El resurgir del Primero de Mayo y el futuro de una lucha común de la clase obrera en Estados Unidos

La celebración del Primero de Mayo y el boicot de 2006, así como las multitudinarias manifestaciones de marzo y abril de ese año llevaron a millones de inmigrantes a las calles de las ciudades y los pueblos, grandes y pequeños, de costa a costa para protestar por la legislación represiva en contra de los trabajadores indocumentados. Los puertos más grandes del país, en Los Ángeles y Long Beach, California, quedaron prácticamente paralizados. Las empacadoras de carne en el sur y en la región central tuvieron que cerrar. Los negocios cerraron o funcionaron con menos personal del acostumbrado. Hubo ausentismo en las escuelas: los estudiantes llenaron las calles. La ola de inmigrantes de la clase obrera, liderada por latinos pero conformada por trabajadores provenientes del Asia, África y el Medio Oriente arrasó las calles de Los Ángeles, San Diego, Sacramento, San Francisco, Seattle, Denver, Houston, Kansas City, Milwaukee, Chicago, Nueva York, Atlanta, Orlando, Tampa, Miami y muchas otras ciudades.

Se trató de la mayor expresión política de la masa trabajadora de Estados Unidos en la historia reciente y fue una combinación de huelga/boicot/manifestación. No se limitó a ser una protesta por los ataques del Congreso y la derecha en contra de los trabajadores indocumentados, sino de una demanda por ampliar sus derechos y poner fin a la represión. Las manifestaciones emanaron de organizaciones de base de Los Ángeles y se convocaron el Primero de Mayo por ser el Día Internacional del Trabajo, y porque los millones de inmigrantes documentados e indocumentados vienen de países con una sólida tradición en torno a esa fecha y una importante conciencia de clase.

Part of the movimiento obrero, a escala local o estatal, brindó su apoyo y participó en la conmemoración del Primero de Mayo en aquellos lugares donde existe una fuerte clase obrera inmigrante, como es el caso de California. La razón, en la mayoría de los casos, fue el peso de los trabajadores inmigrantes en sus organizaciones. En la actualidad, los trabajadores inmigrantes indocumentados desempeñan un papel decisivo en los siguientes sectores de la economía estadounidense: restaurantes, hoteles, construcción, procesamiento de carnes, agricultura, servicios domésticos y cuidado infantil.

El objetivo del presente texto es describir la situación que han enfrentado los inmigrantes en Estados Unidos a lo largo de los últimos dos años, abordar el renovado ataque de la clase dominante y sus medios de comunicación masiva en contra de los inmigrantes -con especial atención a Lou Dobbs, el locutor «estrella» de CNN y difamador de inmigrantes- a fin de analizar la lucha en contra del TLC en México y vincular la lucha de los inmigrantes con la de la clase obrera, particularmente en Estados Unidos y México.

Las masivas manifestaciones de inmigrantes en la primavera de 2006 constituyeron un paso extraordinario hacia adelante para la lucha de clases en Estados Unidos. Estas movilizaciones fueron más que bienvenidas, sobre todo por el largo período de reacciones que despertaron. Parecía que la clase capitalista dominante y sus representantes en el gobierno estadounidense llevaban las de ganar y que la lucha de masas se encontraba aletargada.

Entonces vinieron las manifestaciones de marzo, abril y mayo, dejando a la clase dominante asustada y profundamente preocupada. Estos hechos dejaron ver, incluso en la vorágine de reacciones, las vastas y cruciales luchas que se perfilan en el horizonte. Tal es el significado de las acciones de un sector vital y nunca antes escuchado de la clase obrera en la primavera pasada: todos sus testigos supieron vislumbrar en ellas el futuro.

Los expertos burgueses de los medios dominantes prestaron y siguen prestando mucha atención a la evolución del movimiento por los derechos de los inmigrantes. Están extremadamente interesados en el asunto. Después de todo, cuando millones de trabajadores se manifiestan y una de esas manifestaciones se lleva a cabo entre semana, máxime el Primero de Mayo, y los trabajadores dejan la chamba para tomar las calles, no cabe duda de que la clase dominante sigue la situación con sumo interés.

La realidad es que, si bien las manifestaciones masivas tuvieron un enorme impacto y lograron detener el represivo proyecto de ley Sensenbrenner en el Congreso, la ofensiva reaccionaria antiinmigrante no se ha detenido y su efecto es aterrador.

