentos, así como exembajadores, generales del ejército israelí, presidentes de partidos políticos, un jefe de la semigubernamental Jewish Agency for Israel, un exportavoz de la Knesset y un ganador del Israel Prize. Entre los firmantes figuraban no solo miembros de facciones de izquierda israelíes, sino dos docenas de partidos de centro y centro-izquierda e incluso un exministro de Justicia, Meir Sheetrit, del derechista Partido Likud.
A la semana siguiente los dos partidos más grandes de la Knesset -el Likud y el centrista Azul y Blanco, que en conjunto tenían mayoría parlamentaria- firmaron un acuerdo para formar un gobierno de coalición que podría aplicar la soberanía israelí a zonas de Cisjordania pero no antes del 1 de julio, una vez que Israel y Estados Unidos hubieran concluido los mapas de anexión. Estos mapas, versiones detalladas de los del “plan de paz” de Donald Trump, pedían que Israel se anexionara el 30% de Cisjordania, dejando a los palestinos una especie de “Estado” formado por varios cantones no contiguos rodeados por completo de territorio israelí. El plan Trump también proponía rescindir la ciudadanía de alrededor de un cuarto de millón de palestinos ciudadanos de Israel mediante la transferencia de diez ciudades israelíes a la jurisdicción del futuro Estado palestino. Al finalizar esa semana el Partido Laborista de Israel, el creador de la empresa de colonias, decidió unirse al nuevo gobierno y votar a favor de la anexión.
Gran parte de la prensa israelí malinterpretó el acuerdo entre el Likud y Azul y Blanco. Los periodistas consideraron el 1 de julio no como el primer día en que podría tener lugar la anexión, sino como una fecha límite, lo que creó una sensación de urgencia en torno a la medida. En los días posteriores a la firma del acuerdo de coalición los grupos sionistas liberales lanzaron sus gritos de batalla. Sus razones para oponerse a la anexión eran reveladoras. La preocupación por los derechos humanos constaba a menudo como una cuestión secundaria frente al daño que la anexión podía causar a Israel. Advirtieron que dañaría la percepción de Israel como democracia. Instaron a los israelíes a no dar impulso a las campañas que promueven los boicots o la reducción de la ayuda económica y militar, y advirtieron también que la anexión solo ampliaría la brecha entre Israel y la diáspora judía. Y blandieron el espectro más temido por la izquierda sionista: que, finalmente, Israel se viera obligado a otorgar la ciudadanía a todos los palestinos que viven bajo su control -casi cinco millones de palestinos en Cisjordania y Gaza, todos sin la ciudadanía israelí, y aproximadamente 360.000 en la anexionada Jerusalén Oriental, más del 90% de los cuales tienen residencia permanente pero no ciudadanía ni derecho a votar en las elecciones nacionales-, poniendo así fin a la existencia de Israel como Estado judío, con todos los privilegios que eso conlleva para los judíos (en 2018, un oficial del ejército israelí informó que los palestinos superaban en número a los judíos en el territorio entre el río Jordán y el Mediterráneo). “Ya sea anexionando una colonia o todas”, afirmó el grupo sionista liberal Peace Now, “tal movimiento constituiría la base de un Estado de apartheid. La anexión perjudica a Israel”. J Street, un grupo de presión con sede en Washington alineado con los demócratas, declaró: “Como estadounidenses pro-Israel y propaz, creemos que la anexión pondría en grave peligro el futuro de Israel como patria democrática para el pueblo judío, además del futuro de la relación entre EE. UU. e Israel.
Muchos de los argumentos en contra de la anexión admitían que el territorio ya estaba anexionado de facto y permanecería en posesión de Israel. Yair Lapid, el jefe de la oposición y presidente del partido centrista Yesh Atid, sostuvo que la anexión formal no era necesaria porque el área más grande en cuestión, el Valle del Jordán, que constituye más de una cuarta parte de Cisjordania y asegura el total cerco israelí de la población palestina, “es ya parte de Israel. No es como si alguien estuviera amenazando con quitárnoslo”. Amos Gilad, hasta 2017 uno de los funcionarios más importantes del Ministerio de Defensa, dijo que el control permanente de Israel sobre el Valle del Jordán se lograría mejor aumentando las colonias judías en lugar de una anexión “puramente declarativa”: “El gobierno podría tomar medidas para garantizar que el Valle del Jordán se convierta en el hogar de decenas de miles de israelíes y no solo de varios miles”. Así pues, el debate principal no iba de “si” sino de “cómo” consolidar la apropiación por Israel del territorio de Cisjordania.
