El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó su primera resolución exigiendo un alto el fuego inmediato en Gaza, la supresión de todos los obstáculos a la entrada de ayuda humanitaria y la liberación inmediata de todos los rehenes en manos del grupo armado palestino Hamas. En los más de cinco meses de la ofensiva israelí, se han propuesto otras iniciativas en este sentido, pero todas habían sido bloqueadas por Estados Unidos. Incluso ahora, el aislamiento de Washington quedó patente en el hecho de que fue el único de los 15 miembros del Consejo en abstenerse, mientras el resto (incluido Reino Unido, estrecho aliado de Israel) votó a favor.
Pese a que su gobierno sólo se abstuvo en la votación referida, el presidente Joe Biden no pudo evitar la furia del régimen que encabeza Benjamin Netanyahu, con todo y que la Casa Blanca logró hace unos días la aprobación de 3 mil millones de dólares para ayuda militar adicional a Tel Aviv y a que todavía ayer su embajadora ante la ONU, Linda Thomas-Green, trató de confundir a la opinión pública afirmando que el cese de las hostilidades está condicionado a la liberación de las personas secuestradas por Hamas. Esto último es llanamente falso: el texto avalado por el Consejo exige ambas cosas sin establecer un orden jerárquico o temporal entre ellas.
Si la mudanza en la actitud de la Casa Blanca y la arrogante reacción de Tel Aviv derivan en un alejamiento auténtico y duradero respecto de Washington, sería una gran noticia para la región y para las perspectivas de poner fin a más de 70 años de ocupación y expolio de las tierras palestinas. En efecto, el respaldo incondicional de la superpotencia al Estado de Israel ha sido el obstáculo más formidable para la paz: al blindar al sionismo frente a cualquier intento de la comunidad internacional de hacerle rendir cuentas por sus crímenes, ha reforzado su sensación de impunidad y le ha convencido de que puede imponer sus términos ignorando tanto la legalidad como los derechos humanos del pueblo palestino.
En este contexto, el fallo que ordena a las fuerzas armadas israelíes frenar la masacre de la población gazatí es bienvenida, aunque sumamente tardía. Sin duda se trata de un hito por su carácter vinculante y la casi unanimidad alcanzada en su respaldo, pero no ofrece ningún consuelo ante los 32 mil palestinos masacrados –25 mil de ellos, niños y mujeres–, las decenas de miles heridos, los cientos de miles que han perdido a sus familias y sus hogares, y la destrucción material casi absoluta de Gaza.
En efecto, las resoluciones del Consejo de Seguridad son de cumplimiento obligatorio, pero su aplicación se encuentra sujeta a la relación de fuerzas en la comunidad internacional, e Israel tiene un récord en cuanto a violarlas de manera impune. Por ello, es imperativo dotar al texto aprobado de mecanismos que garanticen su cumplimiento, desde la ruptura de vínculos diplomáticos, culturales, financieros y políticos con Tel Aviv hasta el establecimiento de un embargo comercial que le prive de los recursos que usa para llevar adelante sus designios genocidas.
Es oportuno recordar, a este respecto, que en el siglo pasado se estableció en Sudáfrica un régimen de discriminación muy semejante al de Israel, y que un boicot a sus exportaciones contribuyó de manera decisiva para acabar con el apartheid, tan similar al trato que Israel sigue aplicando a las poblaciones árabes de Gaza, Cisjordania, la Jerusalén Oriental y el territorio israelí propiamente dicho. Si hace cuatro décadas era inaceptable la existencia de un régimen estructuralmente racista, en pleno siglo XXI es una vergüenza para la humanidad.
Fuente: https://www.jornada.com.mx/2024/03/26/opinion/002a1edi