Por ejemplo, el Senado aprobó la asignación de 6 mil millones de dólares para levantar un muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Éste es uno de los peores ultrajes.

Al mismo tiempo, la Oficina de Inmigración y Aduanas, que depende del Departamento de Seguridad Nacional, está llevando a cabo redadas masivas. En ciudades a lo largo y ancho del país, esta oficina se empeña en arrastrar a los trabajadores inmigrantes cada vez más a la economía informal y en asustarlos para que no se organicen ni luchen por sus derechos. Sus operaciones son similares a las redadas Palmer de la década de 1920, cuyo objetivo era organizar una cacería anticomunista en contra de todas las personas progresistas que habían inmigrado a Estados Unidos desde Europa.

Además del muro en la frontera y las redadas de la Oficina de Inmigración y Aduanas, los gobiernos locales y estatales, particularmente en Pensilvania y Arizona, pero también en el resto del país, han aprobado leyes despiadadas en contra de los inmigrantes. En resumen, somos testigos de un intento calculado por crear una atmósfera francamente intimidante y amenazadora para los trabajadores inmigrantes, sobre todo los indocumentados.

Todo esto es resultado de la campaña de difamación de inmigrantes que arrasa al país. Lou Dobbs, el diputado Tom Tancredo de Colorado, los Minutemen… las diatribas de estas fuerzas son el caldo de cultivo ideal para la aprobación de leyes racistas aborrecibles.

Sin embargo, la economía se vendría abajo sin la mano de obra inmigrante. ¿Por qué, entonces, la cacería de brujas? Para seguir hundiendo a los inmigrantes en la economía informal, para seguir manipulando este ejército de reserva de mano de obra.

La escalada de represión

El 24 de junio de 2007, Associated Press reportó que en el período crítico del debate en torno al inmigración el año pasado, de abril a junio de 2006, el número de arrestos de inmigrantes alcanzó una cifra superior al doble de arrestos en el mismo período en 2005.

Según información obtenida por AP tras presentar una solicitud en el marco de la Ley de Libertad de Información, se arrestó a casi 5.000 inmigrantes.

Alrededor de 20.000 trabajadores fueron deportados en 2006. Los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas hicieron redadas en fábricas y comunidades de todo el país: por lo general, echaron abajo las puertas de los hogares en las primeras horas de la mañana o entraron a las fábricas con ametralladoras y máscaras.

A este clima de terror se suman noticias como la siguiente: el 8 de julio el Miami Herald reportó que se cree que 630.000 inmigrantes en Estados Unidos han recibido órdenes de deportación.

Se trata de madres, padres, hijos e hijas, esposas, esposos, compañeros -todos ellos trabajadores- que viven inmersos en el miedo de las redadas y las deportaciones sinfín mientras se diluye la esperanza de la legalización.

Nuevas leyes como indicio de más ataques en contra de los trabajadores inmigrantes

El gobierno de Bush asestó otro golpe contra los inmigrantes al tiempo que otorgó una gran concesión a los intereses de la derecha el pasado mes de agosto, cuando anunció importantes medidas vinculadas a la política migratoria.

Posteriormente, el 10 de agosto de 2007, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional anunciaron un nuevo paquete de planes relativos a la inmigración que, según declaraciones del gobierno, se apoyarían en múltiples redadas en los lugares de trabajo. (New York Times, 8 de agosto de 2007).

Según el Centro de la Ley Nacional de Inmigración, los planes incluyen:

• una mayor militarización de la frontera entre México y Estados Unidos (en julio, el Senado añadió 3 mil millones de dólares al rubro de seguridad nacional; la mayor parte del monto habría de asignarse a la frontera);

• la ampliación de instalaciones de detención sin reparar en las generalizadas violaciones a los derechos humanos que ahí tienen lugar;

• un menor acceso a audiencias en tribunales para cuestionar órdenes equivocadas de deportación;

• la «eficientización» de programas de trabajadores temporales en los que se cometen abusos aún no atendidos, y

• la ampliación de la lista de presuntas «pandillas» internacionales a las que se niega el derecho de entrada a Estados Unidos.

