Con miles de heridos, arrestos y procesos judiciales iniciados contra manifestantes, ya a sus espaldas, el Estado libanés lo ha dejado claro: está dispuesto a todo con tal de reducir a silencio el movimiento de protesta iniciado en octubre de 2019. Un levantamiento cuyo fantasma todavía flota sobre un país herido, y que tardará mucho tiempo en recuperarse de un año definitivamente trágico.
“Al principio, sufrimos dificultades económicas. Después, el alimento empezó a escasear. Por si eso no fuera suficiente, ahora mi hijo corre el riesgo de ser encarcelado. Y eso que tan sólo se manifestó con sus amigos para reclamar una vida mejor. ¿Es ese su crimen?”. El rostro de Lina Omar refleja las dificultades que sufren los ciudadanos libaneses. A finales de julio, esta madre de familia, residente en la región de la Bekaa, se manifestaba frente al Palacio de Justicia de Beirut. A su lado, algunas otras madres de jóvenes que se encuentran bajo custodia judicial a raíz de su participación en manifestaciones apenas pueden disimular el agotamiento. “No podemos aguantar más esta situación, es necesario que se termine todo esto”, señala una de ellas. Están allí para denunciar las detenciones arbitrarias, la total falta de pruebas que respalden esas acusaciones y el acoso moral y sistemático que sufren en todo momento.
En un país desangrado, donde los hogares más modestos se ven conminados a la lucha por la supervivencia, se sienten ademas golpeados por una inasumible doble condena.
“Acoso judicial”
Sin embargo, a primera vista, Líbano parece no tener una reputación demasiado sonrojante en materia de represión: no hay presos por delitos de opinión, los encarcelamientos a menudo suelen ser de corta duración, y su libertad de expresión está teóricamente garantizada por la Constitución.
Como siempre, en la práctica, la realidad es otra. Según Ayman Raad, abogado de la corte, desde el 17 de octubre de 2019, una fecha marcada por el comienzo del Thawra, el levantamiento libanés, se estima que más de 1500 personas han sido interrogadas por los diferentes cuerpos de las fuerzas de seguridad. “Algunas de esas personas fueron arrestadas durante manifestaciones, mientras que otras sólo fueron identificadas para ser requeridas por la autoridad posteriormente. Además están quienes, sin previo aviso, han sido acusados sobre la base de una supuesta identificación llevada a cabo en alguno de esos actos. La práctica totalidad de estas 1500 personas serán juzgadas dentro de algunos meses mientras que para otros el proceso quizá dure años”, nos explica el abogado.
De hecho, en el Líbano los procedimientos judiciales pueden ser muy largos: las personas aún siguen compareciendo ante los tribunales por las imputaciones tras las anteriores movilizaciones civiles de protesta, la entonces denominada “crisis de la basura”, que había manchado el país… en 2015.
Para Wadih al-Asmar, presidente del Comité libanés para los derechos humanos (CLDH), esta estrategia represiva pretende mostrarse pragmática y realista: “Tener presos políticos no interesa al régimen libanés, que sabe que depende de la ayuda internacional y que, por lo tanto, debe preservar la imagen del país. La existencia de presos de conciencia no es una opción. Al final todo desemboca en un acoso judicial sistemático fuera de miradas indiscretas. Estas personas van a sufrir una presión terrible durante los años que dure la instrucción de sus casos. El régimen libanés parte de la hipótesis de que una persona que tiene un caso pendiente ante la justicia se lo pensara dos veces antes de salir a ‘tomar’ la calle. Existe por lo tanto una clara instrumentalización de la justicia en materia de represión”.
Ante este recrudecimiento de los procedimientos, cerca de 70 abogados libaneses se han agrupado en el seno del Comité Para la Defensa de los Manifestantes. No son unos recien llegados: la organización ha venido a tomar el relevo de un anterior colectivo de abogados, iniciado en 2015. En aquel entonces se puso a disposición de los manifestantes preocupados una línea telefónica directa. “Hoy sin embargo somos muchos más y estamos mucho más organizados. Nuestro papel principal es intervenir inmediatamente cuando alguien es arrestado”, explica Ayman Raad.
