Los requerimientos por parte de Estados Unidos de aparecer como inocente de la crisis de Puerto Rico y que la solución deje intacto su dominio imperial, limitan sus caminos para enfrentar el problema, mientras sube la presión internacional para que se retire y deje libre este país del noreste del Caribe. Entre esas dificultades resalta […]
Los requerimientos por parte de Estados Unidos de aparecer como inocente de la crisis de Puerto Rico y que la solución deje intacto su dominio imperial, limitan sus caminos para enfrentar el problema, mientras sube la presión internacional para que se retire y deje libre este país del noreste del Caribe.
Entre esas dificultades resalta la Ley Federal de Quiebras que, por estar atada a decisiones judiciales sobre la soberanía de los estados, de aplicarse a Puerto Rico pondría al Congreso en la disyuntiva de reconocerle derechos soberanos a la colonia o admitir el territorio en la Unión, con la intención expresa de que se inaugure ejerciendo el derecho a la quiebra.
El problema mantiene enfrentados a la Casa Blanca y el Congreso, en terreno movedizo las relaciones del gobierno federal con Wall Street y, en el propio corazón financiero nacional de EEUU, a unos inversores contra otros. Todo eso, por una pequeña colonia en el noreste del Caribe, a más de 2.500 kilómetros de distancia.
A ese ambiente ya cargado se suma que el gobierno autonómico de Puerto Rico mantiene la negativa a entregarle al Congreso un estado auditado de sus finanzas y resiste las presiones que, según varias fuentes, ejerce la Casa Blanca para que no le pague a los bonistas. Según las fuentes -en Washington y San Juan- esa presión bajo cuerdas conllevaría que el impago aparezca como que ha sido una decisión de Puerto Rico, a fin de que el gobierno pueda seguir operando.
«Algún impago habrá», le confió a NCM Noticias una fuente responsable entrevistada en el Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación y donde han residido la inmensa mayoría de los 280 gobernadores que han regido esta colonia desde el siglo XVI, bajo el dominio de España primero y, a partir de 1898, bajo el de EEUU.
Mientras tanto, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina aprobó la intensificación de los esfuerzos para que EEUU acepte la independencia de Puerto Rico y designó al líder independentista puertorriqueño Rubén Berríos como portavoz para eso. En el acuerdo, la COPPPAL enmarcó el caso de Puerto Rico en una resolución general sobre el problema del coloniaje, en la que incluyó el reclamo de Argentina por el dominio británico sobre las Islas Malvinas y expresó preocupación por los intentos de Holanda de recolonizar los territorios caribeños.
La designación de Berríos para esa misión no es cosa de poca monta para los que en EEUU interesan mantener el dominio colonial en este punto estratégico, ubicado en la ruta de dos de los pasos del comercio marítimo del Canal de Panamá, equidistante de Guantánamo y de Caracas. El designado también recientemente como asesor diplomático de la presidencia de Nicaragua -que construye el segundo canal interoceánico- fue figura clave en los retos a la Armada de Estados Unidos en las islas Culebra y Vieques, que culminaron con derrotas para la flota estadounidense.
A principios de este año, Berríos sorprendió cuando el presidente de Nicaragua le concedió el uso de la palabra y dio un discurso en la cumbre de jefes de estado latinoamericanos. Eso se desarrolló en que formó parte de la delegación diplomática oficial nicaragüense y asistió a la Cumbre las Américas, donde fue de los pocos que habló directamente con el presidente de EEUU, Barack Obama, a quien le reclamó la descolonización de Puerto Rico.
Lejos de la diplomacia de Berríos y del enfoque electoral de su pequeño aunque influyente Partido Independentista Puertorriqueño, que parece haber subido en las encuestas, circula la versión de que la inteligencia militar del Ejército Popular Boricua-Macheteros interceptó la información sobre una reunión secreta entre funcionarios de alto nivel de EEUU, enviados de Wall Street y al menos una figura clave del oficialismo autonomista. De acuerdo a dicha versión, la reunión no tuvo resultados muy positivos.
Tampoco abona mucho a las perspectivas de estabilidad la agenda del principal aspirante a la jefatura del movimiento anexionista, Ricardo Rosselló, quien promete que de llegar a la gobernación impulsará el «Plan Tenesí», para enviar a Washington legisladores simbólicos que fuercen al Congreso a resolver sobre la petición de estadidad. El actual presidente del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, por su parte, impulsa con fuerza que se conceda a Puerto Rico la protección de la Ley Federal de Quiebras.
Esa protección «municipal» fue originalmente para defender los acuerdos entre las ciudades y los grandes inversores frente a los acreedores minoritarios y aunque fue enmendada para atender el problema de la soberanía de los estados, no había mayor dificultad con incluir a Puerto Rico. Pero cuando en 1978, a raíz de la crisis fiscal de Nueva York, se convirtió en un estatuto para proteger las ciudades de las garras de Wall Street, se desataron presiones y cabildeos hasta que en 1984 se limitó su alcance a los estados de la Unión y se excluyó de manera específica a Puerto Rico.
Desde entonces, esta pequeña nación isleña impedida estatutariamente de quebrar se tornó en un verdadero paraíso para la concesión irrestricta de préstamos que la han llevado al borde del colapso.
Al presente, el Gobierno de Puerto Rico admite tener una deuda pública de más de 71.000 millones de dólares en bonos que pagan servicio anual, 34.000 millones adicionales con un vencimiento fijo y más de 43.000 millones en deudas sin fuente de repago de los sistemas de las pensiones, lo que suma casi 150.000 millones de dólares. Mientras, la brecha entre el valor de los activos del Estado frente a las deudas totales tiene un saldo negativo de casi 50.000 millones.
La situación amenaza mucho más que los fondos que se aportan, por ejemplo a casi 4.400 instituciones sin fines de lucro, o a la nómina pública. La alternativa de gravar los haberes de los ciudadanos privados y las empresas como garantía de bonos está sobre la mesa.