La elaboración de las medidas anunciadas -que en total son 26- estuvo a cargo de una apabullante coordinación de entidades gubernamentales, como los Departamentos de Estado, Trabajo, Comercio, Seguridad Nacional, Educación y Tesoro, además de la Administración de Seguridad Social.

Sin embargo, los principales voceros de la propuesta fueron Michael Chertoff, Secretario del Departamento de Seguridad Nacional y Carlos Gutiérrez, Secretario de Comercio.

La preponderancia del Departamento de Seguridad Nacional en el tema es una prueba de la actitud punitiva y represiva del gobierno hacia la población inmigrante.

Si bien la mayoría de las propuestas recientes continúan o amplían las políticas vigentes, anuncian un ataque despiadado no sólo en contra de los trabajadores inmigrantes sino, en realidad, en contra de todos los trabajadores estadounidenses.

Dos de los elementos clave de las medidas anunciadas que más prensa reciben están vinculados a la política de seguridad social y las sanciones a los empleadores, es decir, más multas para los patrones que, a sabiendas, contratan trabajadores indocumentados.

Esas medidas indican que con ellas la clase dominante pretende no sólo empujar aún más a los inmigrantes a la economía informal y provocar el miedo entre la población, sino bloquear cualquier intento de organización.

La adopción de tales medidas pretende aliviar la creciente crisis económica y evitar así que estalle una revuelta masiva entre la población.

Bajo pena de sanción, los empresarios deberán despedir a los trabajadores que utilicen números falsos de la Seguridad Social. Se espera que estas directrices entren en vigor dentro de 30 días.

Los empresarios han ignorado durante décadas las notificaciones de la Administración de Seguridad Social según las cuales los nombres y los números de la seguridad social de los trabajadores no coincidían con los datos que tenía el gobierno. Son las denominadas «discrepancias» (no-match).

Los empresarios dispondrán de un período fijo, posiblemente de hasta 90 días, para resolver las discrepancias. Si los documentos de los trabajadores no se pueden comprobar, deberán despedir a los trabajadores o arriesgarse a multas de hasta 10.000 dólares.

Las nuevas medidas estipulan la colaboración entre el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración de la Seguridad Social, lo que presagia la conversión de la Administración de Seguridad Social en una herramienta para la aplicación de la ley de inmigración. Se espera que la Administración de Seguridad Social envíe en un breve período alrededor de 140,000 cartas de «discrepancia» que implicarán a ocho millones de trabajadores.

Uno de los mayores centros de detención del país, situado en Raymondville (Texas), aloja de manera inhumana a 2.000 inmigrantes, encerrados durante 22 horas al día a un costo de 65 millones de dólares. En el centro no sólo hay adultos, también niños, vestidos con uniformes de color naranja, exactamente iguales que en todas las cárceles del país. Ésta es una prueba de que hoy en día las únicas opciones que le quedan a la clase obrera son cada vez más la cárcel o alistarse en el ejército, mientras que los ricos, que son los auténticos criminales, son libres de hacer lo que deseen.

Alrededor de 230.000 personas al año pasan por alguna fase del sistema de detención.

No hay ningún tipo de legislación o debate de importancia que se ocupe de los verdaderos problemas.

La inmigración es un fenómeno internacional

La gran mayoría de los inmigrantes que vienen a Estados Unidos no lo hacen por gusto; vienen porque no les queda más remedio. Vienen arriesgando sus vidas porque las medidas estadounidenses, económicas y políticas, han arruinado sus países. Vienen porque Estados Unidos patrocina el terrorismo en sus países, como la política estadounidense en Centroamérica en la década de 1980 y el golpe de Estado en Haití en la década de 1990 y, más tarde, el secuestro de Aristide, el presidente de Haití en 2004 o la represión neofascista de Colombia con el régimen de Uribe.

El mayor porcentaje de inmigrantes hoy en día procede de México. Entre los años 2000 y 2005, México perdió 900.000 puestos de trabajo rurales y 700.000 en la industria, todo ello debido al Tratado de Libre Comercio (TLC).

En la actualidad, la política de inmigración representa un fenómeno que va más allá de los asuntos que comenta todas las noches el racista Lou Dobbs para provocar el miedo. A las fuerzas productivas del capitalismo actual y a la expansión económica imperialista se les suele dar el nombre de «globalización». Las masas oprimidas en todos y cada uno de los continentes del mundo se han alzado para exigir el fin de la globalización.