Los críticos tuvieron problemas para articular una razón persuasiva para que Israel no formalizara una anexión que, en la práctica, ya había tenido lugar. Un intento típicamente retorcido fue un informe publicado por el principal grupo de expertos en seguridad nacional de Israel, el INSS, una institución de centro izquierda que apoya la solución de dos Estados. El documento comenzaba argumentando que la anexión unilateral era un terrible error. No obstante, llegaba a la conclusión de que Israel debería proceder una vez que la anexión hubiera ganado el apoyo público, algo que se produciría una vez que los palestinos rechazaran el plan de paz de Trump. El peligro de la anexión, argumentaba el INSS, era que
“podría socavar la visión fundacional [de Israel] como Estado judío, democrático, seguro y moral que busca la paz con sus vecinos. Por lo tanto, se recomendaba que el nuevo gobierno de Israel pidiera a los líderes palestinos que regresaran a la mesa de negociaciones, con el plan de Trump incluido en los términos de referencia para las negociaciones. Si los palestinos continuaban negándose a discutir el plan, entonces el gobierno recibiría el apoyo del público en Israel para que diera pasos hacia la separación unilateral de los palestinos, incluida la anexión gradual llevada a cabo de forma que se garantizara la seguridad política, económica y social de Israel”.
Yair Golan, exjefe adjunto de personal del ejército y actual representante de Meretz, el partido sionista más izquierdista de Israel, dijo que votaría a favor de la anexión “si el gobierno israelí declara que su objetivo supremo es separarse de los palestinos”.
Los palestinos estuvieron casi completamente ausentes del debate sobre la anexión. Las cuestiones sobre, en caso de obtener un Estado, qué territorio y poderes tendría, si se les otorgaría la ciudadanía, la residencia o algún otro Estado en el territorio anexado, qué derechos se les otorgarían o no, y quiénes de ellos serían despojados de su ciudadanía israelí se estaban decidiendo únicamente a través de negociaciones de coalición entre dos partidos sionistas. Sin embargo, incluso los críticos más feroces de la anexión -aquellos que advirtieron que convertiría a Israel en un Estado de apartheid- describieron a Israel como una democracia eficiente que simplemente corría el riesgo de que algún día dejara de serlo. De acuerdo con esta lógica, mientras Israel se abstenga de formalizar la anexión, puede negar indefinidamente los derechos civiles de millones de palestinos a la vez que ofrece toda forma de apoyo a los israelíes en el territorio ocupado: infraestructura para las ciudades, pueblos y zonas industriales israelíes en Cisjordania; reservas naturales; edificios municipales; comisarías de policía y parques de bomberos; escuelas gubernamentales y áreas de juego; instalaciones médicas estatales; cementerios… Mientras Israel declare que la absorción de Cisjordania es temporal, seguirá considerándose una democracia. Israel nunca se convertirá en un Estado de apartheid a menos que se declare a sí mismo como tal.
La premisa de que Israel es una democracia, mantenida por Peace Now, Meretz, el consejo editorial de Haaretz y otros críticos de la ocupación, se basa en la creencia de que se puede separar el Estado anterior a 1967 del resto del territorio bajo su control. Hay que mantener un muro conceptual entre los dos regímenes: el (buen) Israel democrático y su (mala) ocupación provisional. Esta forma de pensar está en consonancia con la creencia general sionista liberal de que es legítimo condenar las colonias israelíes -e incluso, para algunos, boicotear sus productos- pero no pedir que se reduzca el apoyo al gobierno que los planeó, estableció y mantiene. Lo que a estos grupos les parecía más preocupante acerca de la anexión era que iba a socavar sus afirmaciones de que la ocupación está sucediendo en algún lugar fuera del Estado y que es temporal, una desviación de 53 años de lo que los grupos liberales sionistas como el New Israel Fund llaman los “valores fundacionales democráticos liberales de Israel”.
No es difícil argumentar que las acciones de Israel en Cisjordania equivalen a un apartheid. En el mismo territorio israelíes y palestinos están sujetos a dos sistemas legales diferentes. Son juzgados en distintos juzgados, uno militar y otro civil, por el mismo delito cometido en la misma calle. Los judíos en Cisjordania, tanto los ciudadanos israelíes como los no ciudadanos que son elegibles como judíos para inmigrar, disfrutan de la mayoría de los mismos derechos y protecciones que los israelíes en el resto del país. Los palestinos están sujetos a un régimen militar y se les niega la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de movimiento e incluso el derecho a no permanecer detenidos indefinidamente sin juicio. La discriminación no es solo nacional -de los israelíes contra los palestinos que carecen de ciudadanía- sino étnica, de los judíos contra los sometidos y ciudadanos palestinos por igual. Mientras que los judíos en Cisjordania, ciudadanos o no, son juzgados en tribunales civiles israelíes, los palestinos con ciudadanía israelí pueden ser enviados a tribunales militares. Un informe de 2014 de la Asociación por los Derechos Civiles de Israel, el grupo de derechos humanos más grande y antiguo del país, señalaba que “desde la década de 1980 todos los ciudadanos israelíes llevados a juicio ante los tribunales militares eran ciudadanos o residentes árabes de Israel […] no se encontró ninguna sentencia en la que se aceptara la solicitud de algún ciudadano árabe de transferir su caso de un tribunal militar a un tribunal civil en Israel”.