La Coalición de Defensa de la Libertad de Expresión —creada el pasado mes de julio— informa de que además, cerca de 60 personas han sido convocadas por intervenir en las redes sociales desde el inicio del Thawra. Si bien la Constitución libanesa garantiza la libertad de expresión, el Código Penal condena la “difamación” y el “ultraje” hacia los representantes del Estado: “En el Líbano, estas leyes penales tienen un efecto disuasorio en materia de libertad de expresión totalmente inaceptable. (…) Esto ha acabado por convertirse en un recurso cada vez mas frecuente y el trato manifiestamente sesgado que las autoridadesotorgan a estos casos, crea un entorno hostil para la libertad de expresión y desalienta a la población a la hora de expresarse libremente”, alerta la organización en un comunicado.
Golpear cuerpos, amoratar mentes
Enfriar la calle parece haberse convertido en objetivo prioritario para el Estado libanés. Prueba de ello es el espectacular cambio de tono que se ha observado desde principios de 2020: “Ya no hay proporcionalidad en la respuesta de las fuerzas de seguridad. Las personas son deliberadamente atacadas en el corazón de las movilizaciones populares, en pos del esperado y disuasorio resultado: que ante estos actos las masas ya no vuelvan a la calle. De hecho muchos, después de haber presenciado tales escenas de violencia, no quieren volver a manifestarse en familia”, explica Wadih el-Asmar.
A mediados del pasado mes de enero de 2020 , se dio un punto de inflexión particularmente visible. La policía antidisturbios, que no escatimó en balas de goma, fue acusada de haber causado numerosas lesiones permanentes a los manifestantes. Human Rights Watch, denunció a este respecto, “el nivel inaceptable de violencia contra manifestantes en gran parte pacíficos”, acusando por otra parte a las fuerzas de policía de “disparar balas de goma apuntando a los ojos”. Un primer giro en la estrategia represiva: según la Cruz Roja libanesa, 546 personas resultaron heridas sólo en los días 18 y 19 de enero de 2020, varias de ellas con heridas de bala. La campaña “Deja de apuntar a los ojos” se había extendido como un reguero de pólvora en las redes sociales.
La gran manifestación del 8 de agosto, posterior a la trágica y mediática explosión ocurrida unos días antes, es considerada por muchos libaneses como otro punto de inflexión. Según las cifras proporcionadas por la Cruz Roja Libanesa y el Cuerpo Islámico de Socorro de Emergencia, ese mismo día resultaron heridas 728 personas. Un balance que, simbólicamente, pesa: muchos entre esos centenares de personas paliaban día y noche la ausencia total de atención del Estado libanés tras la catástrofe, organizándose para ayudar a los heridos… La gente que está supliendo las carencias del Estado de manera solidaria, atacada por el propio Estado. Una situación que ha acabado tomando un cariz inaceptable, con las heridas causadas por las balas de plomo.
El abogado Firas Hamdan, también miembro del Comité de Defensa de los Manifestantes, documentaba este día cuando él mismo fue alcanzado por ese tipo de proyectiles: “Fui trasladado rápidamente a cuidados intensivos. Me operaron, pero no pudieron sacar una de esas canicas, que se quedó alojada en el corazón. Era demasiado arriesgado. La intervención ha dejado una enorme cicatriz en mi pecho”. Según diversas fuentes, más de una decena de personas tuvieron que someterse a una operación quirúrgica y tres perdieron un ojo por el uso de estas armas.
Ante la gravedad de los hechos, la policía y el ejército rechazaron inmediatamente cualquier responsabilidad. Las Fuerzas de Seguridad Interna Libanesas (FSI) confirmaron en una intervención lo que muchos esperaban: que la Policía Parlamentaria —una fuerza que no recibe órdenes del poder ejecutivo ni del comandante de los ejércitos— era quien estaba detrás de estos disparos. “En elLíbano se ha convertido en una milicia más que una policía. La milicia del Presidente del Parlamento, Nabih Berrih. Conviene recordar que estos últimos en ningún caso protegían el edificio, que se encontraba a más de 500 metros de la escena”, informa Ayman Raad.