La histeria contra la inmigración es un fenómeno mundial que se observa en todos los países capitalistas desarrollados. En Francia, por ejemplo, se ataca y apalea a los inmigrantes africanos o turcos.

¿Por qué se produce este fenómeno internacional? Porque existe un flujo de emigrantes que cruzan la frontera en busca de trabajo y que hoy alcanzan la cifra de más de 200 millones de personas en todo el mundo. Es una ola de trabajadores en movimiento, de emigración forzosa de gran parte de la humanidad, que ha alcanzado proporciones épicas.

Es el resultado del sistema capitalista que está sumido en una profunda y grave crisis. La clase dominante del capitalismo no puede frenar la resistencia del pueblo iraquí, que lucha heroicamente contra los ocupantes. No puede detener el flujo humano que lucha contra las condiciones de vida desesperadas en todo el globo.

Es una crisis en la que los trabajadores no pueden comprar los productos que ellos mismos producen.

Es necesario utilizar el racismo para dividir a una clase trabajadora multinacional, de forma que su rabia y su energía se dirijan contra ellos mismos en lugar de contra la clase capitalista. El racismo tiene que tratar de impedir que Estados Unidos se «coloree», pues considera que ésa es la auténtica amenaza debido a la historia de opresión contra los negros.

¿Cuál es la solución para la desesperación y la frustración que atenaza a los activistas por los derechos de los inmigrantes? Construir un movimiento independiente, ajeno a los dos partidos pro-capitalistas, que han demostrado a lo largo del tiempo y durante toda su historia que siempre defenderán los intereses del capitalismo por encima de los derechos de las personas.

El movimiento por los derechos de los inmigrantes debe confiar en que la gente unida tiene poder y no contar con los poderes vigentes. La legalización y los derechos para los trabajadores inmigrantes no surgirán de los grupos de poder en Washington, sino de las calles de este país.

El movimiento por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos no puede avanzar sin establecer lazos con otras luchas aquí, en nuestro país. Eso significa solidaridad con las mujeres, con los supervivientes del Katrina, con los trabajadores de Delphi, con los movimientos contra la guerra, contra el racismo, contra el sexismo y contra la opresión del colectivo lésbico-gay. Como los militantes de los movimientos de trabajadores repiten una y otra vez, los derechos de los inmigrantes son los derechos de los trabajadores.

En la semilla de esta lucha está la construcción de un mundo sin fronteras, sin explotación y sin guerras.

Resistencia en México

El pasado 31 de enero, decenas de miles de campesinos y pequeños agricultores llegaron con sus tractores y otros vehículos desde todas partes de México para reunirse en el DF. A ellos se unieron activistas de destacados sindicatos militantes en una tremenda muestra de unidad entre trabajadores del campo y de la ciudad. ¿Qué exigían? La revocación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mejor conocido como el TLC.

Con esta acción, los campesinos mexicanos sacaron a relucir un fenómeno mundial que nunca aparece en las feroces diatribas de los expertos derechistas de la CNN, como Lou Dobbs o los candidatos republicanos, que se esfuerzan por culpar a los inmigrantes de los problemas de la sociedad. Más de 180 millones de trabajadores en todo el planeta se han visto obligados a abandonar sus países a causa de las políticas económicas capitalistas en una de las migraciones más colosales de la historia de la humanidad.

Esta emigración forzada es cruel y martirizante. Todo aquel que deja su país en África, Asia, el Caribe y América Latina arriesga su vida en busca de subsistencia. Los magnates en los centros imperialistas han utilizado esta mano de obra barata y prescindible para expandir el capitalismo, ese mismo sistema en el que sus políticos hacen campaña para deportar inmigrantes en números récord.

Al igual que en épocas anteriores del crecimiento capitalista, como sucedió en la genocida y brutal trata de esclavos -que dio lugar a la masacre de decenas de millones de africanos- los trabajadores de hoy también reciben un trato de mercancía desechable.

¿Cuál es la causa de de esta emigración sin precedentes de trabajadores desde los países oprimidos hasta los países capitalistas económicamente dominantes?

