El Gobierno aprobó ayer el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión para cumplir con las reducciones de gases de efecto invernadero previstas en el Protocolo de Kioto. El plan, que básicamente regula los derechos de emisión de las empresas durante al periodo 2005-2007, es de contención y establece para dichas fechas una estabilización […]
El Gobierno aprobó ayer el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión para cumplir con las reducciones de gases de efecto invernadero previstas en el Protocolo de Kioto. El plan, que básicamente regula los derechos de emisión de las empresas durante al periodo 2005-2007, es de contención y establece para dichas fechas una estabilización de las emisiones globales (sólo bajarán un 0,2% respecto a 2002). El grueso de la reducción de los gases que causan el cambio climático se deja en manos de un futuro plan (aún no redactado) para el periodo 2008-2012, fecha en la que las emisiones no deberían sobrepasar en un 24% las del año 1990 (ahora están un 40% por encima). La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, cifró en 85 millones de euros anuales el coste para la industria del plan. El Protocolo de Kioto permite a España para el periodo 2008-2012 aumentar un 15% las emisiones de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, óxido nitroso, metano y tres gases industriales) respecto a las que producía en 1990, año que el tratado toma como referencia. Ahora mismo, España, como recordó ayer Narbona, supera en un 40% los niveles de 1990 y es el país europeo más alejado de cumplir Kioto. En esta línea, la ministra Narbona se lamentó de la inoperancia de los anteriores gobiernos del PP, ya que cuando llegaron al poder España aún estaba en los límites de Kioto.
Con el objetivo de cumplir, el compromiso de Kioto en 2012, el Gobierno ha previsto dos plazos concretos de actuación (2005-2007 y 2008-2012) y también dos ámbitos -industria y sociedad- en los que influir. «El plan que hemos diseñado entre distintos ministerios es asumible y no acarreará problemas en la creación de empleo o en la actividad económica», dijo Narbona. «Estamos obligados a ser gradualistas y el mayor esfuerzo se producirá a partir de 2008», añadió.
Objetivos en la industria
Para el periodo 2005-2007, se establece un objetivo global para España de 400,7 millones de toneladas emitidas como promedio anual, lo que representa una reducción del 0,2% respecto a las emisiones de 2002 (401,34 millones de toneladas). La mayor parte de la responsabilidad recae en los sectores obligados por las directivas comunitarias (generación eléctrica, refinería, cemento, siderurgia, cal, vidrio, cerámica y papel), que representan el 40% de las emisiones globales. Para estos sectores, se ha decidido una asignación de 160,28 millones de toneladas de derechos de emisión. Esta restricción afecta a 1.066 instalaciones (el primer borrador fijaba 1.097). Todas ellas tienen hasta el próximo 30 de septiembre para solicitar a sus respectivas comunidades autónomas la autorización de emisión y al Ministerio de Medio Ambiente la asignación individualizada de derechos de emisión. «El nuevo Plan ha aceptado el 93% de los derechos de emisión de gases contaminantes que habían reclamado las empresas (siderúrgicas, papeleras, cementeras, eléctricas…)», indicó ayer Narbona.
Mucho más ambicioso es la previsión para el periodo 2008-2012, para el que todavía no hay plan aprobado. El objetivo final es que las emisiones de gases de efecto invernadero sean un 24% superiores a las de 1990. El Protocolo de Kioto obliga a que ese porcentaje sea únicamente del 15%. Para reducir la diferencia de nueve puntos, Medio Ambiente planea acogerse a algunas medidas recogidas por el Protocolo y que permiten descontarse emisiones mediante el incremento de la masa forestal (2 puntos) y mediante la compra de créditos que dan derecho a emitir más gases (7).
La titular de Medio Ambiente explicó que, según los cálculos de su ministerio, el coste para el conjunto de la industria se situará en torno a los 85 millones de euros anuales que «sólo supone un 0,01% del valor añadido de los sectores afectados por la UE, y comparó la cifra con los 5.300 millones adicionales gastados durante este último año por la subida del precio del petróleo. «Hemos gastado todo esto por tener un modelo energético cuya dependencia del petróleo se ha incrementado sustancialmente durante los últimos ocho años», afirmó.
El Plan del Gobierno tiene previsto actuar también sobre los sectores que aún no estando sometidos a la directiva comunitaria son los más contaminantes con el 60% de las emisiones de anhídrido carbónico a la atmósfera. Se trata del transporte, la agricultura o el sector residencial.
En este sentido, la ministra de Medio Ambiente aunque calificó de empeño complicado atacar estos sectores contaminantes, considera que estamos ante un desafío ético y tecnológico por cuanto está en juego el futuro del planeta. Por ello, las medidas sobre la industria se verán ampliadas con plan de fomento de energías renovables y también con un plan para potenciar la eficiencia energética en el país.