“Hay días que no puedo permitirme comer”, comenta Muhammad, residente en la ciudad de Gaza, donde regresó con su mujer y su hijo después de la tregua del 19 de enero, tras más de un año desplazados.
El cierre de los cruces fronterizos y el bloqueo total al acceso de alimentos, medicinas o combustible de Israel sobre Gaza está llevando de nuevo a la Franja al borde del desastre humanitario. La clausura está vigente desde el 2 de marzo y no tiene precedentes: se trata de la más larga desde el inicio de la ofensiva sobre el enclave el 7 de octubre de 2023, cuando Israel castigó a la Franja sin entrada de suministros durante dos semanas. A su vez, se enmarca en un endurecimiento de la estrategia de castigo colectivo de Israel contra los civiles gazatíes para hacer máxima presión a Hamás. Todo ello, mientras los EEUU de Donald Trump avalan los mecanismos de la dura ofensiva diseñada por el nuevo jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, al que muchos analistas ven alineado con la postura de aplicar aún más contundencia sobre Gaza defendida por la ultraderecha israelí.
Más allá de los fuertes ataques por tierra y aire desde que el Ejército israelí rompió el alto el fuego hace una semana —lo que se saldó con en torno a 800 muertos, la mayoría niños y mujeres—, la población se acerca otra vez a la hambruna, y el agua potable escasea cada vez por el prolongado bloqueo y el corte del suministro eléctrico a Gaza desde el 9 de marzo, lo que dejó sin funcionamiento a su principal planta desalinizadora.
“Hay días que no puedo permitirme comer”, comenta Muhammad, residente en la ciudad de Gaza, donde regresó con su mujer y su hijo después de la tregua del 19 de enero, tras más de un año desplazados. A medida que Israel mantiene su bloqueo total —que dura ya más de tres semanas—, la escasez de suministros básicos y el aumento de precios se agravan “hasta llegar al 200% para algunos productos”, asegura. Esto hace que muchas familias como la de Muhammad se alimenten en gran medida de arroz o pasta, o de los productos enlatados de conserva que puedan encontrar en medio de un mes sagrado de Ramadán de creciente carestía. La carne se ha vuelto prohibitiva, y un sólo kilo puede costar hasta 220 shéqueles, unos 55 euros al cambio.
En estas condiciones incluso “es difícil preparar una comida para romper el ayuno” de Ramadán durante el Iftar, señala Salma, que reside junto a parte de su familia en la ciudad de Gaza. Ahora, “salir a comprar implica pagar al menos el triple que antes, pese a que muchos productos estén en mal estado”, lamenta esta joven, que cómo otros, vive alquilando un pequeño apartamento en un inmueble dañado por los largos combates.
“La situación es gravísima. Ahora que es Ramadán, la gente hace el ayuno, pero después no encuentra nada que comer. Hace casi un mes que no entra nada, no hay comida fresca ni carne”, comenta Samir, trabajador humanitario palestino y ahora de nuevo evacuado en una tienda en el campo de desplazados de Al Mawasi. Como muchos otros, Samir tuvo que dejar de nuevo su casa en ruinas en Khan Younis por las recientes órdenes de evacuación, y teme que la operación militar israelí aumente aún más de intensidad en los próximos días.
“Cada día sin alimentos acerca a Gaza a una grave
crisis de hambre”, advertía estos días Philippe Lazzarini, comisionado
general de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos
(UNRWA). Este consideró también que Israel está haciendo “un uso
militar de la ayuda humanitaria”, y apeló a las autoridades israelíes a
permitir nuevamente la entrada de suministros a la Franja. Sin
embargo, pese a las críticas de organismos internacionales como la ONU,
el apoyo estadounidense o la tímida reacción de los países europeos a
las acciones de Israel sugieren que el Gobierno de Benjamin Netanyahu
tiene vía libre para seguir con su bloqueo.
Tras reanudarse la ofensiva el 18 de marzo, a la que siguió una nueva incursión terrestre del Ejército y el desplazamiento forzoso de unos 142.000 gazatíes, las organizaciones humanitarias con misiones en terreno tienen más restringidas sus operaciones de asistencia ante los ataques que han golpeado a su propio personal. Uno de ellos mató a un empleado humanitario búlgaro, cuando el 19 de marzo los disparos de un tanque israelí impactaron a un complejo de la ONU. El ataque provocó heridas graves a otros seis trabajadores, e hizo que Naciones Unidas anunciara una reducción de su presencia en Gaza ante la preocupación por su personal.