El presidente Bill Clinton firmó la ley del Tratado de Libre Comercio en diciembre de 1993 y forzó a millones de trabajadores y campesinos mexicanos a salir de sus tierras y cruzar la frontera de Estados Unidos.

Cruzar esa frontera -con o sin documentos- no es nada nuevo para los trabajadores mexicanos, cuya relación con ella tiene siglos. Pero el TLC ha intensificado la situación de extrema pobreza del pueblo mexicano.

Los mexicanos han rechazado el TLC desde el primer día. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), compuesto principalmente por indígenas, irrumpió en el mundo político exactamente el 1 de enero de 1994, el mismo día en que el TLC entraba en vigor en México y precisamente para oponerse a él.

Un punto principal de la lucha en México en contra del TLC ha sido una enmienda a un importante artículo de la Constitución Mexicana, el Artículo 27, obtenido durante la Revolución de 1910, que prohibía la venta de tierras campesinas comunales conocidas como ejidos. La victoria de los imperialistas estadounidenses al añadir esta enmienda se convirtió en una pesadilla para los campesinos mexicanos.

Hoy la lucha contra el TLC no solo continúa, sino que se está intensificando.

Uno de los lemas fundamentales de este floreciente movimiento popular que se congregó el 2 de enero para organizar la acción del 31 de enero es «sin maíz no hay país». Los grupos campesinos, todos ellos miembros de Diálogo Nacional, exigieron que el Congreso mexicano, así como las Comisiones Agrarias y Permanentes Mexicanas revoquen el TLC.

La declaración, que representa a cientos de grupos, dice en parte: «Durante los 14 años del TLC, el desempleo, la inmigración, la destrucción de nuestras actividades agrícolas, la concentración de recursos en pocas manos, el deterioro del poder adquisitivo y de los salarios y la pobreza extrema han aumentado de forma alarmante».

En agosto de 2007, un instituto mexicano señaló lo siguiente: «México tiene más de 6.4 millones de personas desempleadas, lo cual representa un 13% de los 49,35 millones de mexicanos en edad de trabajar. Durante los seis años de la presidencia de Vicente Fox, 3,26 millones de personas emigraron, es decir, un promedio de 500,000 al año».

La declaración continúa diciendo que «según las estadísticas de octubre de 2004, se calcula que 1,5% del total de la población nacional controla aproximadamente la tercera parte del valor total de bienes y servicios» y «las familias más pobres sobreviven con 86 pesos por día, mientras que las más ricas reciben 1.296 pesos diarios».

La organización campesina también exige que el TLC sea remplazado por un nuevo modelo «basado en el respeto, que desarrolle la propiedad social de la tierra y facilite un presupuesto federal para ayudar a los pobres» y a los campesinos de ingresos medios.

Exige que «la soberanía y la autosuficiencia en la alimentación sean las metas de la trasformación de la economía nacional, porque sin maíz y frijoles no hay país».

Otra exigencia revolucionaria es la de «evitar la proliferación de los organismos genéticamente modificados (OGM) que son nocivos para nuestra salud». Los campesinos mexicanos están documentando que las semillas naturales del país están empezando a desaparecer. Los campesinos se ven forzados a sembrar semillas híbridas procedentes de corporaciones imperialistas como Monsanto (de EE.UU.) y Bayer (de Alemania). Las plantas que crecen de estas semillas no producen nuevas semillas, lo cual aumenta aún más la dependencia de tales compañías.

«Los campos no pueden aguantar más», dice una de las consignas en las protestas.

Lucha Castro, prominente abogada y activista de la mujer, dijo durante un mitin contra el TLC que «el TLC y las políticas del gobierno relacionadas con él son responsables de la expulsión de 5 millones de personas de las zonas rurales de México. Apenas 2% de las unidades productivas agrícolas de México se beneficia del tratado, mientras que 80% de las exportaciones agrícolas mexicanas está controlado por capital extranjero.

«Durante todos estos años, los bosques y la tierra han sido devastados para competir con Estados Unidos y nuestros acuíferos han sido sobreexplotados», siguió Castro.

«Los consumidores mexicanos no se han beneficiado de mejores precios. En 1994 se podían comprar 20 kilos de tortillas y ocho kilos de frijoles con un salario mínimo. Hoy en día sólo se pueden comprar seis kilos de tortillas y tres kilos de frijoles.»

