La desinformación de los medios de comunicación occidentales sobre la guerra en Nagorno Karabaj es parte de las campañas hacia la opinión pública que se realizaron en las anteriores intervenciones militares atlantistas en Oriente Medio y el Norte de África. Prepara políticamente las coaliciones y gana tiempo para desplegar los recursos necesarios sobre el terreno.
El material propagandístico ha ocultado que Stepanakert —la capital de Nagorno Karabaj, asentada a escasos 40 kilómetros de la línea de frente— ha sido víctima de los ataques más violentos e indiscriminados contra la población civil que se están produciendo. También se omite el contrato multimillonario que Azerbaiyán ha realizado con Israel para dotarse de un importante arsenal militar, incluidos los drones de última generación conocidos como los “UAV suicidas”, que están siendo utilizados en la ofensiva contra el Ejército armenio.
A pesar de los intentos por encontrar una salida negociada al conflicto que reclama la comunidad internacional, los tambores de guerra siguen sonando en el territorio donde ya son 100.000 los desplazados.
En este contexto cabe destacar las palabras del presidente sirio Bashar Asad, al acusar a su homónimo turco, Recep Tayyip Erdogan, de ser «el principal instigador e iniciador» de las tensiones entre ambos países caucásicos. Turquía lleva años prolongando la guerra civil siria. En 2020 ha intervenido militarmente en Libia, y ahora es el único Estado que expresa abiertamente su respaldo a Azerbaiyán, al que considera una nación hermana. Para Erdogan y su Ejecutivo la doctrina islamista neotomana es el principio que les ha de permitir la consolidación de una Gran Turquía basada en el expansionismo hacia los dominios del antiguo imperio, que abarcó desde el Mediterráneo oriental hasta el Caspio.
En cualquier caso, Turquía —miembro de la OTAN y candidata a la Unión Europea— es la nación enfrentada al bloque multipolar formado por los Estados emergentes, que en su avance estructural económico y estratégico han tomado posiciones en tres países: Siria, Egipto e Irán. Es un momento práctico del conflicto de intereses provocado por la Nueva Ruta de la Seda actuando como un eje de poder multilateral —no hegemónico— donde los BRICS están articulando una estrategia comercial y productiva diseñada para el desarrollar las grandes industrias nacionales emergentes e integrarlas posteriormente en plataformas regionales.
El territorio en guerra de Nagorno Karabaj se autoproclamó República de Artsaj en 2017. El conflicto se remonta a la etapa en que formaba parte de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, y entonces ya contaba con mayoría de población de origen armenio y sus diputados solicitaron la independencia. Se inició así una escalada de hostilidades que concluyeron en una república de facto que no ha sido reconocida por la ONU. Las fronteras están cerradas, exceptuando las que limitan con sus aliados de Armenia. El aislamiento ha llegado a paralizar el aeropuerto de Stepanakert, inaugurado con las aportaciones del exilio armenio, Rusia, EEUU y Francia debido a la amenaza de disparos a los aviones desde el cercano territorio azerbaiyano.
De los tres países que forman el frente antiturco, Irán es el único caucásico. El apoyo de Teherán a la soberanía de Artsaj puede poner en peligro su integridad debido a la presencia de Israel en Azerbaiyán. En concreto de su servicio secreto, el Mossad, encargado de recabar información y controlar la propaganda islamista con el objetivo de desestabilizar la región. Armenia cuenta con un presupuesto militar muy inferior al azerí que ha visto incrementar sus arcas con el negocio de los hidrocarburos procedentes de yacimientos en el mar Caspio, así como del recorrido ferroviario que forma parte de la Ruta de la Seda con origen en la capital, Bakú, y destino a Turquía a través de la vecina Georgia transportando anualmente millones de toneladas de mercancías.
La comunidad internacional ha denunciado la presencia en las filas azerbaiyanas de terroristas islámicos procedentes de Siria y de Libia presuntamente desplegados por Ankara que supondrán una amenaza para todo el Cáucaso. En enero Erdogan envió sus tropas a defender al Gobierno integrista libio (GAN) como parte de un acuerdo sobre derechos de explotación de gas natural en el mar Mediterráneo. La guerra civil en el país levantino siempre ha tenido un trasfondo energético. Después de un año de combates entre el GAN, con sede en Trípoli, y el Ejército Nacional Libio, dirigido por el mariscal Jalifa Haftar, el militar no ha sido capaz de conquistar la capital.
La victoria habría dado paso a la necesaria reconstrucción de las infraestructuras dañadas desde la intervención atlantista y a la convocatoria de elecciones con garantías democráticas pero su incapacidad para derrotar al Gobierno libio solo ha de beneficiar al nuevo orden mundial liderado por las elites globalistas de EEUU. Jalifa Haftar recientemente anunció la reanudación de la producción de petróleo en el territorio bajo su dominio, que abarca prácticamente toda la nación. En el sureño yacimiento de Al Sharara alcanzaron un “acuerdo de honor” los grupos armados con la sociedad gestora Akakus, una alianza entre la transnacional francesa Total, la española Repsol y la noruega Statoil.
Egipto ha asumido la amenaza a su seguridad nacional que representan los planes soberanistas del país otomano al autorizar el desplazamiento del Ejército a la vecina Libia en caso de que las fuerzas del GAN apoyadas por Turquía ataquen la ciudad costera de Sirte. El Cairo mantiene desplegadas tropas y armamento en Idlib (Siria) en coordinación con los Guardias Revolucionarios iraníes. Una agresión turca tendría consecuencias imprevisibles para la región.