Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
El acceso al agua es fundamental para la vida y quizá el derecho humano más básico. Pero para los palestinos que viven bajo la ocupación es otro derecho humano más controlado por Israel. El derecho humano al agua tiene que ver con las necesidades domésticas, sin embargo, al negar a los palestinos el derecho al agua el gobierno israelí también está negando el derecho humano a la comida que incluye el agua para la agricultura, y el derecho humano a unas condiciones higiénicas adecuadas.
Aunque a menudo se pase por alto, el monopolio israelí sobre el agua (un recurso que en la región es escaso) mina el desarrollo económico palestino además de ser una cuestión política crítica. El agua es una de las seis cuestiones del estatuto permanente que se tienen que tratar en las negociaciones entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y el gobierno israelí. El conflicto tiene que ver tanto con los recursos como con la tierra, y no será posible un Estado palestino viable mientras Israel siga ignorando el derecho internacional y los acuerdos firmados previamente referentes a la tierra. Desde 1967 Israel ha negado a los palestino el derecho a perforar un solo pozo en el Acuífero Occidental. Israel se asegura así que la mayor parte del caudal sigue cruzando la Línea Verde hasta dentro de Israel y que Israel puede seguir extrayendo la mayor parte del agua supuestamente compartida.
En el Artículo 40 del Acuerdo Provisional de Oslo II se reconocían los derechos palestinos al agua, lo que trajo la esperanza de que el nivel de vida en los territorios palestinos ocupados iba a mejorar y de que el agua para la agricultura iba a estimular el crecimiento económico. Según un informe reciente del Banco Mundial, «Valoración de las Restricciones al Desarrollo del Sector del Agua Palestino», estas esperanzas «sólo se han realizado parcialmente» ya que Gaza y partes de Cisjordania sufren crisis humanitarias «crónicas» relacionadas con el agua. Aunque el Artículo 40 reconoce los derechos palestinos sobre el agua no los define ya que que Israel prefirió posponerlo hasta las negociaciones del estatuto final.
El Comité Conjunto del Agua (JWC, en sus siglas en inglés) se estableció según el Artículo 40 del Acuerdo Provisional de Oslo II de 1995 para gestionar los recursos acuíferos de Cisjordania. Como de costumbre, los Comités Conjuntos del Agua se establecieron para gestionar una fuente de agua compartida y no sólo una porción del recurso como es el caso con el JWC israelo -palestino, cuya jurisdicción se limita a las aguas accesibles desde Cisjordania. En lo esencial, Israel podía reforzar su orden militar de 1967 poniendo bajo control militar israelí todos los recursos acuíferos de Cisjordania.
Según el sistema establecido por el Artículo 40, las autoridades israelíes debía aprobar toda propuesta de proyecto de infraestructura o medida de gestión dentro de Cisjordania. El informe del Banco Mundial afirma que la manera como se ha implementado da a las autoridades israelíes un control total del reparto y gestión de los recursos acuíferos de Cisjordania. Además, la jurisdicción territorial israelí sobre el 60% de Cisjordania (Zona C), hace que sea «prácticamente imposible» que la Autoridad Palestina (AP) gestione los recursos acuíferos.
Según el informe del Banco Mundial, «asimetrías fundamentales de poder» impiden que el JWC funcione como una institución «conjunta». El JWC es inherentemente imperfecto debido a su jurisdicción limitada solamente a los recursos acuíferos de montaña compartidos que existentes en el subsuelo de Cisjordania en vez de a una gestión conjunta efectiva de todos los recursos compartidos
Al cabo de 14 años todavía no se han realizado la mayoría de los proyectos prioritarios según los Objetivos Nacionales de Agua Palestinos. Los proyectos israelíes de extraer agua del Acuífero de la Montaña ni siquiera están presentes en el JWC. En algunas ocasiones Israel ha actuado unilateralmente y ha cargado los costes a la AP. Ahí donde las aguas residuales sin tratar fluyen hacia Israel, las autoridades israelíes las han tratado y cargado los costes a la AP, costes que ascendieron a 43 millones de dólares entre 1996 y 2008. No existe una factura formal: simplemente el ministro de Finanzas palestino es informado de la decisión y los costes se cobran de los ingresos de los impuestos palestinos.
