La violencia reaccionaria responde a un pánico de clase que no quiere perder privilegios. El objetivo es generar un ambiente de ingobernabilidad y temor social que legitime una salida autoritaria.
La virulencia de la ultraderecha española y su violencia política en aumento no son un ataque de impotencia, sino una expresión calculada de una contraofensiva clasista. Una respuesta acordada de los grupos del poder económico y político, que ven en las modestas reformas del gobierno de coalición un peligro para sus privilegios históricos, ocultos detrás de la fachada del «patriotismo» y «defensa de la libertad». Este fenómeno, en lugar de ser una anomalía ibérica, es la manifestación a nivel interno de un proceso profundo: la fascistización de una Unión Europea que fomenta el militarismo y que tiene como base ideológica la rusofobia.
Para entender esta agresividad, es necesario examinar la estructura de clases de un capitalismo español que es semiperiférico y dependiente. Este modelo, fundamentado en la especulación inmobiliaria, el turismo low-cost y una agroindustria que explota trabajadores nativos e inmigrantes, crea ganancias excepcionales para una oligarquía compuesta por terratenientes, corporaciones y financieros y arruina al pequeño agricultor. Desde 2008, este bloque de poder, defendido por el bipartidismo del régimen del 78 durante décadas, ha estado lidiando con una crisis de legitimidad. El fortalecimiento de fuerzas a la izquierda del PSOE y el establecimiento de un gobierno que las incorporó significaron una fractura en su dominio indiscutido. Por eso, la violencia reaccionaria no es un furor ciego, sino un pánico de clase.
A pesar de su timidez y de su incapacidad de romper el marco capitalista, las acciones del gobierno de coalición afectaron áreas delicadas. La patronal, que se enriquece a costa de los sueldos miserables de los obreros, se alarmó con una reforma laboral que revirtió en parte la precarización extrema de la contrarreforma de 2012. El incremento significativo del SMI hizo que se redistribuyeran una mínima parte de los ingresos del capital, lo que tuvo un impacto en los márgenes de ganancia de la patronal de las áreas con baja productividad. Los fondos buitre y el sector financiero-especulativo se sintieron inquietos por las débiles regulaciones del mercado inmobiliario. La implementación de la Ley de Memoria Democrática puso a prueba el fundamento ideológico del franquismo sociológico, todavía arraigado en el Estado profundo. La oligarquía consideró cada una de estas políticas, aunque insuficientes, como un avance hacia el abismo.
La reacción ha consistido en una movilización total de los recursos del bloque reaccionario (“el que puedas hacer que haga”, dijo Aznar): medios de comunicación afines, think tanks económicos, el poder judicial partidista y, como punta de lanza, el proyecto político de la ultraderecha. Su agresividad tiene un propósito: generar un ambiente de ingobernabilidad y temor social que legitime una salida autoritaria, ya sea a través de un viraje drástico del Partido Popular o, potencialmente, de una «coalición patriótica» que devuelva el orden neoliberal sin camuflarse con ropajes democráticos. No es impotencia; es el poder del capital que despliega su brazo político más violento para someter a la sociedad.
Este proceso español se desarrolla dentro de una dinámica a nivel continental. La Unión Europea se encamina hacia una estructura autoritaria. Esto no conlleva necesariamente que haya camisas pardas en las calles, sino la adopción sistemática de medidas cada vez más represivas: restricción de libertades bajo estados de excepción permanentes, ilegalización de partidos comunistas, autoritarismo tecnocrático, normalización de la ultraderecha como fuerza gobernante… La Comisión Europea establece negociaciones y acuerdos con partidos neofascistas de países como Polonia, Italia o Hungría, a la vez que implementa políticas de austeridad.
Esta deriva tiene como motor económico el belicismo. Y esta economía de guerra necesita un acuerdo social forzado, un ambiente de patriotismo de trinchera que haga callar cualquier disidencia.
Para consolidar este proyecto, es necesario un enemigo absoluto. Ahí entra la rusofobia. En primer lugar, unifica un bloque imperialista que se fragmentó debido a sus contradicciones internas, al mostrar a Rusia (y China por extensión) como una amenaza para la civilización. En segundo lugar, justifica la expoliación de los presupuestos públicos en beneficio del complejo militar-industrial. En tercer lugar, y lo que es más importante para el entorno doméstico, permite la criminalización de cualquier objeción.
Enfrentando esta ofensiva, preservar los espacios democráticos y defender las conquistas sociales, aunque sean escasas, requiere claridad meridiana: no se combate al fascismo contemporáneo apoyando a la UE o a la OTAN, que son elementos fundamentales de su proyecto. La única barrera que ha demostrado ser eficaz es la formación de un frente amplio, popular y antiimperialista, que vincule la lucha contra la precariedad con el NO a la OTAN, que prime la protección de los servicios públicos sobre el belicismo y la carrera armamentística. El futuro no está predeterminado. Depende de la habilidad de las clases trabajadoras y los pueblos para establecer una resistencia que diga con claridad “¡No a la guerra!”
Alberto Gómez González es militante del núcleo “Diego Almódovar” del PCA.