El Ministerio ha dado un plazo de un año a las empresas española GMV y CAF para que presenten un informe de un “tercero independiente” sobre el impacto de la nueva vía de tranvía que conecta territorio israelí con colonias ilegales ocupadas en territorio palestino.
Dos empresas españolas, la vasca CAF y la madrileña GMV, están ayudando a construir un tren ligero en Jerusalén que incluye paradas en las colonias ilegales israelíes levantadas zonas ocupadas de la Cisjordania palestina. Un proyecto de alrededor de 1.800 millones de euros. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo acaba de pedir a GMV que presente, antes de un año, el informe de un “tercero independiente” en el que se evalúe el impacto de su trabajo en la población ocupada. Espera también, antes de mayo, uno similar de CAF, a quien ha reprochado anteriormente que no diera información adecuada de las implicaciones en materia de derechos humanos, porque dijo que se iba a desarrollar en Israel cuando parte de la línea de tren ligero pasa por Cisjordania y, por tanto, por el territorio reconocido como legítimamente palestino por España y el resto de Naciones Unidas.
Ambas son resoluciones no vinculantes del Punto Nacional de Contacto (PNC), un organismo del Ministerio que vela por el cumplimiento de las normas de la OCDE relativas a la responsabilidad social de las multinacionales.
«Normalizar la ocupación»
La parte demandante, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, subraya que se trata de un proyecto que atraviesa asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados y una de las dos líneas (la Roja) figura en la Resolución 31/36 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas relativa a una violación del derecho internacional. “Normalizar la ocupación y facilitar la colonización, con el apoyo a infraestructuras que primero se implantan con expropiaciones y expulsiones de palestinos está prohibido por la IV Convención de Ginebra y diversas resoluciones de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad como la 2334 (2016)”.
GMV, contactada por este diario, asegura que ha estado “tratando el tema en una reunión» este mismo lunes, pero que han decidido “no hacer comentarios”. La compañía tiene sede en Tres Cantos (Madrid), cuenta con más de 3.000 empleados y registró 260 millones de ingresos en 2021. Fue subcontratada por el consorcio de la empresa española CAF y la israelí Shapir para la gestión y localización de los trenes, incluidas las estaciones en los asentamientos ilegales israelíes.
Ese consorcio tiene adjudicado la construcción de los 160 trenes y de las 76 estaciones de las nuevas líneas Roja y Verde entre la ciudad ocupada de Jerusalén y las colonias próximas. CAF cotiza en bolsa, tiene unos ingresos de cerca de 3.000 millones de euros y más de 13.000 empleados. Ha sido también requerida por Industria y debería presentar un informe independiente sobre el impacto del proyecto en los derechos humanos de los palestinos antes del mes de mayo. CAF no ha respondido a las preguntas por escrito enviadas por este medio. Hay una tercera empresa española, TYPSA, que participa también en la construcción del tren ligero jerosolimitano.
El PNC afea a ambas empresas la falta de información sobre los aspectos controvertidos del proyecto y el riesgo que suponen. Ni en la nota de prensa ni en el hecho relevante publicados por CAF hace tres años, cuando obtuvo el proyecto, se hace mención al trazado conflictivo del tren ligero. Sí se habla del montante total de 500 millones de euros de ingresos que supone la primera parte del proyecto, la provisión de los nuevos vagones y la rehabilitación de otros existentes, así como la dotación de señales, energía y sistemas de comunicación; y de los cerca de 1.000 millones de volumen de negocio de mantenimiento de ambas líneas de tranvía, que durarán 15 y 25 años, respectivamente.
“Teniendo en cuenta el contexto internacional existente en la zona en la que opera el tranvía, habría sido necesario que, en el ejercicio de la debida diligencia por parte de la empresa española y con carácter previo a su decisión de participar en el proyecto, hubiera tenido en cuenta el mencionado contexto, al igual que la posibilidad de que su participación pudiera ocasionar vulneraciones de derechos humanos, una limitación para el desarrollo, para la generación de capacidades locales y para la formación de capital humano”, se lee en la primera de las resoluciones, la referida a CAF. Recuerda también que el socio local israelí (Shapir) ha sido excluido por su participación en la ocupación por el Fondo Noruego de Inversiones e incluido en la base de datos de Naciones Unidas de empresas que colaboran con la ocupación israelí.
El organismo del Ministerio recomienda también a las empresas españolas que recuerden a sus socios y proveedores la necesidad de respetar las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Cita como referencia una comunicación del Ministerio de Exteriores español en la que, en 2014, informaba a las empresas españolas de los riesgos asociados con las actividades económicas y financieras en los asentamientos israelíes, «en consonancia con la decisión de la UE y al igual que han hecho Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia». Negocio con Israel, sí, pero dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Ni la UE ni Estados Unidos reconocen como israelíes los centenares de asentamientos israelíes que jalonan el paisaje palestino, parte de los cuales ese tren pretende conectar con la parte israelí de Jerusalén.
El Ministerio recomienda también a las compañías que revisen “su política de divulgación de información” y que avise de “todos factores de riesgo que puedan existir en las actividades que esté realizando o pueda realizar en el futuro”.
Ambas resoluciones de Industria tienen anonimizados los nombres de las dos empresas, por petición expresa de ambas. Pero el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA) confirma a este diario que las resoluciones (9 y 10) tratan de su demanda contra las empresas CAF y GMV, respectivamente, y ha aportado los textos originales para cotejar. Además, en la primera de las resoluciones se habla del consorcio de “la empresa española” y la israelí Shapir para la gestión del tren ligero [el formado y anunciado por CAF]. En el segundo, el caso de GMV, es una extensión del de CAF, “puesto que la base de la reclamación es sensiblemente la misma, salvo que se dirige hacia otra empresa (proveedora de la empresa inicial)”.
Negocios en la parte ocupada
España, la Unión Europea y el grueso de la comunidad internacional consideran ilegales los asentamientos israelíes en Gaza según el derecho internacional. Para Exteriores, constituyen un obstáculo para la paz y amenazan con imposibilitar una solución de dos estados al conflicto palestino-israelí.
«La UE y sus Estados miembros no reconocerán ningún tipo de cambios en las fronteras anteriores a 1967, incluyendo respecto a Jerusalén, que no hayan sido acordados por las partes. Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, Gaza y los Altos del Golán son territorios ocupados por Israel desde 1967″, afirmó el ministerio de Exteriores en la nota de 2014 a la que se refiere la resolución del PNC, en la que llamó la atención sobre “los riesgos jurídicos y económicos para las transacciones financieras, inversiones, compras, contrataciones, así como otras actividades económicas (incluyendo servicios como el turismo) en los asentamientos israelíes”.
Entre otras cosas, “podría dar lugar a controversias respecto de los títulos sobre la tierra, el agua, los minerales u otros recursos naturales que pudiesen haber sido objeto de compra o inversión», según informó entonces EFE.
Fuente: https://www.epe.es/es/internacional/20230214/industria-tren-ligero-jerusalen-caf-gmv-82923340