Alrededor de 650 niños y adolescentes son objeto de explotación sexual comercial en nuestro país, según la investigación presentada ayer jueves por Gurises Unidos. Los resultados de la pesquisa hacen difícil olvidar la realidad y obligan también a tratar de descifrar si efectivamente se persigue a sus responsables e inclusive hasta qué punto todos tenemos algo que ver con que el fenómeno siga latiendo.
Es víctima de abuso sexual por lo menos desde que tiene 10 años. A los 12 fue internada en el Inau para liberarla de la situación de violencia que vivía en su casa. Se fugaba repetidamente del hogar del Inau, «siendo de conocimiento de los responsables (de la institución) que existía la posibilidad de que, durante dichos egresos, consumiera drogas y fuera víctima de explotación sexual infantil». Según su relato lo era. Durante un tiempo, con horario fijo, de las ocho de la noche a las dos de la mañana. Eso ocurría en una whiskería de Santana do Livramento, propiedad de un hombre que llegó a golpearla y del que, asegura, logró vengarse. Además «afirmó haber tenido relaciones sexuales simultáneas con cinco hombres». «En una oportunidad fue encontrada manteniéndolas en un baño público de Santana do Livramento, habiendo intervenido las autoridades de dicha ciudad», se lee también en el auto de procesamiento. Tiene 13 años, un embarazo de 12 semanas, hay indicios de que padece gonorrea.
Ese es tan sólo un caso. En Uruguay hay unos 650 chiquilines que son objeto de explotación sexual comercial, es decir que dispensan favores sexuales a cambio de dinero, de algo de ropa, de una dosis de droga, de algo. El número incluye 390 casos de los que habría certeza y 259 en los que hay indicios fuertes para fundamentar la sospecha. Sin embargo debe de haber algunos más, pues la investigación que arribó a este número limitó su alcance a las 52 ciudades de más de 5 mil habitantes que tiene Uruguay, así que todavía falta saber del resto. Por otra parte, seguramente existen casos que no están en conocimiento de las fuentes que proveyeron la información.
Cómo ver
La pesquisa fue llevada a cabo por la organización Gurises Unidos (la coordinaron Fernanda Caballero y Diego Pailos) con el apoyo del Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas de la Udelar y el sostén económico de Movistar y Fundación Telefónica. Hace 12 años, en plena crisis, Gurises Unidos ofreció la primera cuantificación de la infancia en situación de calle, pero esta vez eligieron un objeto de estudio esquivo, deliberadamente clandestino.
Como nadie escapa que los casos denunciados son muchos menos que los existentes, aunque también es cierto que cada vez hay más denuncias: 20 entre 2007 y 2009, 59 en 2012, 79 en 2013. En 2014 la tendencia al alza continuaba y ya algún medio había detectado la oportunidad de hacer su temporada noticiosa aprovechándola.
De cualquier manera ni siquiera terminan en denuncia todos los casos conocidos por las organizaciones que, como Gurises Unidos, trabajan ayudando a esas chiquilinas. La tarea de estas instituciones es apoyarlas para que logren una vida mejor, no obtener pruebas suficientes de la comisión de un delito. Realizar la denuncia es regularmente una de las metas que esos «procesos de acompañamiento» se plantean, pero esa meta puede no alcanzarse y hasta puede haber buenos motivos para desistir de intentarla, explicó a Brecha Fernanda Caballero.
Y como Gurises, hay decenas de instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que por diversos motivos trabajan cotidianamente con los niños y adolescentes de este país, por lo que tienen ocasión de saber si alguno de ellos está siendo sometido a explotación sexual. La apuesta metodológica central de esta investigación fue transformar en conocimiento todo ese saber fragmentario y disperso que las comunidades tienen.
Se comenzó naturalmente por la revisión bibliográfica, que en Uruguay ofrecía casi exclusivamente estudios de localidades, y luego se trazaron las coordenadas fundamentales: de acuerdo a lo ya sabido, determinar qué localidades era indispensable relevar, en cuáles otras era importante realizar un trabajo más intenso pues cabía presumir una alta incidencia del fenómeno en ellas y, finalmente, las que -por el contrario- recibirían menos atención. Así se resolvió relevar 15 ciudades del Interior y 30 zonas de Montevideo y el área metropolitana.
