Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.
El arresto y posterior liberación de la conocida activista bahreiní Maryam al-Khawaja por parte de las autoridades bahreiníes durante el mes de septiembre, ha obligado a poner de nuevo los focos en una de las cuestiones más apremiantes para los activistas y manifestantes bahreiníes de la diminuta isla-nación: la continuada detención de más de 2.000 bahreiníes que se atrevieron a desafiar a la monarquía de los Jalifa cuando se inició el levantamiento en febrero de 2011. En la actualidad, Bahrein se distingue por ser el país con la segunda tasa más alta de población penitenciaria por cada 100.000 habitantes entre los Estados árabes de la región norteafricana y del oeste asiático.
Maryam Khawaja, codirectora del Centro del Golfo para los Derechos Humanos, fue arrestada el 30 de agosto en el aeropuerto internacional de Bahrein cuando intentaba visitar a su padre, Abdulhadi al-Khawaja, que había estado en huelga de hambre para poner de relieve su continuada detención desde abril de 2011, así como la dura situación en que se hallan otros prisioneros. A su hija, Maryam, se la acusó, supuestamente, de «atacar a una policía» y se suponía que sería puesta en libertad una semana más tarde, pero su liberación se retrasó hasta mediados de septiembre.
La familia Khawaja es bien conocida y respetada dentro del círculo activista internacional hasta el grado de que cuando Maryam fue arrestada, Ravina Shamdasani, la portavoz de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exigió su inmediata liberación.
«Las continuas violaciones de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación pacíficas y el ataque a los activistas por los derechos humanos en Bahrein sigue siendo un tema que nos preocupa seriamente», dijo Shamsadani en un comunicado de prensa pocos días después del arresto de Maryam.
«Instamos al gobierno a tomar las medidas necesarias para liberar de inmediato a la Sra. Khawaja y a todos los defensores de los derechos humanos y personas detenidas a causa del ejercicio pacífico de sus derechos, y asegurar que todos los defensores de los derechos humanos en Bahrein puedan desarrollar su importante trabajo de una manera eficaz sin temor al acoso o persecución«, añadió la portavoz.
Debido al hecho de que el régimen bahreiní no informa de la cifra total de prisioneros que tiene ni proporciona un desglose exacto de los delitos de los detenidos, la mayor parte de la información sobre las prisiones en Bahrein procede normalmente de fuentes no gubernamentales. Según los activistas bahreiníes, hay actualmente al menos 2.000-3.000 «presos políticos» arrestados desde el momento en que se produjo el levantamiento bahreiní en 2011. Se les mantiene en 20 cárceles dispersas por todo el archipiélago que compone la nación y todas, excepto dos, están administradas por el Ministerio del Interior. Entre las veinte prisiones, hay cuatro principales, una de las cuales es únicamente para mujeres. Esas cuatro son: la prisión de al-Qurain, el centro de detención de Dique Seco, la prisión Quijada y el centro de detención para mujeres de Ciudad Isa.
Aunque el número de prisioneros pueda parecer intrascendente comparado con otros países, para Bahrein -con una pequeña población de 1,2 millones, de los que 570.000 son nacionales bahreiníes- es muy significativo.
«EEUU es el país que tiene la población penal más alta del mundo», declaró a Al-Akhbar English un oficial del Centro Internacional para los Estudios de Prisiones (ICPS, por sus siglas en inglés), que tiene su sede en Gran Bretaña. «Pero, según nuestras cifras, la tasa de población penitenciaria en Bahrein es de 175 por una población nacional de 100.000. Esa cifra es más alta que la media de los Estados árabes de Oriente Medio».
En comparación con otros Estados árabes de la región asiático-occidental, Arabia Saudí y Argelia siguen a Bahrein en la tasa de población penal más alta, estimada en 162, mientras que Iraq presenta la cifra de 139 y después viene el Líbano con 108. Bahrein sólo es superado por los Emiratos Árabes Unidos, que tiene una tasa de población penal de 238 por cada 100.000 habitantes. Si la categoría se extendiera para incluir a Estados no árabes, Bahrein es superado por Irán (283), Israel (248) y Turquía (196). A nivel mundial, Bahrein ocupa el lugar 82 entre 222 naciones, superando a países como China, Francia, Pakistán, Nigeria y la India.
Las cifras de Bahrein, señaló el oficial del ICPS, se basaban en datos del Departamento de Estado de EEUU, que coinciden con otras estimaciones porque es muy difícil «conseguir cifras fiables de los servicios de prisiones de Bahrein».