Sin embargo, aguas residuales no tratadas fluyen desde el enorme asentamiento de Ariel a sólo 15 metros de la fuente de suministro de agua de Salfit. Alemania dio fondos para una planta de tratamiento de aguas para Salfit, pero durante tres años las autoridades israelíes pidieron una proyecto conjunto. Se aprobó finalmente pero cuando empezaron las obras, se dijo que estaba cerca del emplazamiento de futuros asentamientos y las obras se detuvieron en 2000. Se propuso un nuevo emplazamiento, pero como estaba también en la Zona C, está suspendido por «consideraciones de planificación» israelíes. Desde 1996 el JWC ha pospuesto todos los proyectos de tratamiento de aguas propuestos por la Autoridad Palestina del Agua. En 2005 toda la ciudad palestina de Qalqiliyya quedó inundada con aguas residuales y no tratadas después de que se bloquearan las cañerías principales y al ejército le costó tres días obtener permiso de Israel para limpiar del atasco. A la luz de lo anterior, la sugerencia de la Autoridad Israelí del Agua de que «aparentemente los palestinos prefieren dejar que sus aguas residuales fluyan hacia territorio israelí» (The Issue of Water Between Israel and Palestinians, Israeli Water Authority, marzo de 2009) es injusto, si no provocativo.
Las estadísticas demuestras que los proyectos palestinos rechazados o aplazados por el JWC habrían beneficiado a 1.100.000 personas. Esta es una escueta cifra mínima: en realidad la mayoría de los palestinos se han visto afectados negativamente por las políticas israelíes en relación al agua. El Banco Mundial afirma que en la práctica las restricciones de movimiento y de acceso representan un «obstáculo formidable y en ocasiones insalvable» para que los palestinos puedan implementar sus proyectos: «Esencialmente, la Autoridad Israelí el Agua tiene poder de veto y para solicitar la aprobación de necesidades de agua de emergencia vital la AP está obligada a posturas que comprometen sus principios políticos básicos».
Actualmente los palestinos tienen acceso a una quinta parte de los recursos del Acuífero de la Montana. Israel se queda el resto y sobrevalora el «potencial estimado» más del 50% sin contar con la aprobación del JWC, casi el doble de lo que le corresponde según los Acuerdos de Oslo. Esto hace que disminuya el caudal del acuífero hasta el punto de que los poco profundos pozos que los palestinos excavaron antes de 1967, durante el mandato jordano, están ahora secos. La sobrexplotación del acuífero también pone en peligro la calidad de éste. Casi la mitad de las familias de Cisjordania han informado de problemas con la calidad del agua potable y sólo el 31% de los palestinos están conectados con la red de alcantarillado. Ni siquiera quienes tienen acceso a la red de suministro de agua tienen garantizado el suministro: si no hay suficiente agua en las cañerías la infraestructura no funciona. En Auja, la antes activa fuente de Auja está ahora seca debido a la actividad de cinco pozos israelíes próximos: el pueblo antes rico en agua debe ahora comprar agua estancada en los asentamientos que lo rodean.
Además de causar una crisis en las instalaciones sanitarias esto tiene también un impacto significativo en la economía palestina. En Cisjordania el gasto medio familiar en agua es el doble de las cantidades aceptadas a nivel global. A menudo son los palestinos más pobres, los que no están conectados al suministro de agua, quienes se ven más afectados: una sexta parte de su presupuesto familiar se gasta en agua ya que las restricciones israelíes al movimiento y al acceso disparan los costes de los camiones cisterna. El Banco Mundial calcula que estos costes extra ascienden a 45 millones de dólares al año. Además, cuantos menos derechos se permiten a los palestinos sobre sus recursos de agua existentes, más deben gastar en desarrollar nuevos.