Después se trató de congregar en cada uno de esos sitios a todos los actores que podían disponer de información. «Casi siempre la primera respuesta que obteníamos era que ahí el problema no existía», contó Diego Pailos. La gente fue aceptando sumarse sólo a medida que entendía de qué se trataba exactamente la explotación sexual comercial. Que no se trataba de dirimir la existencia de una mafia rusa que traficaba niñas, y que el intercambio al que alude el concepto no necesariamente es por un pago en metálico («Lo que encontramos casi siempre son cuestiones del tipo ‘ahora la nena tiene un señor que la cuida'», comentaba a este medio la psicóloga July Zabaleta, directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior). Luego se trató de que se entendiese que lo que se buscaba de los consultados no eran elementos para una acusación penal sino que señalasen si se estaban dando ciertos «indicadores de certeza» de estar ante un caso de explotación, empezando por el más obvio y relevante: si la víctima lo había afirmado. O también si observaban señales más débiles, a las que llamaron «indicadores de sospecha» (si aparece con ropa nueva cuyo origen no puede explicarse, por ejemplo).
Finalmente los actores debían elaborar juntos su reporte, a efectos de que no se contara el mismo caso muchas veces, pues obviamente no se registró el nombre de las víctimas. En algunas de estas reuniones -contaron los investigadores- la gente prefería intercambiar información mediante mensajes telefónicos antes de correr el riesgo de que un nombre fuera oído.
El resultado de la indagatoria da los 650 casos referidos. El 80 por ciento son gurisas, pero habría 124 varones y al menos 12 trans. No hay donde no haya, aunque ocurra de maneras distintas según el sitio. Se relevaron 301 casos en Montevideo y el área metropolitana, pero en el Interior fueron más: 349. La explotación no sucede solamente en «zonas portuarias, fronterizas, turísticas, cruces de carreteras, nuevos emprendimientos industriales y zonas francas», explicó Juan José Goyeneche, del Instituto de Estadística. No encontraron situaciones donde cabía presuponerlas, pero muchos casos aparecieron donde menos se esperaba. «La causa -anotó Pailos- está en otra parte.»
El estudio produjo otros datos, pero los que siguen parecen fundamentales. El grueso de las víctimas (310) tiene entre 13 y 15 años. Este «comercio» sucede fundamentalmente en casas particulares (348) y lugares públicos (253). Casi todas (439) han sido víctimas o testigos de violencia doméstica. Sólo el 30 por ciento asiste regularmente a un centro educativo formal. El aporte contribuye a conocer a las víctimas, a las explotadas, pero ¿y los explotadores?
¿Y los explotadores?
Esa fue la inquietante pregunta que las autoridades del Inau plantearon en la conferencia de prensa realizada el 24 de julio en la ciudad de Rivera, pocas horas después de conocer que el juez Humberto Verri, quien investiga una denuncia por explotación sexual de adolescentes alojados en hogares del instituto, había decretado el procesamiento sin prisión de la directora departamental del Inau y de la del Hogar Femenino por «omisión contumacial de los deberes del cargo».
El Inau «lamenta que en este proceso (…) no se encontrara a los verdaderos responsables del delito de explotación sexual, que son todos aquellos que reconocen haber retribuido con dinero o por otros medios a las niñas y adolescentes a cambio de sexo», decía la declaración leída entonces.
El martes pasado circuló un comunicado con la firma de varias organizaciones sociales que expresaba su asombro ante una actuación judicial que «omite deliberadamente la responsabilidad de los explotadores».
Como refería ese texto, el propio juez dejó consignado en el auto de procesamiento que había tenido a algunos de los presuntos explotadores ante sí. La investigación incluyó la detención, incomunicación e interrogatorio de la madre de una de las chiquilinas y de siete hombres. La mujer fue procesada. «En referencia a los restantes indagados (la fiscal) nada solicitó, por ahora, sin perjuicio o por razones de sana política criminal», escribió Verri en el auto de procesamiento.
La pieza es parte de una secuencia mayor. En el juzgado hay más denuncias sobre adolescentes alojados en los hogares Femenino y Masculino de esa ciudad, y el lunes apareció por allá el vicepresidente del Pit Cnt a la cabeza de una marcha del sindicato de trabajadores del Ianu (Suinau). «Somos conscientes de que en nuestro país el Poder Judicial está presionado por otros intereses que no son los de impartir justicia», declaró López.
A Plateia, diario que se publica en Santana, aseguraba en su edición del 25 que «sin dudas» aquella sentencia estaba siendo «el tema más mencionado» por sus vecinos riverenses, y lo inscribía dentro de una operación de la sección Trata y Tráfico de la Dirección de Investigaciones de la Policía, denominada Rosas. En Rivera se oye también que la cuestionada conducta de la justicia protege pesquisas de mayor alcance. El Ministerio Público, consultado por este semanario, sólo declara que no está autorizado a realizar declaraciones.
Lo abominable y lo viable
Habrá que esperar para saber si esos y otros explotadores son penalizados. Como ya se señalaba, todavía son muy pocos los casos denunciados en relación a los que, según ahora sabemos, existen. «Tenemos que trabajar sobre la situación de las personas que nos ayudan en estos casos», dijo Zabaleta. No sólo se trata de prevenir eventuales represalias por parte de los explotadores. Por lo general el dato se revela a técnicos de distinto tipo que trabajan en los barrios y que desarrollan relaciones de confianza con la comunidad. Entonces también hay que buscar que ese vínculo, que puede ayudar a muchos más, sea preservado.
