Traducido del inglés para Rebelión por J. M.
Los 300 solicitantes de asilo congoleños en Israel han vivido en el país durante más de una década. Ahora el Gobierno israelí está tratando de deportarlos a su país de origen, considerado uno de los más peligrosos del mundo .
Julie Wabiwa Juliette, una solicitante de asilo congoleña, en su apartamento en Holon, al sur de Tel Aviv. «Tengo miedo por mi vida, por mi familia y por mis hijos». (Ben Toren)
Hace nueve años, Julie Wabiwa Juliette apenas pudo huir de su hogar en la República Democrática del Congo para Israel, donde desde entonces ha construido una vida. Juliette, de 33 años, se casó con otro refugiado congoleño, Christian Mutunwa, y juntos criaron a dos hijos. Tanto Juliette como Mutunwa trabajan, al igual que todos los aproximadamente 300 solicitantes de asilo congoleños que viven en Israel.
Los congoleños son residentes legales de Israel y algunos en la comunidad han vivido en el país durante 20 años. La mayoría llegó entre 1999 y 2009, durante y después de la segunda guerra del Congo, considerada la crisis más mortal del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahora los congoleños estaban protegidos por una política que el ministerio del Interior denominaba «protección temporal general». Tienen visas B1, que les permiten vivir y trabajar en Israel como lo hacen otros ciudadanos extranjeros. Además, cada uno de ellos también tiene una solicitud de asilo pendiente.
Esto contrasta con la población mucho mayor de sudaneses y eritreos, que son considerados por el Gobierno como «infiltrados ilegales» y no tienen estatus legal.
Ahora Israel busca deportar a los congoleños. En octubre de 2018 el ministerio del Interior anunció que la protección del grupo congoleño terminaría el 5 de enero, momento en el que se verían obligados a irse. La decisión fue tomada por el Ministro del Interior, Aryeh Deri, con base en una evaluación realizada por el ministerio de Relaciones Exteriores de que «no hay impedimentos para la expatriación» de la población congoleña de Israel.
Ni un solo solicitante de asilo congoleño cumplió con la fecha límite estipulada por el Estado. Pasó sin mucha fanfarria, después de lo cual el ministerio del Interior emitió 10 avisos de deportación y rechazó varias solicitudes de renovación de visa. La ONG israelí The Hotline for Refugees and Migrants , que protege los derechos de los solicitantes de asilo, los trabajadores migrantes y las víctimas de la trata de personas, apeló con éxito ante el Tribunal del Distrito de Jerusalén, que suspendió las deportaciones y obligó al Estado a continuar renovando los visados. El ministerio del Interior tiene hasta el 20 de febrero para apelar la decisión del tribunal.
El ministro de Interior israelí, Aryeh Deri. El ministerio de Deri tiene hasta el 20 de febrero para decidir si proseguir o no con la deportación de solicitantes de asilo congoleños en Israel. (Yonatan Sindel / Flash90)
«La corte estaba de nuestro lado e hizo que el Estado continuara renovando las visas», dice Shira Abbo, portavoz de The Hotline for Refugees and Migrants . «Por ahora, los congoleños están a salvo».
Su futuro, sin embargo, sigue siendo incierto. Sabine Hadad, portavoz de la Autoridad de Inmigración y Población del ministerio del Interior de Israel confirmó que a pesar de los retrasos el ministerio ha decidido «detener la protección colectiva de los congoleños en Israel». Hadad dice que el ministerio del Interior investigará a las personas con solicitudes de asilo abiertas; la comunidad continuará recibiendo visas de permiso de trabajo hasta que se emita una decisión oficial.
Según The Hotline for Refugees and Migrants , menos del uno por ciento de los solicitantes de asilo en Israel recibe el estatus de refugiado. «Nuestra experiencia con el sistema de asilo israelí no es buena», dice Abbo. «Sabemos que el sistema está diseñado para rechazar a todos».
Un rechazo significa la deportación o permanecer ilegalmente en Israel como los solicitantes de asilo eritreos y sudaneses. Para muchos en la comunidad congoleña, la repatriación es una sentencia de muerte. Israel es el único país que revoca la protección de la comunidad de refugiados congoleña.
Julie Wabiwa Juliette me cuenta las circunstancias en las que abandonó su ciudad natal de Bukavu, en la República Democrática del Congo, mientras nos sentamos en su apartamento de Holon, colorido y escasamente decorado. Sus dos hijos, Yonatan de 8 años y Joanna de 5, me saludan en francés, el idioma oficial en el país de origen de sus padres, aunque también hablan hebreo. Ambos nacieron en Israel.
