Traducción del inglés: Atenea Acevedo
¿Qué hay detrás de la vehemente renuencia de Barack Obama a reconocer a Palestina como un miniestado con una geografía desfigurada y nada de soberanía, y de su llamado a la comunidad internacional para no reconocerlo al tiempo que amenaza al pueblo palestino con un paquete de compensación? ¿Cuál es la relación entre la renuencia de Obama a reconocer a Palestina y su insistencia en reconocer el derecho de Israel a ser un «Estado judío», y exigir al pueblo palestino y a los países árabes a hacer lo propio?
Es importante enfatizar, ante todo, que si la ONU otorga o no a la Autoridad Palestina el gobierno de un Estado bajo ocupación y el estatus de observador, el resultado favorecerá a Israel. Lo único que siempre ha importado en este tema son los intereses de Israel y está claro que, independientemente de qué estrategia obtenga apoyo internacional, con o sin la aprobación de Estados Unidos e Israel, las opciones han de salvaguardar, a priori, los intereses de Israel. La votación en la ONU no es más que un botón de muestra.
Posibles resultados
Pensemos en los dos posibles resultados de la votación y la manera en que favorecerán los intereses de Israel:
Los levantamientos en los países árabes han abonado las expectativas palestinas en torno a la necesidad de poner fin a la ocupación y han desafiado el modus vivendi de la Autoridad Palestina con Israel. Además, ante el incremento del activismo palestino de base para resistir a la ocupación, la Autoridad Palestina ha decidido sacar la lucha del terreno de una movilización popular que no podrá controlar y que podría incluso derrocarla, para llevarla al ámbito legal internacional. La Autoridad Palestina espera que este tránsito de lo popular a lo jurídico acabe por desmovilizar el ímpetu político y trasladarlo a un espacio menos amenazante para la supervivencia de la propia Autoridad Palestina.
La Autoridad Palestina se siente abandonada por los Estados Unidos, pues le asignaron el papel de colaboradora con la ocupación israelí, y se siente congelada en un «proceso de paz» que no busca un objetivo último. Los políticos de la Autoridad Palestina optaron por una votación en la ONU para forzar la mano a los estadounidenses y los israelís, con la esperanza de que un voto positivo le otorgue más poder político y margen de maniobra a la Autoridad Palestina a fin de maximizar el dominio de Cisjordania (pero no el este de Jerusalén o Gaza, territorios que ni Israel ni Hamas tienen disposición a entregar a la Autoridad Palestina). Si la ONU concediera este deseo a la Autoridad Palestina y la admitiera como Estado miembro con estatus de observador, afirma la Autoridad Palestina, ésta podría recurrir a foros internacionales para obligar a Israel a poner fin a las violaciones de la Carta de la ONU, la Convención de Ginebra y tantos otros acuerdos internacionales. Además, podría desafiar internacionalmente a Israel por medio de instrumentos legales exclusivos para Estados miembros y obligarlo a reconocer su «independencia». Lo que más preocupa a los israelís es que, si Palestina se convierte en un Estado miembro, podría cuestionar legalmente a Israel.
Sin embargo, esa lógica hace agua, pues históricamente los palestinos no han carecido de instrumentos legales para desafiar a Israel. Por el contrario, desde 1948 numerosas resoluciones de la Asamblea General de la ONU y del Consejo de Seguridad, por no hablar del reciente recurso a la Corte Internacional de Justicia en el caso del Muro del Apartheid, han constituido los instrumentos internacionales activos en contra de Israel. El problema nunca ha radicado en la capacidad o incapacidad de los palestinos para tener al derecho internacional o los instrumentos legales de su lado. En realidad, el problema consiste en que los Estados Unidos bloquean la aplicación del derecho internacional cuando se trata de Israel gracias a su derecho a veto. Los Estados Unidos recurren a las amenazas y a medidas protectoras a fin de evitar que el recalcitrante Estado paria sea llevado ante la justicia. Ya usaron su derecho a veto 41 veces en el Consejo de Seguridad de la ONU para defender a Israel en detrimento de los derechos palestinos. ¿En qué cambiaría esa realidad con la Autoridad Palestina como Estado miembro de la ONU y estatus de observador?
