Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Los dirigentes israelíes apenas han ocultado su júbilo ante el artículo de opinión que el pasado viernes publicó el juez sudafricano Richard Goldstone en el Washington Post, en el que volvía a considerar las conclusiones de la investigación que las Naciones Unidas le ordenaron hacer sobre el ataque de Israel contra Gaza en el invierno de 2008.
Durante los últimos dieciocho meses, el Informe Goldstone había obligado a Israel a ponerse a la defensiva al sugerir que el ejército israelí -así como Hamas, la facción que gobierna en Gaza- habían cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante las tres semanas que duró la Operación Plomo Fundido de Israel y que acabó con las vidas de alrededor de 1.400 palestinos, entre ellos cientos de mujeres y niños.
El informe de Goldstone, que llegó realmente a preocupar a las autoridades israelíes, podía finalmente allanar el camino para que la Corte Penal Internacional en La Haya pudiera juzgar a los soldados israelíes por crímenes contra la humanidad.
En un acto por el que parece retractarse parcialmente de algunas de sus conclusiones contra Israel, Goldstone sostiene que habría escrito su informe de forma muy diferente si Israel hubiera colaborado cuando llevó a cabo la investigación.
Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, apeló de inmediato a las Naciones Unidas para que dieran carpetazo al Informe de Goldstone; Ehud Barak, ministro de defensa, exigió que se disculpara; y Avigdor Lieberman, el ministro de asuntos exteriores, dijo que las acciones de Israel en Gaza quedaban por tanto «justificadas».
Ciertamente que a Israel le encantaría que los observadores interpretaran los recientes comentarios de Goldstone como una exoneración de sus actos. Sin embargo, en realidad, ofrece mucho menos alivio a Israel del que sus partidarios proclaman.
La acusación que se postulaba en el informe original de que los soldados israelíes habían cometido crímenes de guerra sigue aún en pie, al igual que las críticas a Israel por el uso de armas no convencionales como el fósforo blanco, la destrucción de propiedades a gran escala y la toma de civiles como escudos humanos.
En cambio, Goldstone se vuelve a plantear su posición en dos aspectos que Israel tratará de explotar al máximo.
El primero se refiere a una observación por la que expone que, desde la publicación de su informe en septiembre de 2009, «Israel ha dedicado importantes recursos a investigar unas 400 acusaciones de malas conductas operativas».
En el pasado, Goldstone hizo cuanto pudo para que Israel y Hamas investigaran los incidentes donde aparecían civiles atacados, diciendo que de otra forma su informe se trasladaría a la Corte Penal Internacional. En su reciente artículo, compara de modo favorable las investigaciones de Israel frente a la inacción de Hamas en tal sentido.
En el periódico Jerusalem Post, un alto funcionario judicial no identificado del ejército israelí, destacaba esta semana la importancia, desde el punto de vista de Israel, de las nuevas valoraciones de Goldstone. Dijo que la demostrada confianza de Goldstone en el sistema de investigación israelí ayudaría a impedir futuras investigaciones de las Naciones Unidas sobre crímenes de guerra.
Esto es causa de gran preocupación para los palestinos en un momento en que, en respuesta a las renovadas hostilidades entre Israel y Hamas, algunos ministros del gobierno israelí han exigido el lanzamiento de un Plomo Fundido 2.
Otro comandante no identificado dijo ayer en la página de noticias israelíes de Internet Ynet, que el cambio de táctica podría levantar la amenaza de arresto, a causa de las acusaciones por crímenes de guerra, que pende sobre las cabezas de los soldados israelíes que intenten viajar al extranjero.
Sin embargo, según los grupos israelíes por los derechos humanos y un comité de expertos juristas independientes designados por las Naciones Unidas para supervisar la aplicación del informe, los aplausos de Goldstone a las investigaciones de Israel no están precisamente tan justificados.
Sarit Michaeli, portavoz de B’Tselem, organización israelí que supervisa la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados, dijo que Israel no había llevado a cabo una investigación rápida ni transparente ni independiente.
«Israel no ha puesto a nuestra disposición el material en el que se ha basado, por tanto no estamos en situación de juzgar la calidad de sus investigaciones o la credibilidad de sus conclusiones».
Asimismo, el comité de expertos de la ONU, dirigidos por una jueza de Nueva York, Mary McGowan-Davis, se ha quejado de que el ejército israelí esté investigándose a sí mismo y que, por lo tanto, cuestionaba la eficacia de unas investigaciones que habían sufrido «innecesarios retrasos» por los cuales se podían haber «perdido o comprometido» numerosas pruebas.
