Un impulso concertado para acelerar la anexión de Cisjordania, dirigido por un colono mesiánico [Bezalel Smotrich nde]. Aún más inmunidad para los soldados israelíes que atacan o matan a personas palestinas. La denegación de servicios médicos a las personas LGBTQ. Un Tribunal Supremo maltratado. Un regreso a la política para los terroristas judíos previamente prohibidos.
Todas estas propuestas políticas se han difundido en los medios de comunicación israelíes en las últimas semanas, a medida que tomaba forma la nueva coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu, resultante de intensas negociaciones y que prestó juramento el jueves 29 de diciembre. Siguiendo la trayectoria de las últimas décadas, el nuevo gobierno es el más a la derecha del país hasta la fecha, dando a Netanyahu un gabinete relativamente homogéneo desde el punto de vista ideológico, al tiempo que otorga un poder sin precedentes a personalidades extremistas que, hasta hace poco, eran percibidas como destinadas a permanecer en los márgenes de la vida política.
Queda por ver qué margen de maniobra Netanyahu y el Likud darán a sus socios de coalición junior para impulsar todo el alcance de su visión fundamentalista del país [de los 33 ministros, 30 de ellos con cartera, 14 son abiertamente de extrema derecha]. Pero la debilidad del primer ministro al regresar al gobierno ante la amenaza permanente de juicio [entre otros por corrupción], así como el poder y los puestos que ya ha confiado a los miembros del Partido Sionista Religioso [Bezalel Smotrich], Otzma Yehudit [Itamar Ben-Gvir] y Noam [Avi Maoz] de extrema derecha, son un muy mal augurio. La insistencia pública de Benyamin Netanyahu en que no permitirá que los extremistas religiosos de su gobierno se desaten, presentándose, según la conocida tradición de la extrema derecha israelí, como un freno contra quienes están aún más a la derecha, es desmentida por la complacencia que ha mostrado a lo largo de las negociaciones de las últimas semanas.
Ahora que el nuevo gobierno ha prestado juramento, veamos un resumen de algunas de las políticas, propuestas y nuevos poderes más peligrosos de la nueva coalición.
Una anexión de Cisjordania en todo menos en el nombre
Si bien la anexión informal de la Cisjordania ocupada ha sido un proyecto continuo a largo plazo de los sucesivos gobiernos israelíes, Israel aún no ha anexado oficialmente los territorios como lo hizo para Jerusalén Este y el Golán a principios de la década de 1980, después de su ocupación durante la guerra de 1967. Hacer avanzar este programa sigue siendo un objetivo primordial a largo plazo para el Partido Sionista Religioso y su líder Bezalel Smotrich, según el acuerdo de coalición del partido con el Likud. Sin embargo, por el momento, se hace hincapié en la aceleración de la anexión de facto.
Los principios rectores de la nueva coalición prometen seguir avanzando en un proyecto colonial que se extiende más allá de la Línea Verde y conduce a su eliminación. En su primera parte, el acuerdo de coalición completo declara: “El pueblo judío tiene un derecho exclusivo e indiscutible sobre todas las regiones de la Tierra de Israel. El gobierno promoverá y desarrollará los asentamientos en todas las partes de la Tierra de Israel, en Galilea, Negev, los Altos del Golan, Judea y Samaria”.
Gracias a la legislación adoptada el martes 27 de diciembre por la Knesset, que coloca a la administración civil y al COGAT (Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios), unidades del Ministerio de Defensa que gestionan la ocupación y el asedio de Gaza, bajo la dirección del Partido Sionista Religioso, Smotrich es ahora el “soberano de facto” de las partes de Cisjordania colocadas bajo pleno control militar y civil israelí y donde se encuentran la mayor parte de las colonias, además de tener un poder considerable sobre la vida de las y los palestinos de Gaza.
Bezalel Smotrich y su partido tendrán muchas formas de ejercer este poder, pero independientemente de las formas concretas que tomen sus políticas, es prácticamente seguro que implicarán la optimización de las condiciones de expansión de las colonias, en particular legalizando los puestos avanzados, realizando nombramientos políticos destinados a socavar la capacidad de las y los palestinos para hacer valer el reconocimiento legal de sus tierras privadas, proponiendo exenciones fiscales para las y los colonos, dando a estos últimos aun más libertad para llevar a cabo sus propias adquisiciones; y armonizar aún más las leyes de las colonias con las del interior de la Línea Verde.
Al mismo tiempo, Smotrich podrá intensificar las llamadas medidas “coercitivas” y otros castigos dirigidos a las y los palestinos de la zona C [esta zona es administrada por la administración israelí y muy indirectamente por la Autoridad Palestina], ya sea negando permisos de construcción, demoliendo casas y otras estructuras, o restringiendo los permisos de salida y trabajo. Del mismo modo, el partido determinará quién puede entrar y salir de la Franja de Gaza y cuándo, y dictará qué materiales pueden entrar y salir del enclave.