Ciertamente, la Autoridad Palestina podría incrementar la presión internacional y las sanciones en contra de Israel en un marco legal. Podría hacer que los organismos internacionales imputaran a Israel violaciones de los derechos del Estado palestino. La Autoridad Palestina podría incluso incrementar el riesgo de la movilidad internacional de los políticos israelíes como «criminales de guerra». Todo ello dificultaría las relaciones internacionales de Israel, ¿pero qué tanto debilitaría a un Israel plenamente protegido por los Estados Unidos, como siempre ha sucedido?
Implicaciones de la votación en la ONU
Esta supuesta adquisición de poder para que Palestina lleve a Israel ante la justicia solo se materializará con un altísimo costo para el pueblo palestino. Las implicaciones inmediatas de una votación en la ONU a favor de que la Autoridad Palestina tenga calidad de Estado serían las siguientes:
(1) La OLP dejará de representar al pueblo palestino ante la ONU; la Autoridad Palestina asumirá ese papel como presunto Estado.
(2) La OLP, que representa a todo el pueblo palestino (alrededor de 12 millones de personas en la Palestina histórica y el exilio) y fue reconocida como su «representante único» en la ONU en 1974, quedará truncada a favor de la Autoridad Palestina, que solo representa a la población palestina en Cisjordania (unos 2 millones de personas). Curiosamente, se trata de la misma idea presentada en los infames «Acuerdos de Ginebra» que no condujeron a nada.
(3) Se debilitará políticamente el derecho de los refugiados palestinos a regresar a sus hogares y recibir una indemnización, tal como lo estipulan las resoluciones de la ONU. La Autoridad Palestina no representa a los refugiados, aunque afirma representar su «esperanza» de establecer un Estado palestino a sus costillas. De hecho, hay especialistas en derecho internacional que temen la posibilidad de que se abrogue por completo el derecho de retorno de los palestinos. Además, se decomisarán los derechos de los ciudadanos palestinos en Israel, sometidos al racismo institucional y legal en el Estado de Israel, pues implica la existencia consumada de un supuesto Estado palestino (aunque en la realidad sea un espectro de Estado). Esto solo dará credibilidad al argumento israelí de que los judíos tienen un Estado y ahora los palestinos también lo tienen, de manera que si los ciudadanos palestinos en Israel no están a gusto o llegan a incomodarse por ser considerados ciudadanos de tercera en Israel, sin duda habrán de mudarse o serán obligados a mudarse al Estado palestino.
(4) Es de suponer que Israel podría aparecer poco después de un voto de la ONU a favor del Estado palestino e informar a la Autoridad Palestina que los territorios bajo su control (una pequeña fracción de Cisjordania) son toda la tierra que Israel concederá, y que esa será la base territorial del Estado bajo dominio de la Autoridad Palestina. Los israelíes no se cansan de recordar a la Autoridad Palestina que el pueblo palestino no tendrá soberanía, ejército, control de sus fronteras, control de sus recursos hídricos, control sobre el número de refugiados que podría recibir o siquiera jurisdicción sobre los colonizadores judíos. De hecho, los israelís ya tienen la anuencia de la ONU acerca de su derecho a «defenderse» y preservar su seguridad con cualesquiera medios consideren necesarios en el cumplimiento de ese objetivo. En pocas palabras, la Autoridad Palestina tendrá exactamente el Estado «bantustán» que Israel y los Estados Unidos han prometido conceder… ¡desde hace 20 años!