Después de la guerra de 1967 Israel aplicó la ley militar a todos los territorios ocupados que no se anexionó formalmente. Los judíos israelíes que se mudaron a las colonias planeadas por el gobierno en Cisjordania estaban sujetos a la ley civil israelí, lo que los diferenciaba del régimen legal impuesto a los palestinos en cuyas tierras residían. Israel no podía aplicar el derecho civil a sus ciudadanos en Cisjordania sobre una base territorial sin violar atrozmente la prohibición legal internacional sobre la anexión, por lo que la Knesset enmendó sus leyes y reglamentos para aplicarlos a los colonos como individuos, extraterritorialmente. De esta manera, Israel extendió a los judíos en Cisjordania la mayor parte de los derechos de los israelíes en el resto del país en relación al seguro médico, seguro nacional, protección al consumidor, impuestos (ingresos, propiedad y valor agregado), educación superior, entradas a Israel, registro de población, ordenanza de tráfico y emisión de voto, lo que convierte a los colonos en los únicos ciudadanos israelíes, aparte del pequeño número estacionado en el extranjero, a los que se les permite votar en un lugar de residencia fuera del territorio oficial del Estado. En los días de elecciones se confina a los palestinos que viven junto a ellos, lo que restringe aún más sus movimientos.
La aplicación de la ley israelí a los colonos como individuos dejaba aún algunos lapsos, en particular en lo que respecta a la tierra, la construcción y la planificación. Para solventarlos el ejército israelí emitió ordenanzas que distinguían las áreas municipales de colonias (consejos locales y consejos regionales) del resto del territorio ocupado, de modo que Israel pudiera usar un conjunto de regulaciones (copiadas y pegadas de la legislación municipal en Israel antes de 1967) para expandir las comunidades judías y otra para restringir las palestinas. Durante las últimas dos décadas Israel ha construido decenas de miles de viviendas para judíos israelíes en Cisjordania, y rechazado más del 96% de las solicitudes de construcción palestinas y demolido miles de hogares palestinos. De la tierra pública que Israel ha designado para cualquier tipo de uso, el 99,76% se destinó a colonias judías. A los palestinos se les prohíbe entrar en las áreas de las colonias, excepto con permisos especiales, generalmente otorgados a los jornaleros. De forma similar, en la llamada zona de separación -las áreas de Cisjordania que fueron separadas del resto del territorio por la barrera de separación de Israel- los palestinos no pueden entrar sin permiso, incluso para cultivar su propia tierra, mientras que cualquier turista o “israelí”, definido como ciudadano, residente permanente o judío con derecho a inmigrar a Israel puede acceder a la misma área libremente.
El hecho de que algunas leyes israelíes que se aplican al territorio de Cisjordania fueran introducidas a través de una orden militar -en la mayoría de los casos en réplica de la legislación israelí- ha permitido a las organizaciones judías que se consideran progresistas argumentar que hay dos regímenes separados en el área bajo control de Israel: un régimen militar en la Cisjordania no anexionada, y un régimen civil en la Jerusalén Oriental anexionada y en el Israel anterior a 1967. Según esta teoría, los colonos de Cisjordania y los palestinos están sometidos a la misma administración militar opresiva, mientras que los ciudadanos y residentes israelíes en el Israel anterior a 1967 y la Jerusalén Oriental anexionada están gobernados por un régimen civil democrático.