Continuar la colonización del Naqab / Neguev y Galilea
El Naqab y Galilea, que albergan importantes centros de población palestina en el sur y el norte del país respectivamente, han sido durante mucho tiempo el pilar de los esfuerzos del gobierno para judaizar el país dentro de la Línea Verde. Para la extrema derecha en particular, se consideran parte de la línea de frente, junto con las llamadas “ciudades mixtas”, del impulso israelí destinado para “recolonizar” áreas que, a sus ojos, no son lo suficientemente judías debido a la importancia de su población palestina. Por lo tanto, estas dos partes del país han recibido una atención considerable en las negociaciones entre el Likud, el Partido Sionista Religioso y Otzma Yehudit, y cada partido obtuvo un control importante sobre estas áreas.
El acuerdo de coalición de Otzma Yehudit le atribuyó el control del Ministerio de Desarrollo de Negev y Galilea, que se amplió para incluir los puestos avanzados de Cisjordania, otro acto de anexión informal. Ben Gvir, por su parte, como Ministro de Seguridad Nacional, tendrá el control de los órganos ejecutivos de las diferentes ramas del gobierno relacionadas con la tierra y el medio ambiente, incluida la Autoridad de Naturaleza y Parques y la Autoridad de Tierras de Israel. Por lo tanto, tendrá una influencia significativa en la asignación de las tierras del Estado y la forma en que se ven afectadas. Lo que seguramente utilizará como arma contra las comunidades palestinas en las áreas que el Estado busca colonizar intensamente con las y los israelíes judíos.
Además, el Partido Sionista Religioso obtuvo del Likud el compromiso de ampliar aún más la judaización del Néguev y Galilea. También se le concedió cierto poder dentro de la Autoridad de Tierras de Israel, con el miembro de la Knesset Orit Strook en su consejo.
Amenazas contra la comunidad LGBTQ
La lista electoral común del Partido Sionista Religioso, que obtuvo el tercer mayor número de votos en las elecciones del mes pasado, permitió al partido de extrema derecha Noam ganar un escaño y llevar a su presidente, Avi Maoz, a la Knesset. Este partido, que solo tiene unos pocos años de existencia, siempre ha confiado en una plataforma mayoritariamente anti-LGBTQ. Al día siguiente de las elecciones, en cuanto quedó claro que Avi Maoz iba a formar parte de la coalición gubernamental, comenzó a hacer propuestas políticas homofóbicas, especialmente para prohibir los desfiles del Orgullo en el país, especialmente en Jerusalén.
Benyamin Netanyahu no dio seguimiento a esta idea, al menos en público, pero poco después nombró a Avi Maoz como viceministro en el gabinete del Primer Ministro, encargado de supervisar la “identidad judía”, con la responsabilidad relacionada de los programas escolares no públicos [financiados por recursos extranjeros]. El nombramiento provocó reacciones negativas de algunos alcaldes y autoridades locales, pero mientras tanto, las declaraciones homofóbicas de Avi Maoz y su clan ideológico continuaron, mientras que los informes indican que su partido había elaborado previamente listas de personalidades de los medios LGBTQ, lo que llevó a activistas LGBTQ a lanzar advertencias contra la violencia homofóbica.
Parte del acuerdo de coalición entre el Likud y el Partido Sionista Religioso también permitió a este último ganar una guerra cultural como la llevada a cabo en Estados Unidos, permitiéndole intentar modificar una ley antidiscriminación que autorizaría a los proveedores de servicios a negarse a trabajar con ciertas personas debido a sus creencias religiosas. (Esto también forma parte del acuerdo del Likud con el partido haredi [ultra-orthodoxo] Judaísmo Unido de la Torá). La diputada Orit Stroock del Partido Sionista Religioso sugirió que, en virtud de la nueva ley, los médicos podrían negarse a tratar a los pacientes LGBTQ, mientras que la abogada Simcha Rothman, también del Partido Sionista Religioso, dijo que los propietarios de hoteles tendrían derecho a rechazar habitaciones a los clientes homosexuales.
También se ha hablado de revertir una reciente prohibición de la llamada “terapia de conversión”, restablecer la prohibición a los homosexuales de donar sangre y volver a imponer obstáculos al acceso a la cirugía de reasignación sexual.
Radicalización de las fuerzas policiales desde arriba
La creación de un nuevo Ministerio de Seguridad Nacional dirigido por el presidente de Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir, ya ha provocado una ola de choque en la policía israelí. Este ministerio, que es una versión ampliada del Ministerio de Seguridad Nacional y Pública, otorga a Ben Gvir, un simpatizante terrorista convicto con una larga historia de violencia e incitación a la violencia, principalmente contra los palestinos, poderes dictatoriales sobre las fuerzas policiales israelíes a ambos lados de la Línea Verde. Según el acuerdo de coalición entre el Likud y Otzma Yehudit, que fue adoptado por la Knesset el miércoles 28 de diciembre, la Policía Fronteriza, que patrulla en Cisjordania y Jerusalén Este, ha sido retirada de la autoridad de la policía israelí y ahora depende directamente del ministerio de Ben Gvir.