Los grupos por los derechos humanos han señalado que, a pesar del gran número de muertos en Gaza, sólo tres de las 400 investigaciones citadas por Goldstone han llevado hasta ahora a acusaciones formales.
Uno de esos tres casos se refería al robo de una tarjeta de crédito. Otro, en el que dos soldados utilizaron a un niño de nueve años como escudo humano, llevó a que se les castigara con sentencias de degradación y suspensión durante tres meses.
El segundo, mucho más importante teniendo en cuenta el replanteamiento que se hace Goldstone, expone que se equivocó al concluir en su informe que el hecho de que Israel hubiera atacado intencionadamente a los civiles palestinos respondía a una «concepción política».
A pesar de las engañosas palabras del artículo de Goldstone, no se está refiriendo a una orden israelí para que asesinar intencionadamente a civiles sino a una política en la que los ataques indiscriminados se emprendieron con un desprecio absoluto hacia las probables víctimas entre los civiles.
Extrañamente, parece basar su revisada opinión en las propias investigaciones del ejército israelí aunque no se hayan hecho públicas aún las pruebas de las mismas.
Rina Rosenberg, directora de defensa internacional del centro legal Adalah en Israel, que ha estado supervisando las investigaciones de Israel en nombre de grupos legales palestinos, declaró que con esa observación Goldstone le había hecho un «buen regalo» a Israel.
«Israel ha intentado centrar completamente el debate en si trató o no de asesinar a civiles, debido a que un crimen de guerra depende sólo de la intencionalidad. Israel sabe que es muy difícil demostrar tal intención -fuera de políticas como la de los asesinatos selectivos-.»
Señaló que había otros estándares importantes en el derecho internacional para valorar los crímenes de guerra, como son la negligencia, el desprecio por la seguridad de los civiles y el uso indiscriminado de la fuerza.
Los observadores se están también preguntando por cuáles son esas nuevas informaciones han podido aparecer desde que el Sr. Goldstone publicó su informe, que puedan justificar el hecho de que se replantee ahora si la política israelí puso a los civiles palestinos en la línea de fuego.
Sus conclusiones originales recurrían en parte a las declaraciones públicas de los comandantes del ejército israelí de que habían aplicado en Gaza la doctrina Dahiya: una estrategia militar israelí llamada así por la actuación israelí en un suburbio de ese nombre en Beirut, arrasado hasta los cimientos por Israel durante su ataque contra el Líbano en 2006. En su artículo, Goldstone no pone en duda su premisa anterior de que tal estrategia, por definición, hace peligrar las vidas de los civiles.
Además, el grupo israelí Rompiendo el Silencio, ha recogido muchos testimonios de soldados antes y desde la publicación del Informe Goldstone en los que alegan que recibieron órdenes para llevar a cabo operaciones con muy poco o ningún cuidado por la seguridad de los civiles. Algunos describían que el ejército había seguido una política de «cero riesgo» para los soldados aunque eso significara poner en peligro a los civiles.
De igual forma, las octavillas fabricadas por el rabinato militar -al parecer con conocimiento del alto mando del ejército- instaban a las tropas terrestres israelíes que invadieron Gaza a proteger sus propias vidas a toda costa y a no mostrar piedad alguna hacia los palestinos.
El momento en el que el artículo de Goldstone ha aparecido publicado ha aumentado las preocupaciones de los grupos israelíes y palestinos por los derechos humanos de que el juez haya podido sucumbir ante presiones políticas.
A finales del pasado mes, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que fue quien ordenó que se constituyera la misión de investigación, recomendó que la Asamblea General trasladara el Informe Goldstone al Consejo de Seguridad, que es la etapa decisiva para su traslado a la Corte Penal Internacional.
Se teme que EEUU, que se opone firmemente a ese traslado, bloquee tal actuación, un acto más vergonzoso aún de Washington después de su reciente veto de una resolución palestina en las Naciones Unidas contra los asentamientos israelíes.
Shawan Yabarin, director del grupo palestino por los derechos legales al-Haq, dijo que el artículo del Sr. Goldstone le había proporcionado una «nueva arma» a Israel y a los Estados Unidos para desacreditar el informe antes de que éste pudiera llegar al Consejo de Seguridad.
Jonathan Cook es escritor y periodista. Vive en Nazaret, Israel. Sus libros más recientes son: «Israel and the Clash of Civilizations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East» (Pluto Press) y «Disappearing Palestine: Israel’s Experiments in Human Despair» (Zed Books). Su página en Internet es: www.jkcook.net.