El efecto del monopolio israelí del suministro de agua ha minado gravemente la economía palestina al impedir el desarrollo de la industria agrícola dependiente del agua, un sector clave para la supervivencia de la economía palestina. Esto ha afectado particularmente a la agricultura de regadío ya afectada por las restricciones al movimiento: los productos alimenticios en Cisjordania tienen que lidiar con 640 checkpoints y cierres imprevisibles, cuyo coste se tiene que cobrar al consumidor. El Banco Mundial calcula que el coste económico de una agricultura de regadío en Cisjordania ascendería a 480 millones de dólares anuales y crearía 110.000 empleos. En Gaza, además del cierre de las fronteras que impiden el acceso a los mercados, el nivel crítico del suministro de agua hace que la potencialmente muy beneficiosa industria agrícola simplemente no se pueda desarrollar. Los daños a las infraestructuras durante el último ataque a Gaza no ha hecho sino exacerbar este problema, otra violación más tanto de la Convención de Ginebra como de la Declaración Conjunta para Mantener la Infraestructura Acuífera al Margen del Ciclo de la Violencia, acordado por el JWC enero de 2001. El continuo asedio a Gaza ha impedido la reconstrucción de sus infraestructuras de agua.
La falta de agua en los territorios ocupados no se debe sólo a las condiciones naturales: es una crisis obra del hombre creada por Israel e impuesta a los palestinos. Un informe de 2002 encargado por el Knesset [parlamento] israelí y titulada «Investigación del Comité parlamentario sobre el sector del agua israelí» concluye que «la crisis no se debe sólo a los cambios climáticos que han causado un descenso en la cantidad de las lluvias, ni siquiera al rápido aumento de la población y de su nivel de vida en los últimos 50 años. Este increíble fracaso es obra del hombre».
El problema del agua no se puede posponer más y debe ser una de las cuestiones principales cuando empiece la nueva ronda de negociaciones. Un estudio reciente del Instituto Palestino de Investigación Económica (MAS) que calcula las futuras necesidades de agua en Palestina hasta 2020 proporciona unas directrices que se pueden utilizar en las negociaciones con Israel. La postura oficial de la OLP es acorde con el derecho internacional al agua y el principio de «Uso equitativo y razonable». Sin embargo, el informe del Banco Mundial pide que se garanticen a los palestinos unos derechos al agua mínimos. Israel ha rechazado incluso eso.
Dada la bien documentada falta de respeto de Israel por el derecho internacional no es sorprendente que en su informe » La cuestión del agua entre Israel y los palestinos» publicado en marzo la Autoridad Israelí del Agua insistió en que las partes deberían insistir menos en las «soluciones legales» y «aspectos legales». Igualmente, considerando que la disponibilidad de agua de Israel es per capita más de seis veces mayor que la de los palestinos, tampoco sorprende la afirmación de la Autoridad Israelí del Agua en el mismo informe de que los acuerdos sobre agua entre países «no son una cuestión de principios».
La discriminación israelí en la distribución del agua forma parte de la opresión estructural de un pueblo ocupado y perpetúa el sistema de apartheid, una economía insostenible e impide toda posibilidad de un Estado palestino viable. El agua es un estatuto permanente y, por consiguiente, ha sido negociado en [los Acuerdos de] OSLO, OSLO II, Camp David, Taba y Annapolis; sin embargo, las crisis humanitarias relacionadas con el agua siguen siendo crónicas en Gaza y en partes de Cisjordania. Es vital que Israel no siga aplazando la cuestión de los derechos al agua de los palestinos en las próximas negociaciones de paz. Con todo, los palestinos no pueden esperar a la paz para que se le concedan derechos humanos básicos y el acceso a su propia agua.
Enlace con el original: www.palestinemonitor.org/spip/