El movimiento contra el TLC toma fuerza

Estas duras circunstancias están despertando una lucha militante. Un destacado periódico del norte de México, Frontera Norte-Sur, señaló que el TLC está despertando «el espíritu de Pancho Villa», líder de la Revolución Mexicana, especialmente en el norte del país.

El 18 de enero, en una fría mañana, trabajadores y campesinos del Movimiento de Resistencia Campesina Francisco Villa se reunieron en Ciudad Juárez para iniciar una caravana de tractores hacia la Ciudad de México. Las bajas temperaturas causaron muertes por hipotermia y envenenamiento por monóxido de carbono, según informó Frontera Norte-Sur.

El MRCFV exigía que el gobierno mexicano renegociara el TLC bajo la consigna de la «Campaña Nacional ¡sin maíz, no hay país!».

La caravana de tractores siguió la misma ruta de Pancho Villa en su marcha hacia la capital en 1914 y debía reunirse con otros manifestantes el 31 de enero en la Ciudad de México.

Uno de los líderes veteranos del movimiento le manifestó a la prensa que «los viejos tractores de la caravana son lo mejor de la cosecha en un campo donde los bueyes y las mulas todavía dejan surcos en la tierra». Tan distinto del negocio agropecuario estadounidense.

La oposición al TLC siguió creciendo. Miembros electos de ambos partidos principales respaldaron el llamado del movimiento. Legislaturas estatales aprobaron resoluciones en apoyo a las demandas. Varios obispos prominentes se han adherido a la campaña. Organizaciones campesinas que en un principio aprobaban el TLC ahora exigen revisiones.

Campesinos de varios estados se quejan de que el TLC viola la Constitución Mexicana y dichas acusaciones pueden forzar a la Corte Suprema a revisar la constitucionalidad del TLC.

Catorce años de privaciones a causa del TLC han forzado al pueblo mexicano a cruzar la frontera. Pero su lucha continua muestra que la represión engendra resistencia y que los acuerdos imperialistas como el TLC pueden y deben ser revocados y derrocados.

Lou Dobbs, la xenofobia y el intento de dividir a los trabajadores

Hace tiempo que a muchos militantes del movimiento por los derechos de los inmigrantes y contra el racismo se nos ha advertido del peligro de Lou Dobbs, locutor de noticieros de la CNN y presentador del programa «Lou Dobbs Tonight», que pasa buena parte de su programa culpando a los inmigrantes, sobre todo a los que no tienen papeles, de todos los problemas de la sociedad capitalista.

Veamos quién es y lo que representa.

Lou Dobbs es un licenciado por Harvard que proviene de la clase obrera. En 1980, después de haber pasado por muchos empleos en la industria de las noticias fue reclutado por la recién inaugurada CNN. Allí trabajó como asesor económico en jefe y presentador del programa «Moneyline» [La línea del dinero]. En junio de 2003, «Moneyline» se convirtió en «Lou Dobbs Tonight», programa del que ha sido director desde entonces.

Los principales periódicos califican reiteradamente a Dobbs de populista. Esta calificación se basa sobre todo en la cantidad de programas que dedica a la pérdida de puestos de trabajo como resultado de la «subcontratación». Muchos trabajadores que han perdido sus trabajos o tienen miedo de perderlos consideran interesante este punto de vista. La revista Mother Jones, considerada progresista, publicó en 2005 una entrevista muy cordial sobre este asunto.

Pero no nos equivoquemos, Dobbs es peligroso para los trabajadores y los desfavorecidos. En un momento en el que se está produciendo una temible crisis económica, en el que se están embargando muchas casas, cuando Citicorp anuncia miles de suspensiones de puestos de trabajo, las peroratas de Dobbs contra los inmigrantes no son sólo perjudiciales, son extremadamente peligrosas.

El populismo a lo Dobbs es resbaladizo y tiene similitudes con el fascismo. Al igual que los clásicos movimientos fascistas de las décadas de 1920 y 1930, Dobbs mezcla un llamado al sufrimiento de los trabajadores con un malévolo chivo expiatorio que son «los otros»… y, en el caso de Dobbs, los otros son fundamentalmente inmigrantes latinoamericanos.