La experiencia de vida de los colonos israelíes o de los palestinos en Cisjordania no se ajusta a esa visión. De hecho, lo contrario está más cerca de la verdad: no son los ciudadanos israelíes en Cisjordania y quienes están dentro de las líneas anteriores a 1967 los que viven bajo regímenes separados, sino los colonos israelíes y los palestinos que viven junto a ellos. Israelíes de todo el país conducen por las principales carreteras que entran y salen de Cisjordania: no hay señales que indiquen que han salido de Israel. Los nuevos inmigrantes judíos pueden mudarse directamente desde Londres o Los Ángeles a una colonia en Cisjordania de la misma forma en que se mudarían a Tel Aviv, con los mismos beneficios financieros, instrucción de idiomas e hipotecas a bajo interés. Los israelíes que viven dentro de las líneas anteriores a 1967 trabajan en fábricas ubicadas en las colonias, estudian en una universidad en las colonias acreditada por el Consejo de Educación Superior de Israel, compran en centros comerciales de las colonias y visitan parques nacionales en Cisjordania. El gobierno israelí no está separado de sus instituciones en el territorio ocupado. La Knesset aprobó una legislación que se aplica específicamente a Cisjordania y enmendó leyes para que se apliquen específicamente a los judíos e israelíes que residen allí. Los ministerios israelíes gastan cientos de millones de dólares al año en las colonias e infraestructura de Cisjordania. Es un comité ministerial del poder ejecutivo quien aprueba el establecimiento de colonias en Cisjordania. Un subcomité de la rama legislativa se dedica a promover su infraestructura y desarrollo. El interventor estatal fiscaliza la política gubernamental en Cisjordania, supervisándolo todo, desde la contaminación de las aguas residuales hasta la seguridad vial. El fiscal general hace cumplir las directrices que llevan a la legislatura a explicar la aplicabilidad de cada proyecto de ley en las colonias. El Tribunal Superior de Justicia de Israel es el tribunal de apelación final para todos los ciudadanos israelíes y súbditos palestinos en todo el territorio bajo el control de Israel. Los agentes de la policía nacional de Israel imponen multas de tráfico tanto a palestinos como a israelíes en Cisjordania. La absorción de Cisjordania por parte de Israel es una empresa conjunta de todos los poderes del gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial.
Mientras que los israelíes viajan libremente a través de Israel y sus colonias de Cisjordania, los palestinos del interior del territorio ocupado viven en jurisdicciones separadas, lo que requiere de permisos israelíes para cruzar desde las partes no anexionadas de Cisjordania a la anexionada Jerusalén, a Gaza o a más del 30% de Cisjordania, a la que los palestinos tienen prohibido el acceso: la Zona de Separación, las áreas jurisdiccionales de las colonias y las llamadas áreas de entrenamiento militar, más de las tres cuartas partes de las cuales, según ha descubierto la ONG israelí Kerem Navot, no se utilizan realmente para entrenamiento militar, sino para impedir el desarrollo palestino y retener el control israelí. Una palestina de Ramala vive ostensiblemente en uno de los 165 enclaves gobernados por la Autoridad Palestina (AP) que en conjunto componen menos del 40% de Cisjordania. Pero también está sometida a una única autoridad israelí, no a un régimen separado en Cisjordania. Si resulta que forma parte de una de las más de cuatrocientas organizaciones ilegales (la lista se amplía constantemente y contiene todos los partidos políticos palestinos importantes, incluido Fatah), las fuerzas israelíes pueden arrestarla en un área palestina autónoma, como sucedió en 2019 con la política Khalida Jarrar, miembro de alto rango del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que fue sacada por las fuerzas israelíes de su casa cerca de Ramala a las tres de la madrugada. Los poderes de la Autonomía Palestina son tan limitados que Israel controla todas las carreteras que conducen a y fuera de las áreas gobernadas por la AP, invade hogares dentro de ellas todos los días y noches, y se le permite entrar incluso por razones que no tienen nada que ver con la seguridad de los ciudadanos israelíes, como arrestar a ladrones de autos. Entre los que realizan las detenciones se encuentran los miembros de Yamas y Yamam, dos unidades de la policía nacional de Israel.
La residente de Ramala arrestada pudo ser llevada de su casa al Recinto Ruso en Jerusalén occidental, donde la estuvieron interrogando miembros de la Agencia de Seguridad de Israel, que tiene su sede en Tel Aviv pero opera en todas las áreas bajo el control de Israel. Puede permanecer detenida durante seis meses sin juicio ni cargos, y prorrogar su detención repetidamente, por otros seis meses seguidos cada vez, indefinidamente. Si finalmente se la somete a juicio, podría pasar del régimen supuestamente separado en Jerusalén Occidental al tribunal militar de Ofer cerca de Ramala. Debido a que casi todos los que comparecen ante los tribunales militares israelíes son condenados, es casi seguro que acabe en prisión. Esa prisión sería una de las 29 administradas por el Servicio de Prisiones de Israel, que actúa en todos los territorios controlados por Israel. Su familia, que no obtendría permiso para visitar una cárcel ubicada dentro de las líneas anteriores a 1967, no podría visitarla. Podría intentar apelar contra su condena en el Tribunal Superior de Israel, pero las probabilidades no son alentadoras: el Tribunal ha aprobado casi todas las políticas prohibidas internacionalmente que Israel ha llevado a cabo en el territorio ocupado, incluidas deportaciones, asesinatos, encarcelamiento sin juicio, demoliciones, confiscación de terrenos, saqueo de recursos naturales y castigos colectivos como toques de queda masivos, cierre de escuelas y supresión de la electricidad en toda una región. Para su apelación, podría contratar a un abogado israelí de derechos humanos, quien argumentaría su caso contra un abogado del Ministerio de Justicia ante un panel de jueces del Tribunal Superior, dos de los cuales viven en Cisjordania. Según el análisis de los “regímenes separados”, ella y los dos jueces israelíes no son tan diferentes entre sí. Todos están sometidos, en teoría, a un régimen militar separado en Cisjordania.
