La fallida declaración unilateral de independencia, la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la catarata de procesos judiciales contra los líderes secesionistas inauguraron un mandato de transición que podría calificarse de postprocesista. Las elecciones autonómicas convocadas por Mariano Rajoy se celebraron en un clima de extrema polarización que favoreció a las formaciones situadas […]
La fallida declaración unilateral de independencia, la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la catarata de procesos judiciales contra los líderes secesionistas inauguraron un mandato de transición que podría calificarse de postprocesista. Las elecciones autonómicas convocadas por Mariano Rajoy se celebraron en un clima de extrema polarización que favoreció a las formaciones situadas en los extremos nacionalitarios del espectro político: Junts per Catalunya y Ciudadanos.
Desde el inicio de la legislatura, la unidad de acción, que había sido uno de los aspectos fundamentales del proceso soberanista, empezó a cuartearse. La negativa de Roger Torrent, presidente del Parlament de Catalunya, a tramitar la investidura de Carles Puigdemont, huido a Bélgica, señaló la primera grieta entre ambas formaciones, grieta que desde entonces no ha dejado de ensancharse. De hecho, Quim Torra accedió a la presidencia de la Generalitat después de las investiduras fallidas de Jordi Sánchez, en prisión preventiva, y Jordi Turull, en libertad condicional. Torra prometió en su discurso de investidura restituir al «gobierno legítimo» e implementar el mandato del 1 de octubre. Un programa inscrito en lo que se ha venido a denominar «independentismo mágico», pues confundía sus deseos con la realidad e ignoraba la imposibilidad de llevar a cabo estos objetivos sin arriesgarse a una nueva aplicación del 155 y otra cascada de procesos judiciales. Hemos de tener en cuenta que la mayor parte de las bases mesocráticas del movimiento independentista no están dispuestas a pagar el elevado precio personal y económico que supondría llevar a cabo el programa propuesto por Torra y la CUP.
Por su parte ERC, aunque sin realizar una autocrítica explícita de los errores del proceso, emprendió lentamente el camino de adaptarse a la nueva realidad política, ya que debía concederse un tiempo prudencial para que las bases del movimiento independentista, intoxicadas por las promesas de una secesión exprés y de bajo coste, tomaran consciencia de que el objetivo de Estado propio no era asumible en el corto plazo. Para volverlo a intentar -a despecho de las proclamas retóricas del «ho tornarem a fer«- se debía contar al menos con una amplia mayoría social en Catalunya y un mínimo acuerdo con el Estado, condiciones sin las cuales no habría reconocimiento internacional.
A pesar de las diferencias estratégicas, los socios de gobierno mantuvieron una precaria avenencia derivada de la pulsión a la unidad característica de las bases independentistas frente al enemigo exterior (el Estado español) y a la espera de la sentencia del procés. Justamente, desde el fallo condenatorio del Tribunal Supremo, estas divergencias se ahondaron y abordaron el punto de no retorno cuando ERC permitió con su abstención la investidura de Pedro Sánchez y JxCat y CUP votaron en contra. La condición de Esquerra para permitir la andadura del gobierno de coalición PSOE-UP fue crear una mesa de diálogo para resolver el «conflicto político» que -más allá de su eventual éxito o fracaso- modifica sustancialmente el escenario. Ni con el gobierno del PP ni con el del PSOE en solitario se dio esa expectativa largamente reivindicada por el movimiento independentista. Este acuerdo no gustó en el sector de JxCat liderado por Puigdemont y su presidente vicario Torra, partidarios, al igual que la CUP, de profundizar en la polarización y hacer ingobernable al Estado español hasta que aceptase el referéndum de autodeterminación.
La situación se hizo insostenible el pasado lunes cuando Torrent acató la orden de la Junta Electoral Central, ratificada por el Tribunal Supremo, de retirar el acta de diputado a Torra, mientras éste instaba a la Cámara a desobedecer. Al día siguiente de la propagandística comparecencia de los políticos presos -excepto Carme Forcadell, ahora en posiciones autocríticas- en la comisión parlamentaria del 155, Torra anunció la convocatoria en diferido de las elecciones, después de la aprobación de los Presupuestos, y entre duras críticas a la deslealtad de ERC.
Perspectivas electorales
La racionalidad política hubiera aconsejado -como propugnan formaciones tan dispares como PSC y CUP- la convocatoria inmediata de comicios y que fuese el ejecutivo entrante quien elaborase los Presupuestos sin las rémoras del anterior gobierno. Especialmente cuando la presidencia de Torra está pendiente de la sentencia del Tribunal Supremo que con toda probabilidad le inhabilitará, y podría arrebatarle la facultad de convocar elecciones, lo cual añadiría aun mayor complejidad al convulso panorama político catalán.