Pero más allá de la vulnerabilidad de las víctimas y de la determinación de los posibles denunciantes, ¿por qué sucede esta forma de explotación? ¿Dónde está esa «otra parte» donde Pailos sugiere buscar? Zabaleta dice que con la información de la que el ministerio dispone aún no es posible responder cuáles son las características del explotador. En Uruguay no parece haber redes que se dediquen específicamente a la explotación de menores. El explotador, insiste, en general está cerca, en la casa, en el barrio.
Karina Núñez, que es trabajadora sexual, fue víctima de esa forma de explotación y milita hace añares contra eso. Para ella «hay un tipo de cliente y un tipo de clase social», precisa. «Son gente relacionada con el poder, con algún cargo que genere dinero. Se visibiliza más cuando el explotador es mucho más grande (viejo) que la víctima, pero mucho adolescente también consume explotación sexual. Si el joven se inicia en un círculo de poder no va a usar su atractivo físico sino su poder mercantil», advirtió. Pero eso no aparta de su atención al entorno: «La oferta de la transacción es lo que se da desde el círculo más cercano». Núñez tampoco cree que haya organizaciones específicamente dedicadas a este comercio: «Acá elaboran más, las engordan mucho más para otro círculo que es el de la trata y el tráfico», señaló.
Ruben Campero, psicólogo y sexólogo, está preocupado por múltiples fuerzas que inhiben lo que el psicoanálisis llama «castración simbólica». El reconocimiento de que existe un límite como tal, y no como una frontera más que debería arrollar el omnipotente «masculino» posmoderno que como cultura parecemos empeñados en construir. La conquista de la niña, en el sentido violento de la palabra, es como un epítome de esa voluntad profanadora. Su sumisión, como la de una mascota, es la garantía de que ese sujeto no encontrará ningún motivo de frustración.
El psicoanalista Marcelo Viñar respiró hondo antes de responder, y soltó: «El enigma de las perversiones es muy grande. Creo que una razón evidente es la mercantil, la rentabilidad de esa tarea. No hay que pensar en la estructura subjetiva del pedófilo solamente, sino en la pedofilia como crimen organizado. Los mediadores, los proveedores, son un mediador esencial de la cadena. Pondría el centro en eso. Lo abominable nunca ha sido extirpable como lo es una apendicitis aguda. Pero hay contextos sociales que lo propician, que lo fomentan. Y otros que disuaden, que lo prohíben, que lo detienen. Como ocurre con la tortura, por ejemplo. Hoy hay tantos vocacionales de la tortura y del maltrato como durante la dictadura, sólo que la dictadura los fomentaba y la democracia los tiende a proscribir.»
Es víctima de abuso sexual por lo menos desde que tiene 10 años. A los 12 fue internada en el Inau para liberarla de la situación de violencia que vivía en su casa. Se fugaba repetidamente del hogar del Inau, «siendo de conocimiento de los responsables (de la institución) que existía la posibilidad de que, durante dichos egresos, consumiera drogas y fuera víctima de explotación sexual infantil». Según su relato lo era. Durante un tiempo, con horario fijo, de las ocho de la noche a las dos de la mañana. Eso ocurría en una whiskería de Santana do Livramento, propiedad de un hombre que llegó a golpearla y del que, asegura, logró vengarse. Además «afirmó haber tenido relaciones sexuales simultáneas con cinco hombres». «En una oportunidad fue encontrada manteniéndolas en un baño público de Santana do Livramento, habiendo intervenido las autoridades de dicha ciudad», se lee también en el auto de procesamiento. Tiene 13 años, un embarazo de 12 semanas, hay indicios de que padece gonorrea.
Ese es tan sólo un caso. En Uruguay hay unos 650 chiquilines que son objeto de explotación sexual comercial, es decir que dispensan favores sexuales a cambio de dinero, de algo de ropa, de una dosis de droga, de algo. El número incluye 390 casos de los que habría certeza y 259 en los que hay indicios fuertes para fundamentar la sospecha. Sin embargo debe de haber algunos más, pues la investigación que arribó a este número limitó su alcance a las 52 ciudades de más de 5 mil habitantes que tiene Uruguay, así que todavía falta saber del resto. Por otra parte, seguramente existen casos que no están en conocimiento de las fuentes que proveyeron la información.
Nota
1. «Primer dimensionamiento de explotación sexual comercial hacia niños, niñas y adolescentes», disponible en: http://www.gurisesunidos.org.