La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, tardó cinco años en terminar su investigación preliminar acerca de la situación en Palestina, en la cual concluyó que existe «una base razonable» para creer que «se han cometido, o se cometen, crímenes de guerra en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este y la Franja de Gaza». Su declaración del 20 de diciembre de 2019 fue acogida con gran entusiasmo por las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, pero los suspiros de alivio se agotaron demasiado pronto.
La fiscal resolvió que se cumple el estándar de prueba de comisión de crímenes de guerra, y que abrir la investigación era apropiado en el interés de la justicia. No obstante, en lugar de proceder a ello, solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares la confirmación del alcance de la jurisdicción territorial de la Corte. Le pidió a la Sala tomar una decisión en 120 días. Casi un año más tarde, las víctimas siguen esperando esa decisión que continúa estando en un limbo.
Como abogado palestino he dedicado las últimas cuatro décadas a representar a las víctimas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en todos los territorios palestinos ocupados. Ahora que represento a las víctimas de Gaza ante la CPI, nuestro último recurso para asegurar que los crímenes más graves que preocupan a la humanidad no queden impunes, me siento frustrado por el avance tan lento de la Corte. Es cierto que los procedimientos penales internacionales suelen ser más largos que la justicia nacional, pero es difícil entender por qué las investigaciones de los crímenes cometidos en Palestina no han comenzado, a pesar de las pruebas destapadas en la investigación preliminar de la Fiscal.
La decisión de la Fiscal de pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares confirmación de la jurisdicción en Palestina y los retrasos resultantes, ponen en peligro la efectividad de la investigación, en lugar de fortalecerla con el fin de impartir justicia a las víctimas. Este tiempo adicional ha jugado a favor de algunos actores políticos que intentan quitarle importancia a la gravedad de los resultados preliminares de la Corte acerca de los crímenes cometidos. En particular, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel publicó inmediatamente un informe de la situación que intentó desviar la atención de la gravedad de los relatos de las victimas hacia la eterna pregunta de si Palestina es un estado o no. Esta interferencia defiende una posición jurídica y moral absurda: no puede haber víctimas de crímenes de guerra en Palestina si Palestina no es un Estado.
Para informar a la Sala sobre la «complejidad y novedad» de la petición de la fiscal, se presentaron 43 opiniones legales consultivas amici curiae por parte de terceros Estados, organizaciones internacional, académicos y de la sociedad civil. La mayoría de las opiniones no se limitaron a la cuestión técnica de jurisdicción territorial, conforme a la petición, sino que entendieron que el momento era una oportunidad para reclamar la condición de Estado para Palestina, la legitimidad del procedimiento y su pertinencia política. La fecha límite del 16 de marzo de 2020 fijado por la Sala de Cuestiones Preliminares para presentar las opiniones se aplicó estrictamente: las que se presentaron con unas cuantas horas de retraso fueron excluidas. Sin embargo, la celeridad de la Corte en el mes de marzo no ha sido emulada con el pronunciamiento oportuno de su sentencia.
La politización de este caso envolvió el procedimiento de la CPI desde el principio, repitiendo el destino de intentos anteriores que buscaban la reparación por violaciones del derecho internacional en Palestina, a través de mecanismos y foros jurídicos y legales. La Corte ha sido víctima de una campaña de deslegitimación, que incluye acusaciones que van desde adoptar una posición política hasta defender posiciones antisemitas. Reafirmando su firme apoyo a Israel, los Estados Unidos adoptaron medidas radicales para rechazar la autoridad de la Corte sobre sus ciudadanos y su territorio, suspendiendo visados para el personal de la CPI y sus familias, oponiéndose a la investigación y «a cualquier otra acción que tenga injustamente a Israel como blanco«. El Secretario de Estado Mike Pompeo se refirió reiteradamente a la CPI como la «llamada» corte embarazosa, política, renegada, ilícita, y un «vehículo para vendettas políticas«, «disfrazándose como un organismo legal«. Para proteger a los nacionales de los Estados Unidos e Israel que cometieron crímenes de guerra, el Presidente Trump incluso dictó una orden ejecutiva para imponer a la Fiscal y a los investigadores de la CPI sanciones normalmente reservadas para narcotraficantes y terroristas. Los comentaristas dudan de la disposición y capacidad del nuevo Presidente-electo de los Estados Unidos, Joe Biden, de revertir dicho proceder y hostilidad hacia la justicia internacional.
Confrontada con la avalancha de acusaciones políticamente motivadas, la CPI no tiene por qué rebajarse al nivel de sus detractores. El Estatuto de Roma, su tratado fundacional, exige que la Corte defienda la justicia, y «decidida a poner fin a la impunidad de los autores» de crímenes internacionales, como dice su Preámbulo. Esto es el único enfoque válido: la cuestión ante la Corte es estrictamente legal. Como tal, al concluir satisfactoriamente su investigación preliminar, la Fiscal podría haber abierto la investigación directamente; no había ningún requisito legal de presentar una solicitud de aclaración acerca de la jurisdicción territorial de la Corte. En consecuencia, su petición ha traído a la Corte un debate político acalorado. Resolverlo de una vez para siempre, en la fase preliminar del procedimiento, evitará la incertidumbre y más retrasos insoportables para las víctimas.
Este enfoque estrictamente judicial no está apartado de la realidad del terreno, sino que reconoce la situación crítica de las víctimas de la ocupación israelí, para quien esta Corte representa el único y último recurso. Abandonados por la comunidad internacional, incapaces de acceder a ningún tribunal israelí, extranjero o internacional, y sometidos a una ocupación cruel, más que nunca el destino del pueblo palestino está en último término ligado al destino de la CPI. En este momento la Corte está en una encrucijada: puede ceder y derrumbarse ante la presión política de Israel y los Estados Unidos, o elegir actuar de acuerdo con su objeto y su finalidad para garantizar que los crímenes internacionales cometidos en territorio palestino no queden impunes.
Raji Sourani fue preso de conciencia de Amnistía Internacional en 1985 y en 1988, miembro de la Comisión Internacional de Juristas EXCO e IDAL EXCO, y Vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos. En 1991 recibió el Premio Robert F. Kennedy a los Derechos Humanos. En 2013, Sourani fue uno de los dos premiados con el Premio Right Livelihood, conocido como el Premio Nobel alternativo, por «su dedicación inquebrantable a la ley y los derechos humanos bajo circunstancias excepcionalmente difíciles. Sourani es uno de los abogados palestinos que presentaron la denuncia contra Israel en la Corte Penal Internacional.