(5) Los Estados Unidos e Israel podrían, por medio de sus numerosos aliados, inyectar un lenguaje de «condicionamiento» en el proyecto de texto para el reconocimiento del Estado palestino por parte de la ONU, estipulando así que dicho Estado debe coexistir en paz con el «Estado judío» de Israel. A su vez, así se lograría el precioso reconocimiento de la ONU del «derecho» de Israel de ser un Estado judío, algo que la ONU y la comunidad internacional en conjunto, con la excepción de los Estados Unidos, se han negado a conceder hasta ahora. Esto vinculará directamente el reconocimiento de la ONU de un Estado palestino fantasma inexistente al reconocimiento de la ONU de un Estado israelí realmente existente con la facultad de discriminar legal e institucionalmente a las personas no judías en tanto «Estado judío».
(6) Los Estados Unidos e Israel insistirán, tras un voto positivo, en que si bien la Autoridad Palestina tiene derecho a plantear determinadas demandas políticas en tanto Estado miembro, tendría que abrogar su reciente acuerdo de reconciliación con Hamas. Además, la Autoridad Palestina podría caer en sanciones por asociación con Hamas, pues tanto los Estados Unidos como Israel lo consideran un grupo terrorista. El Congreso estadounidense ya ha amenazado con penalizar a la Autoridad Palestina y no dudaría en instar a Obama a sumar a Palestina a su lista de «Estados que patrocinan el terrorismo», donde ya figuran Cuba, Irán, Sudán y Siria.
En todos estos escenarios se favorecen enormemente los intereses israelíes; el único inconveniente para Israel sería la capacidad de la Autoridad Palestina para exigir que el derecho internacional y la jurisdicción legal se apliquen a Israel, y exigir más condiciones a ese país. No obstante, los Estados Unidos protegerán y cubrirán a Israel en todo momento de cualquier impacto negativo. En resumen, los intereses de Israel se verán maximizados y se asumirá el costo de un inconveniente no menor, pero tampoco perjudicial en exceso.
El segundo resultado posible, el veto estadounidense y/o la habilidad de los Estados Unidos para presionar y torcer el brazo a decenas de gobiernos nacionales para que rechacen la propuesta de la Autoridad Palestina en la Asamblea General, logrando así que no se reconozca su derecho al Estado, también beneficiará a Israel. El eterno «proceso de paz» continuará en condiciones aún más tirantes y el enfadado gobierno estadounidense, molesto por el reto planteado por la Autoridad Palestina, la hará volver al punto en el que se encuentra hoy, si no es que a una posición todavía más débil. El presidente Obama y los futuros gobiernos estadounidenses seguirán presionando en pos del reconocimiento palestino y árabe de Israel como «Estado judío» con derecho a discriminar por ley a quienes no son judíos a cambio de un reconocimiento, pospuesto indefinidamente, de un «bantustán» palestino como Estado «económicamente viable», un territorio donde los empresarios palestinos neoliberales puedan generar utilidades a partir de la explotación de la ayuda y las inversiones internacionales.
Cualquiera de estos resultados mantendrá al pueblo palestino sometido a la colonización, la discriminación, la opresión y el exilio. Todo el alboroto en torno a la votación en la ONU no hace sino escamotear el hecho de que, en el fondo, lo que se discute es cuál de los dos escenarios funcionará mejor a los intereses israelíes. El pueblo palestino y sus intereses ni siquiera forman parte de la ecuación.
Así, la cuestión que se discute en la ONU no radica en si este organismo internacional debe reconocer el derecho del pueblo palestino a un Estado conforme a su plan de 1947 para la partición de Palestina, lo que les otorgaría 45% de la Palestina histórica, ni a un Estado palestino dentro de las fronteras del 5 de junio de 1967 a lo largo de la Línea Verde, lo que les otorgaría 22% de la Palestina histórica. A fin de cuentas, el reconocimiento de la ONU significa la negación de los derechos de la mayoría de las personas palestinas en Israel, en el exilio, en el este de Jerusalén e incluso en Gaza, así como el reconocimiento de los derechos de algunos palestinos en Cisjordania a un «bantustán» en una fracción del territorio cisjordano que no representa ni 10% de la Palestina histórica. Sea cual sea el resultado de la votación, Israel estará de manteles largos.
Joseph Massad es profesor adjunto de política árabe moderna e historia intelectual en la Universidad de Columbia, Nueva York.
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