Bukavu, una pequeña ciudad de poco menos de un millón de habitantes, está situada en la orilla sur del lago Kivu, en la frontera más oriental del Congo. Incluso en su horizonte son evidentes los restos del colonialismo. Los brillantes techos de los más de 100 edificios de estilo art déco construidos por los belgas hace un siglo salpican las laderas. A un tiro de piedra está Ruanda, en el lado opuesto del río Ruzizi.
Es en este paisaje, por lo demás pintoresco, donde ha tenido lugar gran parte del conflicto que ha asolado la RDC durante más de dos décadas.
Los congoleños rompieron finalmente el cascarón colonial belga en 1960 y la República del Congo se convirtió en una nación soberana. El dictador militar Mobutu Sese Seko cambió el nombre a Zaire en 1971. La nación centroafricana fue un apoderado de la Guerra Fría estadounidense, pero fracasó tras el colapso del Muro de Berlín y la posterior retirada del apoyo estadounidense.
La primera guerra del Congo comenzó dos años después del genocidio de Ruanda en 1994, que precipitó una crisis de refugiados en el este de Zaire. La rebelión de 1996, respaldada por una coalición de países de África Central, aunque principalmente fomentada por Ruanda, dio lugar a un nuevo gobierno y un nuevo nombre, la República Democrática del Congo.
Menos de un año después estalló la segunda guerra del Congo. El conflicto fue tan brutal que los grupos de ayuda consideraron que la violencia sexual en la República Democrática del Congo era un «arma de guerra». La guerra concluyó formalmente en 2003, pero en el este del Congo la lucha nunca se detuvo. Según el Centro de Estudios Estratégicos de África la región es la base de la gran mayoría de los 70 grupos armados que luchan actualmente.
Juliette dejó Bukavu en 2009. Estaba en su tercer año de universidad, mientras trabajaba en su tesis final para obtener su licenciatura en sociología, que se centró en el reingreso a la sociedad de las víctimas de violación. Su investigación se llevó a cabo en aldeas rurales que estaban a un par de horas en auto de la ciudad. Trabajó con un equipo del hospital para recopilar testimonios de mujeres que fueron secuestradas y agredidas durante los combates; muchas volvieron embarazadas con el hijo de su atacante. Aunque la idea de criar al hijo del hombre que las violó es inimaginable, el aborto es un tabú en las zonas rurales del Congo y conlleva un alto riesgo de complicación.
Muchos asumieron que las numerosas milicias rebeldes que operaban en el este del Congo eran responsables de las atrocidades. Juliette descubrió evidencia de que un comandante local de alto rango del ejército de la RDC dio órdenes directas para cometer violaciones en masa.
«Fue demasiado para mí cuando regresé del campo habiendo escuchado todos los gritos, todas las atrocidades», dice Juliette. «Permanecer en silencio no era para mí». Pero en el Congo eso no es tan simple. «Quería decir la verdad, pero una vez que hablas de algo tienes los días contados».
Rebeldes pertenecientes al Ejército Revolucionario Congoleño, también conocido como Movimiento M23, que lanzó una rebelión contra el Gobierno de la RDC en 2012. (Al Jazeera English / CC BY-SA 2.0)
Juliette compartió su investigación con Bruno Koko Chirambiza, un periodista de Star Radio en Bukavu, quien nombró al comandante, acusándolo de orquestar la violación. La mera mención del nombre de Chirambiza trae lágrimas a los ojos de Juliette. Según el Comité para la Protección de Periodistas, fue asesinado por ocho asaltantes el 24 de agosto de 2009 a la edad de 24 años. «Muchos activistas, muchos periodistas no tienen una larga vida en el Congo», dice Juliette. Según el CPJ (Comité para la Protección de los Periodistas, N. de T.), Koko fue el tercer periodista congoleño asesinado en dos años.
Los soldados, que Juliette cree que actuaban a instancias del comandante nombrado en el informe de Chirambiza, buscaron a Juliette en la casa de su tía. Resulta que ella estaba fuera de la casa cuando llegaron, por lo que atacaron sexualmente a su prima y regresaron a la mañana siguiente. Juliette estaba decidida a permanecer en la República Democrática del Congo y no se habría ido si no hubiera sido por su actual marido.
