El Gobierno turco presentará esta semana en el Parlamento su plan para intentar integrar a la comunidad kurda, que ha despertado el recelo de sectores kemalistas. El ministro del Interior, Besir Atalay, tendrá que explicar a los diputados, a partir de hoy, las grandes líneas de esta «apertura democrática», que ha sido muy criticada […]
El Gobierno turco presentará esta semana en el Parlamento su plan para intentar integrar a la comunidad kurda, que ha despertado el recelo de sectores kemalistas.
El ministro del Interior, Besir Atalay, tendrá que explicar a los diputados, a partir de hoy, las grandes líneas de esta «apertura democrática», que ha sido muy criticada por la oposición kemalista, que considera que atenta contra la unidad de la República turca.
Desde el verano, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, islamista) del primer ministro Recep Tayyip Erdogan se esfuerza en preparar a la opinión pública para el anuncio de estas medidas.
Los detalles del plan del AKP no se han revelado, pero, según la prensa, Ankara podría eliminar las restricciones sobre el uso de la lengua kurda, autorizar el retorno de Kurdistán Sur (Estado iraquí) a los refugiados, abandonar los nombres turquificados de las ciudades kurdos, disolver la milicia creada para combatir al PKK e invertir en Kurdistán Norte, actualmente la zona más empobrecida del Estado turco y que alcanza niveles récord de paro.
En una demostración pública de buena voluntad, ocho militantes del PKK y 26 civiles refugiados kurdos regresaron a Kurdistán Norte desde los campos de Kurdistán Sur.
El hecho de que fueran recibidos como héroes en las ciudades kurdas y que actualmente estén en libertad provocó el enfado de la oposición kemalista y la petición de Erdogan de que se suspendiera la llegada de más refugiados kurdos.
En esta cuestión, «el apoyo al partido gubernamental se ha reducido sensiblemente, especialmente en la Anatolia profunda, donde se piensa que el partido de Erdogan quiere legitimar al PKK», considera Soner Cagaptay, del Washington Institute, que subraya el riesgo político asumido por el primer ministro ya que este conflicto ha provocado 45.000 muertos.