La ONU matiza que “no abandonará Gaza” y mantendrá “la ayuda de la que dependen los civiles para su supervivencia”, aunque las restricciones impuestas por la contundente envergadura de la ofensiva israelí son indicadores de que la situación podría no hacer más que empeorar para la población civil atrapada en Gaza. Las autoridades israelíes también parecen estar planteando cambios en la distribución de ayuda humanitaria del enclave, que bloquearon con el argumento de que esta acababa en manos de Hamás. “No elaboraré cómo”, pero la entrega de suministros “será de una forma que no dé poder” al grupo palestino, dijo este lunes el ministro de Exteriores israelí, Guideón Sar, en medio de especulaciones de que Israel podría plantearse la toma del poder directo de la Franja a través de un Gobierno militar encargado de gestionar la ocupación, cómo hace actualmente en Cisjordania ocupada e igual que hizo en la misma Franja durante décadas en el pasado.
Con todo, una de las mayores preocupaciones ante la emergencia actual es la creciente falta de agua potable, un bien esencial que en Gaza escaseaba ya mucho antes de la guerra. Por un lado, el apagón que Israel volvió a imponer hace poco más de dos semanas, cuando cortó el suministro eléctrico a Gaza y puso en jaque el funcionamiento de la planta desalinizadora de Deir Balah, la más grande de la Franja y activa durante la guerra.
“En noviembre de 2024, Israel reconectó la planta desalinizadora del sur de Gaza a su red eléctrica. Esto permitió producir 18.000 metros cúbicos de agua potable al día”, pero tras el reciente corte de conexión eléctrica sólo puede suministrar en torno a 2.500 metros cúbicos de agua diarios, indica en un reciente informe el grupo palestino para los derechos humanos Al Haq. Según alega, este es un elemento más que forma parte de una larga lista de “actos genocidas” de Israel en Gaza: “La negación sistemática de agua” o “la destrucción de las instalaciones hídricas son herramientas del genocidio de Israel contra el pueblo palestina”, dice Al Haq.
Las restricciones eléctricas en la planta de Deir Balah dedicada a la desalinización —instrumento principal en Gaza para obtener cantidades importantes de agua para beber— ponen en riesgo a 600.000 personas de zonas circundantes “que recuperaron el acceso al agua potable” y “están de nuevo sin suministro”, según la ONU.
En la ciudad de Gaza, cuenta Muhammad, muchos de sus actuales vecinos obtienen agua de los pozos del área, en medio de la destrucción general de edificios residenciales e infraestructura civil que les obligó a recurrir a agua del subsuelo que no está tratada y puede estar muy salinizada o contaminada. Sin embargo, muchos de estos pozos están parados “por la falta de combustible parar hacer funcionar los generadores con los que extraer el agua”. Ante ello, “muchas zonas de la ciudad están sin agua”, a lo que se suma la falta de diésel o gasolina para coches y transportes, lo que limita aún más la distribución de bienes, según Muhammad.
De acuerdo con datos de Unicef, la grave escasez de agua en Gaza hace que actualmente “sólo una de cada diez personas tenga acceso a agua potable”. Por su parte, según la oficina de medios del Gobierno de Gaza, el actual bloqueo de Israel “impide la entrada diaria de 600 camiones con ayuda humanitaria y 50 camiones con combustible” en Gaza, lo que tiene también graves afectaciones en el sector sanitario, ya que los hospitales dependen en gran medida del acceso de combustible para hacer funcionar sus generadores.
Asimismo, el Gobierno gazatí remarca que la situación actual ha llevado de nuevo a “una desnutrición general” entre la población, sobre todo entre los niños, mientras que decenas de hornos y panaderías han tenido que cerrar por el agotamiento casi total de la harina. A ello se suma el impedimento de acceso de material médico y medicamentos, claves para llevar a cabo tratamientos de base en los centros hospitalarios, mientras que hay temor de que las ambulancias y los vehículos de equipos de rescate se queden sin gasolina para circular.
“La situación es difícil y aterradora. Todos los aspectos de nuestra vida están paralizados”, lamenta este vecino de Gaza, sin trabajo desde el inicio de la guerra, y asustado por la fuerte intensidad de la nueva ofensiva israelí que llevó a la población gazatí de vuelta ante una pesadilla que esperaban haber dejado atrás.