Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
La Haya – En 2002, el Congreso [de EE.UU] aprobó una ley que permite que fuerzas estadounidenses invadan unilateralmente la pacífica Holanda para liberar soldados de EE.UU. detenidos por crímenes de guerra.
Presentada en los primeros días de la guerra contra terroristas, y mientras se formaba el Tribunal Penal Internacional en esta ciudad, la medida provocó controversia y para los holandeses – sólidos aliados de EE.UU. – era un absurdo ejemplo de la política exterior de «con nosotros o contra nosotros» de EE.UU.
Pero la ley todavía existe.
Formalmente llamada Ley de Protección de Militares Estadounidenses, la medida es amplia y burlonamente conocida como Ley de Invasión de La Haya.
Por extraño que parezca, la ley permite que EE.UU. envíe constitucionalmente a comandos con las botas puestas para que vuelen sobre campos de inocentes tulipanes, se abatan sobre el país de los zuecos, se desplacen amenazando molinos de viento y somnolientas vacas lecheras hacia la capital holandesa – a una ciudad que es sinónimo de derecho internacional – y sacar por la fuerza a todos los soldados estadounidenses.
Hoy en día, la mayoría de los holandeses trata el tema como un chiste, un momento del cowboy estadounidense. Pero se piensa ampliamente que si el equipo de política exterior del presidente Barack Obama quiere lograr una ruptura simbólica con la anterior Casa Blanca, podría rescindir la ley invasora.
Como lo describió un funcionario del Ministerio de Justicia holandés: «Ya no exageraría diciendo que este asunto sea demasiado serio para nosotros, pero parece un símbolo extravagante.»
En 2002, el diplomático holandés Harold DeWitt escribió a sus colegas: «Estamos bastante alarmados por la inminente invasión de Holanda. Nuestros militares están en alta alerta. Realmente apreciaríamos si nos enviara cualesquiera noticias o información relevante en cuanto atraigan su atención y, en particular en cuanto a la posible fecha. Quisiera poder notificar a mis superiores… antes de cualquier invasión.»
La ley fue aprobada en el período entre las guerras afgana e iraquí. Los funcionarios del Pentágono querían evitar arrestos por crímenes de guerra por un tribunal mundial aún no probado – un cuerpo que temían pudiera hacer declaraciones políticas anti-estadounidenses en lugar de adherirse a su configuración legal.
En retrospectiva, dicen los juristas, los responsables estadounidenses sobreestimaron el poder del tribunal. Bajo las reglas básicas del TPI, llamadas «complementariedad,» el TPI no tiene poder para procesar crímenes de guerra que EE.UU. esté dispuesto a investigar.
«El argumento a favor de la Ley La Haya siempre fue muy débil,» dice Mark Ellis, jefe de la Asociación Internacional de Abogados en Londres. «Bajo los estatutos del TPI, si los soldados [son acusados de] crímenes de guerra, todo lo que EE.UU. tiene que decir es que está emprendiendo un esfuerzo de buena fe para investigar. Eso deja de lado automáticamente la jurisdicción del TPI.»
En los últimos seis años, ningún soldado estadounidense ha sido acusado por el TPI; y en casos como el de Abu Ghraib, los militares de EE.UU. han estado dispuestos a investigar.
En La Haya se ha calmado la furia
«Los holandeses se ofendieron un poco. Nos consideramos la capital legal del mundo, y tu principal aliado no sólo te amenaza, sino trata de chantajearte,» dice Max van Weezel, un columnista político y autor bien conocido. «Si el gobierno de Obama puede abolir esta ley, los holandeses pensaríamos que los estadounidenses vuelven a convertirse en algo más normales. Pero no sé si puede hacerlo.»
El tribunal se esfuerza por mostrar viabilidad
En los últimos días, el fiscal del TPI Luis Moreno-Ocampo causó conmoción en Israel al sugerir que podría investigar presuntos crímenes de guerra en Gaza. La Autoridad Palestina sigue presionando el tribunal para que lo haga – con unas 200 solicitudes. Pero en general un tal acto es considerado dudoso en círculos legales. Ni Israel ni la entidad de Gaza son firmantes del TPI. Para investigar a Israel por los ataques a Gaza, el TPI tendría que reconocer a Gaza como Estado; además, tanto el fiscal como el tribunal tendrían que estar de acuerdo en que tiene jurisdicción en Gaza a través de un tal reconocimiento.
«No creo que [un juicio por Gaza] pueda ser defendido, y políticamente es peligroso para el tribunal,» dice el señor Ellis. «Si el TPI fuera a ampliar las fronteras de los parámetros legales, arriesga con aparecer político y eso podría dañar su viabilidad.»
EE.UU. no firmó el tratado de Roma que confirió poderes al TPI en 1998. El presidente Clinton firmó al final de su período, pero el presidente Bush lo revocó. La ley de invasión de La Haya, aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del senador Jesse Helms, requiere «todos los medios necesarios y apropiados para lograr la liberación de todo personal estadounidense o aliado que sea detenido o encarcelado por… el Tribunal Penal Internacional.»
Richard Dicker, de Human Rights Watch en Nueva York, dice que la ley formó parte de una «yihad ideológica» dentro del Pentágono. «La aprobación de una ley que da poder a EE.UU. para invadir a un aliado fue una… postura beligerante pero no realista; el significado de la ley La Haya fue más simbólico en su virulencia contra el TPI.»
¿El impacto persistente de una ley simbólica?
Los diplomáticos en esta ciudad no han dejado de percibir que en los últimos años Holanda ha sido uno de los Estados más resueltos en la no aceptación de detenidos que se encuentran actualmente en Guantánamo. Algunos especulan si esta posición podría deberse en parte al persistente resentimiento por la ley de 2002. Tampoco está claro si tropas holandesas permanecerán en Afganistán después de 2010.
Un vástago controvertido de la ley de invasión es la llamada «inmunidad bilateral» – una política que requiere que todos los Estados, excepto Israel, Taiwán, y aquellos en la OTAN firmen una exención que declara que contravendrán al TPI si algunos estadounidenses son arrestados. Los países que no firman la exención pierden derecho a la ayuda militar de EE.UU. La política presionó a pequeños Estados a acatar – sin importar si lo consideraran justo o no.
Kenia no lo hizo y perdió equipamiento antiterrorista de EE.UU. en los años después del atentado contra la embajada de EE.UU. en ese país. Trinidad-Tobago no consiguió cierto equipo de detección de drogas. La Secretaria de Estado Condoleeza Rice declaró en 2006 que la política de la exención era desacertada; EE.UU. ahora apoya al TPI, incluyendo una votación en el Consejo de Seguridad para investigar al presidente de Sudán Omar al-Bashir.
Ellis sugiere que Obama, como experto constitucional,» se da cuenta de lo que significa esta ley… Pero tendremos que esperar a ver con qué rapidez [el nuevo gobierno] puede echar marcha atrás.»
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