La insistencia en regímenes separados se deriva más de consideraciones políticas que jurídicas. Al afirmar la existencia de dos regímenes, los grupos sionistas liberales como J Street pueden decir a donantes, legisladores y estudiantes universitarios que son “pro-Israel” a la vez que critican una ocupación que supuestamente existe en algún lugar más allá del Estado. Pero el intento de separar a Israel de las críticas y las consecuencias de sus políticas en Cisjordania también conduce a afirmaciones absurdas y falsas, como la reciente afirmación de J Street de que los “colonos israelíes” están “demoliendo hogares
[palestinos]
”. En realidad, no son “los colonos” -uno de cada diez judíos israelíes- sino el gobierno de Israel, al que apoya J Street, el que destruye los hogares palestinos en Cisjordania. El gobierno lo hace a instancias de ministros y legisladores electos.
La ficción de los regímenes separados permite a los sionistas liberales promover una solución de dos Estados, políticamente correcta, basada en las líneas anteriores a 1967, al tiempo que evita la solución más equitativa que exige el reconocimiento de que el Estado israelí se extiende a toda la tierra que está bajo su control. Tal solución requeriría no solo del fin de la ocupación sino también del fin de la discriminación étnica en todo el territorio. La izquierda sionista no pide que los ciudadanos judíos y palestinos de Israel tengan plena igualdad dentro del Israel anterior a 1967. En cambio, las principales organizaciones sionistas liberales buscan garantizar que Israel siga siendo un Estado de mayoría judía que pueda seguir proporcionando a sus ciudadanos judíos los derechos de tierra y de inmigración que niega a los ciudadanos de la minoría indígena palestina. La única forma de que la izquierda sionista se oponga a la dominación étnica en Cisjordania, mientras preserva los privilegios étnicos en el Israel anterior a 1967, es afirmar que existe un “régimen de apartheid” en Cisjordania separado del Estado israelí. Por lo tanto, para que el Israel de antes de 1967 fuera parte de un Estado de apartheid necesitaría la anexión formal de Cisjordania, que “fusione” los dos regímenes. Pero este es un equívoco del crimen de apartheid que el derecho internacional describe. Al igual que la tortura, el apartheid no necesita que se aplique de forma uniforme o en todas las partes de un país para ser criminal: en el derecho internacional no existe un “régimen de apartheid”, como tampoco existe un “régimen de tortura”. La palabra “régimen” no aparece en ninguna parte de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid original de 1973. Y, aunque el Estatuto de Roma de 1998 de la Corte Penal Internacional sí usa la palabra “régimen” en su definición (se agregó para satisfacer a la delegación estadounidense, que estaba preocupada por el posible enjuiciamiento de ciudadanos estadounidenses pertenecientes a grupos supremacistas blancos), no se insertó a fin de permitir, de forma clara, que el apartheid se restringiera a regiones o unidades de un Estado.
Sin embargo, la idea de que solo la anexión formal puede convertir a Israel en un Estado de apartheid se ha convertido en algo intrínseco a la ideología sionista de izquierdas. En junio del año pasado más de quinientos eruditos en estudios judíos, muchos de ellos destacados partidarios de Israel, como el filósofo judío estadounidense Michael Walzer, firmaron una carta en la que declaraban que “la anexión de territorios palestinos consolidará un sistema antidemocrático de leyes separadas y desiguales, y una discriminación sistémica de la población palestina. Esa discriminación por motivos raciales, étnicos, religiosos o nacionales se define como ‘situación de apartheid’ y ‘crimen de lesa humanidad’”.
