El gobierno de Trump impuso el jueves sanciones a dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) por su reciente decisión de rechazar una apelación israelí contra la investigación de los crímenes de guerra en Gaza.
Los jueces, Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia, son miembros de la cámara de apelaciones que el lunes desestimó por mayoría los argumentos de Israel de que la investigación sobre los crímenes cometidos en Gaza después del 7 de octubre de 2023 era inválida.
La decisión de la cámara de apelaciones se ha considerado a muy amplios niveles como un avance significativo en la investigación sobre los crímenes en Palestina que dio lugar a la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, en noviembre del año pasado.
Si Israel hubiera prosperado en su apelación, las órdenes de arresto habrían quedado anuladas.
Israel ha presentado numerosos recursos para intentar invalidar dichas órdenes, incluyendo un intento de descalificar al fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, por presunta falta de imparcialidad y una impugnación de la jurisdicción del tribunal sobre Palestina.
Lordkipanidze y Damdin se encuentran entre los ocho jueces sancionados por la administración Trump desde febrero en relación con las investigaciones de crímenes de guerra en Gaza y Afganistán. El fiscal jefe del tribunal y sus dos fiscales adjuntos también han sido objeto de sanciones.
“Estas personas han participado directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento de Israel, incluyendo votar con la mayoría a favor del fallo de la CPI en contra de la apelación de Israel el 15 de diciembre”, declaró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado.
“La CPI ha continuado participando en acciones politizadas contra Israel, lo que sienta un precedente peligroso para todas las naciones. No toleraremos los abusos de poder de la CPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y someten injustamente a ciudadanos estadounidenses e israelíes a la jurisdicción de la CPI”, añadía el comunicado.
Rubio reiteró el rechazo de Estados Unidos a la jurisdicción de la Corte sobre ciudadanos estadounidenses e israelíes.
“Seguiremos respondiendo con consecuencias significativas y tangibles a la guerra legal y las extralimitaciones de la CPI”, añadió Rubio.
Contramedidas de la CPI
Las sanciones impuestas desde febrero han trastocado la vida cotidiana de los funcionarios de la CPI afectados, les han prohibido viajar a Estados Unidos y los han aislado de gran parte del sistema financiero mundial, incluso en Europa.
En la conferencia anual de la CPI, celebrada a principios de este mes, el presidente de la Corte confirmó que se están implementando contramedidas para protegerla de las sanciones, pero que estas se mantendrían confidenciales para garantizar su eficacia.
Todos los miembros de la cámara de apelaciones que emitió la decisión del lunes están ahora sancionados, excepto la jueza Tomoko Akane, de Japón, presidenta de la CPI, quien también votó a favor.
Los jueces sancionados han declarado a MEE que esperan que la Unión Europea tome medidas para protegerlos del impacto extraterritorial de las sanciones, pero que el bloque aún no ha tomado medidas concretas para protegerlos.
Una de las funcionarias afectadas es la jueza peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza, quien fue sancionada en junio por su papel en la autorización de una investigación sobre crímenes cometidos en Afganistán desde 2003.
La Sra. Carranza declaró a MEE en La Haya este mes que las sanciones le han prohibido usar su tarjeta de crédito o cualquier sistema bancario que utilice dólares estadounidenses. Tampoco ha podido usar Western Union para enviar dinero a su país de origen ni usar aplicaciones como Uber. Por otra parte, a su hija se le ha denegado la visa para Estados Unidos sin explicación alguna, lo que le impide viajar a ese país para trabajar como abogada internacional.
“Pero ninguna de estas medidas nos ha disuadido como jueces, porque esas sanciones están diseñadas para atacar nuestra independencia como tales, y no vamos a renunciar a ella”, afirmó. “Como jueces, estamos más unidos que nunca y desempeñamos nuestras funciones diarias con la mayor eficacia posible”.
Rechazo a la apelación de Israel
La investigación de la CPI sobre los crímenes de guerra cometidos en la Palestina ocupada se inició en 2021, a partir de una remisión del Estado de Palestina en 2018.
Sin embargo, desde noviembre de 2023, se han presentado otras siete remisiones por parte de Sudáfrica, Bangladesh, Comoras, Bolivia, Yibuti, Chile y México.
En su apelación, Israel argumentó que la fiscalía debería haberle notificado una nueva investigación tras las nuevas remisiones de los siete Estados, de conformidad con el Artículo 18 (1) del Estatuto de Roma, que exige que la fiscalía notifique formalmente a cualquier Estado afectado la apertura de una investigación.
Esta notificación explica el alcance de la investigación y brinda al Estado la oportunidad de argumentar que ya está investigando los mismos asuntos, un principio diseñado para evitar la duplicación.
La fiscalía así lo hizo en 2021, pero Israel no respondió a esa notificación. En cambio, argumentó que el tribunal carecía de autoridad legal sobre la situación.
Después de que la fiscalía solicitara y obtuviera órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, Israel cambió su postura, afirmando que los acontecimientos posteriores a los ataques del 7 de octubre de 2023 liderados por Hamás contra Israel constituían una situación completamente nueva, lo que significa que la Corte debería haber emitido una nueva notificación antes de seguir adelante.
Los jueces de apelación de la CPI han rechazado este argumento al determinar que la investigación de los hechos posteriores al 7 de octubre de 2023 está cubierta por el aviso original de 2021, por lo que no se requería una nueva notificación.
Sondos Asem es periodista y editora de noticias en Middle East Eye-Londres. Es especialista en derecho internacional, derechos humanos y políticas públicas en Oriente Medio y el Norte de África. Cuenta con un máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (2024) y otro en Políticas Públicas (2015) por la Universidad de Oxford. Tiene más de 20 años de experiencia en periodismo, edición, derechos humanos y traducción.
Texto en inglés: Middle East Eye, traducido por Sinfo Fernández.