Traducido del inglés para Rebelión por J. M.
El nombramiento de Menachem «Meni» Mazuz para la Corte Suprema de Israel no levantó ningún debate en la opinión pública israelí. Si esta fuera una sociedad verdaderamente democrática, que hace hincapié en la importancia de respetar las opiniones y la situación de la minoría nacional, este nombramiento nunca se habría producido.
Hay muchas razones por las que Meni Mazuz no debería haber sido aceptado en la Corte Suprema. La más importante de ellas es que Mazuz, en su calidad de fiscal general, fue la persona que decidió en enero de 2008 cerrar los expedientes de investigación del homicidio por la policía de 13 ciudadanos palestinos jóvenes de Israel durante los sucesos de octubre del año 2000. Mazuz tomó esta decisión a pesar de las recomendaciones fuertes y claras de la Comisión Estatal de Investigación, encabezada por el exmagistrado Theodor Or, quien afirmó que en algunos de los casos existieron pruebas suficientes para acusar a los funcionarios responsables, mientras que otros casos justifican mayor investigación.
Menachem «Meni» Mazuz, juez del Tribunal Supremo israelí. (Foto: La Universidad Hebrea de Jerusalén)
El momento de la designación de Mazuz en la Corte Suprema -sólo dos semanas antes los ciudadanos palestinos conmemoraran el decimocuarto aniversario de los asesinatos de octubre de 2000- es indicativo del desprecio hacia la minoría palestina de Israel y se suma a sus crecientes sentimientos de frustración y enojo. Una semana después de la decisión de Mazuz en 2008 de cerrar los expedientes de la investigación sobre los homicidios de octubre del 2000, los ciudadanos palestinos organizaron las mayores manifestaciones desde el «Día de la Tierra» en 1976.
Mazuz no es la única persona responsable del fracaso de las investigaciones de octubre de 2000, que luego fueron promovidas a más altas posiciones en las instituciones israelíes. Por ejemplo, otro miembro actual de la Corte Suprema de Justicia, Elyakim Rubinstein, era fiscal general en el momento de los asesinatos y no cumplió su deber de adelantar las investigaciones sobre los hechos. Otros individuos responsables son Shai Nitzan, el fiscal general adjunto que encabezó el subcomité que recomendó el cierre de los archivos, que fue promovido a fiscal del Estado, y Benzi Sau, el comandante de la policía de la región de Wadi Ara, que se enfrentó a muchas críticas por utilizar francotiradores en el asalto en que murieron tres de las 13 víctimas palestinas, sin embargo fue ascendido al puesto de comandante de la policía en la región de Tel Aviv.
Además de su papel en el cierre de los archivos de octubre de 2000, Mazuz ayudó a redactar, aprobar y defender muchas leyes discriminatorias que fueron promulgadas o propuestas por la Knesset, algunas de las cuales eran descaradamente dirigidas o racistas contra los ciudadanos palestinos y se aprobaron deliberadamente para socavar sus derechos. Por ejemplo, en 2003 Mazuz promovió la Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel, que impide la unificación familiar de decenas de miles de familias palestinas si uno de los cónyuges o de sus hijos es de los Territorios Palestinos Ocupados. La ley fue aprobada dos veces por el Tribunal Supremo, ambas en 4-5 resoluciones, a pesar de duras críticas por parte de las organizaciones de derechos humanos y de los cuatro jueces en minoría. Esta ley discrimina directamente a los ciudadanos palestinos y viola su derecho fundamental a la vida familiar. Además la ley es un atentado contra el derecho fundamental a la ciudadanía para los palestinos de Israel, que debe ser inalienable en cualquier democracia digna de este nombre. La aprobación de esta legislación, de la cual Mazuz era una parte crucial, ayudó a preparar la ola de leyes más discriminatorias y perjudiciales a promulgarse en un futuro.
Por otra parte, en 2007, Mazuz aprobó la propuesta de la Ley de Comités de Admisiones, que impide efectivamente a los ciudadanos palestinos vivir en 434 pequeñas comunidades en las tierras del Estado de Israel, dando luz verde a la práctica de la segregación en la vivienda que ya existe en la práctica entre los ciudadanos palestinos y ciudadanos judíos del Estado. Haciendo caso omiso de la decisión del Tribunal Supremo en el caso Ka’adan 2000, lo que provocó un debate público sobre el control exclusivo de las tierras del Estado por los ciudadanos judíos, Mazuz ayudó a la nueva ley de eludiendo la decisión del tribunal. La Ley de Comités de Admisiones se confirmó recientemente por el Tribunal Supremo en un fallo de votación de 5 a 4 resoluciones, pese a las críticas en su contra. El veredicto sobre el caso se emitió sólo dos semanas después de que el tribunal rechazase una solicitud para apelar por los 1.000 residentes beduinos árabes de Atir y Umm el-Hieran, dos aldeas no reconocidas en el Naqab/Negev, contra los planes del Gobierno de demoler sus hogares para construir sobre sus ruinas una ciudad judía llamada «Hiran». El tribunal rechazó la petición de los residentes, alegando que no había «interés público» en su caso. Al parecer, el destino de miles de ciudadanos beduinos de Israel, que han vivido en un pueblo establecido por el Estado desde 1956, no es de interés para el Gobierno ni para el público ni tampoco para el Tribunal Supremo.
La serie de decisiones tomadas por Mazuz como fiscal general no fue el resultado de consideraciones legales y profesionales cuidadosas, sino que fue en consideración de su visión del mundo que influyó en gran medida en sus decisiones con respecto a los ciudadanos palestinos. La ausencia de debate público sobre el nombramiento de Mazuz ilustra una lección importante de la noción del Estado de Derecho en la sociedad israelí. Muchos han elogiado la valentía de Mazuz en la presentación de cargos contra un ex primer ministro y otros funcionarios del Gobierno, pero han ignorado por completo la ausencia de esa valentía en relación con los asesinatos de octubre de 2000, a pesar de las fuertes recomendaciones de la Comisión Or. Por lo tanto, el nombramiento de Mazuz a la Corte Suprema revela, una vez más, que dentro de las fronteras del imperio de la ley sólo entran aquellos que se consideran parte de la «nación judía», no todos los ciudadanos de Israel.
Salah Mohsen es el director de medios de comunicación en Adalah – El Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel. Este artículo apareció por primera vez en hebreo en Walla.
Fuente: http://972mag.com/meni-mazuz-and-the-borders-of-the-rule-of-law-in-israel/97114/