El mismo mes Zulat, un nuevo grupo de expertos encabezado por el expresidente del partido liberal sionista Meretz, Zehava Gal-On, publicó un informe titulado “Blanqueo del apartheid”. En una sección sobre las consecuencias de la anexión de jure, llevó a cabo su propio blanqueo al argumentar que el apartheid en Cisjordania no lo practica actualmente Israel sino un régimen separado: “Aunque sólo nos anexionáramos un metro cuadrado, el Estado de Israel renunciaría a sus pretensiones democráticas y abandonaría su declarada intención durante 53 años de poner fin al conflicto, de llegar a un acuerdo con los palestinos y de dejar de gobernarlos”. Sin embargo, incluso la anexión “no convierte necesariamente a Israel en un Estado de apartheid, sino que más bien lo mantiene como un Estado que dirige un régimen con características de apartheid en los territorios ocupados”. Según este criterio, la Sudáfrica del apartheid era una democracia -aunque imperfecta, como todas las democracias- que operaba con un régimen con características de apartheid en las zonas destinadas a los negros y bantustanes. Esos bantustanes, dicho sea de paso, tenían sus propias banderas, himnos, funcionarios, parlamentos, elecciones y un grado limitado de autonomía no muy diferente al de la Autoridad Palestina.
Quizás ninguna organización haya promovido la idea de regímenes separados con más fuerza que Yesh Din, una organización de derechos humanos que ha llevado a cabo una importante labor de defensa legal en nombre de los palestinos sometidos a la violencia de los colonos, homicidios ilegítimos y la destrucción de propiedades por las fuerzas de seguridad israelíes, confiscación de tierras y restricciones para el acceso a sus tierras agrícolas. El año pasado Yesh Din se convirtió en la primera organización israelí en publicar un informe significativo acusando de apartheid a funcionarios del gobierno. Pero, al mismo tiempo, es una de las más acérrimas defensoras de la teoría de los regímenes separados. Las respuestas cambiantes e inconsistentes de Yesh Din a la pregunta de en qué punto Israel dejaría de ser una democracia han sido representativas de las debilidades más amplias que presenta el argumento de los regímenes separados. La noche que el Likud firmó su acuerdo de coalición con Azul y Blanco Yesh Din publicó un documento de posición sobre el potencial impacto de la anexión. “La siguiente anexión”, concluía,
”liquidará el argumento, que actualmente prevalece en muchos círculos, de que si bien el apartheid, o al menos un régimen similar al apartheid, se practica actualmente en Cisjordania, el Estado soberano de Israel es una democracia. Aplicar la soberanía israelí a Cisjordania equivaldría a declarar que hay un único régimen, en lugar de administraciones separadas. La anexión sin la ciudadanía plena e igualdad de derechos para los residentes palestinos de la zona anexionada produciría un verdadero régimen de apartheid que Israel difícilmente podría negar. Tal régimen perpetuaría los abusos de los derechos humanos contra los palestinos, privándoles para siempre de libertad e igualdad”.
Según este razonamiento, Israel podría anexionar solo las áreas habitadas por judíos en Cisjordania, mantener su ocupación de millones de palestinos en las áreas adyacentes no anexionadas y seguir siendo democrático. Quizás consciente de las deficiencias de este argumento, Yesh Din modificó posteriormente el documento. La nueva versión, publicada sin explicación ni corrección algunas, declaraba que, después de la anexión, Israel sería un Estado de apartheid a menos que otorgara derechos plenos e iguales a los palestinos, no en “el área anexionada”, como aparecía en la versión original, sino en “toda Cisjordania”.
Esta formulación permite aún, al menos a los ojos de Yesh Din y grupos afines, que Israel siga siendo una democracia aunque mantenga a dos millones de palestinos en Gaza, el más grande de sus enclaves étnicos, sin agua potable, alcantarillado operativo, electricidad regular o el derecho a entrar y salir libremente. Aunque Israel afirma que puso fin a su ocupación de Gaza en 2005, todavía controla las exportaciones, las importaciones, el espacio marítimo y aéreo, e incluso el registro de población, que da un número de identificación único a todos los palestinos en el territorio, sin el cual no pueden salir, ni siquiera al otro lado de la frontera con Egipto. En el documento de Yesh Din tampoco aparecía por ningún lado sugerencia alguna de que Israel debiera otorgar derechos plenos e iguales a los palestinos en las áreas anexionadas formalmente en 1967: Jerusalén Este y 28 aldeas circundantes de Cisjordania. Los residentes palestinos de estas áreas todavía no tienen “ciudadanía plena e igualdad de derechos”. Tampoco se hizo intento alguno de explicar por qué una anexión parcial de Cisjordania en 2020 convertiría a Israel en un Estado de apartheid mientras que las anexiones de 1967 no lo hicieron.
