Cuba y Estados Unidos celebraron el viernes 19 en La Habana, en un ambiente que los anfitriones calificaron de «respetuoso», una nueva ronda de conversaciones para evaluar los acuerdos migratorios vigentes hace más de 15 años.
En un comunicado, la delegación cubana afirmó que también se discutieron «aspectos contenidos en el nuevo proyecto de acuerdo migratorio», presentado por La Habana en la reunión efectuada en julio en Nueva York, más de seis años después de haberse interrumpido este proceso de pláticas periódicas.
Según la declaración, la iniciativa «tiene el objetivo de garantizar una emigración legal, segura y ordenada entre los dos países y cooperar de forma más efectiva en el enfrentamiento al tráfico ilícito de personas». Los acuerdos se firmaron en 1994 y 1995 y se evaluaron cada seis meses hasta diciembre de 2003.
La representación estadounidense no hizo comentarios sobre la negociación de un nuevo acuerdo y consideró que su participación en estas conversaciones pone de manifiesto su interés en la búsqueda de un debate constructivo con el gobierno de Cuba para promover los intereses de Estados Unidos en asuntos de conveniencia mutua.
La delegación de Estados Unidos fue presidida por Craig Kelly, subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, en tanto la de Cuba fue encabezada por su viceministro de Relaciones Exteriores, Dagoberto Rodríguez.
Ambas delegaciones hicieron llegar sus comentarios a la prensa en comunicados a través de correo electrónico. Philip J. Crowley, secretario de Estado adjunto para asuntos públicos, afirmó que la parte estadounidense pidió la inmediata liberación de un ciudadano de esa nacionalidad arrestado en Cuba el 4 de diciembre.
Aclaró que la delegación de su país abordó ese caso «por separado». El gobierno cubano acusó al hombre, identificado semanas después de su detención como Alan P. Gross, de estar involucrado con una empresa «que contrata para los servicios secretos norteamericanos» (sic). La imputación fue negada por Washington.
En su comunicado, La Habana no se refirió al caso. Según el texto, el vicecanciller Rodríguez ratificó el compromiso de Cuba con el cumplimiento de los acuerdos migratorios vigentes y declaró que la reunión «reafirmó la importancia y utilidad de este mecanismo».
El viceministro reiteró, sin embargo, que su país no podrá garantizar una emigración legal, segura y ordenada, como establecen los pactos, mientras en Estados Unidos continúe la aplicación de la Ley de Ajuste Cubano y la política de «pie mojado-pie seco».
Para La Habana, esas normas «constituyen el principal estímulo a las salidas ilegales y el tráfico de personas, al ofrecer un tratamiento preferencial a los cubanos que arriban ilegalmente al territorio norteamericano (estadounidense), sin reparar en las formas y medios utilizados para lograrlo».
La delegación cubana hizo saber además la disposición de mantener estos intercambios en el futuro. La Habana ha dicho que este ejercicio de evaluación semestral se interrumpió por decisión «unilateral» del gobierno de George W. Bush (2001-2009).
«La delegación estadounidense destacó los aspectos positivos de la cooperación en el tema de la migración, a la vez que identificó los asuntos que han devenido obstáculos para la total implementación de los acuerdos», informó el comunicado de Crowley.
En este aspecto, Estados Unidos puso sobre la mesa sus «prioridades», que incluyen garantizar que la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana (SINA) «sea capaz de operar total y efectivamente» y también pueda «comprobar el bienestar de los emigrantes repatriados» hacia Cuba.
Otro interés específico de Washington apunta a «lograr que el gobierno de Cuba acepte la repatriación de los nacionales cubanos que son excluibles por motivos penales», en referencia a inmigrantes que considera no elegibles para residir en su país.
Los acuerdos concebidos para normalizar la migración entre los dos países comprometieron a Estados Unidos a repatriar a eventuales emigrantes de Cuba interceptados en el mar y a conceder un mínimo de 20.000 visas anuales para inmigrantes legales cubanos.
A su vez, Cuba se obligó a tomar medidas para impedir las salidas inseguras «usando fundamentalmente métodos persuasivos». Los dos gobiernos se comprometieron además «a tomar acciones oportunas y efectivas para impedir el transporte ilícito de personas con destino a Estados Unidos».
Asimismo, acordaron «oponerse e impedir el uso de la violencia por parte de toda persona que intente llegar o que llegue a Estados Unidos desde Cuba mediante el desvío forzoso de aeronaves y embarcaciones». La legislación cubana prevé hasta prisión perpetua para el delito de tráfico de personas.
La agenda de la delegación estadounidense en Cuba incluyó en la noche de este viernes un encuentro «con representantes de la sociedad civil emergente», confirmó a IPS Elizardo Sánchez, presidente de la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, organización no reconocida, aunque tolerada, por el gobierno.
Sánchez mencionó entre los posibles asistentes a esa cita a los también disidentes Vladimiro Roca, Martha Beatriz Roque, Oswaldo Payá y un grupo de las Damas de Blanco, compuesto por esposas y familiares de los 75 opositores sentenciados a severas en 2003, bajo cargo de conspirar con Washington con fines subversivos.
«Estoy invitado junto a algunas decenas de colegas. No tengo un propósito específico para esta reunión, pero si me preguntan sobre los derechos civiles, contestaré», dijo el activista en declaraciones telefónicas a IPS.
Cuba y Estados Unidos sostienen un conflicto político y diplomático de casi medio siglo, marcado por el bloqueo económico que Washington impuso a La Habana en los años 60.
Estados Unidos es el principal destino de la emigración cubana y, según datos aportados por el sociólogo e historiador Antonio Aja en su libro «Al cruzar las fronteras», la aplicación de la Ley de Ajuste Cubano benefició a 611.240 emigrantes de esta isla caribeña que ingresaron al vecino país entre 1966 y 2006.
El investigador añade que, debido al auge del tráfico de inmigrantes, a partir de 1999 aumentó el número de personas que optaron por la emigración ilegal por vía marítima. Se estima que un viaje desde Cuba en lanchas de contrabandistas cuesta entre 5.000 y 10.000 dólares.