Ahora bien, por diferentes motivos, tanto ERC como JxCat prefieren esta opción. A Esquerra, sobre quien ha descansado la negociación con los Comunes para aprobar los Presupuestos, le permite proyectar la imagen de ser un partido de gobierno capaz de sacar al país del bloqueo político en que se halla inmerso desde hace años. Además, el acuerdo presupuestario se perfila como un preludio de un cambio de alianzas: del frente nacional con JxCat al frente popular con los Comunes, con la benévola complicidad del PSC.
A JxCat las elecciones en diferido le otorgan un margen de tiempo para desgastar a ERC, acusándola de romper la sacrosanta unidad del independentismo, de estar sometida a los dictados del enemigo español, y también para boicotear la mesa de diálogo, pues Torra se presentará ante Sánchez con un programa maximalista, inasumible para el PSOE y con la intención de atacar a ERC. Paralelamente, dispondrá de un margen temporal para preparar los comicios. Resulta un secreto a voces que el espacio postconvergente se halla profundamente dividido entre el sector PDeCat, próximo a las tesis de ERC, y el sector Puigdemont, articulado en torno a la Crida Nacional per la República. El primero estaría tentado a presentar al ex presidente Artur Mas, cuya inhabilitación termina el 23 de febrero; el segundo no dispone de un candidato claro, pues sobre la mejor situada, Laura Borràs, pende una investigación judicial por un caso de corrupción. No es descartable, aunque sea muy improbable, que ambas tendencias concurran por separado a los comicios.
Así pues, en el bloque independentista la larga precampaña que ya ha empezado estará determinada por la pugna a cara de perro entre los dos socios de gobierno que se culparán mutuamente de haber roto la sagrada unidad, y por la dura lucha por el relato hegemónico. Este marco propiciará medir la correlación de fuerzas entre los sectores realistas y fundamentalistas del independentismo.
Por otro lado, desde hace tiempo se está gestando una operación para agrupar a los diversos grupos que se reclaman del catalanismo no independentista, que podrían obtener representación parlamentaria y romper la actual mayoría absoluta secesionista.
En cualquier caso, tras este accidentado mandato, resulta impensable que, aunque la aritmética electoral lo avalase, ERC y JxCat repitan coalición de gobierno.
En el bloque constitucionalista, la principal incógnita a despejar radica en el reparto del voto derivado del eventual hundimiento de Ciudadanos. PSC podría convertirse en la primera fuerza del constitucionalismo, PP reforzar su precaria presencia en Catalunya y Vox obtener representación parlamentaria. Es más, dependiendo de la magnitud del trasvase, los socialistas estarían en disposición de disputarle a ERC su condición de primera fuerza política e incluso, aunque esto sea más improbable, la presidencia de la Generalitat.
Campos minados
En un panorama tan volátil, plagado de incertidumbres y sembrado de minas la larga campaña electoral será determinante para decantar el voto de amplios sectores de ambos bloques. La ciudadanía catalana, desde el inicio del proceso soberanista, ha sido convocada a las urnas en cuatro ocasiones (2010, 2012, 2015 y 2017); es decir, cada dos años, lo cual ha provocado una sensación de hartazgo entre muchos potenciales electores.
Los últimos comicios catalanes se celebraron en un clima de extrema polarización; ahora todo parece apuntar a que podríamos asistir a una suerte de anticlímax que favorecería a las dos formaciones centrales de ambos bloques, ERC y PSC, que se han mostrado más partidarios de iniciar un proceso de diálogo y negociación del conflicto. Ello supondría una recomposición en el interior de los bloques hasta ahora antagónicos y dominados por JxCat y Cs.
Sin embargo, en la larga precampaña, las polaridades de ambos bloques: PP, Cs y Vox, en la derecha españolista y JxCat y CUP en el independentismo, procurarán tensar al máximo el debate electoral el cual, a su vez, estará condicionado por los avatares del calendario judicial, en España y en Europa.
La larga precampaña, pues la elección podría celebrarse entre los meses de mayo y junio, incidirá directamente sobre la situación política en España. De modo que tanto la mesa diálogo entre partidos españoles y catalanes, como la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, dependerán de unos comicios que señalarán en qué condiciones sale el país de las convulsiones del proceso soberanista.
Fuente: https://www.elviejotopo.com/topoexpress/horizontes-catalanes-para-unas-elecciones-en-diferido/