En julio Yesh Din publicó una opinión jurídica de cincuenta páginas, escrita por el abogado de derechos humanos Michael Sfard, que declaraba a los funcionarios israelíes culpables de apartheid, según aparece definido en la Convención de 1973 como “actos inhumanos cometidos con el propósito de establecer y mantener la dominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas, oprimiéndolas sistemáticamente”. El derecho penal internacional reconoce los grupos raciales más como grupos sociales que biológicos: en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, invocada en el preámbulo de la Convención del Apartheid de 1973, la “discriminación racial” se define como “cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico”. Décadas más tarde, los Tribunales Penales Internacionales para Ruanda y para la ex Yugoslavia sostuvieron que la definición de grupo perseguido no era una cuestión de herencia, sino de estigmatización y de las percepciones subjetivas de los perseguidores. El derecho penal internacional se aplica a los individuos, no a los Estados, por lo que no es el gobierno israelí sino sus funcionarios quienes podrían ser procesados por perpetrar apartheid. Las organizaciones de derechos humanos B’Tselem y Adalah son los únicos grupos importantes en Israel que han pedido a la CPI que inicie una investigación sobre los crímenes de guerra cometidos por funcionarios israelíes. Cuando el director ejecutivo de B’Tselem, Hagai El-Ad, habló en contra de las colonias en el Consejo de Seguridad de la ONU en 2016, fue condenado por los legisladores israelíes de centro y centro-izquierda. El presidente de la coalición del Likud amenazó con despojarle de su ciudadanía y un activista del Partido Laborista presentó una denuncia policial alegando que había cometido traición.
El dictamen jurídico de Yesh Din se centró únicamente en si se está cometiendo el apartheid, “no en quién lo está cometiendo”, y limitó su alcance a las áreas no anexionadas de Cisjordania (el área principal de especialización de Yesh Din), dejando fuera no solo a Gaza e Israel dentro de sus líneas anteriores a 1967, sino también las tierras anexionadas en 1967. Esto no se debió a que fuera inválido examinar la subyugación de los palestinos en todo el territorio bajo el control de Israel, afirmó Sfard, sino porque aún era posible, a pesar de la “insidiosa anexión legal”, considerar que Cisjordania estaba gobernada por un “régimen” separado o al menos un régimen “subsidiario” de Israel. Una de las “dificultades” de tratar a Cisjordania como un régimen separado, reconoció, es que parte de Cisjordania ya ha sido anexionada formalmente. El área anexionada de Jerusalén Este y sus aldeas circundantes tienen muchos puntos en común con Cisjordania: sus residentes palestinos no son ciudadanos israelíes y, como tales, no votan ni tienen representación política. Además, Israel ha implementado una serie de políticas en Jerusalén Oriental que son análogas, y a veces idénticas, a las que utiliza en Cisjordania: colonización masiva a través de un desarrollo centrado en Israel, que incentiva a decenas de miles de ciudadanos israelíes a establecerse en la zona, expropiación masiva y despojo de tierras y propiedades palestinas, obstaculización del desarrollo palestino y desviación de recursos en beneficio de los israelíes que se trasladan a la ciudad. Todo esto y principalmente la anexión ilegal, que no debe reconocerse, justifica que se trate a Jerusalén Oriental y a Cisjordania como una única unidad.
Sin embargo, el dictamen jurídico de Yesh Din no entró a considerar eso. Tampoco examinó las políticas discriminatorias dentro de Israel, donde decenas de miles de ciudadanos palestinos viven en aldeas que Israel se niega a reconocer ni a conectarlas al agua y electricidad, y donde cientos de ciudades solo para judíos tienen comités de admisión a los que la ley permite rechazar a los palestinos con el pretexto de la “idoneidad social”, excluyendo así a los solicitantes que no han servido en el ejército israelí, que no son sionistas o que no tienen la intención de enviar a sus hijos a escuelas en lengua hebrea. Israel se ha apoderado de más de las tres cuartas partes de la tierra de sus ciudadanos palestinos. Esta expropiación es un proyecto continuo, particularmente en el Negev y Galilea, pero la mayor parte se llevó a cabo, como hoy en Cisjordania, cuando los palestinos estaban bajo régimen militar. En las siete décadas de existencia de Israel solo ha habido seis meses, entre 1966-1967, en los que no puso a miembros de un grupo étnico bajo un gobierno militar mientras confiscaba sus tierras. Como ha señalado el historiador israelí Amnon Raz-Krakotzkin, “esos seis meses, menos del uno por ciento de la existencia de Israel, son el punto de referencia para toda la discusión sobre Israel como ‘Estado democrático judío’”. Y, sin embargo, “la excepción […] se convierte en la norma, mientras que la norma, la ocupación, se presenta como la excepción”.