Una semana más tarde, una treintena de manifestantes será convocada por la justicia, bajo la acusación de ser responsables de supuestos “actos violentos”. Como en muchas ocasiones suele ocurrir, los acusados proceden de las regiones de Bekaa y Trípoli. “No es ninguna casualidad : a menudo son los manifestantes más desfavorecidos y vulnerables los que son atacados”, explican los abogados.
¿Una salida imposible de la crisis?
“Lo digo en nombre de los franceses: siempre estaremos al lado del pueblo libanés”. Esta concisa frase del Presidente francés —que intenta sin éxito imponerse como mediador en la crisis libanesa— publicada en su cuenta de Twitter el 1 de septiembre, provocó la ira de numerosos manifestantes, que no podían dejar pasar el detalle de que el material utilizado en el “mantenimiento del orden” en el Líbano es, en gran parte, de origen francés. Y los cartuchos de gas lacrimógeno —sellados SAE, Sociedad de Armamento y de Estudios Alsetex— no son más que las marcas más visibles.
Un resentimiento, por lo tanto, recurrente: mientras Emmanuel Macron conversaba con los políticos libaneses en la embajada de Francia durante las celebraciones del centenario del Gran Líbano, los manifestantes eran, una vez más, violentamente reprimidos. “El señor Macron ha venido a apoyar al pueblo libanés, pero ni siquiera hemos visto un comunicado desde la embajada de Francia en apoyo de las decenas de personas heridas aquel día” , nos señala Ayman Raad. Como respuesta a esas acusaciones y ante la pregunta realizada esa misma noche en directo por una periodista de MTV, el Presidente francés eludió tanto como pudo la cuestión ; un número de equilibrista que le ha hecho pasar, para muchos libaneses, del estatus de “salvador” al de “cómplice”.
El futuro político y económico del estado Libanés, el futuro del movimiento de protesta, así como la estrategia de dicho Estado frente a los manifestantes se encuentran en un estado de incertidumbre. Muchos temen una escalada de violencia en cada nuevamanifestación: “El Estado libanés está dispuesto a todo con tal de contener las manifestaciones. Incluso a matar, lo ha demostrado”, comenta amargamente el abogado Firas Hamdan, todavía recuperándose de sus heridas.
Entonces, ¿es inevitable el drama? Si bien es difícil responder a esta pregunta, el pasado 8 de septiembre estuvo cerca: mientras una comitiva se manifestaba cerca del Palacio Presidencial, guardias de las fuerzas armadas dispararon y provocaron un pánico general. “Me he dado cuenta de que nuestras vidas no importan en este país. Si no morimos a causa de una pandemia, de la pobreza o de una explosión, podemos morir a causa de personas que prefieren proteger a las élites corruptas antes que su propio pueblo”, nos relata Katia Moghrabi, una joven activista.
En el Líbano aún se respira el aroma del drama. La derrota se refleja en los rostros de su pueblo, marcados con heridas indelebles. Entierran un año 2020 definitivamente trágico. Las élites libanesas lo saben: el movimiento de protesta —el único motivo de esperanza para un pueblo sin aliento—, si bien parece por el momento confinado y contenido, no está muerto, y es capaz de renacer de sus cenizas cual ave Fénix en cualquier momento. Y máxime teniendo en cuenta que las profundas causas que provocaron este levantamiento en el país del Cedro siguen vivas, y las heridas aún más abiertas y sangrantes que a su inicio.
“Lo sabemos. El camino para cambiar este sistema es largo y difícil. Pero no podemos ni debemos perder la esperanza. Ni la corrupción, ni la violencia, ni la represión nos frenarán”, concluye Katia Moghrabi.