Discípulo del rabino extremista Meir Kahane y admirador de larga data del asesino en masa de Hebrón de 1994, Baruch Goldstein, Itamar Ben-Gvir se ha comprometido a presionar para que las fuerzas de seguridad acusadas de matar o agredir a palestinos, especialmente a los soldados, reciban una mayor inmunidad y, gracias al acuerdo de coalición de su partido, tiene autoridad para hacer aún más permisibles las normas para recurrir a la utilización de armas de fuego. El control que ejerce sobre la policía fronteriza significa que ahora tiene un control sobre las fuerzas que reprimen violentamente las manifestaciones palestinas, participan en la demolición de casas y controlan las áreas mayoritariamente palestinas dentro de la Línea Verde. Ben Gvir también tiene el poder de nombrar comisarios de policía, un privilegio negado a su predecesor, así como de aumentar su control sobre la policía en áreas donde hay objetivos políticos y religiosos, como, por ejemplo, la extensión de la oración judía en el Monte del Templo / Haram al-Sharif, que tradicionalmente ha sido restringida por la policía, aunque en un grado cada vez más limitado.
La guerra contra -y sobre- el sistema judicial
En el corazón de las negociaciones de Netanyahu, y como parte de su aceptación de las exigencias de sus socios, está la voluntad de socavar el sistema judicial israelí para salir airoso en sus diversos juicios por corrupción. Este es un objetivo recíproco: el Partido Sionista Religioso, Otzma Yehudit y otras formaciones de extrema derecha quieren que el sistema judicial se someta a la voluntad del gobierno, presionando para obtener una “cláusula derogatoria” que permita a la coalición gobernante anular las sentencias del Tribunal Supremo, lo que privaría a la jurisdicción más alta del país de todo poder. En la práctica, esto podría permitir a una mayoría muy pequeña de la Knesset, por ejemplo, 61 de los 120 diputados, anular una decisión del Tribunal Supremo, por ejemplo, de anular una ley discriminatoria adoptada por la Knesset. Tal opción facilitaría en gran medida la codificación de las políticas de extrema derecha, desde la discriminación racial y religiosa hasta el acaparamiento de tierras y la extensión de la criminalización de la sociedad civil palestina y las ONG de derechos humanos.
Un acuerdo de coalición relacionado, aunque discreto, implica la anulación de la inhabilitación de los posibles miembros de la Knesset previamente acusados o condenados por incitación a la violencia y el odio. Este movimiento fue orquestado por Ben Gvir, aparentemente para permitir que sus antiguos compañeros kahanistas [que afirman compartir la ideología del rabino Meir Kahane] – Michael Ben-Ari, Baruch Marzel y Bentzi Gopstein- intentaran una vez más entrar en la Knesset. Al mismo tiempo, Ben Gvir dejó claro que su partido usaría la ley para intentar evitar que las y los políticos palestinos entraran en la Knesset.
Otro signo del debilitamiento del poder del Tribunal Supremo, el acuerdo de coalición entre el Likud y el Partido Sionista Religioso relanza los intentos anteriores de detener indefinidamente a los solicitantes de asilo en los campos, con la propuesta de una nueva Ley Fundamental basada en la legislación que el Tribunal ha anulado en el pasado.
El Likud y Otzma Yehudit también acordaron aprobar, durante el próximo año, un proyecto de ley que instituiría la pena de muerte para los “terroristas” (palestinos).
Represión de la sociedad civil
Incluso antes de que la nueva coalición prestara juramento, el ya represivo trato del Estado israelí hacia activistas, periodistas y grupos de la sociedad civil se ha agudizado aún más. En las últimas semanas, los soldados han agredido a activistas de izquierda en Cisjordania mientras acogieron con satisfacción el papel que Ben Gvir tendrá en su misión. Un periodista fue detenido por provocación después de felicitar a un palestino de Cisjordania por tratar de atacar a las fuerzas de seguridad israelíes en lugar de a los civiles. Y un diputado del Likud llamó a “encarcelar” al jefe de Breaking the Silence [organización israelí de soldados y veteranos que denuncia las acciones del ejército], Avner Gvaryahu.
La nueva coalición parece dispuesta a criminalizar, perseguir y obstaculizar aún más a las y los actores de los derechos humanos y civiles, así como a periodistas, a ambos lados de la Línea Verde. Smotrich ha pedido que se siga persiguiendo «por motivos legales y de seguridad» a los grupos de derechos humanos, calificándolos de «amenaza existencial para el Estado de Israel», y hay planes en marcha para gravar con impuestos las donaciones de gobiernos extranjeros a las ONG de izquierdas. Se está resucitando una iniciativa de hace años para criminalizar la filmación de soldados israelíes en acto de servicio, mientras que el Likud reaviva las amenazas de cierre de la sección de noticias de la radiotelevisión pública israelí, que Netanyahu ya ha juzgado demasiado a la izquierda. (Artículo publicado en el sitio israelí +972, el 29 de diciembre de 2022).
Natasha Roth-Rowland es editora de la web +972. Es estudiante de doctorado en historia en la Universidad de Virginia. Su investigación y escritura se centran en la extrema derecha judía en Israel-Palestina y los Estados Unidos.
Traducción: Faustino Eguberri para viento sur