Las chácharas nocturnas de su programa van dirigidas de manera innegable a la clase trabajadora, pero sus puntos de vista no representan en absoluto sus intereses. Las diatribas de Dobbs quieren dividir al pueblo, desarmar a las masas, así como provocar divisiones entre la propia clase obrera; quieren hacer fracasar la lucha de los trabajadores contra esas personas a las que él afirma arengar contra los ricos y poderosos.

Dobbs es, de hecho, un demagogo en el peor de los sentidos, sus llamados al público se basan en los prejuicios y el racismo. Su afirmación de defender al «pueblo trabajador estadounidense», a la «desprotegida clase media», es una mentira. Sus arengas y sus puntos de vista benefician sólo a una clase y sólo a ésa: a la clase dirigente capitalista, que pretende obtener una gran ventaja del éxito de Dobbs.

Una clase trabajadora que lucha contra sí misma es una clase que no puede enfrentarse a su enemigo real: el imperialismo estadounidense.

¿Por qué está Dobbs llevando a cabo una campaña tan odiosa, nauseabunda y racista contra los inmigrantes? Porque su formación en Harvard le permite darse cuenta de lo que está por venir. En el horizonte se percibe una grave crisis económica. Habrá más hipotecas ejecutadas, los almacenes Home Depot obtendrán menos beneficios, se perderán más empleos.

¿Acaso no es más conveniente echarles la culpa a los trabajadores inmigrantes que a los empresarios? ¿Acaso no es más fácil señalar con el dedo a uno de los sectores más vulnerables de la clase obrera?

Sin embargo, en el horizonte también se vislumbra la lucha de los trabajadores y de los oprimidos. Tarde o temprano, incluso algunos de esos obreros hoy seducidos por la visión del mundo de Dobbs se darán cuenta de que no son los trabajadores inmigrantes quienes están llevando a cabo los despidos ni quienes ejecutan las hipotecas de sus casas. No son los trabajadores inmigrantes quienes destruyeron los diques en Nueva Orleáns o colgaron las sogas de ahorcar en el árbol en Jena [1] .

Los culpables de todos los infortunios de la sociedad son la clase capitalista y el sistema capitalista y toda su infraestructura: los bancos, el gobierno, el ejército.

Crisis económica en Estados Unidos

Eso está asimismo profundamente conectado con la crisis económica a la que se enfrentan los trabajadores en este país. En un artículo destinado a apoyar la lucha por los derechos de los inmigrantes, el Million Worker March Movement (MWMM) subrayó que «las corporaciones quieren explotar al máximo a los trabajadores inmigrantes. No quieren ser responsables de pagarles el valor de su trabajo o de proveerles servicios sociales y derechos democráticos básicos. Están utilizando la legislación contra los inmigrantes para ocultar la verdad sobre el desempleo masivo y la crisis a la que se enfrentan los trabajadores en EE.UU. y la enorme deuda financiera del gobierno.» [2] El MWMM añadió que los empresarios están «tratando de convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios de la crisis. Esta criminalización pretende también crear un odio xenófobo a los extranjeros para oponerse a la creciente oleada de cambio que está surgiendo en toda Latinoamérica y que desafía la política mundial de EE.UU.»

Dicha perspectiva se centra en los trabajadores inmigrantes como parte y parcela de la lucha de clases en este país, lo cual es correcto y contribuye genuinamente al debate. Afirma que los ataques contra inmigrantes deben considerarse como ataques contra todos los trabajadores. De no ser así, la clase dirigente puede enfrentar entre sí a inmigrantes y trabajadores nativos de este país, en perjuicio de todos, salvo de los empresarios.

El 10 de agosto de 2007, el gobierno de Bush lanzó una nueva ola de ataques contra los trabajadores inmigrantes. Incapaz de hacer aprobar en el Congreso la legislación que deseaba, se lo saltó y anunció una nueva ronda de políticas.

En concreto, el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración de Seguridad Social iniciaron una importante escalada en la política de «discrepancias». La palabra discrepancia hace aquí referencia a las contradicciones entre los números de la Seguridad Social que están en la base de datos del gobierno y los indicados por los trabajadores.

El gobierno anunció que penalizaría económicamente a los empresarios si continuaban acogiendo a trabajadores cuyos números de la Seguridad Social no coincidían con los de los registros del gobierno. Por fortuna, el sindicato AFL-CIO, apoyado por los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes, presentó una demanda judicial contra dicha política. En un fallo emitido el 31 de agosto, un juez federal prohibió temporalmente que el organismo de la Seguridad Social envíe avalanchas de cartas de discrepancias a los empresarios.