El apartheid no podría haberse sostenido durante décadas sin los muchos patrocinadores, protectores y cómplices externos. El principal de ellos es Estados Unidos, que ha otorgado más de 110.000 millones de dólares a la fuerza militar ocupante y ha gastado cientos de millones en mejorar las infraestructuras del apartheid, rehabilitar puestos de control y pavimentar las carreteras de Cisjordania. La UE es el principal financiero de los cantones autónomos palestinos y uno de los principales importadores de productos de las colonias. Juntos, Estados Unidos y sus aliados europeos han intentado incansablemente evitar que el Consejo de Seguridad de la ONU y la Corte Penal Internacional hagan que Israel rinda cuentas.
Incluso aquellos que se presentan a sí mismos como campeones de la libertad y los derechos humanos palestinos apoyan el statu quo. El representante de política exterior de la UE, Josep Borrell, dijo sobre el plan de Trump: “Reconocemos [su] mérito” y “tal vez sea un punto de partida para las negociaciones”. La oficina del coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio descuida regularmente los mandatos básicos de la ONU de proteger los derechos humanos y defender el derecho internacional, y prefiere ser un actor secundario en el “proceso de paz” liderado por Estados Unidos. En octubre, después de que Israel potenciara sus planes para casi 5.000 casas nuevas en las colonias de Cisjordania, el enviado saliente de la ONU, Nickolay Mladenov, emitió una declaración típicamente insulsa, señalando que la mayoría de las casas estaban en “ubicaciones periféricas en el interior de la Cisjordania ocupada” y que “el número significativo y la ubicación de las ampliaciones es motivo de gran preocupación” porque “socavan la perspectiva de lograr una solución viable de dos Estados”. ¿Es el papel del enviado de la ONU distinguir entre colonias ilegales en las profundidades de Cisjordania y colonias ilegales más próximos a las líneas anteriores a 1967? Con la ayuda de los “pacificadores”, la definición de lo que constituye “periférico” avanza constantemente hacia el este. La ONU, al igual que Estados Unidos, Europa y los grupos sionistas liberales, ha subordinado el derecho internacional y los derechos humanos a la santificación de una solución de dos Estados, que no aborda como un posible medio para lograr lo que debería ser el objetivo principal -poner fin a la opresión de millones de personas sobre la base de su origen étnico- sino como el objetivo en sí.
Diplomáticos y grupos antiocupación bien intencionados acogen cada nuevo acto de expansión israelí con advertencias nefastas de que será un “golpe mortal” para la solución de dos Estados, que “la ventana se está cerrando” para la estatalidad palestina y que ahora, en vísperas de esta última absorción, estamos a “cinco minutos de la medianoche” para la perspectiva de paz. Innumerables alarmas de este tipo se han disparado durante las últimas dos décadas. Se suponía que todos debían convencer a Israel, Estados Unidos, Europa y el resto del mundo de la necesidad de detener o al menos ralentizar la anexión de facto de Israel. Pero han conseguido el efecto contrario: demostrar que siempre faltarán cinco minutos para la medianoche. Los legisladores europeos y estadounidenses, junto con los grupos sionistas liberales que los presionan, pueden así sostener que la solución de dos Estados no está muerta sino simplemente asediada y, por lo tanto, permanentemente “viva”. Mientras tanto, millones de palestinos continúan privados de sus derechos civiles básicos y sometidos a un régimen militar. Con la excepción de esos seis meses en 1966-1967, esta ha sido la realidad para la mayoría de los palestinos que viven bajo el control israelí durante toda la historia de ese Estado. El apartheid de Sudáfrica duró 46 años. El de Israel lleva ya 72, y suma y sigue…
Nathan Thrall es un escritor, periodista y analista estadounidense especializado en Oriente Medio. En la actualidad es un destacado analista que vive en Jerusalén y se ocupa del Programa de Oriente Medio y África del Norte del International Crisis Group que cubre Gaza, Israel, Jordania y Cisjordania. Sus escritos han aparecido en inglés en The New York Times, The New Republic, GQ, Slate, The Guardian y The New York Review of Books, y, en árabe, en Al-Hayat, Asharq al-Awsat y Al-Quds al- Arabi. Es editor colaborador de la revista Tablet y exmiembro del personal editorial de The New York Review of Books.
Fuente:https://lrb.co.uk/the-paper/v43/n02/nathan-thrall/the-separate-regimes-delusion
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