En efecto, pocas veces las autoridades bahreiníes informan con transparencia del número real de presos, llegando hasta a negar que haya presos arrestados a causa de sus posiciones políticas, y afirmando que fueron detenidos por «conspirar para derrocar al régimen gobernante y por comunicarse con instancias extranjeras».
Abusos sistemáticos y continuados
La población penal se ha duplicado desde 2011. La última vez que se vivió un aumento importante de la misma fue entre 1993 y 1997, fechas en las que se produjo otro levantamiento, denominado el «Levantamiento de la Dignidad», que unió a izquierdistas, liberales e islamistas para exigir reformas democráticas. El levantamiento de la década de 1990 sólo terminó cuando se convirtió en emir Hamad ibn Isa al-Jalifa y se estableció una Carta de Acción Nacional, casi una constitución, mediante un referéndum celebrado en 1999.
Esto sugiere que este es el modelo típico propio del régimen bahreiní para silenciar las críticas, y las cifras de que las se dispone acreditan esa afirmación. En 1993, la población penal era de 305 presos, mientras que en 1997, en el momento álgido de aquel levantamiento, la cifra llegó a 911. La población penal descendería a 437 en 2003, aumentando a 522 en 2006 y llegando hasta 1.100 en 2010.
Pero las promesas de importantes reformas políticas bajo Hamad al-Jalifa y la Carta de Acción Nacional no pusieron fin a la sistemática discriminación social y económica contra la mayoría de la población bahreiní ni con los extendidos abusos de las fuerzas de seguridad, que finalmente prepararon el camino hace tres años para el último levantamiento en el país.
Incluso el gobierno bahreiní acreditó a la Comisión Independiente de Investigación de Bahrein (CIIB), dirigida por M. Cherif Bassiouni, un abogado estadounidense de origen egipcio con una larga historia de trabajo en varias investigaciones y tribunales de la ONU, quien no pudo ignorar los extendidos abusos sistemáticos. Respecto a los abusos en las prisiones, la comisión afirmó:
«Al menos han muerto cinco personas como consecuencia de las torturas»; durante los ataques de las fuerzas de seguridad bahreiníes, estas habían «destrozado intencionadamente las puertas, entrando a la fuerza en las casas, saqueándolas en ocasiones… a menudo acompañando sus actos de insultos sectarios y abusos verbales… [y] a las mujeres se les exigió que se presentaran con su ropa de dormir que no cubría adecuadamente sus cuerpos, humillando así a las mujeres, a los niños y a sus arrestados esposos o familiares»; se utilizaron técnicas de maltrato como «mantener forzosamente de pie durante largos períodos de tiempo», «graves palizas», «uso de aparatos de electroshock y cigarrillos», «privación de sueño», «amenazas de violación», «abusos de naturaleza sexual», «confinamiento en solitario», «colgar de los brazos» y «exposición a temperaturas extremas», entre otros actos.
Un informe relativo a las prisiones del Centro para los Derechos Humanos de Bahrein y la Sociedad Juvenil para los Derechos Humanos de Bahrein, que se publicó en julio, sugiere que los numerosos abusos destacados por el CIIB no han terminado.
En la introducción del informe, los autores escribieron:
«Las autoridades de Bahrein están desesperadas tratando de impedir que se conozcan estas violaciones perpetradas en las prisiones. El verano pasado, el abogado Abdulaziz Mosa tuiteó que había visto señales de tortura en el cuerpo de su cliente, preso en el DIC (Directorado de Investigación Criminal); a las pocas horas de hacer esta declaración, el abogado estaba arrestado. Hay una falta de transparencia en cuanto a las condiciones a las que se ven sometidos los presos. Muy pocas organizaciones internacionales han recibido permiso para poder visitar a los presos, y en esos casos, su programa está estrechamente controlado. El gobierno ha negado el acceso a todas las organizaciones independientes locales de derechos humanos. El Instituto Nacional para los Derechos Humanos, establecido por el gobierno, y el Ombudsman de las Prisiones del Ministerio del Interior han recibido numerosas quejas a lo largo del último año y medio, pero esas quejas no han supuesto mejora alguna de interés en las condiciones de los presos. La población penal continúa creciendo en tamaño y los presos se encuentran atrapados en un sistema injusto sin posibilidad alguna de mejora.»