Obviamente, el gobierno de EE.UU. no desea cerrar las incontables industrias cuyos beneficios dependen del trabajo inmigrante. Lo que el gobierno y la clase capitalista aspiran a lograr es que el trabajo inmigrante sea más manejable y controlable y, por lo tanto, más rentable.

Comentando esta política, el conocido periodista progresista David Bacon, que ha escrito durante décadas sobre inmigración, ha dicho que «el impacto [del anuncio del Departamento de Seguridad Nacional] será catastrófico». Bacon deja bien claro de qué manera esta política de «discrepancias» se ha utilizado para destrozar iniciativas sindicales, como sucedió en los horribles asaltos terroristas perpetrados por grupos de agentes de inmigración y aduanas en el matadero de cerdos Smithfield, en Tar Heel (Carolina del Norte), y en la campaña de Woodfin Suites, en California.

Bacon también arroja luz sobre lo que hay tras la escalada en la política de las discrepancias. Escribe: «Gutiérrez, el Secretario de Comercio, ha dicho que los empleadores que teman por la pérdida de sus trabajadores podrán acogerse a los programas vigentes de trabajadores temporales, mediante los cuales las corporaciones pueden reclutar mano de obra fuera de EE.UU. y traerla con visas condicionadas a la existencia de un empleo».

El movimiento de defensa de los derechos de los inmigrantes también tiene que poner de su parte, uniéndose a la comunidad afroestadounidense. Deberá establecer vínculos, sobre todo con los supervivientes del Katrina y con los activistas que están luchando en su nombre. Si estas dos luchas se uniesen de verdad y marcharan hombro con hombro, el movimiento sería irresistible.

La clase dirigente hace todo lo que está en su mano por promover divisiones entre las comunidades latinas y negras, porque los patrones saben que si los negros y los latinos se unen tendrán mucha fuerza, una fuerza increíble que puede articular la lucha de los inmigrantes de Asia, del Pacífico, de África y de todo el mundo. Y podría atraer a trabajadores de todas las nacionalidades, incluidos los estadounidenses blancos.

Lenin, el líder del partido bolchevique y de la Revolución Rusa, dedicó buena parte de su energía a resolver las contradicciones entre nacionalidades en Rusia, esa casa-prisión de naciones, y más tarde en la Unión Soviética. Se centró especialmente en las responsabilidades de la clase obrera en la nación rusa, que era la nación opresora de las demás nacionalidades.

Siguiendo su ejemplo, los activistas marxistas de EE.UU. deben también esforzarse con pasión por despertar la solidaridad de los trabajadores nativos de EE.UU. a favor de la causa de los inmigrantes. Debemos exigir que el movimiento obrero dé un paso al frente. Necesitamos que se nos unan las fuerzas que luchan contra la guerra, el clero progresista, otras fuerzas sociales. Tenemos que convertir esto en un movimiento en el que los inmigrantes no estén solos, sino reforzados en todos sus flancos por aliados que están con ellos y se niegan a que los dividan.

Tanto el gran río humano del Primero de Mayo de 2006 como el menos caudaloso pero también impresionante de 2007 demostraron que la campaña de los empresarios para promover las luchas intestinas por los salarios -en el mundo y en EE.UU.- se ha vuelto contra la clase dirigente. Ha traído una energía renovada, sobre todo en el sector inmigrante del movimiento sindical, que va a extenderse a todos sectores de los trabajadores conforme la crisis vaya empeorando.

Y contará con los activistas marxistas y sus partidos para organizarse, en un espíritu de solidaridad internacionalista, para la lucha común de la clase obrera.

Notas

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Teresa Gutiérrez es una de las líderes de la New York May 1st Immigrant Rights Coalition, codirectora del International Action Center -fundado por Ramsey Clark, antiguo fiscal general de Estados Unidos– y editora del periódico Workers World y de su página en español, Mundo Obrero.

Atenea Acevedo y Manuel Talens son miembros de Cubadebate, Rebelión y Tlaxcala. Paloma Valverde es miembro de Cubadebate, IraqSolidaridad y Rebelión.