Juliette y Christian Mutunwa fueron socios en la RDC. Mutunwa, activista de derechos humanos, huyó en 2007 después de que agentes de policía uniformados que afirmaron que eran del servicio de inteligencia de la República Democrática del Congo -Agence Nationale de Renseignement- fueran a su casa. Querían llevarlo para «interrogarlo».
«Sabía que si me llevaban para este llamado proceso de interrogación no regresaría», dice Mutunwa. Así que se fue y pasó unos meses en Egipto, donde la protección de los refugiados era «inexistente». Un compañero de asilo le dijo que había un país democrático al otro lado de la frontera. Así llegó a Israel donde recibió protección de asilo. Mutunwa animó a Juliette a unirse a él.
Juliette logró obtener una visa para ir a Israel con una delegación de cristianos que viajaban a Tierra Santa. No sabía mucho sobre Israel, excepto su importancia en el cristianismo. «En la iglesia hablamos de Israel cada vez», recuerda Julie. «Oramos por la paz en Israel». Se quedó en el país después de que la delegación regresase a su país y solicitó asilo.
Ahora Juliette y Mutunwa están casados y crían a sus dos hijos en Holon, que, junto con la vecina Bat Yam, es donde vive la mayoría de la comunidad congoleña. Mantienen a sus hijos trabajando en hoteles de Tel Aviv. Seis días a la semana Juliette se levanta antes del amanecer para estar en el trabajo a las 5 a.m. y a menudo no regresa a casa hasta la tarde.
Ni Julietter ni Mutunwa se sienten integrados en la sociedad israelí. «No soy una mujer libre», dice Juliette. «No puedo hacer lo que sé que puedo hacer». Anhelan un cambio en su país de origen para poder regresar con seguridad.
Activistas congoleños se manifiestan fuera de la oficina del Primer Ministro Netanyahu, exigiendo que el Gobierno israelí ignore la reelección del Presidente congoleño Joseph Kabila y apoye al líder opositor Etienne Tshisekedi, 18 de diciembre de 2011. (Miriam Alster / Flash90)
Después de 18 años de autocracia bajo Joseph Kabila, la RDC eligió un nuevo presidente, Félix Tshisekedi, en diciembre del año pasado. El congoleño en Israel solo puede anhelar y esperar que efectúe un verdadero cambio y que Israel les deje el tiempo que necesitan para esperar que eso suceda.
«El hogar es el hogar», explica. «No hemos venido aquí para quedarnos de por vida». No está claro por qué las autoridades israelíes decidieron actuar ahora. Las organizaciones de derechos humanos especulan que el Gobierno quiere doblegarlos después de la fallida deportación de los eritreos y sudaneses a principios de 2018.
El momento no podría ser peor. La elección presidencial ha provocado un aumento de la violencia. La inestabilidad política, junto con el segundo brote de ébola más letal registrado en la historia, ha dejado al país debatiéndose una vez más.
Annick Bouvier, portavoz de la región de los Grandes Lagos en el Comité Internacional de la Cruz Roja, dice que en 2018 se produjo un deterioro de la situación humanitaria en el este del Congo «como resultado de la fragmentación de los grupos armados y el aumento de la delincuencia». Según Bouvier, la cobertura del CICR al brote de ébola ha sido «temporalmente paralizada» por la violencia.
La RDC también está en el segundo peor lugar para ser mujer, según Amnistía Internacional. «Dondequiera que ocurran los enfrentamientos, las mujeres corren un mayor riesgo de todas las formas de violencia», dice Joao Martins, jefe de la misión de Médicos Sin Fronteras para Kivu Sur en el este de la RDC. «Este es particularmente el caso en zonas de conflicto en el este de la RDC».
Emilie Serralta, investigadora de Amnistía Internacional en la República Democrática del Congo, condenó como «inadecuada» la respuesta del Gobierno a los crímenes de guerra perpetrados por actores estatales. Amnistía informa de que un solo oficial de alto rango, el general Jérôme Kakwavu, fue declarado culpable de crímenes de guerra. Es la excepción, los demás comandantes militares, dice Serralta, son «intocables».
Mientras tanto, el comandante nombrado por Juliette y Chirambiza nunca se ha enfrentado a la justicia por sus crímenes. De hecho, dice Juliette, el Gobierno lo promovió.
«Temo por mi vida, por mi familia y por mis hijos», dice Juliette sobre la posibilidad de su deportación. «No me veo volviendo a un lugar donde ni siquiera tenía el poder de salvar mi propia vida».
Ben Toren es fotógrafo y periodista de la ciudad de Nueva York .
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión.org como fuente de la traducción.