El dossier de julio es una mina de información que arroja luz en la oscura nebulosa del sistema de prisiones de Bahrein. En las 38 páginas de documento se describen las cuatro principales instituciones penales, incluyendo información sobre los servicios médicos y sanitarios, el relato de la vida diaria dentro de sus muros y las narraciones anónimas en primera persona de los abusos a que se enfrentan los antiguos y actuales prisioneros.
Uno de los aspectos más preocupantes que el informe pone de relieve es la sección de menores. Hay más de 200 menores retenidos dentro de estas prisiones, obligados a permanecer junto a los adultos y algunos han tenido que enfrentarse a torturas y abusos sexuales.
«Por el momento, hay más de 200 niños tras las rejas«, dijo a Al-Akhbar Nidal al-Salman, que trabaja en el departamento para los derechos de las mujeres y los niños en el Centro por los Derechos Humanos de Bahrein.
«Algunos de esos niños se enfrentan a acusaciones que piden hasta 15 años de cárcel. Un muchacho, de 17 años, tiene un veredicto de 34 años en prisión por los casos sentenciados contra él, y todavía tiene un caso pendiente para finales de año», añadió.
«Esos niños están acusados bajo la ley antiterrorista, creada para silenciar y aplastar el levantamiento».
De forma similar, el informe de julio afirmaba: «Hay niños de hasta 14 años sentenciados a prisión por acusaciones de terrorismo en juicios donde no se aportaron pruebas, y a pesar de que las leyes bahreiníes no recogen castigos de prisión para niños menores de 15 años en los casos de condenas criminales».
«El pueblo no va a parar»
El «aumento de la población penal» y los continuados abusos dentro de las prisiones de Bahrein no serían posibles sin la protección política que estados regionales, como Arabia Saudí, y gobiernos occidentales, como EEUU, otorgan a la monarquía de los Jalifa.
«Occidente está jugando con un doble rasero. Observan el movimiento sirio pero se olvidan y nunca señalan a Bahrein, debido a la ubicación geográfica de vecinos de Bahrein como Arabia Saudí, y debido a los intereses de EEUU, que tiene la V Flota en Bahrein, y de Gran Bretaña, que se beneficia de las exportaciones de tecnología de seguridad a Bahrein», explicó Salman.
Es difícil negar las afirmaciones de colusión de poderosos gobiernos de Occidente con la monarquía de los Jalifa. Como informaba The Economist en un artículo tras el arresto de Khawaja: «La Sra. Khawaja acusó al gobierno británico de cooperar con Bahrein cuando en 2013 le impidieron subir a bordo de un vuelo de British Airways que volaba de Copenhague a Bahrein. El Sr. Nabil Rajab [otro importante activista bahreiní] afirma igualmente que fue tratado ‘como un criminal’ por las autoridades británicas cuando le detuvieron al llegar en mayo al aeropuerto de Heathrow procedente de Bahrein».
Para reforzar aún más la cuestión, una serie de documentos diplomáticos por cable de EEUU, publicados por WikiLeaks en 2011, revela cuán profunda y «amigable» es la relación entre EEUU y las autoridades bahreiníes.
A pesar de estos inmensos obstáculos, las protestas en Bahrein -aunque ya no de forma abierta- no han terminado contra los doscientos años de dominio de la familia Jalifa, y la cuestión de los prisioneros sólo ha servido para galvanizar e impulsar aún más el movimiento.
El levantamiento se ha trasladado, en parte, de las calles a las celdas de las prisiones, donde la misma lucha continúa bajo aspectos diferentes y a través de diversas tácticas. Las huelgas de hambre, las protestas contra la continua represión y discriminación por parte de las autoridades y los inacabables llamamientos a la inmediata liberación de todos los presos revelan que la lucha bahreiní por la autodeterminación está lejos de acabar. Es más, mientras las injusticias políticas, sociales y económicas sigan perpetuándose, al igual que en el pasado, otros movimientos seguirán sin duda materializándose en el futuro.
«Siguen produciéndose protestas nocturnas porque la gente ya no tiene nada que perder «, dijo Salman a Al-Akhbar English. «La mayor parte de las familias tienen un miembro que ha sido arrestado o torturado o despedido de su empleo. El llamamiento y la exigencia de libertad son ahora más fuertes y la gente no va a parar hasta que consiga sus derechos».
Yazan es miembro del equipo de escritores de Al-Akhbar English. Puede seguírsele en Twitter: @WhySadeye.